En Francia el tema de la burka de las musulmanas, en bastantes casos ya ciudadanas francesas, levanta ampollas. Tiene incidencia electoral y crecen las voces que señalan que el problema proviene parcialmente de haber tenido una política migratoria muy permisiva. La cuestión migratoria también se ha asomado, de forma divisoria, en las inminentes elecciones. En Estados Unidos, país que parece tener unos quince millones de inmigrantes ilegales, la polarización da un paso más.
La gobernadora del Estado de Arizona, uno de los fronterizos con México y por donde entran más emigrantes clandestinamente, ha firmado una ley que refuerza las facultades de la policía para detener a cualquier persona indocumentada, convierte en delito el encontrarse en el estado sin papeles en regla e incluso permite a los ciudadanos demandar a los organismos oficiales que no implementen la ley.
La nueva medida ha producido un clamor de los defensores de los derechos humanos. El propio Presidente Obama, respetuoso normalmente con las decisiones de los Estados, ha atacado sin ambages su aprobación por “socavar las nociones elementales de justicia que tanto apreciamos en esta nación y por hacer peligrar la confianza entre la policía y los ciudadanos”. El Presidente ha dado a entender que estudiará si el gobierno federal puede impugnar de alguna forma la ley.
La decisión de Arizona muestra la escisión del país en un asunto que va a jugar inexorablemente un papel importante en las elecciones legislativas de dentro de medio año. Es significativo que el reciente candidato a la Presidencia McCain, senador por Arizona quien en el pasado reciente propulsó con el antiguo Presidente Bush una abortada legislación bastante generosa con los emigrantes, haya ahora, literalmente en el último minuto, apoyado la medida. El senador sabe que el 70% de los habitantes de Arizona la piden y él se está presentando a la reelección. La votación en el legislativo estatal fue abrumadoramente mayoritaria a favor de la misma y las dudas que podía albergar la Gobernadora, con facultades para vetarla, debieron desaparecer a raíz del reciente asesinato de un ranchero muy apreciado. Habría sido abatido por traficantes de droga. La gobernadora Brewer ha declarado al firmar la ley que “no podemos sacrificar nuestra seguridad a la codicia asesina de los carteles de la droga”.
La señora Brewer, que debía tener sus reticencias sobre el tema, dedicó en su rueda de prensa tanto tiempo a hablar de la necesidad de la ley como a que la policía deberá ser respetuosa en su actuación y evitar escrupulosamente cualquier tentación de “encasillamiento racial”
Muchos críticos de la medida, incluido el Presidente, denuncian que la iniciativa de Arizona es producto de la inoperancia del Gobierno y del Legislativo de la nación. Los intentos de aprobar una reforma migratoria, que en su última versión propugnaron Bush y McCain y que implicaba que los ilegales tendrían que pagar una multa, demostrar conocimientos de inglés etc…antes de ser regularizados, han fracasado por las divisiones dentro de los dos grandes partidos sobre el asunto. Es dudoso que, a pesar del interés del actual Presidente, la reforma vea la luz en esta legislatura concentrada ahora en temas como la energía etc…
El cardenal Mahony de Los Angeles ha sido quizás el atacante más raudo y virulento de la medida de Arizona. Ha calificado la ley de “ridícula, retrógrada y miserable” y denunciado lo que considera una de sus premisas. La de que los emigrantes vienen a Estados Unidos a robar y a consumir recursos públicos. Eso es una “estupidez trágica”. El prelado, que se queja amargamente de las dilaciones del Gobierno y del Congreso en hincarle el diente, al tema pone el dedo en la llaga cuando afirma: Hemos construido una enorme valla en la frontera y colocado en ella, uno junto al otro, dos carteles, en uno dice “Prohibido cruzar” y en el otro “Se necesita mano de obra”.
