Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Kazajstán, Tayikistán y Uzbekistán son algunos de los países en los que opera la compañía de telecomunicaciones sueco-finlandesa TeliaSonera.
En un reportaje emitido recientemente por la televisión pública sueca se mostraba cómo la compañía nórdica de telecomunicaciones ha venido facilitando en los últimos años a las policías secretas de esos países el control de las comunicaciones de los usuarios. Aquí puede verse el reportaje con subtítulos en inglés (un fantástico trabajo de investigación y un ejemplo de para qué pueder servir una televisión pública independiente).
Geolocalización de los usuarios de telefonía móvil, revisión del contenido de los mensajes de texto y del historial de navegación en internet, pinchazos telefónicos sin autorización judicial y uso de conversaciones privadas en juicios políticos… En el reportaje aparecen entrevistas con opositores, activistas de derechos humanos y periodistas que fueron detenidos, interrogados y agredidos gracias a la información que las compañías de telecomunicaciones –cuyo accionista mayoritario es TeliaSonera- habían facilitado a las fuerzas de seguridad de estos regímenes autoritarios.
En las sedes de las compañías filiales en países como Uzbekistán y Azerbaiyán, agentes de la seguridad estatal disponen incluso de oficinas en la propia sede de las operadoras de telecomunicaciones. Desde esas oficinas pueden controlar con más facilidad cualquier dato gracias a las herramientas del gran sistema de vigilancia de tecnología rusa SORM, equivalente al ECHELON europeo.
En el reportaje, una portavoz de la compañía aduce que se limitan a respetar las leyes de los países en los que operan. El periodista sueco le recuerda que estamos hablando de leyes impuestas por dictaduras o, como puede ser el caso de Georgia, de regímenes que en ningún caso pueden considerarse democracias, a pesar de lo útil que resulta a los intereses de Estados Unidos y de la Unión Europea el, en ocasiones, exaltado presidente georgiano. La portavoz responde que TeliaSonera no puede saber cuándo ciertas comunicaciones son utilizadas para cometer o no un delito. El periodista le comenta que, en algunos casos, parece obvio que difícilmente se puede cometer un delito enviando un mensaje de texto: las fuerzas de seguridad azeríes –conflicto de Nagorno Karabaj mediante– llegaron a amedrentar a los ciudadanos de Azerbaiyán que decidieron votar por la representante armenia en Eurovisión (es real, no una escena de la próxima película del director de Borat).
TeliaSonera obtuvo en 2011 unos beneficios corporativos de 36.000 millones de coronas suecas (unos 4.000 millones de euros), de los cuales cerca de un 25% se obtuvieron gracias a las ganancias de las compañías que controla en los países antes mencionados.
Hace unas semanas las acciones de TeliaSonera aumentaron un 8% su cotización debido a su compra de acciones en la compañía de telecomunicaciones rusa MegaFon. Cabe esperar que MegaFon cumpla también –al igual que las otras filiales de TeliaSonera en Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Kazajstán, Tayikistán y Uzbekistán- con las leyes de privacidad dispuestas por el Parlamento ruso.
¿Debería importarnos que las compañías europeas se dediquen a lucrarse colaborando directa y activamente con regímenes autoritarios que no sólo atentan contra la libertad de expresión sino que también llegan a cometer asesinatos políticos? ¿Cuál es la responsabilidad de los usuarios de esta compañía cuando, sabiendo cómo se comportan en determinados países, contratan sus servicios o no se dan de baja en ella?
En España, TeliaSonera posee un 76,6% de las acciones de la compañía de telecomunicaciones Yoigo, la cuarta compañía de telecomunicaciones más importante de nuestro país.
TeliaSonera no es la única compañía europea de telecomunicaciones que cuenta con un historial de colaboración –más o menos voluntaria- con regímenes autoritarios. Compañías como Vodafone y France Telecom (Orange) han sido acusadas de colaborar, por ejemplo, con el régimen egipcio cuando las protestas contra Mubarak se encontraban en su punto más álgido. Las compañías afirman que cumplieron órdenes –legales- del régimen egipcio. Telefónica, por su parte, cuenta con participación accionaral –no mayoritaria- en la compañía de telecomunicaciones china Unicom, que ha aceptado aplicar la censura impuesta por el gobierno chino en las comunicaciones telefónicas y las búsquedas en internet. Ambas compañías han suscrito un acuerdo de intercambio accionarial y compartirán el uso de sus redes.
p.d.: A finales de este mes de mayo se celebrará la próxima edición del festival de Eurovisión en Bakú, la capital de Azerbaiyán. Armenia ha decidido que no enviará a ningún representante: las fuerzas de seguridad azeríes tendrán, por tanto, menos trabajo fiscalizando los mensajes de texto enviados por sus conciudadanos a modo de voto para elegir su canción favorita.
