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CUARENTEÁNDOLE A LA VIDA
La región fronteriza del sur de Colombia se ha visto afectada de forma dramática por el conflicto armado. La militarización de la zona se ha incrementado durante los últimos años, así como la presión sobre las comunidades que allí viven. Los más afectados han sido los habitantes que se encuentran en medio de los enfrentamientos entre el ejército, la guerrilla y los grupos paramilitares. Estos enfrentamientos, sumados a las amenazas y actos de violencia de ambos bandos, han obligado a miles de personas a desplazarse y a abandonar sus casas por miedo a ser asesinadas.
El Departamento de Putumayo, así como el de Nariño, ambos en la frontera con Ecuador, han sufrido el aumento de amenazas y masacres contra la población civil. Un ejemplo de la violencia es la sangrienta masacre que se llevó a cabo la noche del 9 de enero de 1999 en El Tigre por parte del grupo paramilitar Bloque Sur Putumayo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Nadie ha podido determinar cuántas personas perdieron la vida aquel día. Se estima, según datos oficiales, que esta masacre dejó un total de 26 muertos y 14 desaparecidos, aunque los habitantes de El Tigre insisten en que el número de muertos y desaparecidos superan estas cifras.
El Tigre es una pequeña inspección del municipio Valle del Guaméz, en el departamento de Putumayo. Esta ubicación le confiere un carácter de paso fronterizo hacia San Miguel, Ecuador y Perú. En dicho departamento, las capitales municipales estaban controladas por los grupos paramilitares mientras que las zonas rurales lo estaban de la guerrilla. Según las AUC, la inspección de El Tigre era frecuentada por la insurgencia y muchos de sus habitantes habían sido señalados como colaboradores. Así lo dejaron claro en los panfletos que habían distribuido semanas atrás en la zona y en los que anunciaban la persecución y exterminación de guerrilleros y miembros relacionados con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP).
Las AUC se caracterizaban por tener una apariencia similar a la del ejército. La ropa de camuflaje y el armamento hacían recordar a los de la Fuerza Nacional. Amnistía Internacional, en su informe de 2004, denunció que las AUC pudieran haber actuado respaldadas por algunos policías de la zona y por la Brigada XXIV del Ejército Nacional, que impuso un retén impidiendo avanzar entre Orito y La Hormiga desde el día 9 por la noche hasta las 8 de la mañana del día 10, momento en que ocurrió la matanza.
Tras la masacre, sólo 12 familias permanecieron en el pueblo, lugar que se sumó a la lista de pue blos fantasmas de Colombia y que quedó desierto, sin apenas actividad. Las tiendas y comercios cerraron y los habitantes que permanecieron vivían con el temor a que los paramilitares pudieran regresar en cualquier momento. A esto hay que añadir la ausencia de instituciones estatales, como el ejército y la policía, que garantizaran la seguridad en la zona.
En Junio de 2001 las AUC regresaron y se instalaron en las viviendas de aquellos que habían abandonado el pueblo tras la masacre. Permanecieron allí dos años, durante los cuales, los habitantes del pueblo vivieron bajo el terror y las amenazas constantes de los paramilitares, que llevaron a cabo asesinatos así como abusos y violaciones contra las mujeres.
En julio del año 2003, las AUC firmaron con el Gobierno el acuerdo de Santa Fe de Ralito, que implicaba la desmovilización de los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia y se comprometían a abandonar las armas y la violencia. Finalmente, de acuerdo con la llamada Ley de Justicia y Paz del año 2005, la desmovilizaron se llevó a cabo. Para el caso de Putumayo, no se produjo hasta mayo de 2006. Dejaron las armas 600 hombres del Bloque Sur Putumayo de las AUC. A pesar de dicho acuerdo, a partir del año 2005 han ido surgiendo otros grupos paramilitares en la zona conocidos con el nombre de los Rastrojos y las Águilas Negras. Los lazos entre estos grupos armados y las fuerzas del estado se han debilitado y no son tan claros como lo eran antes.
En el año 2003, los paramilitares abandonaron El Tigre. A partir de entonces, el pueblo ha ido volviendo poco a poco a la normalidad y la actividad ha vuelto a resurgir. Gracias a los habitantes que allí permanecieron, muchas de las familias que dejaron El Tigre regresaron con posterioridad. Hoy en día cuentan con una inspección de policía que se instaló allí en el año 2007. En 2008, según datos del SISBEN, ya contaban con una población de 1.598 habitantes, instituciones educativas, servicio de alcantarillado (que cubre al 61,3 % de la población) y servicio de energía eléctrica (con una cobertura del 78,4% de la población).
Actualmente, el periodo de terror que se vivió en El Tigre ha pasado y hay una paz relativa en la región. Las matanzas llevadas a cabo por los paramilitares y las incursiones de las guerrillas se han acabado, aunque los cultivos que aún subsisten en la zona siguen estando controlados tanto por los nuevos grupos paramilitares como por las FARC.
La responsabilidad de la masacre no ha sido asumida por las AUC y ha sido imposible determinar los nombres de los responsables. Los habitantes de El Tigre, que no pudieron denunciar los hechos en su día debido a las amenazas que sufrían, no entienden por qué un acto de tal magnitud sigue hoy impune. A pesar de los 10 años transcurridos, aún permanece el recuerdo y siguen luchando por el esclarecimiento histórico de lo que allí sucedió.
Pilar Rodríguez
