¿Llegará un día en que podremos comprar aspirinas, laxantes o jarabes para la tos en el supermercado, la gasolinera o los grandes almacenes? Estees un tema recurrente en España, cada cierto tiempo vuelve a ser motivo de debate. En esta ocasión ha sido la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la que ha presentado un informe que apuesta por la liberalización en la apertura de farmacias y en la venta de medicamentos sin receta, como ya ocurre en países como Estados Unidos, donde los consumidores están acostumbrados a encontrar medicamentos OTC (de venta directa) en todo tipo de establecimientos.
La CNMC considera que las restricciones para abrir una farmacia “perjudican a los pacientes como consumidores de estos productos, incrementan el coste de aprovisionamiento del sector público y reducen el bienestar general”, por lo que recomienda eliminar los límites geográficos y demográficos para abrir una oficina de farmacia (distancia mínima entre establecimientos y cantidad de habitantes que debe cubrir cada uno de ellos). Este organismo insiste en la necesidad de autorizar la venta de fármacos sin receta no solo en comercios sino también a través de Internet, así como eliminar el requisito de que la propiedad de las farmacias sólo pueda corresponder a licenciados en Farmacia y permitir que una persona sea propietaria de más de una oficina de farmacia.
El Ministerio de Sanidad por el contrario defiende el modelo actual porque permite que el 99% de los ciudadanos puedan acceder a una farmacia cerca de sus casas, además de garantizar la seguridad de los medicamentos. En la misma línea, Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, señala que en España “tenemos una farmacia por cada 2.000 habitantes; en países anglosajones, con un modelo como el que propone Competencia, hay una por cada 17.000”.
La venta libre de fármacos supondría convertir el medicamento en un producto de consumo más, lo que podría favorecer el mal uso y el abuso de los fármacos, además de eliminar la figura del profesional farmacéutico como intermediario entre los usuarios y los medicamentos. De esta forma los ciudadanos carecerían del consejo experto a la hora de elegir un determinado fármaco y se incrementaría el riesgo de errores de medicación (hoy en día responsables de cerca del 5% de los ingresos hospitalarios) o de interacciones con otros fármacos que esté consumiendo el paciente yse favorecería la automedicación.
El mercado farmacéutico no es un mercado como cualquier otro, ya que afecta a la salud de los ciudadanos, y por tanto no puede regularse por las mismas leyes comerciales y de competencia que otros productos. En definitiva, deben primar los criterios sanitarios antes que la rentabilidad o la eficiencia económica.
