Hace unos días, mi amigo y maestro de oficio Enrique Leite recordaba en twitter una verdad como un templo, que en toda España, y desde luego en Madrid, habrá que comenzar a gritarla: «¿Y quién va a velar por que se retiren las subvenciones a los colegios que segreguen?»
Desde que conocí la realidad latinoamericana, comprendí que una escuela pública de calidad está en la base de la disminución de la desigualdad social; que sólo en el momento en que, como fue mi caso en la España de los años 80, una persona tiene absolutamente las mismas oportunidades si asiste a un colegio público o si lo hace a uno privado, puede hablarse de igualdad de oportunidades. Lo demás son sólo parches. Por eso es tan grave el deterioro progresivo que está sufriendo, desde hace por lo menos una década, el sistema educativo en Madrid, así como también el sistema sanitario. Hablo de Madrid porque es la realidad que mejor conozco, porque en España las competencias de salud y educación las tienen las comunidades autónomas –los gobiernos regionales- y porque el caso de Madrid, gobernado desde hace años por el conservador Partido Popular, está a la vanguardia de las políticas neoliberales en España.
La jugada de la derecha, desde hace años, es dejar que se deteriore el sistema público a base de no invertir en escuelas públicas, mientras se gasta el dinero público en subvencionar escuelas privadas, los llamados centros concertados. Muchos ciudadanos no se dan cuenta porque, al fin y al cabo, llevan a sus hijos a colegios concertados y no pagan: igual sucede con los nuevos hospitales construidos en Madrid, donde la atención es gratuita, pero la gestión es privada. Pero hay trampa. Y en la educación, ya estamos viendo sus dramáticas consecuencias: la segregación. Ahora se debate en Madrid la posibilidad de separar la educación de niños y niñas, como se hacía décadas atrás, y algunas voces recuerdan que las subvenciones públicas no pueden avalar tal retroceso. Pero hay formas de segregación más sutiles y perversas. En Madrid, las escuelas privadas subvencionadas tienen derecho de admisión, y evitan a los inmigrantes. ¿Resultado? Los niños que vienen de otros países van todos a las escuelas puramente públicas. En algunos barrios de Madrid, como Tetuán, algunos institutos de secundaria tienen hasta un 80% de alumnos inmigrantes. Llegados de países diferentes, con niveles diferentes, a veces lenguas diferentes. La labor de los profesores se hace casi imposible; tampoco reciben los recursos que necesitarían. Si los inmigrantes se repartieran entre todos los centros gratuitos, los públicos y los concertados, la situación sería muy diferente. Pero, así las cosas, si no lo evitamos pronto, la educación pública se despeña hacia el desastre.
En España, al contrario que en otros países europeos, la inmigración es un fenómeno reciente, de hace una década o poco más. Los inmigrantes son, en su inmensa mayoría, de primera generación. Y, mientras en muchos países europeos comienzan a ascender las fuerzas políticas de extrema derecha, aquí las cosas están, de momento, tranquilas. Ellos son empleados en los trabajos que no quieren los españoles, lo aceptan, y las ruedas siguen girando. La pregunta es cómo serán las cosas cuando los hijos o los nietos de esos inmigrantes, nacidos en España, tan españoles como yo, tengan mi edad. Y, quizá, Francia es el espejo en el que debemos reflejarnos: si, como allí, esos españoles de origen marroquí o ecuatoriano siguen trabajando en los peores empleos, posiblemente lo hagan con menos gusto que sus padres y abuelos. Seguramente lo sientan como una injusticia. Probablemente, también quemen coches en las periferias de Madrid o Barcelona, mientras ascienden lentamente los partidos de extrema derecha y los brotes xenófobos. ¿Allí es donde queremos llegar? Porque, si ese es nuestro objetivo, las políticas de segregación de la presidente de la Comunidad de Madrid, la ultraliberal Esperanza Aguirre, son sin duda las más apropiadas. Esas políticas que conducen a la segregación desde la escuela primaria, condenando a los inmigrantes a unos estudios de baja calidad y, por tanto, a empleos poco cualificados. A la perpetuación de la marginalidad. Estamos a tiempo de ponerle freno. Lo conseguiremos si nuestra indignación, esa que nos llevó a la Puerta del Sol, va más allá de nuestros propios ombligos.
