Leo, en el recomendable periódico semanal Brasil de Fato, un artículo del escritor Frei Betto que, con el título «A Copa (não) é nossa», alerta de los cambios legislativos a los que pretende obligar la FIFA para la celebración del Mundial de Fútbol de 2014. No es la primera vez que hablo de este asunto en estas páginas. Es urgente. La Ley General del Mundial, que envió al Congreso la presidente Rousseff, crearía de aprobarse un régimen de excepción impuesto por la federación.
Si la FIFA se sale con la suya, para comenzar, las empresas asociadas a la federación serán exentas de pagar impuestos. La ley de responsabilidad fiscal, que limita la capacidad de endeudamiento, será flexibilizada; en la práctica, recuerda Betto citando al urbanista Carlos Vainer, un municipio podrá endeudarse para construir un estadio, pero no para efectuar obras en al red de saneamiento -en un país donde casi la mitad de los hogares carecen de acceso a un sistema de saneamiento digno.
«La FIFA es un casino. En un casino, muchos juegan, pocos ganan. Quien nunca pierde es el dueño del casino», señala Betto. Un ejemplo: si el Estado brasileño no lo impide, la comercialización de cualquier producto en un radio de 2 kilómetros en torno a los estadios estará prohibida; una sola empresa de comida rápida tendrá el monopolio de venta dentro y fuera de los estadios, y será impedida la entrada con cualquier bebida o comida -agua incluida. Y será aparcada la ley que prohibe en Brasil consumir alcohol en los estadios, para que la empresa de turno, asociada a la FIFA, pueda vender cerveza y hacer más caja.
Los comerciantes locales pueden, entonces, olvidarse de beneficiarse con el Mundial. Y los brasileños que no pertenecen a la elite pueden también olvidarse de ver los partidos en vivo. Buena parte de las entradas se venderán directamente en Europa -es para los europeos, al fin y al cabo, que se organizan los mundiales-, y las que aquí se vendan serán caras. La FIFA quiere, además, suspender la ley que obliga en Brasil a vender por mitad de precio las entradas a pensionistas y estudiantes. Por si fuera poco, la FIFA quiere crear tribunales especiales, como ya hizo en Suráfrica, para punir a aquellos que vendan irregularmente productos o entradas, o que violen las más de mil marcas que ya han sido registradas, entre ellas, el número 2014.
¿Hay más? Por supuesto. Y peor. Unas 170.000 personas, la mayoría habitantes de favelas, serán desalojadas para acometer las obras pertinentes de estadios y demás infraestrucutras. En algunos lugares el proceso ya ha comenzado, y se ha comprobado que el Estado no está dispuesto a cumplir las leyes, brasileñas e internacionales, que obligan a que este tipo de procesos sean discutidos con la población local y a que los desahuciados sean recompensados con una vivienda, al menos, de las mismas características que la que perdieron.
Por si fuera poco, las obras relacionadas con el Mundial siguen atrasadas, son cada vez más caras, y, aunque no cabe duda de que esas inversiones ayudarán a mejorar las deficitarias infraestructuras de transporte en Brasil, también crearán numerosos ‘elefantes blancos’ -como aquí llaman a edificios caros e inútiles-, un desperdicio que un país como Brasil, con tanto por hacer, simplemente no puede permitirse.
«La FIFA es una mafia», dice sin tapujos Raquel Rolnik, urbanista y relatora internacional de la ONU para el derecho a una vivienda digna. Los megaeventos deportivos, como los mundiales de fútbol y los juegos olímpicos, se han convertido en una plataforma para impulsar los intereses de los grandes capitales, que hacen su agosto con dinero público. El Mundial les va a salir caro a los brasileños; ¿qué obtendrán a cambio?
Como siempre, sólo la sociedad civil puede, con su presión desde las calles, actuar para cambiar el rumbo que plantea la ley que ahora se discute en el Congreso. Los comités populares ya se están articulando, y hacen bien. Mañana será tarde.
