Buzones de cartón repartidos por la plaza. Trozos de papel que llenaban esas cajas de ideas, deseos, anhelos y propuestas. El 15 de mayo de 2011 el corazón de Madrid se convirtió en el movimiento improvisado pero perfectamente engrasado de una ciudad en miniatura de palés, tablones y lonas dividida en espacios. Propuestas era sólo uno de ellos.

 

La cartografía de la puerta del Sol ubica Propuestas en el espacio 41 de todos los que surgieron. Pero los trazos de lo que allí nació no pertenecen a ningún espacio. Las ideas trascendieron, transformando la indignación en propuestas que, cinco años después, son el “qué queremos” de quienes inundaron las plazas.

 

Han pasado cinco años y Henar Iglesias todavía conserva las cajas con los trozos de papel donde aún están escritos a mano los anhelos de las casi 14.700 personas que se acercaron hasta los buzones de Sol. Quiere llevarlas al archivo del 15-M, pero primero tiene que convencerse de que el lugar escogido es seguro, que a lo que ha conservado durante más de cinco años no le ganen la batalla los años. Lo que comenzó siendo corrillos de acaloradas discusiones sobre política y asambleas interminables megáfono en mano en las que se votaba alzando los brazos acabó con una hoja de 24 puntos que trataban de responder a ese “qué queremos”. Estaba abierta a aportaciones, que llegaban en masa, y pronto la hoja de ruta acabó por quedarse obsoleta. Todos querían hablar. Todos tenían algo que decir.

 

“Creo que en realidad todo el mundo formó parte de Propuestas”. Henar pertenecía a la Comisión de Información, hilo entre la acampada y quienes se acercaban a interesarse, a preguntar o simplemente a curiosear, que compartía espacio con Propuestas. A través de Info, como la llama Henar, las personas llegaban a la comisión vecina. “Al principio no se trataba de una comisión ni nada de eso, solo pusimos urnas repartidas por la plaza y apuntamos en un plano dónde estaban”, indica Elena Hidalgo, otra de los habitantes del ecosistema de Sol. “Sentíamos mucho respeto por esas urnas, porque alguien había escrito ahí algo que consideraba importante”. Y empezaron a trabajar para recopilarlas.

 

Unas quince personas componían el equipo original, pero pronto hicieron falta más manos. Henar recuerda que fue Jano, otro compañero, quien decidió instalar el primer buzón en Sol. “Siempre decía que no fue su idea, que no recuerda a quién se la escuchó, pero él la llevó a cabo”. Así funcionaba la inteligencia colectiva de Sol. Las ideas se quedaban sin dueño porque pertenecían a todos. “Las decisiones no siempre se tomaban, simplemente ocurrían”, asegura Henar.

 

En Propuestas todos se iban turnando para, cada dos o tres días, vaciar los buzones y copiarlas en una hoja de Excel. Con el tiempo, se imprimieron una serie de plantillas con las más repetidas y en esas mismas hojas se añadía una marca cada vez que alguna de ellas volvía aparecer escrita de nuevo. Los buzones se repartieron por temáticas para facilitar el trabajo de clasificación. “Fue una locura. Desde el primer día acumulamos cajas y cajas de propuestas”, indica Henar, con el gesto de quien tiene que esforzarse para recordar los detalles más logísticos. Algunas se perdieron. La lluvia o los desalojos hicieron que muchos de esos deseos escritos en un papel nunca fueran registrados.

 

“¿Que por qué decidimos crear Propuestas? Era algo simbólico, era contestar a qué nos lleva esto, pasar de la queja a la acción. Sí, es todo un desastre y los políticos lo hacen todo mal, pero ¿tú qué harías? Basta ya de quejarnos, vamos a proponer, ¿tú qué propones?”, exclama Henar, y esta vez no necesita rebuscar en su memoria para explicar con total claridad lo que vivió en Sol ese mes de mayo.

 

Un año después, tres miembros de Propuestas presentaron el resultado del minucioso trabajo en las plazas. Elena Hidalgo fue uno de ellos. “El recuento ya estaba pero hacía falta explicarlo. Fue un trabajo muy grande, pero no interesó”, se lamenta. Se trataba de mostrar qué indignaba a los indignados y en Sol eran conscientes de su potencial. “Hubo quien nos echó en cara que no teníamos un proyecto, algo que hacer con esas propuestas, las habíamos recogido y ya está. Y era cierto. Pero algo que aprendimos del 15-M es que la responsabilidad es algo compartido”.

 

Había propuestas de todo tipo. Había propuestas que ni siquiera eran propuestas. Un deseo, una queja, un dibujo de un niño, incluso “más amor”. Pero hubo muchas muy concretas. “No se iban por las ramas, sabían lo que querían”, dice Elena. También una pregunta que, dadas las fechas, rondaba por Sol. ¿Cómo votamos? ¿Qué votamos? Y a la vez que calaba ese “lo llaman democracia y no lo es” la pregunta se simplificaba… ¿votamos?

 

 

“Queremos un partido del 15-M”

 

Mientras en La Moncloa los socialistas apostaban por adelantar las elecciones, las calles y plazas seguían vociferando. Un grito que se hizo sordo la noche de reflexión llamando a una “lucidez” como la que escribió Saramago. Que no se produjo. Pero aunque España cambió del rojo al azul, las plazas siguieron en blanco. Desde los escaños del Congreso llevaban demasiado tiempo pareciendo invisibles. La ciudadanía giró su mirada hacia los políticos. “No nos representan”, jaleaba. Se miraban, los miraban, y pronto comenzaron a comparar las dos imágenes y señalar las diferencias.

 

No es de extrañar que en 809 de esas 4.679 papeletas manuscritas se hiciera hincapié en sus privilegios. Suprimirlos fue la propuesta más repetida en los buzones de Sol. El fin de los aforamientos, reducción de sus salarios, eliminar sus prebendas (tarjetas de taxis o pluses para alojamiento exentos de tributación), la máxima “una persona un cargo” o el fin de los dedazos o puestos de libre designación.

 

“Bajar o controlar el sueldo de los políticos” (103 veces) y “abolir los sueldos vitalicios” (149) fueron algunas de las más repetidas. Desde entonces se ha invertido mucha tinta de periódicos y minutos en radio y televisión para hablar de los salarios de los parlamentarios, asesores y personas de partido. Desde aquel “que se presenten a las elecciones” de dirigentes del PP como Esperanza Aguirre o María Dolores de Cospedal han pasado cinco años. Y en esta nueva campaña electoral, un partido de color morado que nació tras (o del) 15-M parte segundo en la parrilla que dejan las encuestas y les disputa la hegemonía. Todas las voces coinciden en que Podemos es hijo del movimiento y uno de los resultados más palpables de la tormenta política que desataron los indignados. En 45 de esos papeles que se recogieron en Sol apareció el mismo mensaje: “Queremos un partido del 15-M”.

 

Íñigo Errejón, número dos de Podemos y cerebro de aquella “tesis populista”, tradujo el lenguaje del 15-M en una palabra que acabó por convertirse en mantra del partido y expresión de un sentimiento colectivo: la casta.

 

Señalar a “los privilegiados” y enfrentarlos a “los de abajo” fue el gran éxito del partido liderado por Pablo Iglesias, un muchacho con coleta que gritaba en los platós de televisión parte de aquello que años antes se había gritado en las plazas. La casta no era más que esos políticos, banqueros y clases privilegiadas que cobraban sueldos escandalosos y gozaban de privilegios que los indignados señalaron como insultantes. El propio Iglesias, una vez lograda representación institucional por primera vez para su partido en los comicios europeos de 2014, aseguró que los miembros de Podemos cobrarían como máximo tres veces el salario mínimo.

 

En la legislatura que precedió al 15-M, el PP gobernó con mayoría absoluta. Pero nadie dejó de mirar a los partidos. Circulaban cientos de correos electrónicos, mensajes de texto y cadenas de conversación en redes sociales que los tachaban de indecentes. La transparencia, una palabra que empezaba a acuñarse con fuerza y que también apareció entre las propuestas de Sol 109 veces, desnudaba sus vergüenzas. El PP se marcó el tanto de impulsar la primera Ley de Transparencia y Buen Gobierno, algo que no se había atrevido a poner en marcha el Partido Socialista. El balance que las organizaciones pro transparencia hacen de ella cinco años después puede resumirse en una palabra: insuficiente.

 

Los libros de registros de afiliados de cada partido adelgazaban al mismo ritmo que los ciudadanos dejaban de sentir sus colores políticos. Azules, rojos, rosas o verdes; todos acabaron acusando la crisis. Plenos vacíos, “señorías” instaladas en el absentismo que formulaban apenas dos o tres preguntas en las Cortes a la vez que cobraban varios sueldos del erario público. “Serán legales, pero no lícitos”, señalaba un panfleto que circuló por las plazas. Hubo reformas legales, pero la confianza que los ciudadanos tenían en sus representantes ya estaba en entredicho. 

 

Algunos diputados, como los de IU, renunciaron a privilegios durante la legislatura del PP, e incluso consiguieron que se suprimieran otros, como el plan de pensiones privado de sus señorías. En esta corta legislatura de apenas cuatro meses, los que se estrenaban en el escaño se unieron a las renuncias. Unos más que otros. Los parlamentarios de Podemos rechazaron todos los beneficios de la Cámara Baja salvo la póliza de seguros y el complemento salarial para los de fuera de Madrid –aunque sí les marcaron limitaciones–, mientras que Ciudadanos prescindió de los coches oficiales y de la conexión de ADSL gratuita en el domicilio. De los dos viejos partidos, solo los socialistas anunciaron un uso limitado de los coches oficiales. El resto quedó intacto.

 

Además del bolsillo, los políticos tienen “ventajas” en los tribunales. Gozan de aforamiento, una figura a la que ya reprochaban en las plazas de hacer que la justicia no sea igual para todos. PSOE, Ciudadanos y Podemos preven en sus programas limitarlos a la actividad política. El PP ha incluido en sus 26 medidas para el 26-J reducir los de los cargos electos, pero en marzo rechazó con su mayoría absoluta eliminarlos en el Senado.

 

En los buzones de Sol, dos centenares de papeletas apelaban a la responsabilidad política. La propuesta más repetida fue convertir en obligatorio el cumplimiento de los programas electorales (119). Para las elecciones de 2011, los programas electorales de PSOE, PP, IU, CiU, PNV, UPyD, ERC, BNG y CC sumaban 946 páginas. Más de 30 horas de lectura. Pocas medidas concretas y mucha literatura. La tarea parece imposible, y quizás por eso seis de cada diez electores reconocía no haber leído los programas antes de votar. Pero la amplia oferta política para estas nuevas elecciones ha hecho que medios de comunicación y ciudadanos desgranen los programas electorales de todos los partidos –especialmente de los más nuevos, sometiéndolos a exámenes de viabilidad inéditos– y conozcan, en mayor o menor medida, qué proponen y a qué se comprometen. Ningún reglamento dice que cumplir las promesas sea obligatorio. Y solo Podemos recoge el guante que hace cinco años dejaron las plazas: “los programas han de ser entendidos como contratos con la ciudadanía”. Ello supone que se establezcan “unos compromisos mínimos contractuales y, en caso de incumplimiento, sea obligatorio la convocatoria de elecciones”. La medida, además, fue la más votada en la consulta pública de la que emanó su programa. Era su forma de decir que leer las más de 200 propuestas restantes tenía sentido.  

 

 

“No hay pan para tanto chorizo”

 

Entre 1,5 y 2 billones de euros al año. Casi dos veces el Producto Interior Bruto (PIB) español. Es lo que calcula el Fondo Monetario Internacional que la riqueza global deja escurrir por el sumidero de la corrupción. Cuando estalló la indignación, la aguja del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que apuntaba a la corrupción y el fraude apenas se acercaba al 5%. El paro, principal problema para un 84,1% de los ciudadanos, y los problemas de índole económica, señalados por un 46,6%, dibujaban un escenario en el que la crisis económica era la protagonista. Pero las plazas ya apuntaron a lo que ocurriría más tarde. Las tramas destapadas en España se cuentan con centenas y la preocupación por la corrupción se disparó hasta alcanzar en noviembre de 2014 el 63,8%.

 

Nacieron mapas en red, fruto de esa inteligencia colectiva, que trataban de dar luz a lo que entonces solo era una sospecha. Que en España “no había pan para tanto chorizo”. El corruptódromo, o mapa de la corrupción en España, adjudicaba 128 casos de corrupción al PSOE y 146 al PP. Rojos o azules, de izquierdas o de derechas, la corrupción los asemejaba y se convertía en su denominador común. Así se colaron el “no les votes” y el “PPSOE” en los cánticos de quienes salieron a las calles, pese a que ambas opciones habían sido las suyas. Y para muchos las seguirían siendo.

 

Hubo 485 propuestas contra la corrupción en los buzones de Sol. Devolver el dinero robado (69), un aumento de las penas y más mecanismos de control (139) y hasta un capítulo completo para la financiación de los partidos (112). Escándalos como Gürtel ya estaban sobre la mesa. “Ladrones, corruptos, esto es un insulto”, “Con corrupción la revolución” o “Político y banquero, reparte tu dinero”, tronaban las calles.

 

El Gobierno del PP aprobó un paquete de medidas para darles respuesta. Pero los escándalos han seguido sucediéndose. También la sensación de impunidad y de una justicia lenta que no castiga la corrupción con la severidad que debiera. Por eso, para esta nueva contienda electoral, todos los partidos le reservan en sus programas su propio capítulo. Entre las medidas hay algunos consensos, como el compromiso de proteger a quienes denuncian casos de corrupción.

 

PSOE y Ciudadanos hablan de “regular” las puertas giratorias entre sector público y empresa privada, mientras que Podemos promete cerrarlas constitucionalmente. Los socialistas concretan su apuesta en aumentar de dos a cinco años el tiempo en el que un ex cargo público no puede incorporarse a una empresa del sector en el que haya tenido responsabilidades. Podemos va más allá y propone ampliarlo a diez años, y prohibir de por vida que cualquier ex alto cargo pueda sentarse en el consejo de administración de una empresa del Ibex35. Sin excepciones. Aunque Ciudadanos habla de “reformar la regulación de las puertas giratorias”, no especifica cómo. El PP ni siquiera las menciona. Los populares se comprometen a no conceder indultos a los condenados por corrupción, mientras que PSOE y Ciudadanos lo extienden a violencia de género. Podemos no habla de indultos en su  programa.

 

Sobre financiación de partidos, Ciudadanos quiere una ley que “garantice” la transparencia económica de los partidos, pero no especifica cómo, mientras que el PSOE promete rebajar la cuantía mínima que da lugar a penas de prisión en el delito de financiación ilegal de partidos políticos y tipificar la manipulación de sus cuentas anuales. Podemos pone el acento en aumentar el plazo de la prescripción de delitos, pide prohibir las deudas con los bancos e incluye a las fundaciones ligadas a los partidos.

 

 

Imputados y listas

 

Si hay una victoria tangible en la cruzada del 15-M contra la corrupción es hacer desaparecer a los imputados por estos delitos de las listas de los partidos. 180 de las propuestas que escribieron quienes se acercaron a los buzones de Sol pedían que ningún político señalado se presentara a las elecciones. El debate giró en torno a en qué momento del periplo judicial un candidato debe renunciar a serlo. El PP pedía estudiar “caso a caso”, el PSOE situaba la apertura del juicio oral como punto para la “inhabilitación”, mientras que Podemos, Ciudadanos, IU e incluso UPyD eran partidarios de la exclusión de los imputados de las candidaturas.

 

Para esta nueva cita, hasta el PP se compromete a que “ninguno de sus candidatos esté siendo juzgado penalmente por delitos asociados a la corrupción», tal y como indican en su programa. Eso sí, no basta con estar imputado: el juez tiene que haber fijado fecha para sentarlo en el banquillo.

 

En el único debate a cuatro que se ha celebrado esta campaña, los moderadores dirigieron la misma pregunta a los cuatro candidatos: ¿cuándo asumirían responsabilidades tras ser señalados por corrupción? Pablo Iglesias respondió: “Apertura de juicio oral, dimisión”. El líder de Podemos contradijo así su Código Ético, que obliga a todos los miembros del partido a asumir “el compromiso de renuncia al cargo público, interno del partido o a cualquier candidatura a los mismos en caso de ser imputado, procesado o condenado” por delitos de “corrupción, económicos, acoso sexual, violencia de género, pederastia o maltrato infantil, contra los trabajadores, ecológicos y urbanísticos”. Un paso atrás con respecto a Albert Rivera, que se queda solo fijando la imputación por corrupción como momento que se deben asumir responsabilidades.

 

“El 15-M fue tan transversal porque se dirigía a las conciencias. Era un ya basta, dejad de tomarnos el pelo. No tenéis vergüenza”. Henar Iglesias apunta a uno de los éxitos del 15-M: muchas de las cosas que allí se gritaron apelaban a una suerte de “sentido común” y era cuando menos indecoroso no adherirse. La corrupción era una de ellas. Los discursos de los dos viejos partidos se llenaron de “manzanas podridas” y otras formas de señalar que se trataba de comportamientos concretos. Pero las calles, y más tarde los tribunales, comenzaron a dibujar árboles. En estos cinco años, los partidos que entonces actuaban como maquinarias robustas que protegían a los suyos e incluso los premiaban con indultos, se han esforzado por limpiar el cesto y aplicarse aquello de que no basta con ser ejemplar: también hay que parecerlo.

 

 

Generación 15-M

 

Mientras dentro del Parlamento peinaban canas, toda una generación nacida desde  finales de los 70, cuando la Constitución tenía aún la tinta fresca y nuestra democracia apenas había empezado a andar, se había convertido en un votante que en 2011 sumaba varios millones de papeletas. Y no encontraba espejo político en el que mirarse. Aquel “dormíamos, despertamos” que ahora luce sobre la placa conmemorativa de Sol se hace más evidente entre los jóvenes. En 2011, España no tenía trabajo para casi la mitad de ellos. Muchos hicieron las maletas. De entre los que se quedaron nació Juventud Sin Futuro. “Sin casa, sin curro, sin trabajo… sin miedo”.

 

“Claro que el 15-M tuvo algo generacional. Yo he oído a mis padres quejarse mucho, pero proponer poco”, sostiene Henar Iglesias. El paro juvenil alcanzaba el 46,2% en 2011 y, aunque tuvieron que pasar dos años para que alcanzara su máximo, arrastrando a más de la mitad de ellos, cinco años después la cifra es aún más alta que cuando esos jóvenes salieron a las plazas (un 48,3%). El 15-M fue un acto de rebeldía, como lo define Elena Hidalgo. Y en la rebeldía hay algo de juventud. “Si tú no me haces caso voy a levantar la voz”, dice. Pero no cree que fuera cosa de una generación. “Venía gente de muchas edades. Recuerdo a gente más mayor que se acercaba y te decía menos mal que estáis aquí vosotros. Es como si para ellos fuera muy valioso”, indica. Eran ese algo al otro lado, que escucha.

 

La pregunta “quiénes son los de ahí arriba” encontraba una respuesta diferente en 2011. El político medio, dirigente de partido, era el de un hombre de cincuenta y pocos años, licenciado en Derecho, con poca más trayectoria que la política y que no hablaba más idiomas que el materno. La irrupción de Podemos y más tarde, de Ciudadanos, rejuveneció a los partidos. Izquierda Unida fue la primera en leer el mensaje generacional que había dejado el 15-M y colocó a un jovencísimo Alberto Garzón, un militante raso que había frecuentado las plazas, como candidato del partido por Málaga. El PSOE tuvo que vérselas de frente con la aparición de Podemos para esforzarse en renovar el partido: de Alfredo Pérez Rubalcaba a Pedro Sánchez distan, de entrada, 20 años. Había que parecerse más al pueblo, y ello implicaba también una cuestión estética. Pablo Iglesias presumía de coleta y los dirigentes políticos comenzaban a quitarse las corbatas y arremangarse las camisas. Los tiempos políticos envejecían frente a los sociales y las maquinarias de los partidos tradicionales comenzaron a funcionar a contrarreloj para no quedarse atrás.

 

Muchos de esos jóvenes que se encontraron en las plazas son hoy exiliados. Como Elena, que tuvo que marcharse año y medio después a Londres para buscar trabajo. “No nos vamos, nos echan”, coreaban al despedirse. Para que esa España que perdieron no les pierda. “Dentro de 20 años, cuando hablemos del 15-M a nuestros hijos, ya no servirá”, reflexiona Elena. Miraremos a las plazas y diremos aquello de “antes todo esto era campo”. “Ha dejado un poso, pero a las generaciones que lo vivimos”. Las que vengan tendrán que construir el suyo.

 

 

Millones de parados y ninguno callado

 

Si algo hizo el 15-M fue transformar el discurso de clases. La clase obrera, presente en el nombre del Partido Socialista español, se convirtió en la gente. El pueblo, los de abajo o cualquier significante que sirviera para contraponerlo a la casta, pero con una fuerza mayor que sus términos predecesores: ser capaz de aglutinar a ese “somos el 99%”. ¿Era el 15-M un movimiento de izquierdas? Muchas de sus propuestas se ubicaban en la izquierda histórica, pero siete de cada diez españoles lo miraban con simpatía, como señalaba el barómetro del CIS en 2011. Es lo que algunos llamarían “transversalidad”.

 

El componente obrero siguió presente. El paro, que aún hoy sigue siendo la mayor preocupación de los españoles –y una realidad para casi cuatro millones– apretaba entonces con fuerza y la creación de empleo aparecía en 83 de las papeletas de los buzones de Sol. Es también una constante en los programas de todos los partidos políticos para el 26-J, pero es solo una afirmación. El Partido Popular, que se jugó el estado de bienestar a la carta de combatir el desempleo, ha dejado las cifras en una situación muy similar a la de 2011. Y aunque la campaña de los populares se centra en repetir el mantra de que la recuperación ha llegado, en enero de este año Intermón Oxfam situó a España como el segundo país más desigual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), solo por detrás de Grecia. Para el 26-J, promete crear hasta 20 millones de empleos al final de la legislatura.

 

Podemos eleva la cifra de los populares y asegura que en 2019 ya habrá creado más de esos 20 millones de empleos. El PSOE habla de un “Plan de Choque” del que se beneficiarán millón y medio de desempleados, lo que se traduce en el compromiso de Pedro Sánchez de “bajar el paro a la mitad en 4 años”. Ciudadanos asegura que, con sus medidas, en 2020 habrá dos millones y medio de empleos más.

 

Cuando se llenaron las plazas, el Ejecutivo de Zapatero ya había aprobado una reforma laboral que se ganó una huelga general. Con los populares en el poder, una nueva reforma tendría la misma respuesta. Para este 26-J, el PSOE piensa derogar la de los populares mientras que Podemos se compromete a deshacer también la de Zapatero. Ciudadanos incluye un contrato único matizado más tarde con los adjetivos “estable e indefinido” y en estos cuatro meses de actividad parlamentaria optaron por la abstención cuando la derogación de las dos reformas se votó en el Congreso. Lo mismo hicieron los socialistas, que solo preven derogar los “aspectos más lesivos” de la que aprobó Zapatero.

 

En 53 papeletas los indignados pedían un aumento del salario mínimo. En 2011 se situaba en 641,40 euros al mes, lejos de los 800 euros que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero había prometido durante la campaña electoral. En estos cinco años apenas ha aumentado en diez euros, pero al discurso de los candidatos vuelven las promesas.

 

El PP no hace mención alguna al salario mínimo en su programa, pero ha aprobado subidas de en torno al 1% durante su legislatura. La última, en el Consejo de Ministros del 29 de diciembre. El PSOE habla de subirlo “para que alcance, en el término de dos legislaturas, el 60% del salario medio neto”, en torno a los 1.000 euros, mientras que Ciudadanos no considera en su programa modificarlo, aunque sí incluye un complemento salarial para “trabajadores con menores ingresos”. Los dos partidos pactaron en su acuerdo para la investidura fallida de Pedro Sánchez una subida del 1%. Podemos apuesta por un incremento gradual, hasta los 800 euros al mes en 14 pagas a mitad de legislatura, y de 950 al final.

 

En Sol también se pidió “mayor progresividad de impuestos”, una propuesta que apareció 95 veces en sus buzones. Podemos apuesta por “abordar una reforma fiscal que aumente la progresividad”, el PSOE también habla de “una reforma del sistema fiscal progresiva” y Ciudadanos de “un nuevo sistema fiscal que beneficie a los que cumplen para ayudar a la clase media y trabajadora”. El PP centra su discurso en una rebaja general de la carga fiscal.

 

Cuando se trata de traducir las políticas en números hay una exigencia a los partidos: cuadrar las cuentas. La “herencia recibida” no faltaba en los discursos de los populares durante sus cuatro años de gobierno y para el 26-J todos se esfuerzan en que sus propuestas vayan acompañadas por números. Para los comicios de diciembre solo Podemos adjuntó a su paquete de medidas una memoria económica. Ahora Ciudadanos también asume la fórmula. En la comparación de gastos e ingresos públicos que hacen los cuatro grandes todos repiten el esquema de la zona euro: más de los primeros que de los segundos. Ciudadanos y PP coinciden en que gastarán el 40,1% del PIB e ingresarán el 38,5%. El PSOE eleva la cifra de gasto al 41,5%, pero también los ingresos hasta el 40,5%. Podemos es el partido con más diferencia entre ingresos y gastos: el 43,3% del PIB de desembolso frente al 41,2% de recaudación.

 

 

“Banqueros rescatados, obreros desahuciados”

 

Cuando el 15-M se encendió, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ya llevaba dos años peleando por garantizar un derecho que recoge la Constitución: la vivienda digna. El banco hace un préstamo para comprar una casa, y la hipoteca es la forma en que se asegura de que la operación le será rentable. “Rentabilísima”, en palabras de Luis Chamorro, portavoz de la PAH en Madrid. Cuando la burbuja inmobiliaria estalló, miles de personas se vieron incapaces de afrontar sus deudas con los bancos. Y éstos pusieron en marcha su maquinaria para salvar el pellejo: reclamaron la vivienda para saldar parte de esa deuda. Es imposible saber la cantidad exacta de ellas que poseen y que tampoco pueden colocar de nuevo en el mercado. El resultado: casas vacías y gente sin casa.

 

El 15-M fue un “amplificador” para la melodía que ya venía entonando la PAH. “Los desahucios eran el problema más visible, pero había una causa mucho mayor detrás: la gran estafa financiera e hipotecaria”, apunta Chamorro. “El 15-M fue una fecha, sí. Pero luego llegó el 16, el 17, el 18…”, se queja. Hoy la situación no ha mejorado: 67.359 desahucios en 2015. Y partidos como Podemos, que cuenta en sus filas con antiguos miembros de la PAH como Irene Montero o Rafa Mayoral, “tararean la música pero no han entendido la letra”, se queja el activista.

 

Frenar los desahucios se convirtió en un reclamo social que se materializó en la que fue la propuesta más firme, auspiciada por la PAH: la dación en pago. La medida, que apareció un centenar de veces en los buzones de Sol y que recogen otras legislaciones europeas, supone que, en los casos de residencia habitual y deudores de buena fe, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda la vivienda, la deuda queda liquidada. “Con el tiempo hemos comprobado que la dación en pago era un mínimo a conseguir, pero no la solución a las miles de familias afectadas”, dice Chamorro.

 

Ada Colau reclamó la dación en pago a través de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que la PAH presentó ante el Congreso y que acabó por perder su esencia tras numerosas enmiendas y modificaciones –sobre todo del PP–. Hoy no existe ninguna ley que obligue a los bancos a concederla, sino que depende de los requisitos que imponga la entidad financiera. “La dación en pago ha sido un gran negocio para los bancos, un negocio enorme”, denuncia Chamorro. Recuperar las viviendas vendidas a fondos buitres, fomentar el alquiler social y vitalicio para quien pierda su casa o revisar las ejecuciones hipotecarias que se consideran ilegales son ahora sus propuestas. “El problema no es librarse de la deuda, es no perder tu hogar”, reclama Chamorro.

 

“Si una persona no paga la hipoteca, tiene un problema. Si miles de personas no pagan su hipoteca, el problema lo tiene el banco. Pero si centenares de miles de personas no pagan su hipoteca, es un problema del país”. Quien hablaba era el todavía abogado de la PAH Rafa Mayoral en el especial sobre desahucios que publicó en 2011 FronteraD. “A los que ponen en peligro el país se les debería llevar ante los tribunales”, sentenciaba entonces. Ahora es su antiguo compañero de batallas quien lo acusa de no denunciar la situación que ha generado la crisis inmobiliaria, de no acusar directamente a quienes antes consideraba responsables. La Ley 25 de Emergencia Social que Podemos sacó adelante en el Congreso con el apoyo, entre otros, del PSOE, habla de las deudas en uno de sus epígrafes. “Lo plantean de forma irresoluble. Las hipotecas son ilegales, ese es el desahucio real. La vida no se acaba cuando tienes una deuda con un banco, pero la gente no lo sabe. Y hay once suicidios diarios…”, se lamenta Chamorro.

 

En materia de vivienda, el PP defiende mantener el “código de buenas prácticas de la banca” y fomentar “políticas de alquiler para desfavorecidos”. El PSOE pretende crear una “Oficina antidesahucios” y promete impulsar la “vivienda social para los desahuciados con hijos”. Ciudadanos sigue instalado en la dación en pago, pero solo “si no es muy gravosa” y Podemos habla de un “alquiler social obligatorio para desahuciados” y un impuesto a propietarios de viviendas vacías. También los socialistas aplicarían “una tasa transitoria” sobre las viviendas desocupadas, pero solo si son propiedad de las entidades financieras. Sobre la deuda, los socialistas defienden que se renegocie “con mediación pública” pero, en caso de no poder salvar la pérdida de la vivienda, quiere “evitar que esa pérdida arrastre además una deuda de por vida”. Podemos sí menciona la “reestructuración de la deuda hipotecaria”, en la línea de las peticiones de los afectados por la hipoteca. Como denuncia Chamorro, ningún partido habla de señalar y responsabilizar a los culpables de la “estafa inmobiliaria”.

 

“Hemos tenido reuniones con el PSOE. Podemos nos ha dado con la puerta en las narices… pero seguimos organizando concentraciones para recordárselo. Son estas las cosas que hay que afrontar. ¿Queréis cambiar las leyes, Pedro, Rafa? Pues escucharnos. Los bancos se han llevado todo el dinero y siguen queriendo sacar más”. Chamorro no interrumpe su discurso, cada vez más firme y acalorado, hasta que poco a poco vuelve a la calma. Y recuerda que en estos cinco años también ha habido pequeñas victorias. “Cada vez hay más llamadas al teléfono. Es gente que pide ayuda y a la que enseñamos a lidiar con esto”, indica. “También hemos aprendido que se puede hacer mucho ruido, pero es como quejarse delante de un buzón porque no llega el correo. El martillazo hay que darlo en las instituciones”. Y la PAH seguirá haciéndolo. “Si esto fuera una expedición al Everest, no habríamos llegado ni al campamento base… pero estamos en el camino”, dice, optimista, antes de colgar.

 

 

“Una cuestión de vida o muerte”

 

Así define Carmen Esbrí, portavoz de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid – Marea Blanca (MEDSAP), el “derecho a la salud”. El 15-M dio a luz mareas multicolores en defensa del Estado de Bienestar. La verde, por la Educación; la blanca, por la Sanidad; la granate, por los jóvenes exiliados. Marchas de la dignidad que han seguido llenando las calles sin descanso durante estos cinco años. “Los servicios públicos son fundamentales en democracia. El Estado somos todos, no es un concepto comunista, como nos quieren hacer creer. Los servicios públicos tienen que ser absolutamente públicos, y la Sanidad es uno de los fundamentales”, señala Esbrí. Insiste en que el 15-M era un espacio transversal, un espacio de mayorías, y era fácil encontrar una mayoría que quisiera defender el derecho a la salud y la protección de la Sanidad pública, más allá de colores e insignias de partido.

 

La marea blanca surgió en 2012, aunque hubo luchas anteriores. El 15-M celebró asambleas sobre sanidad y en su defensa se volcaron numerosos colectivos años atrás. Pero el Real Decreto Ley que aprobó el Gobierno de Rajoy en 2012 generó una unión en el sector sin precedentes. “Cambiaba el sistema de Sanidad Pública como derecho para convertirlo en Sanidad por aseguramiento”, explica Esbrí, “como si la sanidad pública se pagara con los rendimientos del trabajo, en vez de con impuestos directos, que es como se hace”. “Entregó la sanidad como botín a las empresas privadas que se mantienen en altísimo porcentaje con el dinero de nuestros impuestos sin que lo hayamos elegido”, insiste. La sanidad pública paga a la privada unos 7.600 millones de euros al año. En 2011, la cifra había crecido un 52% en 10 años.

 

Un total de 244 personas hicieron constar en los buzones de Sol a la sanidad pública entre sus prioridades. Las propuestas se enmarcan en la línea de “recuperación de las empresas públicas privatizadas”. Si hay que hacer balance cinco años después, Esbrí lo tiene claro: “No se está logrando una recuperación de lo privatizado e incluso se mantienen y se promueven adjudicaciones nuevas a empresas privadas”. Más tarde, durante la conversación, la portavoz de la MESAP acepta concesiones. “Algunos éxitos, sí. Logramos la paralización del euro por receta, evitamos algunas privatizaciones de hospitales nuevos, hasta algunos consejeros de Sanidad han tenido que marcharse. Pero siguen las derivaciones”.

 

El PP recoge en su programa “una atención sanitaria pública de máxima calidad” y generalizar “la libertad de elección de médico y centro”. Para Esbrí, su lenguaje es “obsceno”. “Evitan hablar de privatización, defienden cosas que en realidad no hacen”. La MESAD pone como ejemplo al Gobierno popular de la Comunidad de Madrid, apoyado por Ciudadanos, que ha cerrado parte de las camas públicas de media y larga estancia del Hospital Virgen de La Poveda. A fecha de 15 de abril, el Boletín Oficial de la comunidad publicaba la licitación de un concierto con empresas externas para la hospitalización de cuidados continuados por 85 millones de euros. La Consejería de Sanidad cuenta con 503 camas públicas “de media estancia” y concierta otras 1.000 con centros privados. “Cierran para privatizar”, se queja Esbrí, que acusa a Cristina Cifuentes, la presidenta de la Comunidad, de “hablar con dos lenguas”.

 

Todos los partidos defienden en sus programas electorales la sanidad pública. Pero la experiencia ha demostrado que demasiadas veces esas promesas se convierten en papel mojado. El PP habla de que “todos los pacientes recibirán una atención sanitaria pública de máxima calidad, con independencia de la comunidad autónoma en la que se encuentren”, aunque el hecho de que se refiera a los pacientes siembra dudas sobre su universalidad. El programa de Ciudadanos tiene un epígrafe titulado ‘Por una sanidad pública, universal y de calidad’ y enmienda la propuesta que llevó al 20-D incluyendo esta vez el compromiso de que nadie se quede sin asistencia sanitaria en España. Tanto PSOE como Podemos se comprometen a derogar el Decreto de 2012 y asegurar la universalización de la tarjeta sanitaria. “Algún partido tiene concomitancias con las propuestas de consenso que la MESAD envió a todas las formaciones políticas”, admite Esbrí, reacia a hablar de unos y otros. “Lo que queremos es un compromiso serio”. Y eso es más difícil. 

 

“Entendemos que es complicado cumplir todas las promesas”, admite Esbrí, que apunta a Europa como el principal escollo de la soberanía nacional. “Pero entonces, sal y da explicaciones de por qué no puedes hacer una u otra cosa. Solo pedimos control”, asegura. La Marea Blanca celebró el domingo una nueva marcha por la Sanidad Pública. Y ya van a por la 45. “A veces tenemos la sensación de que no llegamos a toda la gente”, se lamenta. “Pero seguirán poniendo negro sobre blanco, sobre el blanco de sus batas, todo lo que ataque al derecho a la salud”.

 

 

“Gratuita, pública y laica”

 

“En mayo de 2011 despertamos. Hoy seguimos despiertos. Nos vemos en las calles”. Soy Pública es un colectivo que comenzó a formarse en Madrid en 2010 y un año más tarde estuvo en las plazas. En Sol se constituyó un grupo de Educación y Cultura que escogió como principal apuesta una educación pública y gratuita. La misma propuesta que apareció 216 veces en los buzones de cartón. Pedían poner fin al Plan Bolonia, la reforma de educación superior que instauró el gobierno socialista. Con el PP al frente del Ejecutivo, la Ley Orgánica para la Mejora de Comunidad Educativa (LOMCE), la reforma del entonces ministro de Educación, José Ignacio Wert, acabaría por ganarse el rechazo unánime de todos los sectores de la enseñanza.

 

PSOE y Podemos recogen en sus programas la derogación de la LOMCE. En el Congreso, Ciudadanos se abstuvo en una votación para paralizar la ley del PP, y arguyó que no son partidarios de derogar una norma sin haber trabajado en otra que la remplace. En el programa para el 26-J no mencionan la LOMCE.

 

El grupo de trabajo de Educación y Cultura de Sol exigía la creación de un pacto educativo “ajeno a los intereses del partido gobernante o de los posibles cambios de gobierno”. Desde el PP aseguran ahora en su programa que convocarán “a todos los grupos políticos y a toda la comunidad educativa” –la misma que se levantó en armas contra la ley que impulsaron los populares desde el Gobierno– “a la consecución de un Pacto Nacional por la Educación”.

 

Ciudadanos lleva como primera medida en la materia un “Pacto Nacional por la Educación que cuente con el consenso de las fuerzas políticas, comunidad educativa y de los colectivos sociales”, y el PSOE también aboga por “alcanzar un acuerdo político y social mediante el diálogo con todos los sectores de la comunidad educativa” que dé lugar a “una Ley básica de educación, con vocación de permanencia”. Podemos quiere desarrollar una nueva Ley de Educación basada en el documento Por otra política educativa, ya elaborado por los agentes relacionados con el sector. Hay consenso en buscar el consenso. Pero cuando se habla de diseñar el traje educativo cada uno toma diferentes medidas.

 

En Sol se pidió la eliminación progresiva de los conciertos educativos, “hasta su total desaparición”. Solo Podemos incluye en su programa para el 26-J una moratoria de conciertos educativos, junto a “un plan para su supresión progresiva mediante la integración voluntaria de centros privados-concertados en la red de centros públicos”. Ciudadanos quiere conservar el concierto educativo e incluso, en su defensa de extender la educación universal de 0 a 3 años, apuesta por aumentar las plazas públicas y también las concertadas. El PSOE garantiza en su programa “una financiación pública y unos servicios comunes adecuados para todo el sistema educativo”, incluyendo también las concertadas, mientras que el PP se erige como firme defensor de “la libertad de elección de centro” y asegura que seguirá “apoyando la educación pública, incluida la concertada”.

 

Desde Sol, pronto se añadió un sustantivo más al modelo de Educación que defendían: laicidad. Lo secundaron 158 papeletas de las recogidas en propuestas. “La educación pública no puede ser confesional”, exigían. Los populares no lo mencionan en su programa. En Ciudadanos, y aunque el líder del partido ha defendido que su modelo educativo es laico, no hay ninguna mención a eliminar la religión de las aulas en su programa. Los socialistas sí recogen la promoción de “una escuela pública laica donde no quepa la integración de enseñanzas confesionales, ni en el currículum ni en el horario escolar”. También Podemos defiende sacar la religión de las aulas, y aboga por un modelo “público, gratuito, laico e inclusivo”.

 

La relación Estado-Iglesia preocupaba a 142 de las personas que dejaron sus papeletas en los buzones de cartón. Un total de 83 pedían la “desvinculación definitiva Estado-Iglesias”, y 59 “eliminar la financiación pública a cualquier culto”. Podemos dedica un capítulo de su programa a la “libertad religiosa y de conciencia” e incluye medidas como sacar los servicios religiosos de las instituciones públicas, recuperar los bienes inmatriculados de la Iglesia Católica y eliminar los privilegios fiscales para la Iglesia católica y otras confesiones religiosas y las celebraciones religiosa en los actos oficiales. El PSOE también apuesta por “avanzar en la autofinanciación de las confesiones religiosas” y asegura que eliminará los privilegios fiscales a la Iglesia. También reclamará la titularidad de los bienes que la Iglesia ha inmatriculado desde 1998. 

 

Otra preocupación en Sol era la inversión en educación pública. Hasta 99 papeletas lo reflejaron. El grupo de trabajo concretó la cifra en un 6% ya en 2011. Para 2016, el PP habla de “un ritmo de crecimiento estable del gasto en los servicios básicos”, entre los que incluye la educación. El PSOE propone una financiación del 5% del PIB en ocho años y Podemos del 4,6% en solo dos. Ciudadanos no se plantea aumentar el gasto en educación no universitaria, aunque sí habla de “acabar con los recortes” en el sector. Para la Educación Superior, apuesta por “mantener el objetivo europeo de invertir el 3% del PIB”.

 

 

Una persona, un voto (real)

 

Hasta 659 veces apareció en los buzones de Sol una reforma de la ley electoral. En Barcelona, Víctor García participó activamente en la subcomisión de Profundización democrática. Sus trabajos sobre empoderamiento ciudadano, un término al que Podemos limpió el polvo y rescató del diccionario, fueron utilizados más tarde para elaborar un borrador sobre la estructura interna del partido morado, del que fue militante activo.

 

“Cada vez había más evidencia de las disfunciones del sistema electoral. Pero eso a secas no quiere decir nada en concreto. Sin embargo, en las propuestas de la Asamblea Sol sí quedó algo más claro”, explica Víctor. El eje de todas aquellas iniciativas apuntaba a una misma cuestión: un reparto más proporcional de votos y escaños. El manifiesto “una persona, un voto” criticaba que el sufragio no es igual ni libre. “No es igual porque el voto tiene distinto valor según donde se ejerza y del partido al que se elija. No es libre porque con frecuencia el ciudadano se ve coaccionado a emitir un voto útil si no quiere quedarse sin representación”.

 

La reforma electoral había sido una reivindicación histórica de IU y otros partidos minoritarios a la que se sumó UPyD. “El espacio electoral de IU difícilmente iba a alcanzar la barrera del 20% y la ley electoral actual los destroza”. Algunos politólogos marcan en ese 20% el porcentaje de voto a partir del que el sistema electoral comienza a “sobrerrepresentar” al partido que lo consigue. “Partidos como Equo o Pacma se han visto históricamente perjudicados”, indica Víctor.

 

En el origen de esta propuesta de los indignados estaba la necesidad de que pudieran surgir nuevos partidos, acabar con el bipartidismo de un PSOE y un PP al que gritaban el “no nos representan”, el “no les votes” que se hizo popular ese 15  de mayo. Cinco años después el bipartidismo ya se ha roto. Pero Víctor García no cree que la reivindicación se pierda. Está en los programas de todos los partidos salvo el PP. “El problema con la reforma electoral es que el que gana no tiene incentivos para cambiarla”, indica García. Los populares se han visto históricamente beneficiados y en el programa para el 26-J mencionan su reforma, pero en un sentido que nunca expresó el 15-M: introducir mecanismos que faciliten que gobierne la lista más votada.

 

El programa del PSOE habla de “mejorar la proporcionalidad”, pero no especifica cómo. “Los socialistas siempre son ambiguos, porque tampoco han querido nunca cambiar nada”, critica el activista. Podemos sí recoge un su programa garantizar “la igualdad del peso del voto de todos los ciudadanos” y crear una circunscripción autonómica, lo que conllevaría necesariamente una reforma de la Constitución. García cree que esto es señal de que la reforma electoral “no es prioridad” para la formación morada, puesto que podría haber optado por mecanismos más proporcionales que solo supongan una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Ciudadanos también defiende “una nueva ley electoral para que el voto de todos los españoles valga lo mismo”, y también opta por la vía de la reforma constitucional para asegurar un régimen electoral que responda al principio “una persona un voto”. Habla de cambiar la circunscripción pero no especifica cómo y apuesta por un sistema de doble lista desbloqueada para la elección uninominal y proporcional de ámbito territorial y nacional, respectivamente. Para García, es un modelo con “bastantes riesgos”, porque facilita que se puedan crear “partidos dobles” y por la posibilidad de que los escaños sean variables para mantener la proporcionalidad. “Esa propuesta ahora mismo no les beneficiaría a ellos”, indica.

 

García cree que lo que Podemos realmente busca es “ser el partido más votado”. “La reforma contenida en el documento que envió al PSOE con su propuesta de gobierno reformista era altamente decepcionante y poco específico”, indica.

 

“Estamos en un momento de transición. Si no se cambia la ley electoral, esta nueva tarta más repartida se traducirá en un nuevo bipartidismo”, indica. “Puede que ya no sea un clamor ciudadano, pero serán los propios partidos quienes reclamarán una reforma. A PSOE y Ciudadanos les puede interesar a futuro. Los que están en la cuerda floja ven cómo la ley electoral les impone un castigo extra”, sentencia. Ahora que Podemos ha integrado a IU y a otros pequeños partidos en su proyecto político “es el más propenso a reformar el sistema electoral. “La confluencia ha sido precisamente obligada por la ley electoral, la única forma de burlarla”, indica García. “La idea inicial era crear un partido que lo barriera todo pero ahora es más probable que se mueva en esa línea”.

 

También critica García el voto útil, una estrategia política habitual de los dos grandes partidos para atrapar todas las papeletas y que hoy, con el arco parlamentario dividido, sigue siendo un reclamo de los cuatro principales a derecha e izquierda. “Empobrece el discurso político porque votas contra algo”, indica. “En la mayoría de países europeos los parlamentos están muy divididos y eso aumenta la pluralidad, hay que desmitificar la idea de la gobernabilidad”. Introducir listas abiertas también fue una propuesta de hasta 246 personas. Supone poder elegir a los candidatos dentro de la lista de un partido, alterando de alguna forma el orden, lo que a priori suena más democrático. Sin embargo, García recuerda que este mecanismo, si no se combina con otras reformas de la ley electoral, puede quedar en nada. “Ya funciona en el Senado y no parece que vaya acompañado de ese efecto multiplicador de la democracia”. 

 

 

“Lo llaman democracia y no lo es”

 

Invitados a la fiesta solo una vez cada cuatro años. Aún faltaba un año para festejar de nuevo la democracia, pero esa mañana las plazas se llenaron de urnas. Solo que en realidad eran contenedores de basura. Fue la forma en la que los indignados se quejaban de que su opinión solo contaba una vez cada cuatro años, y que los partidos se valían de ella para gobernar de espaldas. “La mayor parte de la clase política ni siquiera nos escucha”, rezaban las octavillas que un grupo de ciudadanos empezó a repartir en Sol. El manifiesto de Democracia Real ¡Ya! (DRY) logró más de 70.000 firmas. “Los ciudadanos formamos parte del engranaje de una máquina destinada a enriquecer a una minoría que no sabe ni de nuestras necesidades. Somos anónimos, pero sin nosotros nada de esto existiría, pues nosotros movemos el mundo”, decía el texto.

 

El 15-M sacó de las estanterías la figura del referéndum. Que las urnas no salgan solo cada cuatro años. Que cuando haya sobre la mesa una cuestión relevante –“leyes y temas clave”, como se escribió en 131 propuestas– los inviten a la fiesta. En la historia de nuestra democracia, eso solo ha ocurrido tres veces. La primera fue en 1987, para ratificar la Constitución. Después han sido dos gobiernos socialistas los que lo han utilizado para preguntar por la permanencia de España en la OTAN (1986) y sobre la Constitución Europea (2005).

 

Agosto de 2011. Mientras PSOE y PP consumaban dentro del Parlamento la modificación del artículo 135 de la Carta Magna, hasta 3.000 indignados aguardaban fuera para exigir un referéndum. El artículo 135 estrenó entre sus líneas el “principio de estabilidad financiera”. Se había reformado una Constitución que hasta entonces parecía intocable, pero a los de fuera del Congreso nadie les había preguntado.

 

El referéndum ha logrado colarse en el debate político en esta corta legislatura. Podemos defiende en su programa la posibilidad de una consulta de autodeterminación en Cataluña y ese ha sido uno de los grandes escollos en la negociación posterior de Gobierno. Ni PP ni Ciudadanos preven siquiera la posibilidad de una consulta de este tipo, y el PSOE sólo ve viable someter a las urnas una reforma de la Constitución que aborde el encaje de Cataluña y en la que voten todos los ciudadanos.

 

Más allá de Cataluña, el PSOE no habla de referéndums en su programa, pero sí de “consultas ciudadanas del gobierno sobre todas las cuestiones que considere oportuno de interés general”. Ciudadanos solo lo menciona para volver a su región de origen otra vez: “Nos opondremos a todo intento de convocar un referéndum separatista”. El PP tampoco hace referencia, y es Podemos el único que se compromete a potenciarlo.

 

En 74 papeles de los buzones de Sol se pedía una reforma de la Constitución. Hubo quienes pidieron una consulta sobre la Monarquía, y hasta 128 pidieron directamente su abolición. Otros 92 pedían eliminar el Senado y otros 64 abogaban por la separación real de poderes. Todos sus reclamos tenían un factor común: “El pueblo también cuenta”.

 

Medio millón de personas son sólo el 1,3% de la población española. Pero son suficientes para llenar casi seis veces el Estadio Santiago Bernabéu. Quizás por eso conseguir que todas se pongan de acuerdo para firmar una Iniciativa Legislativa Popular ha sido tan complicado que tan sólo ha habido 66 propuestas en 30 años. Y de ellas, sólo 9 consiguieron recabar las firmas suficientes en el plazo estipulado. Ninguna superó la resistencia del Congreso. En 2011, la única que se había aprobado lo hizo subsumida en otra norma.

 

La ILP es una herramienta de participación directa en política, pero con graves limitaciones. En los buzones de Sol hubo propuestas que pedían fomentarlas. Otras, más imaginativas, buscaban sustituirlas por otros mecanismos. 

 

En los programas para el 26-J todos los partidos las mencionan. Podemos promete eliminar las trabas actuales “desde los estrictos requisitos para su presentación hasta la falta de debate parlamentario”. El PSOE es más concreto, y asegura que reducirá a 300.000 las firmas acreditadas requeridas para su presentación y reconocerá el derecho a sus promotores de defender en el Congreso sus propuestas. Ciudadanos va más allá y apuesta por reducir el número de firmas a 250.000 y fija un plazo máximo de tres meses para su toma en consideración por el Congreso. Hasta el PP habla de “impulsarlas” en su programa electoral, aunque no concreta cómo.

 

Pero la democracia directa y la construcción de Parlamentos más abiertos es todavía una asignatura pendiente. El PSOE apuesta por crear una Ley de Participación Ciudadana, cuyo contenido no explica en el programa, y un portal de participación donde lanzar preguntas y propuestas al Gobierno. Podemos sí incluye otras formas de participación directa, con medidas como el “escaño ciudadano”, el veto popular, procesos deliberativos populares o los referéndums revocatorios. Víctor García, también autor del blog Sistema en crisis, concede a Podemos ser el partido que más medidas recoge en este sentido, pero no cree que hayan logrado satisfacer las exigencias del movimiento indignado. “El revocatorio, por ejemplo, puede ser bastante testimonial si las barreras para accionarlo son muy altas”, explica. “Técnicamente no hay avances en más democracia, pero tenemos partidos que llevan en sus programas muchos guiños en ese sentido, y si tocan poder, pueden plantearlo en un futuro más cercano”, señala. Desde las organizaciones y movimientos de la sociedad civil agrupados en Poletika destacan que los elementos de rendición de cuentas acerca de la participación ciudadana son los grandes ausentes en los programas electorales.

 

 

“No nos vamos, nos mudamos a tu conciencia”

 

Cinco años han pasado desde que se llenaron las calles. Cinco años desde que una ciudad en miniatura convirtió la plaza de Sol en la plaza de las Soluciones. Donde habitaban las lonas, los palés y las cajas de cartón ahora reza una placa: “Dormíamos, despertamos”. Y son ya cinco años en vela.

 

“El 15-M me ha cambiado. Yo nunca quise participar en política, no me interesaba, pero en ese momento se trataba de algo más emocional, no quieres ser un jugador pasivo”, indica Elena Hidalgo. “En las plazas aprendimos muchísimo. Por ejemplo, valoro mucho más la economía, porque la política no es más que una forma de dirigirla. Hemos roto el concepto de lo que nos afecta, de lo que importa”, reflexiona. “Se regeneró la visión de la política. Las personas no sentían que la política fuera suya y la ignoraban, se desconectaron de ella”, insiste Henar Iglesias.

 

“Mi madre, una señora de 60 años, me decía: Yo veía la tele y me lo creía todo. Y eso ha cambiado”, asegura con los ojos muy abiertos, como si recordar le hiciera de nuevo desprenderse de las legañas. El 15-M transformó el desdén en escepticismo. La ciudadanía volvió a mirar a los políticos, al sistema. Pero para vigilarlo.

 

Muchos de los que formaron parte del embrión de los movimientos que nacieron de la mano del 15-M están ahora en las instituciones, ya sea por las candidaturas de unidad popular que han conquistado los ayuntamientos o a través de Podemos. No son todos los que estaban, ni están todos los que fueron, pero los que tomaron papeles más activos en las plazas acabaron militando. “Si no haces política, otros la harán por ti”, decían. Henar Iglesias, de InfoSol, fue una de esas personas que no optó por la vía institucional tras las plazas. “La política nos generaba rechazo. No vamos a entrar en tu mercadeo, decíamos. Además, muchos pensaban que el sistema estaba hecho para corromper la naturaleza humana y al final todos acaban haciendo la misma mierda una vez que entran en él”, recuerda. “Pero el 15-M generó ganas de proponer, de demostrar que las cosas se podían hacer de otro modo”, así que era fácil que muchos acabaran por canalizar todo eso haciendo política.

 

¿Se puede cambiar el sistema desde dentro? La pregunta encontraba muchas respuestas, pero todos coincidían en un diagnóstico: “había que cambiar la estructura de los partidos”, recuerda Elena. “Es cierto que las asambleas se eternizaban, eran poco efectivas. ¿Cómo saber cuál es el modelo adecuado? Eso solo es evaluable con el tiempo”, reflexiona. Hacer política pero sin partidos.

 

Cuando hace memoria sobre lo acontecido hace cinco años en un país que hace cuatro que dejó, Elena sonríe. A veces con amargura. “Ahora veo todo aquello como algo muy naif, no sabíamos cómo funcionaban las cosas. Pero no lo devalúo. Hay que seguir trabajando para que la gente entienda quién decide, cómo funciona esto”, asegura.

 

El recuerdo de Elena es agridulce. “Unidos éramos fuertes, pero la gente se empezó a dispersar. Yo tuve que emigrar y fue triste. En ese momento nos dimos cuenta de que creíamos que podíamos cambiar las cosas, pero ante la violencia y las multas es muy difícil”. Elena se toma una pausa. “La gente no tiene estrategia, pero el Gobierno tiene una estrategia de desgaste. Y ganó… Pero las cosas que cambiamos las cambiamos para bien. En ese sentido ha funcionado”.

 

La ceguera de las instituciones, la forma en que la lucidez fue reprimida, acabó haciendo mella en los indignados. Muchos tuvieron que dejarlo. Se hizo casi obligatorio marcar distancias. Henar asegura que alejarse un poco de todo aquello se volvió psicológicamente necesario. Pero algunos recordaron la otra vía. “Que se presenten a las elecciones”. Y dieron el paso.

 

Elena es escéptica sobre la llegada de parlamentarios de nuevos colores al Congreso. “Es bueno que haya más jugadores, pero no tienen por qué saber hacer las cosas mejor. La política tiene mecanismos que se tienden a repetir”, se lamenta. Como ella, los que no cambiaron el activismo por la militancia miran a los nuevos partidos con el recelo que aprendieron en las plazas. “Algunas personas ponen todas sus esperanzas en el frente de lucha institucional, como si ganar las elecciones supusiera conseguir el cambio”, señalaba el manifiesta que Democracia Real ¡Ya! hizo público para celebrar el quinto aniversario del 15-M. ¿Podemos vació las calles? 

 

“El 15-M es solo algo que echó a andar”, reflexiona Elena. Un inicio, un punto de partida. “Y tiene que seguir andando”. Las plazas se vaciaron. Las lonas, los palés y las urnas de cartón desaparecieron. Sol recuperó el trasiego habitual de cada día. “Si algo aprendimos es que no existen los mesías, que un partido nunca sustituye la movilización ciudadana”, indica Elena. “Las calles se han vaciado, sí, pero porque se han sustituido por otras formas de acción más efectivas”, sostiene Henar. El 15-M no solo despertó a la ciudadanía: creó redes que la conectaron, que permitieron crear una voz común que amplifique aún más sus gritos de lo que lo hacían los megáfonos de plástico de quienes se situaban en el centro de las asambleas colectivas.

 

Los indignados se marcharon de las plazas, sí. Pero dejaron un mensaje: “No nos vamos, nos mudamos a tu conciencia”. Ahora los ojos escuecen tras cinco años de falta de sueño, pero una vez despiertos da miedo volver a dormirse. Nadie quiere que lo que venga pueda pillarle dormido.

 

 

 

 

Miriam Ruiz Castro es periodista. Trabajó como corresponsal política en ABC tras los pasos de Podemos y ahora forma parte del equipo de El Objetivo, de Ana Pastor, en La Sexta. En FronteraD ha publicado Elogiemos ahora a personas anónimas, y a quienes en sus páginas las engendraron. En Twitter: @MiriamRuiz_

 

 

 

 

 

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