El secuestro y asesinato de María Villar Galaz acontecidos semanas atrás en la Ciudad de México y el colindante Estado de México (Edomex) pasaron al olvido después de que las autoridades de éste anunciaron la aprehensión de un presunto responsable. Nada más ha trascendido del caso.
Mientras tanto, la violencia en el Edomex se ha incrementado, sobre todo, la de tipo misógino. Esta demarcación encabeza el índice de feminicidios del país, desde que el actual presidente Enrique Peña Nieto fue el gobernador.
El 31 de octubre, la policía halló el cuerpo degollado de una niña de siete años dentro de una bolsa de plástico en el municipio de Naucalpan. Ese mismo día, la policía descubrió los cadáveres de cuatro personas a la orilla de la carretera que une Toluca, capital de dicho estado, con la Ciudad de México.
Al llegar algunos reporteros gráficos, la policía quiso impedir que tomaran imágenes de los cuerpos. Los amagaron sin respeto y uno de los fotógrafos fue esposado. ¿Qué buscaba ocultar la policía?
De inmediato, las autoridades de Edomex difundieron la versión de que los ejecutados eran delincuentes que fueron víctimas de un “vengador anónimo”.
Desde tiempo atrás, se teme que el llamado “vengador anónimo” sea en realidad una política discrecional de Edomex para amedrantar a los criminales a partir de enviar, en unidades de transporte público, agentes encubiertos y armados que matan a éstos. En los últimos meses, se han presentado casos de vengadores anónimos en Tlaneplantla, Tizapán de Zaragoza y Nezahuatlcoyotl.
Semanas atrás, la policía de Edomex encontró 24 ejecutados en el paraje llamado La Marquesa, muy cerca de donde asesinaron a los cuatro del 31 de octubre. Las autoridades federales afirmaron entonces que se trató de un resultado de la rivalidad entre grupos criminales de Michoacán y de Guerrero que se disputan territorios circunvecinos.
La escalada de violencia hace suponer que continuarán los crímenes sin que ninguna autoridad ofrezca explicaciones consistentes de los delitos ni, mucho menos, sea capaz de restaurar el orden y la seguridad pública.
Días atrás, el secretario de Gobernación, a cargo de los asuntos internos del país, declaró en su cuarto Informe la “reducción de la incidencia de delitos”, lo cual se debe a que las autoridades en México sólo contabilizan los delitos denunciados –la gente se niega cada vez más a realizar denuncias debido a la ineficacia y corrupción institucionales.
El proceder de los gobiernos en México busca el olvido de la realidad a partir de la gestión de los efectos indeseables, del control de daños mediáticos y del cinismo político que consiste en mentir de principio a fin. Otra expresión más de el estigma de la muerte que, por desgracia, resplandece en el país.
Y nada ayuda a comprender la situación mexicana pronunciamientos sesgados de organismos internacionales, como el de Reporteros Sin Frontera que acaba de mencionar como depredadores de la libertad de prensa a los presidentes de Rusia, Venezuela, Turquía y Cuba y, en el caso de México, señalan al grupo criminal Los Zetas, cuando la responsabilidad de la seguridad pública reside en el gobierno que ahora encabeza Peña Nieto.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al menos 119 periodistas han sido ejecutados en México desde el año 2000 a la fecha, lo cual convierte a esta anomalía en un problema del Estado mexicano. Los depredadores son Los Zetas y, por omisión, el Estado.
