Los desahucios son el caso extremo de una realidad que viven más de cinco millones de hogares españoles: una caída de ingresos, por paro o por recortes, que implica estrecheces económicas importantes para pagar la hipoteca. En estas condiciones esperar que repunte el consumo es ilusorio, lo que equivale a decir que las perspectivas de creación de empleo, son muy remotas. A su vez, más paro, y en particular más paro de larga duración, significa más morosidad hipotecaria y más desahucios.

 

Hay que actuar por tanto no sólo para evitar el drama de los desahucios sino, más ampliamente, para aliviar a las familias de la losa hipotecaria en que se ha transformado para ellas el estallido de la burbuja inmobiliaria.

 

Ahora bien, ¿cómo se puede financiar una rebaja de la cuota hipotecaria mensual de las familias? Tengamos en cuenta que si limitáramos la mensualidad de la hipoteca al 20% de los ingresos del hogar estaríamos hablando de un coste global anual de cerca de quince mil millones de euros. El Estado, por descontado, no dispone de dicha cantidad ni está en condiciones de obtenerla en el mercado de deuda.

 

Las entidades de crédito, al día de hoy, tampoco están en condiciones de absorber por sí solas dicha cantidad. Al día de hoy no, pero si analizamos su situación en una perspectiva más amplia nos damos cuenta de que sí cuentan con un margen suficiente para soportar el rescate de las familias.

 

En efecto, gracias al banco malo, a los decretos de reforma del sistema financiero y a las ayudas a la recapitalización, los bancos se han deshecho de su cartera de créditos hipotecarios fallidos, o la han amortizado, conservando en cartera los créditos hipotecarios sanos. Esta cartera sana representa del orden de medio billón de euros que los bancos irán cobrando a lo largo de los próximos quince a veinte años. Esa renta futura, o parte de ella, se puede cobrar fácilmente por adelantado a través de la venta de cédulas hipotecarias. Dichas cédulas son como una obligación que emite el banco adosada a préstamos hipotecarios, es decir que el banco paga los cupones de la obligación con la devolución de las hipotecas. Más de la mitad de la cartera hipotecaria de los bancos está titulizada en cédulas, lo que les permite transformar los préstamos concedidos en liquidez inmediata.

 

Rebajar las hipotecas al 20% de los ingresos familiares durante dos años, y a la mitad de dicha rebaja el tercer año, tendría un coste aproximado de 48.000 millones de euros y se puede financiar con un mecanismo como el que acabamos de describir y que detallamos en un documento de propuestas para la salida de la crisis.

 

De esta forma estaríamos cumpliendo tres objetivos. El primero es una inyección significativa de renta disponible de quince mil millones anuales que supondría, para más de cinco millones de familias, un ahorro mensual de entre cien y trescientos euros de media, los cuales, en las circunstancias actuales se destinarían en su mayoría al consumo (se trata de hogares con una renta inferior a tres mil euros mensuales). De esta forma se contribuye a estimular la demanda y se posibilita el plan de creación de tres millones de empleos en los próximos tres años propuesto en el documento antes mencionado.

 

El segundo es un objetivo de equidad: los contribuyentes españoles soportan el peso del rescate a la banca, por lo que es justo reclamarle a ésta que contribuya a rescatar a las familias de la lacra del paro y de los recortes que están sufriendo a causa de la codicia de los bancos durante la burbuja inmobiliaria.

 

El tercero es una vía alternativa a los desahucios para las familias víctimas de insolvencia sobrevenida a causa de la crisis.

 

Equidad, justicia social y recuperación económica. Se trata de una propuesta que las fuerzas políticas y el Gobierno deberían estudiar urgentemente si todavía les queda un mínimo de empatía hacia los sufrimientos de la ciudadanía.

 

 

 

Antonio Quero es funcionario de la Comisión Europea y militante del PSOE