La gente que ha perdido sus casas por no poder pagar la hipoteca es uno de los territorios más inhóspitos de la crisis económica en Estados Unidos.

i indagación comenzó a las diez de la mañana del jueves 29 de enero en la entrada de un tribunal civil del barrio de Queens, cobijo neoyorquino de emigrantes. Durante veinte minutos, unas cien personas llegadas a cuentagotas soportaron temperaturas por debajo de los cero grados. Luego, con el ademán severo, subieron a una sala judicial para ver impotentes como un banco embargaba su casa a sangre fría. Muchos no pudieron volver a ella y fueron a buscar refugio en la de sus familiares o en algún cuarto de alquiler barato. Otros se perdieron en la bruma de la calle.

            Variando la temperatura y el número de personas, desde hace dos años la escena se repite, semana tras semana, en cada uno de los distritos de cada una de las ciudades de Estados Unidos hasta alcanzar cifras que se miden en millones; aunque, debido a la ausencia de un registro nacional, los datos difieren según las fuentes. Una de esas fuentes, la Mortgage Bankers Association (Asociación de Banqueros Hipotecarios), cifra en 2,8 millones el número de casas embargadas tan sólo en el año 2008. Mientras, la organización sin ánimo de lucro Center for Responsible Lending (Centro para el Préstamo Responsable) calcula que en los próximos cinco años los jueces pueden arrebatar 13 millones de viviendas a sus habitantes.

            Los secuestros de las casas comenzaron a ejecutarse de forma masiva en el verano de 2007 cuando reventaron lashipotecas subprime: préstamos hipotecarios concedidos a personas que difícilmente podían pagarlos, pero que obtuvieron gracias a la suposición de que, con el paso del tiempo, su casa se revalorizaría por encima del interés del préstamo.

            En otras palabras, los créditos no se basaron en la economía real, sino en vaticinios. Unos vaticinios que sirvieron, a su vez, para crear una ingeniería financiera de productos completamente irreales, aunque muy lucrativos para los especuladores. La debacle se produjo cuando el barro sobre el que se edificó el mercado inmobiliario estadounidense empezó a ceder y el precio de las casas se derrumbó muy por debajo de sus hipotecas.

            «Lo sentimos» dijo John J. Mack, responsable de Morgan Stanley, en nombre propio y en el de sus colegas banqueros al admitir, ante el Congreso de los Estados Unidos, que  tanto sus errores como sus excesos habían propiciado esta crisis.

            La contaminación al sistema financiero mundial hizo que las hipotecas subprime recibierandiversos nombres mediáticos, como hipotecas tóxicas o hipotecas locas. Sin embargo, la organización no gubernamental ACORN (Association of Community Organizations for Reform Now -Asociación de Organizaciones Comunales para la Reforma Inmediata-), dedicada a ayudar a personas desahuciadas, prefiere calificarlas con el adjetivo menos romántico, pero más preciso, de leoninas, ya que con la crisis se descubrió una realidad oculta: los préstamos se habían entregado con unas condiciones ventajosas sólo para quienes las concedían.

            “Las hipotecas subprime se adueñaron del mercado reemplazando incluso otros créditos más asequibles. Muchos de esos préstamos subprime eran leoninos, pues los acreedores engañaron a los deudores acerca de los detalles del contrato; dejando de ofrecerles mejores opciones y no enseñándoles todas las cuotas escondidas y las subidas futuras de los intereses”, se lee en un informe de ACORN publicado en 2002; es decir, cuatro años antes del desastre.

            Aún más, ese informe revela que las hipotecas leoninas tenían “como primer objetivo personas de las minorías negra y latina con bajos ingresos, a quienes se les concedieron créditos peores de los que en realidad podían haber obtenido”.

            Los responsables de ACORN consideran que los desahucios son frutos de graves injusticias. Por eso, desde principios de año acuden en señal de protesta a las sedes de los juzgados y los bancos hipotecarios de todo el país. Su objetivo no es tanto pedir que se enjuicie a los autores de tanto desmán, como impedir o retrasar la ejecución de los embargos, causantes de un grave problema social y humanitario.

            Para paliar el dolor de la pérdida del hogar, el Congreso norteamericano aprobó el año pasado, aún bajo el Gobierno de George W. Buh, el Hope for Homeowners Program (Programa de Esperanza para Propietarios). El plan intentaba evitar el embargo de 400.000 casas, destinando una ayuda de 300.000 millones de dólares a quienes no podían pagar su hipoteca. El objetivo era que pudieran volver a negociarla con el banco. Pero a tenor de los datos y los informes sobre su cumplimiento, esa esperanza no ha llegado todavía. Entre otros motivos porque a mediados de este año aún no se había gastado ni un millón de dólares de esa partida y todo el programa había servido para ayudar únicamente a una persona, según una investigación de la organización periodística sin ánimo de lucro Propublica.

            De hecho, Barack Obama, sucesor de Bush, tuvo que aprobar un nuevo plan en marzo, el Home Affordable Modification Program (Programa Modificador para una Vivienda Asequible), dotado con 75.000 millones de dólares, complementario de los anteriores.
Ya cuando lo presentó, en un barrio de la sureña ciudad de Mesa castigado por los desahucios, advirtió que la medida no salvaría todas las casas. No obstante, esperaba que diera “la oportunidad de rehacerse” a millones de familias “resignadas a la ruina.”

            Once meses después, esa oportunidad avanza a trancas y barrancas. Los responsables de ACORN reconocen que es difícil de evaluar el funcionamiento del plan de Obama porque, en términos burocráticos, ese tiempo es “apenas lo que tarda el ojo en hacer un guiño”. Sin embargo, como también observan esos responsables, once meses para las familias que pierden sus casas “es una eternidad”.

            Desde luego lo es para quienes en el frío de Queens perdieron su casa; como Deverisse Davis, empleada en las cocinas del hospital Mary Inmaculate, del barrio de Jamaica. Tras enviudar en 2006, Davis tuvo un accidente y estuvo sin trabajar durante ocho meses. Hasta el momento del accidente había pagado con puntualidad las letras de su hipoteca, que se elevaban a 1.200 dólares mensuales. Sin embargo, la falta de ingresos suficientes durante la convalecencia le impidió hacer frente a varias de las cuotas. Cuando volvió a trabajar intentó pagar a su banco, Countrywide, parte de la deuda que tenía, al tiempo que pidió volver a financiar el crédito. Su petición fue rechazada y el director de la sucursal le exigió que pagara todo el crédito más los intereses. Como no pudo, Davis perdió su casa. “He estado pidiendo ayuda al banco. Me retrasé porque estaba de baja y accidentada, pero antes había pagado todas mis letras. Sólo necesito una mano para volver a estar al corriente de mis pagos. Quiero pagar el dinero que debo, pero el banco no quiere saber de mí. Me parece injusto. Un accidente no debe significar perder mi casa”, aseguraba aquel día.

            Seis meses después, en junio pasado, ya bajo el calor del verano en Los Angeles, era Irene Leary, una mujer de 84 años, quien se enfrentaba al embargo de su casa por no pagar las letras. Sus circunstancias eran diferentes a las de Davis, pero su necesidad la misma. El marido de Leary tenía diabetes y debía hacerse diálisis, lo que en un país con sanidad privada significa pagar por el tratamiento unos 30.000 o 40.000 dólares. Un banco, OneWest, les dijo que la solución era obtener un crédito avalado con su casa. La mala fortuna quiso que su esposo muriera un mes después de haberles sido concedido el préstamo, con lo que sus ingresos mensuales de 2.388 dólares se redujeron a 1.600. Aún así, Leary continuó pagando su deuda durante un tiempo, hasta que hubo un momento en el que no pudo hacerle frente porque los intereses iban subiendo a medida que el mercado de la vivienda se iba hundiendo.

            Once meses después, ahora que regresa el frío, historias similares siguen publicándose aquí y allá por todo Estados Unidos, aunque no han formado la corriente principal de un caudal informativo más preocupado por las cifras macroeconómicas que por los dramas particulares. De esa forma, los desahucios sólo han sido noticia cuando alcanzaban un récord, como los 1.800 ejecutados en un sólo día en Fulton County, en el estado de Atlanta, o cuando dejaban casi vacía una localidad entera, como la de Lehigh Acres, en Florida.

            Menos eco ha tenido aún otra vertiente de los embargos: la del descaro de los bancos, aunque es un descaro que descansa en las leyes. Como es lógico, el secuestro de las casas lo ejecutan los jueces a instancias de las entidades que concedieron los préstamos. Lo que ya no parece tan lógico, al menos para el senador demócrata Jeffrey D. Klein, es que los embargos los soliciten los mismos bancos a los que el dinero público ha salvado de la quiebra.

            En otras palabras, es ilógico que los bancos no hagan por los demás lo que se ha hecho por ellos, incluso hasta cuando un Gobierno neoliberal como el de George W. Bush anunció que el rescate con dinero público de las entidades financieras era una medida para evitar que cientos de miles de ciudadanos perdieran sus casas.

            Según un informe preparado por el senador Klein, todos los bancos que ejecutan los embargos en el estado de Nueva York -entre ellos figuran nombres como Wells Fargo y Citigroup- habían recibido desde el verano anterior y hasta diciembre de 2008, fecha de publicación de su investigación, 122.000 millones de dólares de los contribuyentes.

            Para Klein, la entrega de dinero público a unos bancos que continuaban adelante con los embargos no era de recibo, pues “en esencia, el Gobierno ofrece socialismo a los bancos y capitalismo a los demás”. Para evitar los desahucios, el senador proponía soslayar a los intermediarios, es decir a los bancos, y encargar a la Agencia Hipotecaria del estado de Nueva York la financiación de la deuda ofreciendo “créditos justos y asequibles”a quienes no pueden pagar los préstamos.

           Klein iba más allá del drama particular que supone perder una vivienda y recogía en su informe datos de estudios en los que se indicaba que los embargos tienen un amplio coste social. Por ejemplo, revelaba que cuando en un barrio se alcanza una tasa de 2,8 embargos por cada cien habitantes, la violencia callejera aumenta en un 6,7%. Además, destacaba también que las propiedades vecinas a una casa embargada se deprecian en unos cinco mil dólares, una situación que afectará a 40,6 millones de viviendas en Estados Unidos en la crisis actual.

            Pero las palabras de Klein cayeron en saco roto y el Gobierno de Obama continuó la práctica de entregar dinero a los bancos mientras ellos proseguían los desahucios. A  9 de noviembre, el rescate financiero bancario en todo Estados Unidos ascendía a 563.000 millones de dólares, según la supervisión actualizada casi a diario por Propublica, mientras ya en octubre el secretario de Estado del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, Steve Preston, anunciaba que el Gobierno esperaba “ver más de dos millones de embargos este año”, superando así la cifra de 2008.

            Lo sorprendente es que Obama ha continuado con esa política pese a haber mostrado, como tanta gente, su indignación hacia los banqueros; como por ejemplo, cuando a principios de año declaró “vergonzosas”las primas que recibieron los ejecutivos de Wall Street en 2008, en total 18.400 millones de dólares, mientras sus compañías tenían que ser rescatadas con ayudas estatales. Para aplacar esa vergüenza, Obama impuso un límite de medio millón de dólares anuales a los sueldos de los directivos cuyas empresas reciben dinero público. Sin embargo, continuó adelante con el rescate financiero sin exigir mayores contrapartidas.

            Once meses después de comenzar mi exploración, el territorio de los embargos sigue siendo inhóspito. La indignación, las protestas y la resignación continúan en Queens y otros barrios estadounidenses, al igual que continúan los desahucios. Lo único que durante todo este tiempo parece haber quedado atrás son los problemas de los bancos, ahora que empiezan a recuperarse. Quedan también así lejanas las disculpas que, en nombre propio y de otros banqueros, pidió el presidente de Morgan Stanley, John J. Mack. Irónicamente, él y sus colegas jamás han aceptado esas disculpas en boca de quienes no han podido pagar la hipoteca de su casa y nunca han podido recuperarse.