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DOÑA CHAVITA
La violación de los derechos humanos en Colombia ha sido una constante desde que comenzó el conflicto armado. Lo que llama la atención es que las mismas fuerzas del Estado son, en muchas ocasiones, las encargadas de violarlos.
Uno de los casos más sonados de violación de derechos humanos por parte del Ejército colombiano han sido los denominados falsos positivos. Se conoce como falso positivo a aquellos civiles inocentes, muchos de ellos menores y discapacitados, asesinados por los militares colombianos con el fin de hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate. Posteriormente, estos militares eran recompensados por el Estado con 3.800.000 pesos por cada insurgente abatido. Esto hizo que los asesinatos indiscriminados se incrementaran.
Una variante del caso de los falsos positivos y de la violación de los derechos humanos por parte de los militares es el caso de María Isabel Cabrera, también conocida como Doña Chavita.
Doña Chavita se dedicaba al comercio en la localidad de Piñuña Negro. A su vez era la presidenta de la Junta de Acción Comunal, representante legal de los habitantes de la localidad, encargada de múltiples acciones sociales encaminadas a mejorar la vida de sus ciudadanos.
Piñuña Negro es una localidad aislada del resto de Colombia en medio de la selva amazónica que no cuenta con otra red de comunicación más que la fluvial. En la zona existe una fuerte presencia del ejército para hacer frente a las FARC. A diferencia de la presencia militar en la ciudad, estos ejercen una fuerte presión sobre la población campesina, quienes desconocen las leyes para reclamar y proteger sus derechos. En esta región muchos campesinos han sido acusados de pertenecer a la guerrilla, convirtiéndose así en víctimas inocentes del conflicto armado.
Con el fin de denunciar las actividades ilícitas que los militares llevaban a cabo en la zona y de proteger el derecho de los ciudadanos, Doña Chavita y otros representantes del pueblo denunciaron dichas irregularidades. Sin embargo, los militares que fueron suspendidos de sueldo durante tres meses decidieron tomar represalias. En el caso de Doña Chavita, las acusaciones respondían a un acto de venganza y a un claro abuso de de los uniformados.
El 11 de febrero de 2006, la Policía Judicial de la Fiscalía (DIJIN) llegó a Piñuña Negro con la intención de registrar todo el pueblo. Posteriormente, reunieron a todos los vecinos con la escusa de realizar un censo de la población. Cuando los agentes de la DIJIN y los militares se marchaban, eligieron a varias personas que habían tenido retenidas y se las llevaron en helicópter a Puerto Asís. Entre ellas se encontraba Doña Chavita. Una vez allí, se les obligó a subir a un camión militar que les trasladó a la comisaría donde les interrogaron, aterrorizándoles y acusándoles de pertenecer a la guerrilla. Ese mismo día les metieron en prisión, de la que no salieron hasta 3 años después.
Doña Chavita, junto con otras 9 personas más, fueron acusadas falsamente de pertenecer a las FARC y ser responsable de la matanza de Teteyé, donde 22 soldados murieron a manos de la guerrilla. Tras el juicio, ella y sus compañeros salieron inocentes de los cargos que les fueron imputados, pero sin recibir ningún tipo de compensación por aquellos años de encarcelamiento
Al salir de la cárcel, Doña Chavita permaneció en Puerto Asís por al temor de que los militares volvieran a buscarla. Sus hijos, también amenazados, huyeron de Piñuña Negro acusados de guerrilleros. A pesar de que Doña Chavita ha rehecho su vida en esta localidad, donde se encuentra más protegida, su intención es regresar a Piñuña Negro y retomar la vida que un día le obligaron a abandonar.
Pilar Rodríguez
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