Más de la mitad de la población mundial no tiene acceso a servicios de atención sanitaria básica y solo el 29% cuenta con plena cobertura de seguridad social, según el nuevo informe Protección social universal para la dignidad humana, la justicia social y el desarrollo sostenible de la Organización Internacional del Trabajo sobre la implantación de sistemas de protección social en más de 100 países.
A escala mundial, solo el 68% de las personas en edad de jubilación percibe algún tipo de pensión, y en muchos países con bajos niveles de ingresos esa proporción es del 20%. En menos del 60% de los países existen planes o prestaciones para garantizar ingresos básicos destinados a los niños.
El estudio, elaborado por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, hace hincapié en la Recomendación de la OIT sobre los pisos de protección social, 2012, en virtud de la cual se preconiza una seguridad en materia de ingresos y servicios de atención sanitaria elementales desde la infancia hasta la vejez. Al mismo tiempo, promueve ampliar el nivel de protección para el mayor número posible de personas en el plazo más breve posible.
En los países ricos, los ingresos se reducen para los que menos tienen
Pero a pesar de los niveles sin precedentes de riqueza y crecimiento económico, y de los progresos realizados en el último decenio en la reducción de la pobreza en todo el mundo, ésta continúa estando generalizada y la de los trabajadores sólo se reduce lentamente.
Además, aumenta la desigualdad , con marcadas diferencias de ingresos y, en muchos casos, en aumento entre ricos y pobres en todas las regiones del mundo. Estas disparidades afectan especialmente a los hogares de bajos ingresos.
A modo de ejemplo, se estima que en los países de la OCDE durante los últimos decenios hasta el 40 por ciento de la población en la parte inferior de la escala de distribución de ingresos ha visto una reducción en términos reales de sus ganancias o su estancamiento.
A nivel mundial, en 2017, más de 700 millones de trabajadores vivían en la pobreza extrema (menos de 1,90 dólares al día) o en la pobreza moderada (menos de 3,10 dólares). La falta de medios de los trabajadores aumentan las carencias de los hogares, ya que los trabajadores pobres a menudo deben compartir sus ingresos con miembros del hogar dependientes.
Con independencia de que la protección social redistributiva basada en la solidaridad se proporcione a través de prestaciones y servicios relacionados con el empleo o financiados a través de los impuestos, en efectivo o en especie, incluida la atención de salud, no puede pasarse por alto la importante función que desempeña en la mitigación de la pobreza, la reducción de la desigualdad y la promoción del crecimiento inclusivo.
La seguridad social es un derecho humano
«La protección social ha demostrado su utilidad en los planos social y económico. Cabe destacar que este derecho humano está refrendado firmemente a escala internacional, en particular por empleadores y trabajadores de todo el mundo», señaló Emmanuelle St-Pierre Guilbault, especialista jurídica del Departamento de la OIT sobre Normas Internacionales del Trabajo.
«Es imprescindible para reducir la amplia desigualdad, cada vez mayor, que se da actualmente y para promover estabilidad», explica.
El establecimiento o restablecimiento de garantías básicas de seguridad social se ha convertido en una cuestión de estabilidad social y política para la población de muchos países de ingresos altos y medios. Para los países de ingresos más bajos, la erradicación de la pobreza y la promoción del desarrollo sostenible a través de una seguridad básica del ingreso y del acceso a la atención de salud esencial son de vital importancia a día de hoy.
Según las estimaciones de la OIT, que este año cumple el centenario de su creación, sólo el 29 por ciento de la población mundial tiene acceso a sistemas de seguridad social plenos y el 55 por ciento carecen de ámbitos de protección .
Cobertura inadecuada, y peor en el sector informal
La cobertura de la seguridad social es específicamente inadecuada para el creciente número de personas que desempeñan formas atípicas de empleo, que en 2017 ascendían a aproximadamente 1400 millones. Se estima en 17 millones el incremento anual de personas en esta situación.
Esta situación se debe al hecho de que las disposiciones legales excluyen a muchos de estos trabajadores del derecho a prestaciones de seguridad social, o a que los empleos de corta duración, los bajos ingresos o las escasas horas de trabajo proporcionan un acceso limitado, o nulo a ese derecho.
Del mismo modo, los trabajadores que participan de la economía informal, que suman 2000 millones de la población mundial ocupada, más del 61,2 por ciento del empleo mundial y más del 90 por ciento del empleo en los países en desarrollo y emergentes, se cuentan entre aquellos que gozan de una menor cobertura de los regímenes de seguridad social.
Debido a la naturaleza de su trabajo, los trabajadores en la economía informal no forman parte de los regímenes de seguridad social contributivos. Tampoco tienen acceso a los diversos tipos de prestaciones vinculadas al trabajo, debido a su exclusión de la cobertura legal,, una capacidad contributiva limitada, unos ingresos bajos y volátiles, y unos procedimientos administrativos complejos.
Al mismo tiempo, los trabajadores que participan de la economía informal suelen estar excluidos de los programas orientados explícitamente a las personas o los hogares pobres con capacidad limitada para obtener ingresos.
El sector informal crece en la economía digital
El ejemplo anterior también es aplicable al creciente número de personas que trabajan en la economía digital, que muy a menudo desempeñan formas atípicas de empleo o participan de la economía informal.
Como consecuencia de ello, figuran, junto a sus familias, en las categorías de la población con más probabilidades de no tener ningún acceso a la protección social o de no estar cubiertas por la misma.
Desde la perspectiva de la protección social, la transición de la economía informal a la economía formal puede considerarse tanto un objetivo como un medio.
La ampliación de la cobertura de la protección social a los trabajadores de la economía informal no sólo proporciona seguridad de los ingresos y acceso a la atención de salud en caso de necesidad, sino que también puede contribuir a facilitar la transición de la economía informal a la formal.
La mujer, más afectada
A causa de las pautas persistentes de desigualdad, discriminación y desventajas estructurales, que a menudo se reflejan y se reproducen en los sistemas de protección social, las significativas brechas de cobertura afectan más a las mujeres
En la mayoría de países, las mujeres tienen unas tasas más reducidas de participación en la fuerza de trabajo y niveles más elevados de empleo informal y formas atípicas de empleo, ingresos más bajos, y una participación significativamente mayor en los cuidados y los trabajos no remunerados que los hombres, lo que conlleva que durante su ciclo de vida tengan unosniveles más bajos de protección y más probabilidades de vivir en la pobreza.
Caer en la pobreza por los gastos sanitarios
Anualmente, cien millones de personas caen en la pobreza extrema por no poder hacer frente a los gastos médicos, según el último informe de la Organización Mundial de la Salud sobre financiación que analiza datos de 2016.
La necesidad de subsanar las deficiencias de cobertura en la protección de la salud reviste particular importancia habida cuenta del impacto empobrecedor para la población del costo de la atención de salud.
Según los datos de la Organización Internacional del Trabajo, en las zonas rurales del mundo, el 56 por ciento de la población carece de cobertura en materia de salud, lo que significa que los trabajadores en cuestión no se benefician de ninguno de los progresos alcanzados en las zonas urbanas; por ejemplo, a raíz de las deficiencias en la prestación de servicios al no haber suficientes trabajadores en el ámbito de la salud y de la falta de disponibilidad de los medicamentos necesarios.
“Millones de personas caen en la pobreza, en otras cosas, porque deben gastar sus ingresos y activos en tratamientos o en asistencia de maternidad, o porque han perdido sus empleos debido a una enfermedad”, asegura el informe de la OIT.
El desafío de garantizar una protección social adecuada
Las prestaciones de seguridad social y otras medidas de protección colectiva, tales como los servicios públicos de salud y los servicios sociales, desempeñan un papel importante a la hora de mantener la seguridad de los ingresos de millones de personas en todo el mundo y de asegurar el acceso efectivo a la atención de salud.
Al aumentar los ingresos de los hogares, las transferencias sociales tienen un impacto considerable en la medida que impulsan la demanda interna, apoyan la transformación estructural de las economías nacionales, promueven el trabajo decente y favorecen el crecimiento inclusivo y sostenible.
Sin embargo, establecer y mantener un nivel adecuado de prestaciones es uno de los principales desafíos para muchos sistemas nacionales de seguridad social. Las prestaciones de protección social a menudo son inadecuadas para garantizar la seguridad de los ingresos y el acceso a la atención de salud para todos. No obstante, se estima que, para casi 100 de 125 países en desarrollo, gastar menos del 6 por ciento de su PIB podría bastar para subsanar las deficiencias en su protección social.
Las medidas de austeridad promotoras de la pobreza
La crisis financiera de 2003 llevó a muchos países a adoptar políticas de austeridad, una situación que condujo a muchas naciones de altos ingresos a reducir la diversidad y el nivel de las prestaciones de protección social.
Estas medidas, unidas al desempleo persistente, unos salarios más bajos y unos impuestos al consumo más elevados, han contribuido mucho al aumento de la pobreza, según la OIT.
Actualmente, este tipo de medidas afectan a 86 millones de personas en la Unión Europea, representando más del 17 por ciento de su población. Muchos países en desarrollo también aplican medidas de ajuste, tales como reducciones de los subsidios, recortes de la masa salarial, aumentos de los impuestos al consumo y condiciones más estrictas para la concesión de prestaciones.
“Sin embargo, la adopción de soluciones exclusivamente fiscales, y en particular la reducción de los costos laborales no salariales y del bienestar básico, sin tener en cuenta su impacto en la seguridad social y otros derechos humanos, y en el mantenimiento de unos niveles de vida dignos para todos los segmentos de la sociedad podría dificultar el desarrollo social y el crecimiento a largo plazo”, explica el informe de la OIT.
Para los expertos de la Organización, por el contrario, “ayudar a los países a salir de la crisis requiere reforzar las medidas de protección social y hacer que la seguridad social sea parte de la solución, a través de la reasignación de recursos y la redefinición de las prioridades en materia de gastos”.
El desafío demográfico
Se prevé que para el año 2040 el porcentaje de personas de más de 65 años aumentará en todo el mundo, del 8 por ciento actual al 14 por ciento .
En 2016, el 68 por ciento de las personas de edad de todo el mundo recibía una pensión, en contraste con lo que sucedió en Asia Central y Meridional donde sólo la recibía el 26 por ciento, o el 23% del África Subsahariana.
“Dado que un porcentaje considerable de la población carece de protección social, es preciso reexaminar el papel del sistema de seguridad social en una sociedad en proceso de envejecimiento, a fin de asegurar una cobertura y unas prestaciones adecuadas, manteniendo al mismo tiempo la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones”, advierte la OIT.
En los países en desarrollo, se estima que la población se duplicará prácticamente, al pasar de 1000 millones en 2017 a 1900 millones en 2050. Sin embargo, la cobertura efectiva de las prestaciones familiares y por hijos oscila entre el 64 por ciento en América Latina y el Caribe al 28 por ciento en Asia y el Pacífico y el 16 por ciento en África.
Además, está el problema del empleo. En la actualidad, el desempleo afecta a 71 millones de jóvenes y hay un déficit de aproximadamente 62 millones de puestos de trabajo.
