Quita el sueño a EE UU la amenaza de una alianza entre fundamentalistas musulmanes y narcotraficantes mexicanos.
Desde años atrás las agencias de inteligencia de EE UU elaboran análisis con el fin de diseñar operaciones en el continente americano con la misma tesis: hay una posible alianza entre Al Qaeda y cárteles de la droga de México. Primero fue el riesgo de los nexos entre Al Qaeda y el Cártel de Tijuana a través de las FARC. Ahora se arguye la virtual amenaza terrorista: la presencia de Al Qaeda al lado de Los Zetas, grupo de sicarios del Cártel del Golfo que terminó por romper con éste y formó su propia empresa criminal, que llega a Europa. Los fundadores de Los Zetas son desertores del ejército mexicano que recibieron adiestramiento de élite en México y EEUU. Uno de los fundadores y jefes de los Zetas, Heriberto Lazcano, recibió adiestramiento militar en Fort Benning en Georgia. Ahora es prófugo de la ley.
El Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad, antes Escuela de las Américas, ha sido la sede tradicional de oficiales latinoamericanos que son incorporados por el Pentágono y las agencias de inteligencia de EE UU en el marco de operaciones secretas que llevan como objetivo imponer una estrategia imperial: dominar sin ocupación militar directa. O combatir riesgos como el terrorismo o el populismo radical.
A partir de un análisis de inteligencia, a la vez fundado en sus expectativas, EE UU se mantiene alerta al sur de su frontera. Ante el comité de seguridad de la Cámara de diputados, la secretaria de Seguridad Interna Janet Napolitano advirtió ayer sobre el “nivel sin precedentes de la violencia atizada por la lucha de los cárteles mexicanos por el control de territorio” y los “crímenes terribles” de por medio. “Estamos trabajando muy de cerca con el gobierno de Felipe Calderón y necesitamos estar al lado de México hasta el final de esta guerra”. Resulta menos explícito, pero por ello se lee más claro, que dicha “guerra” ha sido una exigencia de EE UU al gobierno mexicano.
Un par de días antes de las declaraciones de Napolitano, el subsecretario de la Defensa Joseph W. Westphal había declarado que en México hay una forma “de insurgencia” encabezada por los cárteles del narcotráfico, que “potencialmente podrían tomar el gobierno”, lo que haría necesaria una respuesta militar por parte de Estados Unidos. La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Patricia Espinosa, exigió una retractación del funcionario y la obtuvo, al reclamar que fue “un incidente lamentable, y por consiguiente los funcionarios deberán abstenerse de hacer declaraciones y emitir opiniones si no cuentan con todos los elementos del caso”. 48 horas después, EEUU volvió a insistir en el caso de México como un riesgo permanente a su seguridad nacional. Poco después, el director de Inteligencia de EEUU James Clapper declararía que es escasa e inadecuada la fuerza militar y policiaca de México.
EE UU suele jugar en dos líneas: la informal y la formal, las explicitaciones de su pensamiento interno y las retractaciones ante el protocolo de las relaciones bilaterales. Para usos públicos, lo dicho, dicho está: así, el asedio imperial cumple su cometido. Los funcionarios mexicanos suelen estar a la defensiva una y otra vez. Y cuando deben actuar en defensa de los intereses mexicanos, llegan tarde, yerran o se muestran sumisos, como Felipe Calderón ante la imposición de esta guerra que ya cuenta con más de 30 mil muertos y miles de heridos y huérfanos, sin que se reduzca la violencia ni la inseguridad, mucho menos se restituya el Estado de derecho en el país. Cada vez más, el círculo agresivo se acerca a la capital.
Preocupa en especial la acción de la Agencia Central de Inteligencia en México, por su largo historial de operaciones en el mundo para fomentar la inestabilidad interna de las naciones y así favorecer intereses inmediatos y futuros de EEUU. Como divulgó la revista Proceso (núm. 1776) meses atrás, la Oficina Binacional de Inteligencia (OBI) fue autorizado por Felipe Calderón, luego de las negociaciones con Washington, que inició su predecesor Vicente Fox Quesada, “sin tomar en cuenta las objeciones de las Fuerzas Armadas”.
En el céntrico edificio situado en avenida Paseo de la Reforma 265, en la Colonia Cuauhtémoc, cohabitan funcionarios y agentes “del Pentágono, la Agencia Central de Inteligencia, el Buró Federal de Investigación (FBI), así como de los departamentos de Justicia, de Seguridad Interior y del Tesoro”, asegura la revista. En la OBI “el Pentágono es el que tiene la presencia más significativa, pues desde ahí opera la Agencia de Inteligencia Militar (DIA), la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO) y la Agencia Nacional de Seguridad (NSA). Le sigue el Departamento de Justicia, también con tres agencias: el FBI, la Agencia Federal Antinarcóticos (DEA) y el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). Con dos servicios está el Departamento de Seguridad Interior: Inteligencia de Guardia Costera (CGI) y la Oficina de Cumplimiento Aduanal y Migratorio (ICE); mientras que el Departamento del Tesoro tiene agentes de la Oficina de Inteligencia sobre Terrorismo y Asuntos Financieros (TFI)”.
De acuerdo con informaciones de un experto en seguridad de México, que ha solicitado se resguarde su nombre, varias acciones contra narcotraficantes mexicanos fueron operadas por militares o paramilitares estadounidenses armados, lo que contradice la versión oficial del gobierno mexicano al respecto. Por lo visto, en la guerra todo vale. Más aún en una guerra por mandato ajeno.
