El día 3 de mayo de cada año la comunidad internacional celebra el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Celebrar la libertad de prensa es celebrar la libertad de expresión, es decir la libertad de comunicación pública. En realidad, en este día, como otros días dedicados a otros derechos fundamentales, no se trata tanto de celebrar cuanto de reivindicar, exigir el desarrollo y las garantías del ejercicio de este o aquel derecho en nuestras vidas, de forma especial por parte del Estado y las autoridades que lo encarnan, desde la primera hasta la última, pero también por todas las demás estructuras privadas de la sociedad. Y la conmemoración de este día también debe servir para reflexionar y adoptar estrategias de lucha para la conquista de dichos derechos.
Los guineanos tenemos que reivindicar todos los días y de forma especial el día 3 de mayo, nuestro derecho a la libertad de expresión y como corolario el derecho a la libertad de prensa, es decir nuestro derecho a la libertad de comunicación pública. A pesar de los obstáculos puestos por el régimen y la represión sistemática que organiza contra la libertad de expresión y de prensa, conviene decir que la sociedad, nuestra sociedad no estamos siendo mínimamente combativos y comprometidos en la defensa de estos derechos fundamentales. Y el día 3 de mayo es un día propicio para este tipo de reflexiones, sobre lo que hacen los mismos ciudadanos en la reivindicación y lucha para la conquista de sus derechos, en este caso el de la libertad de expresión y de prensa.
También los ciudadanos que ejercen el poder del Estado y que persiguen y reprimen la libertad de expresión y de prensa, deberían de darse cuenta, que actuando como lo están haciendo, lo que consiguen es el empobrecimiento mental y moral de la sociedad; la proliferación de la mentira, del engaño y la infantilización de la sociedad, que se vuelve irracional y primitiva; y una sociedad así está condenada a un estado de subdesarrollo intelectual, espiritual, moral y material, por el simple hecho de que la sociedad por miedo a la represión adopta como consigna no decir nunca lo que se piensa aunque se crea que lo que se calla puede ser beneficioso para la comunidad; ya que en la práctica instaurada, si uno abre la boca, no se beneficia ni a sí mismo ni a la sociedad, pudiendo acabar, en el mejor de los casos, perdiendo su trabajo, cuando no su libertad. La falta de la libertad de expresión y de prensa, mata a una sociedad. Y no garantiza ni la paz ni el desarrollo, todo lo contrario, socava lo primero y bloquea lo segundo.
El nivel de arraigo y profundidad que ha alcanzado la corrupción política, económica y administrativa en Guinea Ecuatorial, y que han conducido a la actual situación de profunda depresión y crisis económica –a pesar de las enormes cantidades de dinero de que ha dispuesto el gobierno en los últimos veinte años– se debe en gran medida a la falta de libertad de expresión y de prensa; la actual situación de atrofia y disfuncionamiento de las instituciones del Estado y órganos de las administraciones públicas, (a pesar del nutrido número de sus miembros), se explica en buena medida a la persecución y represión de la libertad de expresión. El hecho de que los guineanos en el mundo y en nuestra subregión del África central se nos trate y aparezcamos como gente poco formada, primitiva y sobre todo poco razonables, se debe en gran medida a la falta de la libertad de comunicación pública en nuestro país.
En el contexto actual, en que el mundo hace frente a la pandemia del Covid-19, estamos siendo testigos de cómo el ocultamiento de la información, la persecución y la represión de la libertad de expresión y de prensa, están causando enormes daños, en términos de pérdidas de vidas humanas y hundimiento de la economía de la mundial. Si el país donde se originó el virus, China, no se hubiese acallado y reprimido a los primeros médicos, periodistas y activistas de derechos humanos que alertaron sobre la peligrosidad, la virulencia y letalidad del nuevo coronavirus (mandándoles detener, haciéndoles callar e incluso supuestamente desaparecer) es muy probable que la expansión y extensión de los contagios se hubieran limitado y frenado a tiempo.
En Guinea Ecuatorial, a pesar de haberse adoptado las primeras medidas de confinamiento el 14 de marzo de 2020, la falta de información, la manipulación de la misma y las mentiras oficiales, nos vendieron que todo estaba bien organizado y preparado para hacer frente a la pandemia en nuestro país. Hasta el día 14 de abril, un mes después, que por suerte o desgracia alguien difundió por las redes sociales un audio de una conversación privada, entre una enfermera del hospital La Paz de Malabo, Nuria Obono Ndong Andeme con una amiga suya Lali Sango, antigua enfermera del mismo hospital, no se supo que la susodicha preparación no era tal. Por aquel audio nos enteramos que no había oxígeno en el hospital de Sampaka y que la UCI de dicho establecimiento no funcionaba. La reacción de las autoridades del gobierno no se hizo esperar. Nuria fue detenida al día siguiente y un día después ya estaba recluida en la cárcel de Black Beach.
Un desgraciado y elocuente ejemplo de la persecución y represión de la libertad de expresión. Resulta que, gracias a aquel audio, el revuelo que produjo el encarcelamiento de Nuria, el registro del primer fallecimiento por Covid-19 y el brusco aumento de los casos positivos de una veintena a doscientos cincuenta, nos hemos enterado que efectivamente la UCI del hospital de Sampaka no funciona y que el oxígeno del hospital está en algunas bombonas, pero que el sistema normal de suministro de oxígeno conectado a un compresor no funciona debido a la falta del compresor. Y que el equipo de manejo de casos de Covid-19 de los teléfonos 1111 y 1112 cuando son llamados no acuden al instante, sino que dicen que se les espere en dos días y que en algunos hospitales tienen la consigna de no tratar o ingresar a los sospechosos de tener el virus, los cuales son abandonados a su suerte, ya que el personal sanitario carecía de los equipos de protección básicos para tratar a los pacientes contagiados.
Hasta que por fin el sábado día 25 de abril, nos enteramos de boca del propio ministro de Estado de Sanidad y Bienestar Social, en unas declaraciones a la prensa que al comité técnico encargado de la prevención y lucha contra la pandemia del Covid-19 le faltaba de todo, coches, equipos de protección del personal, fármacos, personal, etcétera, etcétera. Con lo cual, la falta de libertad de expresión y de prensa, nos ha hecho perder algo más de un mes y medio para prepararnos y dotarnos de los medios materiales y recursos humanos mínimos necesarios para afrontar la pandemia en nuestro país. Y estos incidentes debieran hacer entender a las autoridades que la libertad de expresión y de prensa, es decir someter sus actos al escrutinio público, les beneficia también a ellos mismos desde el momento que dichas libertades posibilitan señalarles y estimularles a corregir los posibles errores que puedan cometer.
Y por ese beneficio propio es muy importante por consiguiente que en nuestro país el gobierno y el partido en el poder el PDGE, se comprometan no sólo a levantar los obstáculos de hecho y legales que impiden el desarrollo de la libertad de expresión y de prensa en nuestro país, sino que además garanticen el ejercicio de la libertad de comunicación pública, así como a promover con apoyos económicos, materiales y de otro tipo, al desarrollo y paulatino afianzamiento de estos derechos fundamentales en nuestra sociedad.
Conseguir el respeto a los derechos fundamentales de las personas en un país es primaria y esencialmente una cuestión de voluntad política, cuya ausencia es fácilmente constatable en las actuaciones de las autoridades del régimen gobernante en Guinea Ecuatorial, pero también en los discurso y textos normativos del país.
En la Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial, el artículo 13 establece que todo ciudadano goza entre otros derechos y libertades: “a la libertad de expresión, de pensamiento, ideas y opiniones”, pero también “a la inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones”.
La formulación del derecho a la libertad de expresión, tal como aparece en la Ley Fundamental es parca, tacaña y gramaticalmente poco lograda. Es el reflejo de la voluntad política del régimen de regatear las garantías y el cumplimiento de los derechos humanos en el país, procurando, en su caso, una redacción confusa y muchas veces gramaticalmente “colgada”, fruto de copiar y pegar, con recortes y eliminación de lo que no gusta, precisamente por su concisión y claridad, de otros textos bien concebidos y formulados.
No obstante, en el artículo 8 de la referida Ley Fundamental queda dicho que el “El Estado ecuatoguineano acata los principios del Derecho internacional y reafirma su adhesión a los derechos y obligaciones que emanan de las cartas de las Organizaciones y Organismos Internacionales a los que se ha adherido”.
Ello nos permite salvar la cicatería con la que el régimen recoge el derecho a la libertad de expresión y de prensa en la Ley Fundamental, recurriendo a la formulación de este derecho en las cartas de las organizaciones y organismos internacionales de que nuestro país es Estado parte, sin perjuicio de echar una mirada en algún otro texto de interés.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos recoge el derecho a la libertad de expresión y de prensa en su artículo 19, que dice: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Guinea Ecuatorial es Estado parte, estable en su artículo 19 que:
“1.- Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2.- Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3.- El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sometido a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
- a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás.
- b) La protección de la seguridad nacional o la salud o la moral públicas.
La comparación de los textos de la Ley Fundamental y los de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, deja en evidencia la voluntad mal disimulada de los redactores de nuestro texto constitucional, en cercenar el derecho a la libertad de expresión y de prensa. Lo que explica el actual estado de cosas.
La libertad de expresión y de prensa, sin ser lo mismo están estrechamente ligados; sin la primera no hay la segunda y viceversa. Es que la libertad de prensa no es otra cosa que el derecho a difundir informaciones y opiniones por cualquier medio y hacer efectiva la libertad de expresión. Y la libertad de expresión como su nombre indica implica expresar, sacar fuera, lo que se piensa para comunicarlo a los demás. Por eso la libertad de expresión presupone la capacidad y la libertad de pensar, que es una de las cualidades que diferencian al hombre del resto de los animales. De tal suerte que un hombre privado de la capacidad de pensar, es sólo un hombre en apariencia, próximo al estado animal. Y para que un hombre adquiera la capacidad de pensar debe ser capaz de hablar o comunicarse con otros, como única manera de desarrollar la capacidad de discurrir como animal racional. Limitar la libertad de expresión de la gente mediante la persecución y la represión política, es limitar su capacidad de entender y pensar. Adoctrinar en un pensamiento único, salido de un Dios o de un sólo hombre atiborrando a la gente de consignas y eslóganes de cualquier índole, es cercenar su capacidad de pensar y convertirlos en algo parecido a loros andantes.
El derecho a la libertad de comunicación pública que implica necesariamente a la libertad de prensa, implica también y necesariamente el derecho a la información. Este derecho a la información que es de la ciudadanía, es decir de todos los ciudadanos, implica el derecho a buscas, a investigar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, por escrito, de forma impresa, gráfica o por cualquier otro medio o procedimiento de su elección. Lo que incluye, en los tiempos que corren, las herramientas que ofrecen las viejas y nuevas tecnologías de la información: radio, televisión, teléfono, internet, las redes sociales (WhatsApp, Facebook, Instagram…).
La realidad de la libertad de expresión en un país, tal como queda dicho en los textos referenciados, se verifica y se mide por la existencia de la prensa libre y privada; es decir de las publicaciones escritas (periódicos, semanarios, revistas de actualidad, revistas de investigación, tebeos…), emisoras de radio y de televisión así como otros medios de comunicación en manos privadas, que no dependan del partido en el poder ni de sus dirigentes, al menos en exclusiva, como ocurre actualmente en Guinea Ecuatorial.
En nuestro país no existe libertad de prensa, es decir que no hay libertad de expresión, ni los ciudadanos tienen el derecho a la información tal cual recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, entre otros instrumentos de derecho internacional, emanados de las Organizaciones y Organismos de los que Guinea Ecuatorial es Estado Parte. De hecho, Guinea Ecuatorial es de los raros países del mundo donde no se puede bajar al kiosco para comprar un periódico, puesto que no los hay. Ni uno solo.
Solo existen una radio y una televisión nacionales, monopolizadas por el gobierno y el partido PDGE en el poder, con fines de propaganda política, de desinformación e intoxicación a la opinión pública nacional e internacional, así como la siembra del odio, la división y enfrentamiento social, de forma irresponsable y en la más absoluta impunidad. Sin dejar de reconocer el desempeño de algunos de sus periodistas en informar mínimamente a la población sobre lo que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras, bajo la atenta vigilancia de los comisarios políticos del PDGE.
Luego están la radio y la televisión Asonga, propiedad de Teodoro Nguema Obiang, vicepresidente de la República y del PDGE así como presidente de las hordas de jóvenes de dicho partido, que al igual que la radio y televisión nacionales, están dedicadas a la propaganda constante de su propietario, su partido y organizaciones presididas por su persona, así como a una virulenta e incesante campaña de denigración a cualquier persona u organización ajena al partido en el poder y sobre todo si pertenece a algún partido de la oposición como es el caso de Convergencia para la Democracia Social CPDS. Sin perjuicio de cierta cobertura de informaciones de interés general quizás en un 20% de su programación.
En la prensa escrita, sólo tenemos Ébano y Poto Poto, dos semanarios que existen desde antes de la independencia, que desaparecieron durante el régimen de los primeros once años, pero que el nuevo y joven régimen de los cuarenta y un años de edad, no ha logrado resucitar. Y esto es así, no porque falten medios para hacerlo sino simplemente porque no les interesa. Y en sus apariciones esporádicas, encontramos mayoritariamente la misma propaganda monopartidista que nubla nuestra sociedad y alguna información, mínima pero siempre desfasada, de lo que acontece en el país. La misma tónica (irregularidad de la periodicidad y propaganda al régimen) en las otras publicaciones que alguna vez han aparecido, asfixiadas por el mismo régimen.
Con tan sólo dos emisoras de radio y dos de televisión, dos títulos de publicaciones esporádicas y aleatorias y una revista, La Gaceta, todo gobernado por dirigentes del partido en poder y para la propaganda de dicho partido y su gobierno; para la difusión de las mentiras oficiales, la persecución de la libertad de opinión de los demás; sin una sola agencia de noticias internacionales ni la corresponsalía de un medio de comunicación extranjero con sede en el país, puede afirmarse que en Guinea Ecuatorial no existe libertad de prensa. Así se entiende que desde hace más de treinta años el régimen de Guinea Ecuatorial viene siendo clasificado por la organización Reporteros Sin Fronteras, entre los mayores depredadores de la libertad de prensa en el mundo. Un régimen totalitario.
Si comparamos la situación de los medios de comunicación de nuestro país, con la de un país vecino como es Camerún, encontramos que a parte de las emisoras de radio y televisión estales CRTV, el Boletín Oficial del Estado y el periódico público Le Cameroun Tribune, dicho país cuenta con más 35 publicaciones escritas privadas periódicas, entre ellas, ocho diarios; las cadenas de televisión privadas son 18 y las emisoras de radio, privadas, son 35. También cuentan con cinco portales de información en internet. Además de las agencias de prensa y medios de comunicación extranjeros allí acreditados. Ojalá nuestro país pudiera contar con tan solo una tercera parte de lo que tienen nuestros vecinos. Cuán lejos estamos. Y sin embargo no faltará alguien del gobierno o del partido PDGE que afirme que Guinea Ecuatorial está más avanzado que cualquier país africano en materia de libertad de prensa.
La persecución y represión de la libertad de comunicación pública en nuestro país, no se limita sólo a las personas y los intentos de estas de crear medios de comunicación, sino que se extiende al funcionamiento de los poderes y órganos del Estado y todas las administraciones públicas. Así la gestión de la cosa pública se hace en unas condiciones de opacidad y clandestinidad que priva a la ciudadanía del derecho a recibir información, a buscarla y a difundirla, con lo cual se favorece y se garantiza que la corrupción campe a sus anchas en la gestión de los asuntos públicos.
El Boletín Oficial del Estado, que también suele llamarse, Diario Oficial del Estado, es la publicación periódica, que diariamente, publicita la actividad del Estado, particularmente la del Gobierno, que está obligado a llevar y hacer público en sus páginas además de los instrumentos normativos, leyes, decretos leyes, decretos, órdenes ministeriales, circulares, todos los demás actos o decisiones del gobierno como por ejemplo, los nombramientos de cargos públicos y de funcionarios, lo mismo que la contratación de empleos públicos, el otorgamiento de contratos públicos de todo tipo, la concesión de becas, subvenciones, donaciones, actos de disposición de los bienes del estado, concesiones de licencias de toda clase, otorgamiento de nacionalidad, asilo, estatuto de refugiado; concesión de préstamos, contracción de empréstitos, donaciones,
Pero en Guinea Ecuatorial después de casi 52 años de independencia y 41 años del nuevo y joven régimen del PDGE, el BOE es como si no existiera, sale de forma completamente azarosa y aleatoria y, cuando lo hace es solo para recoger la publicación de alguna ley, decreto ley o decreto, quedando obviados, con la clara intención de ocultar todos los demás actos del gobierno. En nuestro país, la voluntad del régimen de ocultar la información a los ciudadanos llega al extremo que de que, los funcionarios encargados del BOE, increpan e interrogan a muchos ciudadanos que allí acuden en busca de un texto normativo, sobre las razones de su interés por éste. Y si encuentran que las razones no son “suficientes”, no le atienden, le echan con malas maneras y se le añade a la lista de “sospechosos enemigos y traidores de la patria”. La realidad es que después de más 41 años, por ocultismo y por incompetencia, el gobierno de este país es incapaz de producir con regularidad y con las formalidades de la ley, el Boletín Oficial del Estado. Los ciudadanos interesados en conocer lo que hace la Administración en la gestión de la cosa pública son tratados de espías, divulgadores de secretos administrativos y delincuentes. Una barbaridad.
La misma situación encontramos en el Poder legislativo, en el Parlamento. Después de casi cuarenta años de existencia, las disposiciones normativas e instrumentos llamados a hacer públicas las actuaciones de la Cámara de los Diputados, lo mismo que en el Senado, nunca han funcionado, por falta de voluntad y de competencia de los dirigentes pedegistas de esas instituciones. Es lo que pasa con las sesiones del Pleno de las Cámaras que son de carácter público, para que la población pueda vivir y asistir en directo a los debates parlamentarios. Sin embargo, dichas sesiones, nunca han contado con la asistencia del público, ya no digamos el ser retransmitidas en directo por radio y televisión; es como si la ley dijera que son a puerta cerrada.
Pero más importante para la publicidad de los trabajos de las Cámaras son, por una parte, el Boletín Oficial de la Cámara, dónde han de publicarse todos los textos que han de ser objeto de consideración y debate en la asamblea, proyectos de leyes, proposiciones de ley o no de ley, propuestas de enmiendas, mociones, declaraciones, preguntas, interpelaciones…, es decir, donde ha de quedar registro de todo aquello que ha sido objeto del trabajo del Parlamento, o lo que es lo mismo, allí se registra la historia de lo que se ha hablado o tratado en dicha institución. Y por otra parte el Diario de sesiones de la Cámara, que es la publicación en la que se han de reproducir íntegramente y dejar constancia escrita de todas las intervenciones y acuerdos adoptados en las sesiones del Pleno, de la Mesa y de las Comisiones que no tengan carácter secreto, incluidos los incidentes producidos.
Con estos instrumentos legalmente establecidos el trabajo del Parlamento debiera estar abierto, accesible y conocido por cualquier ciudadano que tenga interés en ello. Pero la realidad es que nunca se han implementado, por falta de voluntad política y el resultado es que, después de casi 40 años de ocultismo, los ciudadanos no tienen acceso a lo que allí se cuece, y así, de paso se borra de hecho, la misma historia de la institución.
En el Poder Judicial y Tribunal Constitucional, se reproduce el mismo secretismo, a pesar de que la regla es que las audiencias ante Jueces y Magistrados son públicas, y las sentencias han de ser publicadas, seguimos teniendo juicos secretos y sentencias que después se ocultan y se convierten en “secretos”, en contra del derecho a la información de los ciudadanos. De hecho, después de más de cuarenta años de existencia de la Corte Suprema de Justicia, no se conoce la jurisprudencia establecida por ésta, a la hora de interpretar el ordenamiento jurídico nacional, en la resolución de los asuntos que le son sometidos, con sujeción al mismo y a la prelación de fuentes del Derecho. No hay ni capacidad ni interés en elaborar repertorios de jurisprudencia.
La administración municipal es gestionada como la finca privada de los propietarios de turno, en “secreto”, ignorando las prescripciones de la ley sobre la publicidad de las actuaciones de estos entes locales. Como por ejemplo que los Plenos municipales son públicos, y los libros de actas de los acuerdos municipales –instrumento público– consultables por los interesados y las ordenanzas municipales, reglamentos de funcionarios, régimen interior y servicios, y otras disposiciones, antes de ser aprobadas han ser expuestas al público durante 15 días, no solo para información, sino para que puedan ser objeto de reclamaciones por los vecinos ciudadanos. Y una vez aprobados, evidentemente son públicos. Pero ningún ayuntamiento tiene en cuenta ese derecho de los ciudadanos a la información, a toda la información, de lo que hacen los alcaldes y concejales en nuestros ayuntamientos. Todo es ocultismo y, si investigas o preguntas te acusan de espía, enemigo de la patria o de revelación de “secretos públicos”.
El día 3 mayo, Día Internacional de la Libertad de Prensa, reivindicamos pues el derecho a la libertad de expresión y los demás corolarios, que se reúnen también bajo el nombre de libertad de comunicación pública. Esta libertad de comunicación pública es la que nos abre paso a la construcción de una opinión pública libre, sin la cual no puede existir una sociedad libre ni se puede hablar de soberanía popular y democracia; sin una opinión pública libre quedan vaciados de contenido otros derechos fundamentales y falseadas las instituciones representativas y la legitimidad democrática. Sin la libertad de comunicación pública no hay democracia sino dictadura y tiranía.
Esta libertad de comunicación pública que hoy conmemoramos y reivindicamos, corresponde a todos y cada uno de los ciudadanos, pero de forma especial a los que se dedican a las tareas de información y comunicación pública, es decir a los periodistas. Estos han de estar en la primera línea de la lucha por la libertad de expresión y prensa, con entrega, valor y determinación, a sabiendas que con ello están luchando a favor de la democracia y los derechos humanos en Guinea Ecuatorial. Por eso el día 3 de mayo es y debe ser un día especial para los profesionales de los medios de comunicación, a los que expresamos nuestro apoyo, ánimos y solidaridad para que en su trabajo tengan siempre presente la búsqueda de la verdad y de la libertad del pueblo; que se liberen del yugo y la opresión a la que les someten los dirigentes del PDGE que monopoliza los escasísimos medios de comunicación del país y luchen por crear unos medios propios, comprometidos con la libertad de comunicación pública.
El PGDE es incapaz de respetar la situación de preocupación y sufrimiento por la que está pasando la población de nuestro país por el Covid-19. Algunos de sus dirigentes en lugar de permanecer callados, se revuelven como felinos panza arriba, para provocar, animar la represión política y sembrar un clima de confusión y miedo en la población. Dirigentes del PDGE que han hecho uso de los medios de comunicación que monopolizan, los pervierten y los utilizan contra los derechos de la ciudadanía. Primero acusaron de “enemigos y traidores a la patria” a ciudadanos guineanos, que libremente optaron por regresar a sus países de donde son nacionales, fueron insultados y denigrados gratuitamente; lo mismo hicieron con la enfermera Nuria Obono Ndong Andeme, que fue tratada de “terrorista social”, para apoyar y justificar su injusta detención y encarcelamiento; siguieron con los que la defendieron y denunciaron la injusticia y arbitrariedad de ese atropello; luego volvieron a su plato favorito, que es el insulto gratuito y descalificaciones contra CPDS y, lo último, contra el laboratorio de Baney y algunos de los que allí trabajan, desacreditando el trabajo tan importante e imprescindible que frente al Covid-19 allí se está llevando a cabo, acusando a ciertos profesionales de “trabajar con odio partidista”, de falsificar los resultados de los análisis y filtrar falsas informaciones a los medios de comunicación sociales, calificándoles a renglón seguido de terroristas sociales y luego, a vueltas con CPDS, se trata a sus dirigentes de un grupo de asesinos y golpistas que quieren aprovechar la situación de la pandemia para dar un golpe de Estado, afirmaron, entre otras calumnias, los voceros del partido gobernante.
Estas actuaciones del PDGE, quienes quiera que sean sus responsables, producen vergüenza ajena y denigran a toda la sociedad a la vez que constituyen una violación del derecho a la libertad de comunicación pública que tiene como limite el respeto al derecho y la reputación de los demás. Es lamentable que el PDGE, a pesar de los imponentes edificios que albergan sus oficinas, pagados con el dinero que obtiene de la extorsión y del cobro de cuotas coactivas a todos los trabajadores, públicos y privados del país, carezca de la capacidad humana, intelectual y organizativa para sostener la regularidad su órgano informativo, que aparece publicado casi por casualidad, cuyo contenido es tan pobre intelectual y políticamente, que en el mejor de los casos es basura, cuando no, como los contenidos de las notas de su oficina de prensa, veneno para inocular odio en la población, con un discurso casi calcado a los de aquel órgano de propaganda del régimen de Macías llamado INFORTUR, que tanto contribuyó a la expansión del virus del odio y la destrucción de la sociedad guineana que así cayó en un abyecto totalitarismo.
