
La tragedia de los pueblos indígenas en Formosa
En el siglo XXI, en un país con vastos recursos naturales como Argentina, existen comunidades indígenas que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad, no por falta de medios, sino por una política deliberada de exclusión y sometimiento. Las comunidades Peligás, Wichí y Qom del norte de Argentina, en la provincia de Formosa, enfrentan una crisis humanitaria estructural: se les niega el acceso directo al agua, el recurso más fundamental para la vida. Esta negación no es fortuita ni accidental, sino una estrategia perversa para mantenerlas bajo el control absoluto del gobierno provincial y municipal.
En lugar de permitir que estas comunidades perforen y gestionen sus propios pozos, las autoridades les han negado sistemáticamente ese derecho. Con esta restricción, los pueblos indígenas dependen completamente de los camiones cisterna que el gobierno les envía de manera arbitraria y sin garantías de salubridad. Esta práctica tiene un objetivo claro: mantener a estas poblaciones en una situación de constante necesidad y sometimiento, evitando que puedan desarrollarse de manera autónoma y exigir sus derechos con independencia.
Bajo este esquema de dominación, el agua deja de ser un derecho para convertirse en un instrumento de chantaje y opresión. Si una comunidad alza la voz contra los abusos o las injusticias, el suministro de agua puede retrasarse, reducirse o incluso cortarse sin justificación alguna. La sed y la desesperación se convierten en armas del poder.
La falta de acceso a agua potable trae consigo una serie de consecuencias devastadoras para la salud de estas comunidades. Entre las enfermedades más comunes que afectan a los pueblos Peligás, Wichí y Qom debido a esta crisis hídrica se encuentran:
- Gastroenteritis y diarreas crónicas: producto del consumo de agua de dudosa calidad.
- Desnutrición y enfermedades renales: por la deshidratación y la ingesta de agua contaminada.
- Altos índices de parasitosis: enfermedades derivadas de la mala calidad del agua o de la falta de ella.
- Infecciones dérmicas y oculares: debido a la imposibilidad de garantizar una higiene básica diaria.
Estos padecimientos afectan de manera desproporcionada a los niños y ancianos, quienes tienen menos defensas para resistir las enfermedades relacionadas con la falta de acceso a agua segura.
Otro aspecto preocupante de este modelo de dependencia forzada es la total falta de garantías sanitarias sobre el agua que llega en camiones cisterna a las comunidades. No existen controles transparentes ni pruebas que certifiquen que el agua distribuida cumple con los estándares mínimos de potabilidad. Las comunidades no tienen manera de comprobar si el agua que reciben es apta para el consumo humano o si, por el contrario, está contaminada con bacterias, metales pesados u otros elementos nocivos.
Este vacío de responsabilidad demuestra un desprecio absoluto por la salud y la dignidad de los pueblos indígenas. Mientras tanto, el gobierno provincial de Formosa mantiene su retórica de «asistencia», cuando en realidad perpetúa un sistema de opresión y control mediante la privación de un derecho básico.
Frente a este atropello, líderes indígenas como Félix Díaz, Elma Toledo, Osvaldo y Timoteo han levantado la voz en defensa de sus comunidades. Han denunciado no solo la negación del agua, sino también la violación sistemática de sus derechos humanos, la represión estatal y el intento de quebrar la identidad cultural de sus pueblos.
Sin embargo, quienes se atreven a hablar enfrentan amenazas, intimidaciones y en muchos casos, persecución. En lugar de recibir respuestas y soluciones, las autoridades responden con la criminalización de la protesta, reforzando la exclusión y la violencia estructural contra estos pueblos originarios.
En La Comunidad Isla Cristina Wichi, el nieto del cacique de la Comunidad y otro joven, han sido brutalmente agredidos por la policía sin haber cometido ningún delito ni falta de respeto a las Autoridades. El propio Cacique Timoteo, ha sido expulsado de su trabajo por pedir una escuela para los niños que se encuentran estudiando en la intemperie. Félix Díaz del Pueblo Qom, líder indígena y Presidente del Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas de Argentina, el pasado 24 de marzo, su Comunidad “La Primavera” se ha manifestado en la Ruta Nacional 86, kilómetro 1340, frente a una base de la Gendarmería de Argentina los cuales han evitado el corte de la nacional, en el que piden el acceso al agua.
Lo que ocurre en Formosa es inaceptable. La privación del acceso al agua a comunidades indígenas no solo es un crimen contra la humanidad, sino también una estrategia colonialista moderna para mantener a los pueblos originarios en condiciones de extrema vulnerabilidad. Es una violación flagrante de la Constitución Nacional Argentina, que en su artículo 75 inciso 17 reconoce los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo el acceso a sus territorios y recursos naturales.
Legislación y derechos vulnerados
- Constitución Nacional Argentina (Artículo 75, inciso 17): Reconoce el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras, recursos naturales y a su desarrollo con identidad propia.
- Ley Nacional de Aguas (N.º 25.688): Declara al agua como un recurso de dominio público, garantizando su acceso equitativo y sustentable.
- Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (ONU, 2007): Establece que los pueblos originarios tienen derecho a la autosuficiencia en agua y otros recursos básicos.
A pesar de estos marcos legales, en Formosa las comunidades indígenas siguen privadas del acceso al agua de manera estructural.
Según informes de Amnistía Internacional y organizaciones de derechos humanos, más del 80% de las comunidades indígenas en la provincia de Formosa carecen de acceso directo a agua potable. En la región del Impenetrable Formoseño, existen comunidades que deben caminar más de 10 km para acceder a una fuente de agua segura. El gobierno provincial tiene la capacidad técnica para construir pozos, pero no lo hace, manteniendo la dependencia de los camiones cisterna administrados por el municipio.
.Posibles soluciones
Autonomía hídrica: Perforación de pozos propios gestionados por las comunidades con apoyo técnico independiente.
Monitoreo y control de calidad del agua: Implementación de pruebas bacteriológicas en las cisternas que distribuyen agua.
Presión internacional: Denuncias ante organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la ONU para exponer la crisis y forzar la acción del gobierno.
Movilización social: Visibilización del problema en medios de comunicación y redes sociales para generar conciencia y apoyo ciudadano.
Por este motivo y estas graves violaciones de los derechos humanos en un país que tiene la suficiente capacidad económica y técnica de afrontar la problemática del agua, que es un derecho universal reconocido por las Naciones Unidas, la Asociación Proyecto Gran Simio ha denunciado este crimen de lesa humanidad ante A la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Al Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Al Relator Especial sobre el Derecho al Agua y al Saneamiento y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La lucha de los Peligás, Wichí y Qom no es solo por el agua. Es por la dignidad, la autonomía y el respeto a sus derechos fundamentales. La comunidad internacional, las organizaciones de derechos humanos y la ciudadanía argentina deben exigir respuestas y actuar para poner fin a esta injusticia histórica.
El agua no es un privilegio. Es un derecho humano innegociable. Negarlo a un pueblo entero es un acto de barbarie que no puede quedar impune.