Tuve la suerte de pasar en Santiago de Chile el Día 12 de Octubre, celebración del Día de la Raza, y más suerte aún de conocer a Sergio Millamán, que me recomendó encarecidamente no perderme la Marcha Mapuche que contrafesteja el día de la conquista de América. Sergio, uno de los editores de Mapuexpress -un medio alternativo del pueblo mapuche-, me explicó que cada año esta marcha va cobrando importancia. No es de extrañar: aquel 12 de octubre fue una explosión de color, donde la música y el baile se entremezclaban con la reivindicación política.
Seguramente, esa potencia creciente de la marcha en Santiago, y en otras muchas ciudades y pueblos del país, tiene que ver con una reivindicación creciente de la identidad mapuche, que en Chile va de la mano de la recuperación de la lengua, de las tradiciones, de la autonomía política y, sobre todo, de la defensa del territorio. Al renovado ímpetu de la resistencia mapuche ha contestado el Estado chileno con enorme contundencia: las organizaciones mapuches sostienen que la Ley Antiterrorista chilena se ha utilizado para reprimir a los mapuches. Y sin embargo, ahí siguen ellos.
También por orientación de Sergio viajo a Temuco, en la Región de la Araucanía, para asistir a un evento sobre la nueva Ley de Semillas que ha organizado la red de mujeres campesinas Anamuri. Allí descubro que en Chile avanza legalmente una ley para la privatización de semillas similar a la que sigue su trámite parlamentario en Argentina. Allí me cuentan que el avance de este tipo de legislaciones en toda América Latina es producto de la presión de Monsanto y, también, una imposición de los Estados Unidos a aquellos países con los que ha firmado un Tratado de Libre Comercio (TLC). Es el caso de Chile y, también, el de Colombia, donde el Gobierno tuvo que poner en suspenso la polémica ley tras el paro agrario que paralizó el país el pasado agosto.
Los movimientos campesinos e indígenas chilenos intentan evitar la aprobación de una ley que impediría a los agricultores guardar o intercambiar las semillas, para obligarlos a abastecerse únicamente a través de las grandes multinacionales del sector, que venden semillas modificadas genéticamente y ostentan la patente. Este tipo de leyes avanzan también en la Unión Europea, que ya ha suscrito el convenio internacional que obliga a proteger las patentes.
Lo que se preguntaban los campesinos en Temuco es con qué derecho una multinacional puede asegurarse la patente de una semilla después de hacer una mínima modificación genética, cuando los agricultores llevan siglos, milenios, realizando una cuidadosa labor de selección y custodia de las mejores semillas. Es gracias a esas costumbres ancestrales que tenemos la variedad y calidad de alimentos de que disfrutamos. Y, sin embargo, el triunfo de esta normativa impondrá que los agricultores se vean obligados a comprar semillas patentadas en los USA, que imponen un solo tipo de maíz en el mundo frente a la rica diversidad, y que en muchos casos ni siquiera son las semillas más adecuadas para el clima local. Locuras de la globalización, que avanza sin ser televisada…
* Mi viaje a Chile forma parte del proyecto Cara y cruz de las multinacionales españolas en América Latina, que financiaron los lectores de Fronterad a través de un crowdfunding. ¿Estamos ya en la etapa final, muy cerca de la publicación!
* La foto es de Jheisson A. López.
