La madrugada que salí de Bukavu el sol quemaba el espejo del lago Kivu como si aquél fuera el primer o el último amanecer de la Tierra. De camino al aeropuerto de la MONUC (Misión de las Naciones Unidas para el Congo) y a un avión con dirección a Kampala, empecé a hablar con la mujer que se sentaba a mi lado en el autobús, una colombiana rondando los cuarenta que también se marchaba de la República Democrática del Congo. La diferencia entre nosotros es que yo llevaba apenas unos días en el país y ella, según empezaba a contarme, se iba después de seis meses recorriendo el Kivu Sur para levantar acta de violaciones de derechos humanos, como parte de un proyecto de Naciones Unidas. Pensé que era un trabajo gigantesco y arriesgado y creo que así se lo hice saber. Pensé que la MONUC también hacía algunas cosas bien.
El pasado 1 de octubre, cuando el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la sudafricana Navi Pillay, presentó ante los medios el Informe sobre las más graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en la República Democrática del Congo entre 1993 y 2003 envié un e-mail a la amiga que hice aquella preciosa mañana a orillas del Kivu y confirmé mi intuición. Ella fue una de las 20 personas que Naciones Unidas repartió por el mapa de Congo entre octubre de 2008 y mayo de 2009 para investigar los 617 crímenes que se incluyen en el informe. Lo que esos crímenes dicen es que el ejército de Ruanda y milicias apoyadas por él, como el Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP) del señor de la guerra Laurent Nkunda, cometieron actos contra ruandeses hutu en territorio congoleño que “de ser probados en un tribunal, podrían ser considerados como un crimen de genocidio”, afirma Luc Coté, coordinador de la investigación. Ruanda, en un apéndice incluido en el propio documento, “rechaza categoricamente el informe” y aporta treinta páginas de correcciones y notas en las que ataca la metodología del proyecto y acusa a la MONUC de no proteger a la población civil.
La cuestión es un tanto kafkiana porque la naturaleza del Informe de Mapeo, en su nombre abreviado, y la complejidad del crimen sugerido en él -genocidio- no tienen correlación posible. Sólo en un circo de dibujos animados el elefante hace malabarismos sobre un cubo de playa. Una veintena de investigadores entrevistaron a 1.280 testigos de atrocidades hasta armar el inventario de los 617 crímenes, siempre confirmados por, al menos, dos testigos. Alrededor de 1.500 documentos fueron examinados. Un esfuerzo, sin duda, de envergadura, pero insuficiente. En palabras de Navi Pillay, el documento “no ofrece datos en profundidad ni el número suficiente de pruebas admisibles en un tribunal. Tampoco establece responsabilidades criminales individuales”. Es una declaración sorprendente porque para tan siquiera susurrar la palabra genocidio uno debería tener las pruebas en profundidad, la cantidad de ellas y, especialmente, una lista de acusados, con nombres y apellidos de personas del poder de Kigali y una línea que los conecte a todos en una forma de pirámide.
El crimen de genocidio, término acuñado por el polaco Raphael Lemkin en 1943, consiste en “cualquiera de los siguientes actos cometidos con la intención de destruir, en todo o en parte, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso: matanza de miembros del grupo; atentado grave contra la integridad física o mental de los miembros del grupo; sometimiento deliberado del grupo a condiciones de existencia que puedan acarrear su destrucción física, total o parcial; medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo, o el traslado forzoso de niños del grupo a otro”, como reza el Convenio de Genocidio de 1948. Las dos claves en este y en otros muchos casos en los que se ha invocado el crimen son: la intencionalidad y la definición exacta del grupo perseguido. Es decir, acusar a la Ruanda de Kagame de genocidio obliga a demostrar jurídicamente -con documentos, órdenes, firmas, etc.- que hubo un plan para acabar con los hutus en Congo y no sólo que el ejército de Ruanda masacró a compatriotas hutus en Congo.
Un extracto: “los ataques acabaron con una grandísimo número de víctimas, probablemente decenas de miles de miembros del grupo étnico Hutu, todas las nacionalidades combinadas. En la gran mayoría de los casos investigados, no fue una cuestión de personas muertas accidentalmente en el transcurso de combates, sino personas elegidas por, principalmente, la Alianza de las Fuerzas Democráticas para la Liberación del Congo (AFDL) y los ejércitos nacionales de Ruanda y Burundi y ejecutadas a centenares, a menudo con armas blancas. La mayoría de las víctimas eran niños, mujeres, ancianos y enfermos que no suponían ninguna amenaza a las fuerzas atacantes. Numerosos y serios ataques fueron también cometidos contra la integridad física y psicológica de los miembros del grupo, con un número muy alto de Hutus disparados, violados, quemados o golpeados”. En efecto, lo descrito podría ser un genocidio, pero el genocidio no se mueve todavía en el terreno de las convicciones. ¿Qué es el Informe de Mapeo entonces? Se trata de un primer paso, una investigación preliminar y una invitación a que la República Democrática del Congo, que ha aplaudido la publicación, inicie un proceso judicial en toda regla -posibilidad, sin duda, remota-. Un total de 220 organizaciones civiles congoleñas publicaron un manifiesto para apoyar la iniciativa de Naciones Unidas e instar al gobierno de Joseph Kabila a “iniciar una reconciliación sincera”.
En los Grandes Lagos siempre hay que tirar de un interminable hilo de acontecimientos. En el verano de 1994, centenares de miles de hutus ruandeses llegaron a Goma. Los genocidas hutu que habían acabado a machete con 800.000 tutsis y hutus moderados en seis semanas, obligaron a la población a huir a Congo ante el avance del Frente Patriótico Ruandés del actual presidente tutsi Paul Kagame. Goma se convirtió de la noche al día en el campo de refugiados más grande del mundo y los genocidas mezclados entre la población civil empezaron a controlar la distribución de ayuda y a lanzar ataques contra Ruanda agrupados en las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR). En 1996, la respuesta de Kagame a la situación fue invitar a todos los compatriotas ruandeses a volver a Ruanda. Sobre los que no quisieron o no pudieron hacerlo, especialmente si eran hutus, cayó la sombra de la duda: o eran los antiguos genocidas o los apoyaban. Tras la repatriación, una alianza de fuerzas tutsi congoleñas manejadas en la sombra por Ruanda y Uganda y apoyadas por Burundi y Zimbabue, dio inicio a la Primera Guerra Mundial Africana (diciembre 1996-mayo 1997). Las tropas ruandesas pisaron Congo y ahí es donde, supuestamente, ocurrió el segundo genocidio.
No es la primera sombra que cae sobre el gobierno de Ruanda. Poco después de la derrota en 1994 del régimen genocida hutu a manos del Frente Patriótico, acusaciones de venganza empezaron a surgir con cuentagotas. Una de las más significativas fue la sucedida el 27 de abril de 1995 en Kibeho, al sur de Ruanda, cuando 2.000 hutus fueron asesinados o atrapados en estampidas mientras el ejército de Kagame desalojó un campo considerado bastión de los genocidas hutus. El acontecimiento, descrito y vergonzosamente racionalizado por el periodista norteamericano Philip Gourevitch en su imprescindible Queremos informarle de que mañana seremos asesinados con nuestras familias, fue la piedra de toque del apoyo incondicional del que goza Kagame por parte de Estados Unidos -en su cálculo para acabar con la influencia de Francia en los Grandes Lagos- y, en el otro extremo, del inicio de una política nada transparente del gobierno tutsi entorno a juzgar el genocidio de 1994 y a afrontar la reconciliación nacional.
El problema no es el informe, el problema no es la buena voluntad del informe, el problema es la torpeza de invocar en vano, entregarse al rumor, disparar al bulto, dejárselo fácil a los criminales, abrirles una puerta de escape. El crimen es hacer del genocidio un superlativo. Millones de muertos no lo merecen.
Nueva York. 10 de noviembre, 2010.
* Pablo Mediavilla Costa es periodista
