Esta semana se anunció que la policía federal mexicana detuvo a un presunto responsable del secuestro y asesinato de la española María Villar Galaz, secuestrada y asesinada dos semanas atrás en la Ciudad de México (su cuerpo se halló en una localidad colindante del Estado de México).
Hasta el momento, se carece de mayor información al respecto, excepto que la familia, al contrario de lo que trascendió primero, sí pagó el total de la cantidad demandada por los criminales por liberar a la víctima (al parecer, 90 mil euros). La versión oficial que tendió a imponerse es que el hecho delictivo fue «atípico», un disparate que divulgó primero que nadie la vocera de un organismo civil que se supone se dedica a la prevención del secuestro en México. El servicio al gobierno fue obvio: colaboró a difundir la presunción de un suceso excepcional en medio de la mentira de que en México la comisión de delitos se ha reducido, cuando en realidad la estadística oficial ya sólo considera aquellos delitos que se denuncian. Es decir, la gente ha dejado de denunciar éstos debido a la corrupción e ineficacia de las autoridades. Asimismo, se quiso consignar en la mente del público la idea de que Villar Galaz cometió un error fatal al tomar un taxi «inseguro», cuando en la Ciudad de Mëxico no existe ningún vehículo de transporte que esté a salvo de la inseguridad, ya sea un taxi, un autobús, el metro o el coche particular. Salir librado aquí de un asalto es un asunto aleatorio: cada crucero, cada trayecto, incluso una caminata en cualquier barrio son un riesgo cotidiano. En términos estadísticos, el asalto para robar en vía pública es el delito más recurrente en México.
A la incriminación de la víctima se añade la negativa gubernamental de aceptar la realidad adversa del auge criminal y la absoluta impunidad de los delitos en el país. Esta misma semana, el presidente Enrique Peña Nieto expuso un criterio habitual entre los gobernantes mexicanos, y que fue expresado en su momento por el presidente José López Portillo para desviar la atención de la responsabilidad institucional: «la corrupción somos todos». Peña Nieto afirmó: «El tema de la corrupción está en todos los órdenes de la sociedad y en todos los ámbitos, no hay alguien que pueda atreverse a arrojar la primera piedra». El pronunciamiento implica una declinación evidente de la ejemplaridad que el Estado y los gobiernos deben imponer en la sociedad. Y lo dijo en el momento en que funcionarios o gobernantes y ex gobernantes de su partido están bajo el escrutinio de la ley por diversas corruptelas.
El ascenso criminal en México tiene que ver con el surgimiento de un nuevo orden-desorden del ámbito urbano-suburbano, sobre todo por el incremento del pandillerismo y su efecto de incidencia criminal que ensambla con tres dimensiones: la de los cárteles de la droga, que son organizaciones criminales de alcance transnacional (Cártel del Golfo, Cártel de Sinaloa/Pacífico, Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Zetas) y que ofrecen una matriz protectora (conexión y proveeduría económico-política de alto nivel, así como entrada al mercado negro de armas y mercancías ilícitas) para los grupos menores de la delincuencia; la de los pobladores (y reserva humana de víctimas potenciales) y la de la guerra de las fuerrzas armadas y policíascontra el crimen organizado. El resultado es un clima de violencia incesante que se retroalimenta en un círculo sin fin.
Ante la dificultad de restablecer el Estado de derecho y rebasar el imperio de crimen que vive México, el gobierno tiende a darle salida político-policial a los casos de fuerte resonancia nacional e internacional. Y, como sucedió con los 43 estudiantes desaparecidos dos años atrás en Iguala, inventan un «caso» para «resolver» los crímenes sin ahondar en las investigaciones y le llaman «verdad histórica». En México es casi inexistente la cultura de la investigación policial-judicial por una causa simple: la mayor parte de las detenciones de presuntos responsables que llegan a ser prcesados se dan en flagrancia. El culpable es el que determina la autoridad en su momento. Enseguida, viene la participación del poder judicial que, en nombre del formalismo normativo, da entrada y vaidez a expedientes cuestionables. Lo demás lo consuma el aparato de propaganda gubernamental que, ante la opinión pública, busca legitimar lo realizado por la autoridad. Por último, cae el olvido poco a poco. Así se normaliza la barbarie en México. Un modelo de exportación.
