El 1 de diciembre de 2015 se hizo público el “informe de las líneas fundamentales de presupuestos para 2016 de las Comunidades Autónomas”, elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), constatando que la Generalitat Valenciana (gobernada ya entonces por PSPV y Compromís) gasta menos que el resto de CCAA en servicios públicos (sanidad, educación y atención social, entre otros), cobra más impuestos y aplica menos beneficios fiscales. Y, por si fuera poco, es de las que más deuda acumula.
Sin embargo, parece que esto no se compensa con ingresos estatales: si la Comunidad Valenciana hubiera gastado como la media en el periodo 2012-2014, habría acumulado un déficit de unos 4,1 puntos de PIB (frente al 0,3% exigido y el 1,8% que realmente se produjo; en 2016, con la misma financiación, se estimaba un déficit de 1,5%). Esto significa que, frente al resto de CCAA, se produjo una brecha de 1.300 millones de euros.
Dicho lo cual, se perdió la razón y se abusó de un victimismo irresponsable cuando el Gobierno valenciano procedió en sus cuentas, según reveló la AIReF, a un “ajuste” que “descansa, fundamentalmente, en una transferencia del Estado por importe del 1,3% del PIB que, al no estar incluida en los Presupuestos Generales del Estado, la AIReF no puede considerar segura” (p. 10). Para 2017, insisten.
¿Cómo arreglar los desequilibrios financieros entre CCAA, que son desequilibrios de derechos? Hay quien afirma, sin explicar si en términos globales es más justo, que la Comunidad Valenciana ganaría 0,54 puntos de PIB aplicando el modelo de financiación alemán. Siempre conviene tomar distancia respecto de este tipo de cálculos. Pero sí parece necesario reformar el sistema de financiación; y no extraña que el Gobierno valenciano reclame una reforma del sistema nacional, que le aporte esos 1.300 millones de euros extra a la Comunidad y que le acerque a la media autonómica para poder ofrecer los mismos servicios a sus ciudadanos que en el resto de España.
Parece que, desde comienzos de 2017, la VI Conferencia de Presidentes se propone poner fin a este tipo de agravios, que obviamente no padece sólo la Comunidad Valenciana (aunque todo apunta a que es la que más los padece). Desgraciadamente, no está nada claro que se vayan corregir de la manera más justa posible los innegables desajustes del sistema de financiación acordado en 2009, que Zapatero sólo pudo acordar aportando más dinero para regar las diferentes “sensibilidades” y que, por la vía de la opacidad y las múltiples bilateralidades, viene dando de mamar a quien más llora.
No parece que la solución vaya a ser la más justa, en primer lugar, porque, a juzgar por los informes solicitados por Montoro a la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), se ha estado pensando en implantar un modelo que, además de transparente, claro o gradual (las CCAA que tengan que recibir proporcionalmente menos no se verán perjudicadas en valores absolutos, sino que se irá aumentando la financiación de aquellas que deban recibir más), puede perfilar una financiación autonómica que consagre el principio de ordinalidad. Probablemente acabará beneficiando también a la Comunidad Valenciana, pero se diría que, de paso, apuntillará en buena medida al principio de solidaridad: la solidaridad interciudadana (son los ciudadanos y no los territorios quienes pagan los impuestos) sucumbirá, por lo que parece, ante una nueva solidaridad interterritorial, restringida en favor de las CCAA más ricas. Iremos viendo cómo se desarrolla esto en la Conferencia de Presidentes.
En, segundo lugar, se abre otro problema que podría disparar las desigualdades entre los servicios públicos por CCAA. Se trata del principio de corresponsabilidad fiscal. Se afirma, y parece inobjetable, que el fundamento es cortar el incentivo perverso que tienen actualmente las autonomías para elevar el gasto sin subir impuestos y sin asumir el coste político. Así, la culpa: de “Madrid”. No obstante, parece lógico prever que serán las CCAA más ricas las que podrán aumentar su partida presupuestaria a costa de nuevos impuestos.
Pero el tercer punto y el más preocupante, en cierta medida relacionado con la corresponsabilidad fiscal y puesto que tanto de gastos como de ingresos se trata, es que las CCAA se hagan dumping fiscal unas a otras. Hacienda dice ahora que defenderá una mayor armonización autonómica en Sucesiones y Patrimonio; pero lo cierto es que el grado de autonomía fiscal de las CCAA les permite a las más ricas, a las que ya de por sí concentran mejores infraestructuras y servicios para atraer tanto a la fuerza de trabajo como al capital (interiores y exteriores, en ambos casos), bajar impuestos respecto al resto… y así ser todavía más atractivas.
Resulta que a CCAA ricas, como Madrid (que actualmente cae 10 puestos en financiación por habitante respecto a su financiación bruta) o Baleares, pueden llegar a interesarles apoyar a Cataluña en algunas de sus insolidarias exigencias; o a Valencia. Y así puede leerse la voluntad de cambiar el modelo de financiación. Pero no les interesa en absoluto acabar con la autonomía fiscal que les permite tirar por tierra los tipos impositivos en Patrimonio o Sucesiones y Donaciones, infligiendo una competencia desleal al resto de CCAA. Y así paradójicamente vemos que, como el dinero manda, Madrid puede asumir a conveniencia el discurso ombliguista y disgregador del nacionalismo; mientras que quienes normalmente sostienen un discurso abyectamente nacionalista, empiezan a aseverar, en boca del Consejero de Hacienda de la Comunidad Valenciana, que Madrid nos hace dumping fiscal:
“¿Por qué todas las grandes rentas están en Madrid? Y todas las grandes empresas, como la Ford, que tiene la fábrica en Almussafes, Repsol, Telefónica… ¿Ustedes saben las rentas que genera eso? Eso crea una base imponible terrible que origina una renta fiscal muy importante. Por tanto, el tema de la riqueza fiscal de Madrid no tiene que ver con la riqueza que tiene Madrid, sino que es previa, es el efecto capitalidad”.
Y, agárrense, que vienen curvas. ¿Cuál es la solución para el Consejero Vicent Soler? Unión de mercado y fiscal. Vaya, que en lo que conviene (y, consecuente y desgraciadamente, sólo mientras convenga) sí se asume el discurso recentralizador:
“Cuando tú aplicas sobre bases imponibles tan importantes el mismo tipo fiscal, los mismos tipos impositivos, acabas teniendo una recaudación mucho mayor. Y por tanto, en la parte autonómica Cristina Cifuentes puede hacer todas las reducciones que quiera, que además se retroalimentan porque la gente que no quiere pagar Impuesto de Patrimonio y que no quiere pagar Impuesto de Sucesiones se va a Madrid. Con lo cual, el tema es dantesco, porque ni unidad de mercado ni nada. Son actuaciones originadas por decisiones políticas que los que estamos a este lado de la M-50 no nos podemos permitir. Eso es importante que lo sepan todos los valencianos, sean de la ideología que sean”.
En fin, la falta de una vertebración territorial (quizás mediante un Senado que cumpla su función) y de un modelo de financiación estructurado, les ha dado la excusa perfecta para apuntalar su valencianismo/catalanismo por oposición a “Madrid”. Pese a todo, copiando más que torpemente (puesto que en realidad demandan lo contrario, pero no vende pedir recentralización cuando se es nacionalista) el discurso antidemocrático (por romper el principio básico de igualdad ciudadana) del nacionalismo catalán y vasco, demandan una “Agencia Tributaria Valenciana, que recaude y gestione los impuestos que se generan en Valencia, para que a la autonomía política le corresponda, como es de lógica, una misma autonomía financiera”, “capacidad normativa plena sobre los tributos sin otra limitación que las directrices comunes que se establezcan con la Unión Europea y el Estado”, un “sistema bilateral para modificar, negociar y revisar periódicamente el modelo de financiación entre la Generalitat y el Estado”, así como “solidaridad y cooperación en el modelo de financiación, para garantizar la igualdad, la equidad y la responsabilidad entre todos los territorios”. ¡Y dos huevo duros!
Lógicamente, por más que hablen en el último punto de solidaridad y de igualdad y equidad entre territorios, a nadie se les escapará que, una vez introducido el principio de bilateralidad CCAA-Estado, la solidaridad (que podríamos definir como el vínculo de igualdad, de reciprocidad ciudadana en derechos y obligaciones) deja de existir.
En cualquier lugar y en cualquier ámbito las negociaciones bilaterales (tú a tú) favorecen a la parte más fuerte y debilitan a la que ya era más débil. Puede pensarse, por ejemplo, en el ámbito laboral. No es lo mismo que cada trabajador negocie individualmente con el empresario o que lo haga un sindicato: éste puede fijar un convenio colectivo que los defienda objetivamente a todos. La negociación bilateral de tú a tú con el Estado (que en buena medida es lo que oscuramente está ocurriendo, en beneficio de País Vasco, Navarra y Cataluña), fortalece a las CCAA más productivas, que son las que crean partidos nacionalistas para amenazar con romper las amarras si no obtienen privilegios económicos de cualquier tipo (vía presupuestos, fiscalidad o, simplemente, haciendo la vista gorda). Por su parte, quienes se benefician de la solidaridad tienen pocas razones para fomentar un nacionalismo que busque romper con la redistribución de rentas.
Las reivindicaciones de Compromís adoptan formas sonrojantes, como reclamar una “deuda histórica” a “Madrid” (si acaso y como boutade, deberían exigirla a País Vasco y Navarra, o quizás a Cataluña), pese a que Madrid paga el doble de impuestos que Cataluña. Otra cosa es el dumping fiscal, que Cataluña y las demás regiones ricas pueden hacer del mismo modo dada su potencia económica… pero… ¡‘embolica que fa fort’! Y, como hemos visto al principio, mientras exigen al “Estado”, el gobierno autonómico afirma que no piensa asumir más recortes; lo cual, sin cambiar el sistema de financiación, implicaría ahogar más a los valencianos. Nacionalismo, victimismo, demagogia populista y “Madrid” como enemigo. Ya tenemos el caldo de cultivo servido para más y más construcción nacional.
Si me permiten, un apunte final. Resultaría triste que España se rompiera por donde se rompe Europa, como si no fuéramos un Estado soberano con las herramientas de las que no dispone la Unión: como destapó LuxLeaks, muchas administraciones tributarias de Estados europeos han estado ayudando a las multinacionales a evadir impuestos con los llamados ‘tax ruling’ o acuerdos fiscales, que conducen a lo que se conoce como “planificación fiscal agresiva”.
En Luxemburgo los acuerdos secretos incluían complejas estructuras financieras concebidas por multinacionales para obtener importantes reducciones fiscales: filiales en Luxemburgo gestionaron centenares de millones de euros de empresas que, en realidad, apenas tenían actividad económica en este país sino en otros estados europeos, socios co-soberanos los que deben lealtad según el artículo 4.3 del Tratado de la Unión Europea.
Así se descubrió que era práctica generalizada en Europa que las grandes empresas adoptaran estos acuerdos fiscales para reducir su deuda tributaria global: aumentaban de forma artificial la base imponible en Estados con baja tributación a expensas de otros países, algunos de los cuales encima estaban y están sometidos a importantes regímenes de austeridad.
Por ejemplo, Airbnb, Uber y BlaBlaCar a pesar de generar grandes ingresos en España no tributan aquí por ellos. Aquí tributan únicamente por actividades de promoción y marketing que cargan a sus matrices. La tributación por la actividad principal de cada una de ellas va a parar a Irlanda, Holanda y Francia, respectivamente. Todas ellas consolidan cuentas en dichos países y no aportan datos por territorios ya que, según la legislación, al no ser compañías cotizadas, no están obligadas a mostrar sus cifras. Así, en sus últimas cuentas disponibles pagaron entre las tres 111.235 euros a la Hacienda española por sus resultados y ganaron tan solo 183.101 euros.
No obstante, la UE tiene excusa: no es que deba reparar un barco en medio de la tormenta… es que tiene que construirlo, sin planos, a parches y contra la voluntad de muchos ciudadanos. Pero España es ya un Estado soberano. Y si un Estado no es una comunidad solidaria, de recíprocos derechos y obligaciones (que es, por cierto, lo que genera confianza y da estabilidad), no sé con qué legitimidad se esperará, a medio plazo, hacer cumplir la ley. Y esto es un problema cuando hoy más que nunca toca aplicar la ley y combatir las peores embestidas del nacionalismo; pero hay que hacerlo radicalmente y sin trampas. Esta legislatura tiene por delante el gran reto de armonizar la estructura del Estado. Esperemos que lo consigan; con el discurso nacionalista, venga de donde venga, ya sabemos que no podemos contar.
