Ricardito, de siete meses, duerme plácidamente entre los brazos de su madre. Ajeno a todo el revuelo que hay a su alrededor abre los ojos. Se despereza un poco. Pero, los vuelve a cerrar como si nada. Su madre María, de 32 años, reza el rosario. Su padre, Gabriel, de 34 años, charla con un amigo mientras mece el carrito donde está su otra hija, Karen, de tres años. Por ahí también anda el mayor de los hermanos, Gabrielito, de siete. Es casi medianoche y ya toca recoger. Llevan horas frente al Capitolio de Arizona. Ahora que tiene unos días de vacaciones, María acude cada tarde para mostrar su repulsa a la ley antiinmigrante SB 1070 que criminaliza al irregular y obliga a los agentes de Policía a pedir los documentos a todo aquel sospechoso de no tenerlos en regla. Todo empezó de forma espontánea inmediatamente después de la rúbrica de la gobernadora Jan Brewer de esta ley.
María admite que tiene miedo, pero tampoco sabe muy bien qué puede hacer. “Yo soy indocumentada. Primero, se vino mi marido. Luego, yo con Gabrielito. Ahora, no nos podemos volver a DF -por la ciudad de México-. Aquí, hay crisis. Pero, allí las cosas están peor”, explica. A pesar de ser tarde, no está muy cansada. “Trabajo de una de la madrugada a diez de la mañana”, revela. Sabe que es mal turno, pero es el mejor para hacerse cargo de sus hijos durante el día. Su marido no trabaja. Hace siete meses que se quedó en paro por la crisis. Tampoco tiene documentos. Y es María la que lleva el hogar “Pues, ya ve. Ahora con esta ley. No sé qué vamos a hacer. Nos quedaremos en la casa”, admite resignada.
Los inmigrantes se oponen a esta ley que convierte en delito menor que un extranjero no lleve un documento que demuestre su situación legal. También, prohíbe proporcionar refugio o transportar a un inmigrante en situación irregular. A los que lo hagan, se les multará con mil dólares por cada persona indocumentada que ayuden. Y establece que el inmigrante esté detenido hasta que alguien pueda presentar una identificación suya ante las autoridades. Asimismo, la ley prohíbe a los conductores intentar contratar jornaleros en la vía pública. Tampoco permite a estos trabajadores interrumpir o solicitar empleo en la calle.
Agentes de Policía en el punto de mira
Un policía vigila a pocos metros del Capitolio a salvo del calor desde su ranchera blanca con el aire acondicionado puesto. Su gran altura, casi de metro noventa, contrasta con la de los mexicanos y el resto de las personas que han ido a expresar su tímida repulsa a esta ley que debe entrar en vigor el próximo 28 de julio. Apenas hay una treintena de personas frente a este edificio. “Nos va a poner en una situación muy complicada. Pero, bueno, todavía no sé qué va a pasar”, admite el agente enfundado en su uniforme marrón grisáceo mientras come cacahuetes. Sus ojos azules miran de reojo a los manifestantes. “Yo sólo tengo que estar aquí hasta las seis de la mañana. Es lo que me han dicho”, se disculpa el agente nacido en San Diego (California).
Si este hombre de piel pálida con aspecto de gigante para a María una vez que entre en vigor la ley y le pide su documentación, tendrá que llevarla a comisaría hasta que alguien le acerque una identificación que demuestre su estatus legal. Como no tiene, una vez que concluya el proceso de investigación, la joven se convertirá en una delincuente. Tendrá que pagar una multa. Después, será deportada. Entonces, sus hijos -dos de ellos nacidos en Arizona y por lo tanto ciudadanos estadounidenses- se quedarán sin madre. Pero, el estadounidense prefiere evitar de momento este debate.
En cambio, Isabel García, abogada y co presidenta de la Coalición de Derechos Humanos de Tucson (Arizona) explica que “algunos policías y personas privadas ya han empezado a pedir la documentación a los hispanos”. A juicio de Isabel, es una cuestión de racismo, aunque nadie quiere hablar de ello. A ella, incluso, la llaman traidora cuando recuerda que la tierra de Arizona era antes México. “Pero, simplemente es un hecho histórico. Por parte de mi madre son cuatro generaciones las que llevan aquí”, se defiende en referencia al Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848 en virtud del cual México cedió California, Nevada, Utah, partes de Arizona, Nuevo México, Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. También México renunció a Texas y la frontera se estableció en Río Grande.
Sin embargo, los estadounidenses parecen desconocer esta parte de la historia o, por lo menos, no acordarse. Hacen suyos los nombres en español con los que se escriben las calles de Phoenix -Guadalupe Road, Rio Verde o Estrella Drive- u otros lugares de Arizona -Casa Grande, Catalina, San Manuel, San Luis o Agua Linda. Y así también ocurre en otros estados como California, Nuevo México o Texas. Incluso, algunos historiadores defienden que el propio estado de Arizona debe su nombre a las palabras en español árida zona.
“Sospecha razonable”
A los ciudadanos que se han levantado en contra de esta ley, no les preocupa tanto el que se criminalice al indocumentado como que se obligue a los agentes a parar a todo aquel del que tuviesen una sospecha razonable de estar en situación ilegal.
María Soledad Díaz, de 24 años, sabe el porqué de estas críticas. “Iban a preguntar a todos los mexicanos. La comunidad hispana tiene mucho miedo. Esto es racista. Yo sí que he sentido discriminación. Mira el color de mi piel”, señala su rostro de color aceituna. Esta joven pone nombre y apellidos a la realidad de la frontera. Estadounidense, estudia Economía en la universidad, su madre es de Guadalajara (México) y su padre de El Paso (Texas). Representa a la comunidad de inmigrantes que puede y sabe cómo plantarle cara a esta ley de Arizona. Se han interpuesto al menos cuatro demandas que la consideran anticonstitucional y abre la puerta a la discriminación por el color de la piel de las personas.
José René Gómez, director de la campaña de reforma migratoria de Arkansas, admite que “lo que ha pasado ha sido positivo porque ha hecho despertar a mucha gente”. Él mismo se ha desplazado a Arizona para facilitar información a los inmigrantes sobre sus derechos y hablar con los políticos del estado en contra de esta ley. De momento, las presiones, apoyadas por la propia cantante colombiana Shakira, que se desplazó a Phoenix para hablar con los políticos sin llevar su pasaporte, y otros locutores de radio y presentadores de TV han dado sus pequeños frutos.
El 30 de abril, se aprobaron varias enmiendas para modificar la ley SB 1070. La HB 2161 varía algunas de las medidas controvertidas que desataron la polémica nacional. Los cambios eliminan que los policías puedan investigar denuncias basadas en raza, color u origen nacional. El nuevo texto también establece que las autoridades sólo podrán preguntar a una persona por su estatus migratorio cuando exista contacto legal, es decir, si ha habido una parada legal, detención o arresto. También, rebaja las multas: La primera violación de esta ley se reduce a cien dólares, cuando la ley SB 1070 establecía el pago mínimo de 500. Mientras, la prisión con la que puede ser condenado un indocumentado se rebaja de seis meses a veinte días. Todavía así, estas enmiendas son demasiado arbitrarias y no delimitan los casos concretos en los que se puede parar y cuestionar a un inmigrante. Queda a criterio de las autoridades, pero, nada prohíbe que los oficiales investiguen la situación migratoria de casos en los que no sean requeridos. Tampoco, se puede evitar que comprueben el estatus de víctimas, testigos o curiosos en una investigación.
María no levanta la voz ni se altera cuando habla. Está acostumbrada a improvisar sobre la marcha. Pero, también es cauta. Prefiere no dar muchas explicaciones sobre su empleo: “Trabajo en una empaquetadora de ensaladas. Así, no más”, contesta de su labor de seleccionar las mejores hojas de lechuga. Hay que hacerlo con cuidado. Después de varias horas, la vista no alcanza a distinguir las buenas de las malas. También se cuida de desvelar el nombre y el sitio concreto de este lugar. Allí, tampoco se comenta el estatus migratorio de los empleados. “Sí, puede que haya más como yo -por su situación indocumentada-. Pero, nadie habla de esas cosas. Se trabaja y no más”, reconoce ya de pie con Ricardito en brazos. Tampoco da muchas explicaciones de cómo vino: “Pues por la línea”. Los más de tres mil kilómetros de frontera de piedras, arena, tierra amarilla, matorrales y las aguas turbias de Río Grande que dividen Estados Unidos y México. En muchos tramos es casi invisible. Es más una idea que algo tangible. Los agentes norteamericanos de la patrulla fronteriza son reacios a especificar en qué lugares se transforma en acero, alambradas, sensores de movimiento y luces más allá de los principales pasos fronterizos de San Diego-Tijuana, Nogales-Nogales y El Paso-Juárez.
La necesidad de muchos mexicanos de escapar del hambre y la corrupción y la facilidad para encontrar trabajo en Estados Unidos hacen que esta línea se haga muy porosa. Los agentes han despejado el terreno en muchas zonas. De cualquier ser humano que trate cruzar la línea por la noche resaltará su sombra. Todavía así, las patrullas no ven muchas. Y para los adolescentes cruzar se convierte a veces hasta en un juego.
Cerco a los hispanos
La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, firmó el pasado 11 de mayo otra controvertida ley que pone en el punto de mira a los programas de estudios étnicos -afroamericanos, mexicano estadounidenses y nativo americanos- del distrito de Tucson, donde el 56 por ciento de los estudiantes son hispanos. En virtud de la nueva iniciativa, los centros escolares que promuevan el derrocamiento del gobierno no recibirán fondos públicos.
El superintendente republicano de los colegios de Arizona, Tom Horne, con aspiraciones a fiscal general del estado, que ha respaldado esta ley durante años, considera que los programas mexicano americanos ponen a los estudiantes hispanos en contra de los blancos. También trabaja en otra iniciativa que prohíba a los profesores extranjeros con marcado acento enseñar inglés en los centros escolares. Un golpe de timón respecto a los años 90 en los que Estados Unidos importó maestros de otros países, en su mayoría de Latinoamérica.
El portavoz del ayuntamiento de Phoenix Luis Arellano admite que “todo esto es por racismo. Aquí, no se puede hablar español. A veces, puede haber problemas si te escuchan hablar en español. Yo nací en México, pero vine cuando tenía cinco años. Soy bilingüe”, reivindica. Después de un acto al que ha tenido que acudir con el teniente de alcalde Michael Nowakowski pregunta si podemos parar en un restaurante para comer. Evita cualquier mexicano. Tampoco tex-mex. “¿Qué tal un asiático?”, se pregunta. El lugar está bien. Es un poco más elegante que un autoservicio. Y el que no haya camareros lo hace más barato. Cuando vamos a pagar, la joven rubia y de ojos azules que le ha atendido le mira sonriendo: “Está la caja rota, venga después”. Luis Arellano suspira. Después de comer, nos acercamos otra vez a la barra e insiste en perfecto inglés: “Quiero pagar. Antes no he podido porque estaba rota la caja”. La joven le mira extrañada: “Pues si yo fuera tú, me iría. No sé cuánto era y la verdad ya no importa”, responde buscando en el mexicano una sonrisa o mirada de complicidad. Pero la joven no la encuentra. Arellano refunfuña y se va sin pagar. Le desagrada marcharse sin abonar lo que adeuda. “No quiero que la gente piense que el mexicano se ha ido sin pagar, y además hemos hablado en español”, recuerda apesadumbrado.
Todo por culpa de Obama
La gobernadora Jan Brewer se defiende tras la rúbrica de la ley SB 1070 que criminaliza al indocumentado: “He actuado debido a la pasividad del gobierno federal”. La polémica aumentó cuando hace semanas se encontró el cadáver del ranchero Rob Krentz, cuya propiedad es el paso de muchos coyotes e inmigrantes que entran de forma ilegal a Estados Unidos.
Los ciudadanos conservadores de Arizona piden mano dura en política migratoria. Y la republicana Jan Brewer les complace mientras intenta sacar partido estrechando el cerco al inmigrante. El escritor y periodista Tom Miller apunta en el libro En la frontera, imágenes desconocidas de nuestra frontera al norte (Editorial Alianza) que “es una gobernadora débil. Fue elegida para ser secretaria de Estado, pero sustuyó a Janet Napolitano -por la anterior gobernadora demócrata- al ser nombrada por el presidente Barack Obama secretaria de Seguridad Nacional. Pero, Brewer no tiene ningua experiencia de líder”.
Las encuestas realizadas a finales de abril en Arizona sugieren que esta rúbrica ha servido para que la gobernadora gane puntos ante su electorado. Según un estudio de la empresa conservadora Rasmussen Reports, el 64 por ciento de los votantes de este estado está a favor de la nueva ley, mientras que sólo el 30 se posiciona en contra.
El vecino de Phoenix, Robert Smith, admite que “tenemos un problema grave en este estado con la inmigración. Entiendo que los mexicanos vengan a Estados Unidos. Hay gente que en sus países no tiene las oportunidades que hay aquí. Y el nuestro es un país de inmigrantes. Pero, a la vez, tiene que hacerse de una forma segura y ordenada”. Este hombre blanco, que ha tenido a su cargo a obreros hispanos en el sector de la construcción, asegura que “son muy buenos trabajadores. El problema es que nunca protestan y encima lo hacen todo más barato. Y eso tampoco es bueno para los demás”, reconoce.
La noche mexicana es hermosa en su misterio, pero para los inmigrantes que cruzan el desierto huyendo de la pobreza o la corrupción política tiene recuerdos terribles. En el estado de Arizona, hay 460.000 indocumentados de los aproximadamente 10.8 millones que hay en todo el país, según datos del Pew Hispanic Center del 2008. El 94 por ciento de los irregulares en este estado fronterizo son mexicanos. Muchos han reconocido que esta ley les va a obligar a marcharse. Desde la Universidad de este estado, Aarón Enrique Almada, explica que “bastantes padres de familia se han reunido con el presidente de la Universidad para explicarle que sus hijos no asistirán a las clases el semestre que viene debido a esta ley”. Mientras en otras ciudades de Estados Unidos como San Francisco han prometido que van a boicotear a Arizona, Almada admite que “hemos hablado con ellos para que no hagan nada hasta que la ley no entre en vigor. Es mucho dinero”, recuerda. También, deportistas de la liga de béisbol, donde juegan numerosos hispanos, se han lanzado al boicot.
De momento, el presidente Barack Obama ha anunciado el envío de 1.200 efectivos de la Guardia Nacional, aunque no ha entrado en detalles sobre el despliegue. Pero el gesto ha sido suficiente para calmar las voces que claman mano dura contra los indocumentados mientras los legisladores trabajan en las líneas generales de la reforma migratoria. Por ley, los efectivos de la Guardia Nacional no pueden patrullar la frontera, aunque su función será prestar apoyo para colocar más agentes fronterizos en la línea divisoria con México.
Hace días, el presidente de México, Felipe Calderón, introdujo la palabra “migrante” durante su discurso pronunciado ante el Congreso en perfecto inglés con un leve acento, donde trató entre otros asuntos la cuestión de Arizona y la lucha contra el narcotráfico. Los políticos de Washington se limitaron a aplaudirle -como marca el protocolo en este tipo de intervenciones que tiene el formato del discurso del Estado de la Unión-. De momento, la propuesta migratoria espera su turno en la agenda del Congreso, aunque los políticos echarán un vistazo a las encuestas y a lo que dice su electorado antes de tomar una decisión.
Pionera del “Sí, se puede”
A María, en cambio, no le queda otra que apretar su rosario contra el pecho. En su país se ha perdido la confianza en los políticos, la Policía y la Justicia. Y el único estamento en el que tienen puestas sus esperanzas es en la Iglesia. Mientras, en Estados Unidos se limita a escabullirse entre las sombras. Al no poder votar, no cuenta. Y le es imposible ni siquiera intentar ejercer presión alguna sobre los regidores.
La activista Dolores Huerta, de 80 años, conocida por su batalla a favor de los derechos de los agricultores mexicanos de California en los años 60 y 70, admite que ve difícil que la ley migratoria se pueda sacar adelante este año. «Dicen que la época de elecciones no es buena para una reforma así. Pero, la última tuvo lugar en el año 86 (año de cita electoral). Así que nunca se sabe. Vamos a ver”, razona esta mujer, pionera del lema Sí, se puede hace décadas cuando luchó para que los mexicanos pudiesen optar a prestaciones sociales en California. Huerta ríe mientras apunta que en los años 70 las iniciativas antiinmigratorias de Los Ángeles provocaron que más de un millón de hispanos se registrase para votar. Entonces, más de 27 latinos salieron elegidos. De momento, desde que se aprobó la ley, se ha quintuplicado el número de registros de hispanos para ejercer el voto en Arizona. En muchas situaciones, se repite el mismo caso: jóvenes nacidos en Estados Unidos y, por lo tanto, con ciudadanía estadounidense hijos de personas en situación ilegal. Y este año les atiende Dolores Huerta, que se encuentra en Arizona para hacer en las elecciones al Congreso de este noviembre lo mismo que hizo en California hace casi cuatro décadas.
* Marta Torres Ruiz es una periodista española que vive en Nueva York
