Un colega portugués contaba un día cómo en su país, para controlar el gasto sanitario, se había instaurado la norma de cobrar una módica cantidad de 3 o 5 euros, cada vez que una persona acudía a las urgencias hospitalarias.
Este viejo, ineficaz y poco solidario modo de controlar el gasto se ha insinuado como la panacea desde los tiempos del archifamoso «informe Abril», de 1991, http://hospitales.files.wordpress.com/2009/05/informe_abril.pdf y significaría el inicio del copago.
A mi amigo portugués le expliqué que en España y Portugal, hay decenas de miles de personas humildes de los pueblos, particularmente los ancianos, que se dejarían morir antes que pagar, porque una molestia torácica vaga o un dolor abdominal, la mayoría de las veces no es nada, y, total, por esperar un poco más…
Pequeñas cantidades para una persona de clase media pueden ser obstáculos insalvables para personas en el límite de la pobreza. Cantidades de esa índole no sanean las cuentas de la sanidad, pero perjudican a los pobres y modifican la percepción de la urgencia. No siempre lo más doloroso es lo más preocupante. No siempre lo agudo es lo mortal.
Alejar a los que tienen menos recursos y menos instruidos, a los ancianos y a las familias numerosas, o a los pacientes crónicos que reiteradamente sufren empeoramientos, de las urgencias del hospital, no es la medida de corte social que la gente espera. Para hacerla más humana habría que poner tantas excepciones, que al final solo se aplicaría a las clases medias, las que siempre acaban soportando el peso de los impuestos.
Lo más apropiado para sostener el creciente coste de la sanidad es hacer un uso eficiente y racional de los recursos diagnósticos y terapéuticos, luchar contra las listas de espera que agravan los procesos médicos y quirúrgicos, hacer una buena medicina preventiva y promoción de la salud desde la escuela y usando los medios de comunicación, y por último gravar más a los ricos, especialmente a los beneficios empresariales que se camuflan como inversión o gastos, controlar el fraude fiscal y detraer recursos de las faraónicas obras públicas, insostenibles desde un punto de vista ambiental.
