Aquella es la mirada del que sólo ve lo que quiere ver: no habrá control de un solo partido en México, pero el control institucional del país, el Estado de derecho son inexistentes ahora. Este es el punto decisivo. Un ejemplo muy ilustrativo: el caso de Michoacán, estragado por el crimen organizado y su control de amplios territorios allá.
Mientras Vargas Llosa esmeraba sus cortesías al gobierno, el secretario de Hacienda mexicano declaraba que el Estado de derecho en México está en riesgo en Michoacán. Cualquiera que siga la realidad del país, se dará cuenta de que no sólo dicho riesgo se halla en Michoacán, sino también en Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Guanajuato y otros estados donde los cárteles de la droga han impuesto su propio estado de excepción al articular, con pandillas, bandas y criminales comunes, un régimen de extorsión y expoliación frente al cual las autoridades federales, estatales y municipales se muestran impotentes. O bien, en el peor de los casos, colaboran con dicho régimen a cambio de dinero.
Años atrás, la consultoría Stratfor anticipó la “balcanización” de México. Su previsión se vuelto un hecho: cada vez más, el poder federal ve multiplicar retos como el surgimiento de grupos de “auto-defensa comunitaria”, que se dice ya surgen incluso en el Distrito Federal (algo que niegan las autoridades), en particular, en la delegación de Tlalpan, colindante con el estado de Morelos y el Estado de México, donde el crimen organizado controla el asedio a sus habitantes (el crecimiento de la extorsión, el secuestro y los delitos contra el patrimonio se ha incrementado en los últimos años en el país, sin que descienda el índice de impunidad absoluta de todos los delitos, al mismo tiempo que asciende el porcentaje de delitos que la gente deja de denunciar).
La política criminal del gobierno de Enrique Peña Nieto sigue la inercia trazada por el régimen anterior, y la falta de recursos ha retrasado el funcionamiento de la gendarmería nacional, un eje de aquella. Gracias al endeudamiento excepcional que recién pactó el gobierno, este problema será paliado en parte. El gobierno federal efectúa operaciones de “recuperación” del control institucional frente a grupos como Los Zetas, a los que se atribuye una debilidad debido a que su liderazgo se ha visto diezmado. Se soslaya que tales grupos, como el de los Beltrán Leyva, La Familia, Los Templarios, actúan a través de estructuras de arraigo comunitario, que les permiten flexibilidad, autonomía y eficacia en el control de la extorsión y expoliación, en el cobro del derecho de piso y de paso en las localidades, zonas y territorios que dominan.
En el orden geopolítico, la legitimidad que obtuvo un año atrás Peña Nieto ha desaparecido: se disolvió en la nada su narrativa del “Aztec Tiger”, que difundió la prensa internacional. Su propuesta de reforma energética se ha entrampado y carece de aceptación hasta el momento. Algo análogo sucedió con su reforma fiscal, que dejó insatisfechos a todos los sectores. El descontento social ante la crisis económica en el país carece de salidas: un país de jóvenes sin posibilidades debidas de educación, empleo, salud, cultura.
En cuanto a las palabras del escritor acerca de que en México “hay un consenso en favor de la democracia”, debería saber que, según el informe del Latinobarómetro 2013, en México sólo una minoría (37 por ciento) acepta y apoya el sistema democrático actual.
En estos días, Mario Vargas Llosa será una figura central en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, a su juicio “la más importante en lengua española”, que celebra a Israel como país invitado. Sería preciso que Vargas Llosa se diera tiempo, entre las numerosas entrevistas, fotografías y festejos de su agenda, para mirar la realidad mexicana con mayor detalle, profundidad y exactitud. Nobleza obliga.
