A Al Gore, ex vicepresidente de los EE UU entre 1993 y 2001, durante el mandato de Bill Clinton, y Premio Nobel de la Paz en 2007, le suelen criticar un conflicto de intereses en su activismo medioambiental. El de defender las ayudas a las tecnologías de energía verde, en las que ha realizado un notable desembolso económico personal. A él, que asegura sentirse “orgulloso de invertir en algo por lo que lleva más de 30 años luchando”, dicen que le gusta justificar su postura contando una historia concreta cuando le invitan a hablar en público sobre los efectos del cambio climático. Es la parábola de la rana hervida: si se intenta meter una rana en agua hirviendo, esta saltará brusca y desesperadamente para escapar del calor; pero si se la introduce en agua templada que se va calentando poco a poco hasta que llega a la ebullición, el animal se irá acostumbrando progresivamente al cambio de temperatura hasta cocerse sin apenas reaccionar. Y ahí, hace el símil Gore, reside uno de los mayores retos al que nos enfrentamos los humanos con el calentamiento global: que nos va afectando de manera casi imperceptible, en pequeños detalles a los que es fácil acostumbrarse.
Como queriendo ilustrar este hecho, casi inadvertida parece haber pasado también para todos la reciente mudanza que se ha producido en la Oficina Española de Cambio Climático (OECC), encargada, entre otras importantes funciones, de defender la política nacional en las negociaciones internacionales sobre calentamiento global. Mediante una modificación a la carta de la estructura orgánica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el Gobierno ha designado a una persona que no es funcionaria de carrera en un cargo, el de la Dirección General del citado organismo, que siempre había exigido ese requisito.
La Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA) emitió pocos días después un comunicado en el que decía asistir “perpleja” a esa decisión, que considera “arbitraria y perjudicial para los intereses de los funcionarios”, y la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Estado (ANIADE) también se hizo eco de este nuevo nombramiento, calificándolo de “polémico”. El pasado 25 de septiembre, se aprobó en Consejo de Ministros un real decreto (RD) para modificar la estructura del Ministerio de Agricultura y así permitir que los directores generales no tengan que ser funcionarios para acceder al cargo. Paralelamente, acogiéndose a esa excepción, se acordó también por real decreto el nombramiento de la nueva directora general, la abogada Valvanera Ulargui, que, casualmente, no ostenta la condición de funcionaria.
El Gobierno justificaba la decisión resaltando “la carga política” de las funciones a desarrollar por el titular de la OECC, para las que requiere “unos conocimientos de todos los sectores de la actividad privada que no se exigen en el ámbito de la Administración General del Estado”. Que es lo mismo que decir, que la experiencia en el ámbito de la empresa privada ha sido determinante a la hora de nombrar al cargo que tendrá que defender a partir de ahora la postura pública española en lo referente a emisiones contaminantes y cambio climático.
Desde ANIADE se destaca que la trayectoria de la nueva directora, anteriormente consultora externa del ICEX (España Exportación e Inversiones) responsable de impulsar la internacionalización de las empresas españolas en los sectores relacionados con el cambio climático, “pudiera ser incompatible” con su nuevo cargo, desde el que podrá tomar decisiones o firmar contratos que afecten a las empresas para las que ha trabajado o para las que podría trabajar en cuanto la cesasen.
La cruzada de los combustibles fósiles
Lo llamativo del cambio, dejando al margen la celeridad que muestran los trámites burocráticos en manos del Gobierno, es que se haya producido pocas semanas antes de que se celebre en Paris la conferencia de Naciones Unidas sobre el clima. La llamada COP21, que comienza el día 30 y en la que está previsto que asistan cerca de 120 jefes de Estado, será crucial para alcanzar un nuevo acuerdo a nivel mundial sobre la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, con el objetivo de mantener el calentamiento global por debajo de los dos grados centígrados. Que la cumbre no se haya suspendido pese a los atentados terroristas de los últimos días en la capital francesa y a la amenaza de que se produzcan más, revela la importancia de la cita.
Ulargui se ponía entonces al frente del equipo español justo cuando se encaraba la recta final de las negociaciones previas al encuentro, que viene precedido por el reciente escándalo ambiental de Volkswagen, que, en Europa, ya ha provocado, entre otras cuestiones, que la Comisión Europea se plantee suavizar sus exigencias respecto a las emisiones de gases contaminantes. Los países europeos fabricantes de coches hacen presión en ese foro para que se eleven los límites establecidos, alegando que el daño a la industria sería enorme. España es uno de los que se ha sumado a esa petición, frente a otros países, como Dinamarca, que abogan por endurecer aún más los controles.
“Es evidente que [ante el caso Volkswagen] nuestras credenciales energético-ambientales se han visto afectadas ante el resto del mundo”, reconoce Xavier Lavandeira, catedrático de economía en la Universidade de Vigo y miembro del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU (IPCC). “Sin embargo, creo que la postura de la UE respecto a los compromisos de reducción de emisiones, acordada hace meses, es de las más ambiciosas a nivel global y muestra al mundo que [en Europa] estamos siguiendo el camino marcado para conseguir una descarbonización casi total a mediados de siglo”.
Pero no son sólo las firmas automovilísticas a las que no les salen las cuentas con el posible acuerdo. “Es bastante claro que los que salen perdiendo son los países, empresas, accionistas y trabajadores muy relacionados con actividades de extracción y transformación de combustibles fósiles”, sostiene Labandeira. De hecho, investigadores del Instituto para los Recursos Sostenibles de Reino Unido publicaron el pasado mes de enero en la revista Nature un informe en el que sugerían que habría que dejar de usar un tercio de las reservas mundiales de petróleo, la mitad del gas y más del 80% del carbón hasta 2050, para cumplir con el objetivo de los dos grados centígrados.
Está claro que hablar de cambio climático es hacerlo ineludiblemente de cómo resolver el problema energético de una economía basada en los combustibles fósiles. En ese contexto, tanto las amenazas como las oportunidades empresariales caminan de la mano, y Labandeira cree que los ganadores, además de los beneficiados por la reducción de los impactos del cambio climático, en particular futuras generaciones, países en desarrollo y las capas más desfavorecidas de la sociedad, serán “aquellas actividades que sustituyan nuestra dependencia de los combustibles fósiles por el lado de la oferta, las renovables fundamentalmente, y la demanda, a través de la eficiencia energética”. Al Gore no podría menos que aplaudir esa afirmación.
La parábola de la ranita hervida
Quizás en vista de todo esto, y anticipando el tono de la cumbre, la jefa de Naciones Unidas para el clima, Christiana Figueres, ya ha adelantado que las promesas que han ido haciendo los países hasta el momento, no serán suficientes para que el aumento de la temperatura media del planeta se mantenga dentro de esos dos grados centígrados respecto a los niveles preindustriales. Este sería el objetivo que todos coinciden en considerar como el necesario para prevenir los efectos más peligrosos del calentamiento global, que ya avanzaban los expertos del IPCC, entre los que se encontraba Labandeira, el pasado año: subidas del nivel del mar y erosiones costeras, éxodo de poblaciones, extinción de especies y degradación de los ecosistemas, cosechas cada vez más menguantes o problemas en el abastecimiento de agua potable. “Aunque nos estamos moviendo en la dirección correcta, es claramente insuficiente”, confirmaba Figueres durante la presentación pública del resumen de las promesas enviadas por los países a Naciones Unidas antes de la reunión de Paris.
“Creo que es posible llegar a un acuerdo vinculante en París”, defiende Labandeira por su parte, apoyando la postura del comisario de Acción por el Clima y Energía de la UE, Miguel Arias Cañete, frente a actitudes menos comprometidas como la de EE UU o China, que podrían decantarse por un acuerdo de mínimos del todo insuficiente. “No será un brindis al sol si es lo suficientemente ambicioso como para mantenernos dentro de los objetivos de los dos grados centígrados. Una aproximación basada en aportaciones voluntarias de los países seguramente no será suficiente, y eso es lo que tenemos hoy; pero si el acuerdo es flexible para poder adaptarse a mayores necesidades de mitigación y adaptación sería un paso en la buena dirección”, coincide Labandeira con Figueres.
Uno de los mayores escollos en el camino de las negociaciones se encuentra en el soporte técnico y financiero de las medidas que se pretenden adoptar, ya que un cuarto de las promesas dependen directamente de ese apoyo. Los países que pueden ser donantes potenciales deben mantener su compromiso de aportar entre todos los cien mil millones de dólares anuales necesarios para afrontar los retos del cambio climático. Sin embargo, no debe olvidarse que una buena parte de esos fondos también salen de bolsillos privados o están condicionados a que se ratifiquen por los parlamentos de muchos de esos países.
Sin embargo, a pesar de sus hasta ahora casi imperceptibles efectos, la realidad del cambio climático es tozuda, y Figueres lo dejó claro en su intervención pública al añadir que, si no se llevan a cabo más acciones, “las emisiones a la atmósfera de dióxido de carbono y otros compuestos contaminantes podrían provocar un calentamiento de 2,7 grados centígrados hacia 2100”. Y ya hay datos científicos que auguran que pronto nos empezaremos a cocer como la ranita de Al Gore. El momento dependerá en gran medida de la latitud del planeta en la que cada uno se encuentre, pero en la región del Golfo Pérsico, según un artículo publicado el pasado septiembre en la revista Nature Climate Change, la temperatura futura pronto excederá el límite para la adaptabilidad humana, si no se toman medidas que mitiguen el proceso de concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera.
“Desgraciadamente ya tenemos un cambio climático irreversible”, reconoce Labandeira, “por lo que es necesario prepararse para la adaptación, con políticas públicas que la faciliten”. Sin embargo, concluye el experto, “es necesario ocuparse simultáneamente de la mitigación, para evitar que el cambio climático se intensifique todavía más”. La COP21 sin duda medirá ese grado de compromiso.
