Quizás se confirme aquello de que las segundas partes nunca fueron buenas. La resaca de aquella cita en las urnas para decidir sobre el deseo de los catalanes de ser dueños de su propio destino continúa siendo un dolor de cabeza para muchos. Aquel 9-N fue un preludio de las intenciones del presidente autonómico, Artur Mas. Éste, sin prestar atención a lo que el Tribunal Constitucional concluyese, optó por seguir su camino por la senda secesionista. Hasta el final. El final podría haber sido el pasado 27-S. Fue él quien propuso que las elecciones al Parlamento catalán fuesen más allá y las bautizó de “plebiscitarias”. Celebrados los comicios, Artur Mas se niega a asumir el desenlace que las urnas le atribuyen y que ninguna fuerza política parece dispuesta a edulcorar. Por el momento no hay alianza posible para avanzar en sus propósitos. Sin el respaldo de una mayoría absoluta y con el menos del 50% del electorado a favor de su proyecto soberanista, sus planes navegan a la deriva.
Más allá del ámbito político, la hipotética independencia de Cataluña preocupa por sus consecuencias económicas. Si “Junts pel Sí”, el partido más votado en las pasadas elecciones lograse el apoyo necesario para seguir adelante con la “transición nacional de Cataluña”, comenzaría a gestarse el futuro Estado catalán. Concluído este proceso, se desvelaría la estructura de la nueva nación y su relación con España y/o con la Unión Europea.
La otra cara de la moneda
Quienes no comulgan con los deseos de independencia de Cataluña -en especial, el Gobierno español liderado por Mariano Rajoy (Partido Popular)- han basado su argumentario en las nefastas consecuencias económicas que tendría romper con España. La “estrategia del miedo” se construyó sobre la salida de Cataluña de la Unión Europea, uno de los efectos más inmediatos. Siguiendo esta línea argumental, si Cataluña no pertenece a España, entonces deja de ser socio del club europeo. Comenzaría aquí su odisea. El nuevo país tendría que determinar qué hacer con la moneda.
Existe la posibilidad de que este recién nacido Estado continúe usando el euro de forma unilateral. En ese caso, el euro pasaría a ser una moneda extranjera para el nuevo país y, por tanto, perdería cualquier influencia sobre su tipo de cambio y sobre los tipos de interés.
Desprenderse de la estructura bancaria de la Unión Europea significa despedirse del Banco Central Europeo (BCE). Dicho de otro modo, perdería el acceso a la liquidez que garantiza el sistema bancario de la zona euro. No hay que obviar que gracias a esa liquidez han sobrevivido no pocas entidades europeas durante la crisis. Tendría que decir adiós también al Banco Europeo de Inversiones (BEI) -el órgano financiero comunitario-, al Mecanismo Europeo de Estabilidad -el fondo de rescate para la zona euro- y al Mecanismo Único de Supervisión financiera -el FROB europeo-.
Ahora bien, no sólo se trata de dejar atrás una política económica o un sistema financiero común. Cataluña renuncia también a una serie de ayudas económicas a las que tiene acceso como miembro de la Unión Europea. Así, por ejemplo, con su adiós estaría renunciando a los 808.433.500€ del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para el desarrollo económico de la región, a los 304.742.845€ del Fondo Social Europeo (FSE) para el fomento del empleo y a los 348.500.000€ procedentes del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) que ayuda a sus agricultores.
Cuentas pendientes con España
Aunque la cuestión económica haya sido una de las principales bazas para quienes se aferran a una Cataluña dentro de las fronteras españolas, lo cierto es que Cataluña tendrá que resolver otros pendientes con España.
Tras declarar su independencia Cataluña tendría que negociar con España cómo gestionar, entre otros asuntos, la red ferroviaria y de carreteras. La titularidad de esta infraestructura es española y su mantenimiento es competencia del Ministerio de Fomento. Lo mismo sucede con sus puertos y aeropuertos. El tira y afloja entre ambos Estados está asegurado pues implica una cesión de competencias que sólo sería posible si España reconociese al nuevo Estado. Sin embargo, pesa mayor incertidumbre sobre aquellas obras que aún no han concluído o aquellas que están presupuestadas pero no han sido ejecutadas. Así, por ejemplo, el Ministerio de Fomento prevé destinar en 2016 un total de 1.343 millones de euros al Corredor del Mediterráneo. Además, 169,3 millones de euros irán a parar a las autoridades portuarias de Barcelona y Tarragona.
Otra cuestión que ha levantado ampollas es la relativa a la deuda pública de la comunidad autónoma con el Estado. Según el Ministerio de Hacienda, entre 2012 y 2015, España ha facilitado liquidez a Cataluña por importe de casi 50.000 millones de euros. En la actualidad, la deuda contraída con el Estado es de 37.487 millones de euros -un 18,4% de su PIB regional-. Una realidad a la que habría que sumar otro dato relevante: Cataluña tiene una calificación crediticia de “bono basura”. La agencia de calificación de riesgos Fitch rebajó la nota de la deuda catalana a un rating de BBB: es el último escalón en el que se considera que una deuda es apta para la inversión. Se trata pues de una carta de presentación poco apetecible para cualquier inversor.
En pocas palabras, una Cataluña independiente tendría que hacer frente a varias desafios. Su ruptura con España implica su salida de la Unión Europea y, con ello, la renuncia a todas las ventajas que supone ser socio del club europeo. No sólo es una cuestión monetaria con el euro como protagonista sino todo un sistema bancario. A ello se suma la cesión de competencias en ámbitos tan importantes como las infraestructuras, la educación o la sanidad o la renuncia a los fondos que financian importantes proyectos gracias a su condición de región española. Supone, en definitiva, renunciar a una suerte de amparo parental para emprender un camino en solitario, como si de un hijo rebelde se tratase.
