Respondo a la amable entrevista de Diana Mora González:
Mirando el mapa político europeo, uno observa que hay una mayoría de partidos populistas de ultraderecha al alza. ¿Por qué?
Es verdad que hay bastantes partidos que podríamos calificar así en la UE. En el Parlamento se reparten en 3 grupos: el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), la Europa de las naciones y la libertad (ENF) y la Europa de la Libertad y la democracia Directa (EFDD).
Es más, uno de los peores (porque su poder es real y gobierna Hungría), Fidesz, el partido de Viktor Orbán, está dentro del grupo popular europeo.
En cualquier caso, creo que es bueno alejarse un poco y mirar el fenómeno con perspectiva. Lo que está pasando no es nada nuevo. Lo que explica el auge de estos partidos es la lógica política que nos rige desde que el hombre vive en sociedad. La política es la lucha por el poder, por la conquista del Gobierno del territorio. Históricamente, cuando ese poder lo tiene una persona lo llamamos monarquía, dictadura o tiranía; cuando lo detentan unas pocas, hablamos de oligarquía; y cuando lo conquistan todos los ciudadanos (arrebatándoselo a una oligarquía, a un dictador o a un monarca absoluto) hablamos de democracia.
Hoy, por razones obvias, en todo el mundo hay consenso en que la única forma de gobierno legítima es la democracia. Incluso cuando no la hay, se habla de democracia: en Venezuela se habla de democracia bolivariana, en China se habla de democracia popular y en Europa, allí donde la cosa flaquea, se habla de “democracia iliberal”.
El término “democracia iliberal” (del que se jacta Orbán en Hungría o Erdogan en Turquía) es clave para comprender lo que está pasando. Nos ayuda a entender el problema. La esencia de la “democracia iliberal” es la desintermediación. Es decir, el líder rechaza los procedimientos de la democracia representativa y se siente refrendado por una mayoría popular para tomar cualquier decisión, incluso contraria a la ley. Esto, que también se ha llamado “democracia aclamativa” olvida que una mayoría puede ser tan tiránica con las minorías como una élite o como un dictador. Además, en cuanto se avanza en la democracia iliberal, se degradan las libertades, cunde el miedo y entonces ya resulta imposible saber qué piensan los ciudadanos. Con lo cual, tampoco sabremos si le refrenda o no una mayoría libre.
Frente a estas “democracias iliberales”, la clave de nuestras “democracias liberales” es la garantía de los derechos fundamentales de las minorías, es decir, de todos y cada uno de los ciudadanos. La Constitución, además de garantizar estos derechos (políticos, civiles y sociales), establece la organización del poder político, garantiza una separación de poderes, fija las bases del sistema electoral o prevé organismos de supervisión y control, como el Tribunal Constitución, el Tribunal de Cuentas, etc. Sin todos estos mecanismos –que garantizan que las actuales minorías pueden ejercer sus libertades, entre ellas la de intentar convencer a las mayorías y alcanzar el poder en la siguiente elección- la democracia es un fraude.
Pues bien, lo que ocurre en Hungría o en Polonia –por poner los dos ejemplos contra los que ya ha actuado la UE, activando el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea- es que los partidos en el Gobierno quieren desentenderse de muchos de esos mecanismos que caracterizan a las democracias dignas de tal nombre. ¿Por qué? Porque quieren conservar y perpetuarse en el poder para gestionar y repartirse entre unos pocos los recursos nacionales. ¿Cómo? Tras haber conquistado legalmente el poder, intentarán socavar la competencia electoral, reduciendo las libertades civiles y políticas y los contrapoderes democráticos. Para que una parte de la sociedad les apoye con estas medidas se valdrán del miedo de los ciudadanos. En Europa la derecha ha echado mano de un enemigo exterior: los inmigrantes musulmanes, que vendrían a quitar el trabajo o que amenazan la seguridad porque muchos pueden radicalizarse y convertirse en terroristas. Pero el discurso es una excusa. La extrema izquierda populista señalará a otros enemigos para acabar degradando del mismo modo el procedimiento democrático, con la excusa de que sólo ellos pueden salvarnos.
Ateniéndonos a las tesis de Levitsky y Ziblatt (Cómo mueren las democracias), podemos concluir que, con Trump, Orbán y los demás, está produciéndose un retroceso en las variantes de “tolerancia” y “contención”. Los partidos dejan de verse como adversarios y se ven como enemigos. Desatados de las mínimas norma de cortesía, comienza una lucha donde vale todo tipo de filibusterismo. Por ejemplo, intentarán torcer los procedimientos previstos para poner a los suyos en el Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal de Cuentas, en los principales medios de comunicación, etc. También pueden manipular el sistema electoral para intentar que sus votos acaben transformándose en más escaños.
Si la democracia es inclusiva porque garantiza la igualdad política de todos los ciudadanos, lo que estamos viendo es una lógica regresiva que excluye cada vez a más ciudadanos de los mecanismos del poder.
Pero es una lógica vieja: los momentos reaccionarios siempre llegan cuando los partidos en el Gobierno, sostenidos por una mayoría parlamentaria, consiguen modificar sin oposición esas reglas para así aumentar su poder y perpetuarse en él.
Si un partido, en su lógica por conquistar el poder, observa (por la experiencia de otros países o por experiencia propia) que puede sacar beneficio del juego sucio sin que nadie le frene, cada vez irá más lejos.
¿Crees necesario analizar un fenómeno como el populismo a la luz de lo que dice la política económica? ¿Por qué?
No soy ningún experto en la materia pero todos sabemos que, después de la II Guerra Mundial, la vergüenza y el miedo a las políticas nacionalistas y a la polarización democrática condujo a una época de paz y prosperidad mundial conocida como los “30 gloriosos”. Operó la “contención” de la que hablaban Levitsky y Ziblatt. Hubo líderes políticos prudentes, consensos sociales, pactos entre patronal y trabajadores que se repartieron la carga fiscal para dar a luz a los estados del bienestar. Esto se acompañó de una globalización controlada. Es lo que se conoce, en inglés, como “embedded capitalism”, algo así como capitalismo ‘incrustado’, ‘regulado’, ‘domesticado’. En el terreno comercial, los GATT permitieron a todos los Estados abrir su economía, liberalizar algunos sectores, bajar aranceles a la importación y exportar así hacia otros países que también tenían aranceles bajos y, en fin, aprovechar las ventajas del mercado internacional. Pero todo ello se hizo sin renunciar a la protección de los sectores económicos estratégicos de cada país y preocupándose por garantizar los derechos sociales de los ciudadanos. La economía quedaba regulada a nivel nacional.
El problema es que a mediados de los años 70 esto se va viniendo abajo. Por una parte, el miedo de las generaciones que vivieron la guerra se ha ido perdiendo. Pronto los partidos renunciaron a la contención y recurrieron a todas las estrategias disponibles para alcanzar el poder, asumiendo el coste de la polarización política. Además, frente a las grandes administraciones estatales que velaban por todos los ciudadanos (priorizando la seguridad y la igualdad, pagando quizás algún precio por la libertad individual), la generación del 68 valoró más el individualismo y se volcó en la defensa de políticas identitarias. Esto trajo consigo algún descuido de la ciudadanía democrática. Los explica bien Tony Judt en Algo va mal.
Por otra parte, con la OMC, la liberalización de los mercados internacionales murió de éxito. Fruto de la bajada de aranceles en casi todos los sectores y de una maraña de tratados internacionales con los que los Estados fueron cediendo su soberanía, las democracias nacionales dejaron de poder regular unos mercados que se habían ido transnacionalizando. El capitalismo se fue liberando de las regulaciones democráticas nacionales y el capital (que ya era transnacional) pasó a imponer sus condiciones frente a las necesidades financieras de los Estados: para financiar su deuda o para atraerse inversiones y generar empleo, los Estados se vieron ahora obligados a desregular algunos sectores económicos, a bajar impuestos, etc. La consecuencia ha sido una bajada ostensible de la carga fiscal sobre las rentas del capital, lo que ha repercutido en un aumento proporcional de las cargas sobre las rentas del trabajo y sobre el consumo (las empresas pagan menos impuestos y los trabajadores cada vez más). Y, en paralelo, se ha dado un aumento de la deuda pública para cubrir la bajada de ingresos fiscales, que ha ido creciendo hasta hoy.
Con estas reglas de juego, la calidad de vida se va viendo empobrecida. Aunque no es cierto que todo vaya a peor (según organizaciones como la ONU, o intelectuales como Steven Pinker) y aunque cada vez haya más gente saliendo de la miseria, se reduzca la mortalidad infantil, se prolongue la esperanza de vida o se reduzcan las desigualdades entre países, sí es cierto que están aumentando las desigualdades dentro de muchos países. En todo caso, las expectativas de mucha gente son peores que las de sus padres. Además, los tiempos y los controles de eficiencia se están acelerando. La flexibilidad laboral y la precarización son muy grandes. Crece el miedo, la angustia, el resentimiento, etc. Son tiempos en que la gente es más susceptible de canalizar del peor modo las pasiones más bajas. Por eso hoy somos pasto de demagogos.
En tiempo de incertidumbres, hay quien ya no confía en la capacidad de los políticos (en el Estado, en la Administración) para cubrir sus necesidades. Creen que los políticos son todos unos caraduras y dan su voto a los partidos que más critican el propio sistema de partidos. Si se piensa bien, es un voto de castigo poco meditado.
La verdad es que no tienen mucho alcance las propuestas de una izquierda populista que niega la realidad de la globalización. Recuperar soberanía y no jugar al juego que se nos impone, ignorar la lógica que rige todas las relaciones económicas, no es ninguna garantía para crear condiciones económicas atractivas. Más bien al contrario. Hace falta inversión para crear trabajo. Desconcierta ver a parte de la izquierda prometiendo prestaciones sociales sin preocuparse en ningún momento por generar antes el crecimiento económico necesario.
Las recetas de la derecha populista tampoco son alentadoras. Se trata también de una negación de la realidad y de una vuelta a la soberanía nacional, pero con peores connotaciones. Ante un tiempo de inseguridades existenciales, se aprovechan del gregarismo emocional que nos hace sensibles a la llamada de la tribu. La nación, una identidad colectiva imaginada que trasciende al individuo, nos ofrece un pasado honroso, nos reconoce un presente en crisis y nos promete un futuro glorioso. Las amenazas que representan el pluralismo, la competencia, la flexibilidad y la precariedad se intentan conjurar echando al otro, rechazando el pluralismo y respaldando a un Gobierno fuerte, con mano dura, que haga lo que no puede hacer: lograr prosperidad para los españoles al margen del contexto internacional.
Pero está apareciendo otra derecha, la que representaría Bannon, que Europa no había conocido todavía. Una derecha que no se escandaliza por las consecuencias de la desregulación y a la que no le importa demasiado que se esté rompiendo el pacto entre la patronal (internacionalizada) y los trabajadores (nacionales). Una derecha que no denuncia la quiebra de la redistribución y el empobrecimiento que azota el resentimiento y pone en peligro la paz social. No todos, pero muchos de los nuevos partidos populistas, como VOX, defienden, con postulados racistas y xenófobos, la vuelta a la tribu, a la nación, pero sin proponer al mismo tiempo un Estado fuerte y protector. Por el contrario, critican la excesiva burocracia. El componente social del nacional-catolicismo podría estar perdiéndose. Más que defender a la rentas del trabajo están defendiendo la bajada de impuestos y del gasto público.
Frente a todas estas pseudo-soluciones, creo que la única solución razonable pasa por recuperar unas reglas de juego internacionales que rindan cuentas ante los interesados, que somos los ciudadanos. Hay que volver a enmarcar y regular democráticamente la globalización desbocada. El problema es que las actuales reglas escapan a los Estados pero benefician a actores internacionales muy poderosos. La existencia de jurisdicciones opacas permite a muchas multinacionales y a grandes capitales privados eludir o evadir impuestos. También le permite blanquear los beneficios de grandes crímenes internacionales, como el tráfico de armas, de drogas o de personas.
Por eso, desde nuestra perspectiva (española, europea), la solución pasa por fortalecer la estructura política de la Unión Europea. Primero porque dentro de la UE hay distintas regulaciones que conducen a un proceso de desregulación, sobre todo fiscal, que aviva una competencia suicida entre los Estados miembros. Habría que avanzar, por ejemplo, en armonización de los estándares sociales así como en la legislación financiera y fiscal. Segundo, porque la UE sería un gran actor político si estuviera unida: sólo así podría negociar en pie de igualdad con EEUU, China o Rusia para pactar unas normas internacionales que pongan fin a los paraísos fiscales y a unas normas internacionales que fuerzan la desregulación y el vaciamiento de los Estados.
¿En qué se diferencian entonces el populismo del sur de Europa y el del norte?
La diferencia entre el sur y el norte es la riqueza. De ahí que la austeridad decretada por las instituciones europeas beneficie a los países más ricos, más productivos y, por tanto, más exportadores. Por el contrario, perjudica a los países más endeudados. Estamos ante la lógica política de siempre: los más pobres quieren ser incluidos en el mecanismo democrático, porque implica igualdad política, solidaridad y redistribución; y los ricos quieren proteger su nicho y excluir a quienes podrían competir por sus mismos recursos.
En el norte nos han llamado PIGS a los del sur por la laxitud presupuestaria. Creen, falsamente, que las ayudas económicas que recibimos de Europa les empobrecen. Pero lo cierto es que salen muy beneficiados al recibir a trabajadores europeos cualificados que ellos no han formado. Les beneficia el control de la moneda, una inflación baja, un endeudamiento escaso y una moneda estable para promover sus exportaciones. Y les beneficia también que el resto de países europeos les compremos sus productos, aunque disponen de todo el mercado mundial para exportarlos.
Nosotros hemos llamado nazis a los alemanes porque creemos que nos han empobrecido para lucrarse. Pero olvidamos que ha habido una época de políticas económicas muy expansivas que nos han permitido refinanciarnos e impulsar la demanda, que estaba muerta. Olvidamos también que la convergencia y el mercado común ha ayudado a España a crecer mucho económicamente. Y olvidamos que la austeridad sirve para impulsar restructuraciones que aumenten la productividad y mejoren la competitividad. La economía crece por el lado de la oferta (reduciendo costes) no por el de la demanda (aumentando la inflación).
Seguramente ellos se han beneficiado de una Unión Económica y Monetaria hecha a la medida de Alemania. Y seguro que hay que profundizar en la integración, contra los intereses de la poderosa Alemania, si queremos acabar con los desequilibrios. Pero la realidad es bastante más complicada y con más grises. Y lo característico del populismo es la simplificación que se hace de esa complejidad. En cualquier caso, no es posible acabar con los desequilibrios si no se armonizan los derechos laborales y sociales en todos los Estados miembros, si no se armonizan los impuestos en Europa, si no hay un presupuesto europeo que supere el actual (compuesto de aportaciones del 1% del PIB de todos los Estados miembros). Las soluciones deberían apuntar ahí. Pero, para ello, los partidos europeos deberían tejer alianzas transnacionales. Si permanecen cerrados en sus propios países verán cada vez más reducido su margen de acción, sus recetas serán poco creíbles a falta de competencias, y acabarán adoptando proclamas populistas o abriendo el paso a los propios populistas para decirnos que la política no sirve para nada.
Finalmente, por ir más a lo concreto, el populismo centroeuropeo de los países de Visegrado (Hungría, Polonia, Eslovaquia y República Checa) no puede desvincularse de su pasado dominado por la URSS. En parte recelan de ceder a la UE una soberanía recién conquistada. Y en parte sufren porque la convergencia con la UE no era fácil y ha debido hacerse de forma muy rápida: muchos ciudadanos de esos países, sobre todo los más mayores, no han sabido adaptarse a los tiempos y a la velocidad que se exige en el mercado de trabajo y culpan a la UE del endurecimiento de las condiciones.
No obstante, a mí me cuesta distinguirlos del nacional-populismo francés o del italiano, en cuanto todos aspiran a horadar el Estado de derecho para debilitar a la oposición y perpetuarse en el poder, así como a poner a la administración al servicio de su proyecto conservador y nacionalista.
¿Es el populismo consecuencia del capitalismo o una respuesta al capitalismo?
No creo que hoy tenga sentido pensar fuera del capitalismo. El capitalismo es una lógica, una racionalidad (la búsqueda de rentabilidad del capital) que se nos impone y que se impone también a los Estados. Dentro de las reglas de juego, moralismos al margen, cabe esperar de los agentes que maximicen su beneficio. Lo que sí cabe es regular el capitalismo a base de regular los contornos de los derechos de propiedad: por ejemplo, no puedo sacar rentabilidad de vender mis órganos ni de los de nadie, porque está prohibido comerciar con ello. El problema es que hoy es ineficaz, prácticamente imposible, regular el mercado a nivel estatal. Si España prohíbe los vientres de alquiler o el aborto, quienes puedan permitírselo se irán a otros países a hacerlo. Del mismo modo, si España pone un impuesto elevado a las grandes fortunas, es posible que éstas acaben en Andorra o en Panamá.
Son los Estados, concertadamente, los que deben fijar normas internacionales que regulen, dentro de un orden, los derechos de propiedad. Es importante saber con qué se puede comerciar y con qué no. También es importante que las multinacionales paguen los impuestos donde generan el beneficio, impidiéndoles que lo deriven a paraísos fiscales, por ejemplo. Eso implica que los grandes Estados deben usar su influencia para evitar la existencia de paraísos fiscales, por ejemplo.
Por lo demás, dada la distribución de los medios de producción en muchas manos, el capitalismo se ha mostrado óptimo en la generación de riqueza o en el fomento de la innovación tecnológica. La competencia, como explicaba Schumpeter, ha traído destrucción creativa y progreso. Pero es cierto que la concentración de capital en pocas manos tiene un papel devastador en la asignación de los recursos. Esto es lo que consiguió solucionar el keynesianismo, la socialdemocracia, el estado del bienestar. El Estado fiscalizador, ingresaba y redistribuía, garantizando derechos básicos a todos los ciudadanos, manteniendo el ascensor social más o menos en funcionamiento.
Pero, como hemos dicho, ese modelo empezó a agotarse en los años 70. Con la globalización desbocada, el keynesianismo en un país ya no funciona. Bajaban los aranceles mundiales (GATT, OMC), quedaron desprotegidos sectores estratégicos de muchos países que no podían competir con los precios de otros países, comenzó una desregulación suicida, se amplió la deuda pública… Vimos que el modelo se agotó conforme iba creciendo la deuda pública, subiendo la inflación y aumentando el paro.
En ese caldo de cultivo puede crecer el populismo, que señalará a las élites políticas y económicas como culpables de una disfunción sistémica. El problema es que el populismo no realiza el análisis adecuado ni propone las recetas necesarias: la solución es más política internacional, más Europa y más democracia. Pero ellos proponen todo lo contario.
Suelen acabar hablando estos partidos de la “prioridad nacional” en lo social. ¿Cómo de cerca estamos del nacional-socialismo?
Ojo, también Podemos habla de “emergencia nacional”. En cualquier caso, es una retórica odiosa que comparte todo nacionalismo. En España hemos padecido el discurso racista del PNV y del de sus aliados, HB, que con su brazo armado, ETA, han llegado a matar a más de 850 personas en nombre del pueblo vasco. En Cataluña la limpieza étnica ha sido menos violenta pero más arraigada y eficaz: teniendo en cuenta que la mayoría de catalanes son castellano-parlantes, es evidente que mediante la política lingüística han hecho desparecer a la mitad de los catalanes de la vida pública. Todo nacionalismo es supremacista en cuanto se considera mejor que los demás y por eso aspira falazmente a una soberanía sin injerencias externas (lo cual es imposible porque, como hemos dicho, el capital impone sus condiciones en función de las regulaciones que establezcan el resto de jurisdicciones mundiales) y por eso niega o incluso intenta eliminar el pluralismo interno.
Cuesta creer que pueda volver a suceder algo similar a la Alemania nazi. Ni aquí, ni en Italia ni en Hungría. Hoy es poco probable que con los medios de comunicación actuales y las RRSS, la comunidad internacional contemporice ante semejante barbaridad. No obstante, siempre es bueno seguir el imperativo categórico de Adorno: “actúa para que Auschwitz no vuelva a suceder”.
En todo caso, aunque la democracia iliberal, teorizada recientemente por Mounk y protagonizada por Orbán, no se distingue demasiado de lo que pensaron teóricos fascistas del s. XX, como Carl Schmitt, en la práctica los nuevos fascismos no se parecerán tanto a los viejos totalitarismos. Por eso hay que analizarlo con otros ojos y saber detectar patrones. Como hemos tratado de explicar, la exclusión del adversario puede no ser física. Basta con ir limando todos los contrapoderes para acabar con la posibilidad real de control sobre el ejecutivo y para hacer desaparecer a la oposición de la esfera pública democrática. En Cataluña tenemos un laboratorio social fantástico.
¿Crees que estuvo bien gestionado en la Transición el tema de las Comunidades Autónomas y las Administraciones territoriales?
Las diputaciones provinciales (1836) sirvieron para vertebrar el territorio y para racionalizar la gestión municipal. Han funcionado bien y sirven de contención a las peores derivas autonómicas.
Respecto a las CCAA, aunque no soy un experto en la materia, no creo que el problema esté en la delimitación ni en el número de las CCAA. El problema está en que hay nacionalistas, a quienes hemos dejado crecerse, que niegan el “café para todos”. Y su retórica egoísta ha podido florecer porque falta cerrar el título VIII de la Constitución, el que regula la organización territorial. Concretamente, en el artículo 149 (competencias del Estado) hay una cláusula residual: todas las competencias que no se atribuyan ahí al Estado pueden ir a las CCAA. Éstas han querido apropiárselo todo y no se les ha puesto freno. Y esto ha generado descoordinaciones injustificables en el sistema sanitario o en el educativo, en las emergencias, en la política fiscal (si Madrid puede quitar el impuesto de sucesiones y donaciones o bajar otros impuestos, como el de transmisiones patrimoniales, atraerá rentas del resto de España, haciendo dumping fiscal), en la política hidrológica, etc. No tiene sentido que Valencia o el País Vasco pidieran hace un par de años las competencias sobre sus puertos: ¿si Castilla-la-Mancha quiere exportar sus productos necesita llegar a un acuerdo con Valencia? ¿No entendemos que eso es una competencia estatal sin la cual no existe ni ciudadanía ni país? Nos estamos volviendo locos.
El problema principal fue que España no tenía los fundamentos para convertirse en un país federal. Las federaciones, como EEUU hace más de 200 años o como la UE ahora, en una forma incipiente, parten de la existencia de múltiples unidades políticas diferenciadas. Eso explica que la dinámica federal, desde su origen, sea siempre centrípeta. Una federación nace cuando muchos tienen la firme voluntad de unirse y formar uno. Eso implica ceder competencias al Estado y ser leales con él.
Desgraciadamente, la voluntad de federalizar un Estado centralista como era España (y como es Francia y tantos otros países democráticos) ha traído una lógica centrífuga muy perniciosa. Parece que el federalismo es sinónimo de descentralización y no es así.
En este sentido, es llamativo que el nacionalismo catalán exija una relación bilateral con el Gobierno de España para evitar el Parlamento, el lugar de la soberanía nacional. Saben que dentro del parlamento, con el resto de fuerzas, diluyen su poder y quedan reducidos a una parte del todo, sometida a las leyes comunes. También es sintomático que lleven años sin acudir a las comisiones parlamentarias para reformar el sistema de financiación.
En definitiva, lo que ha funcionado mal en España son los mecanismos de vertebración. Y la deslealtad nacionalista. No se han hecho uso de las leyes de armonización (por ejemplo, estaría bien una ley de lenguas española para defender los derechos de cualquier español castellanohablante a trabajar, sin discriminación, en cualquier parte de su país), no se ha pactado entre todas las CCAA una ley de financiación suficientemente clara y justa, y apenas tienen visibilidad las conferencias de Presidentes. Hay un ejemplo del que enorgullecerse y pasa por la completa asunción de la competencia por parte del Estado: el sistema de trasplantes de órgano, donde España es pionera.
Y este problema, la falta de vertebración, se deriva a su vez de un marco cognitivo que impera en todos los medios de comunicación progresistas: la izquierda, que en España es un significante ganador, se asocia con la descentralización del Estado mientras que la derecha se asocia con su recentralización. Por tanto, como todo el mundo asume que la izquierda es la moralmente buena, la recentralización ha de ser moralmente mala. Esto, que tiene relación con la vergüenza por el pasado franquista español, no tiene ningún fundamento teórico pero es repetido machaconamente por los medios y por muchos líderes de opinión en perjuicio de la igualdad entre los españoles y en beneficio del nacionalismo que pretende debilitar al Estado.
Y aquí vemos reproducida la lógica económica que hay detrás de todo nacional-populismo: País Vasco, Navarra, Cataluña o Baleares son las comunidades autónomas más ricas y con movimientos nacionalistas más potentes. Canarias es africana; también lo son Ceuta y Melilla, con bastante población musulmana y hablante de árabe; sin embargo, ninguna de ellas esgrima su identidad para independizarse. Hay que preguntarse por qué.
Los intereses económicos (y políticos) de las más ricas coinciden con poder independizarse de España siempre que permanezcan en la UE. ¿Por qué? Porque la UE les asegura un gran mercado (de bienes y servicios, financiero, y de trabajadores), les dota de una estructura política mínima, asegura el control de unas fronteras exteriores… Y todo ello sin distribuir apenas hacia otras regiones más pobres porque el presupuesto europeo sólo se compone por el 1% del PIB de cada Estado Miembro. La izquierda, defendiendo en su favor la descentralización, se convierte en aliada de las oligarquías nacionalistas que atacan la redistribución y la igualdad de los españoles.
En este sentido, la falta de integración política de la Unión Europea, la falta de cierre federal, es un aliciente para los independentismos dentro de la UE. Incluido el bávaro, el flamenco o el padano. Pero, por otra parte, una mayor integración política se encuentra con las resistencias de los Estados europeos nacionalistas que no quieren ceder más competencias porque creen que no les sale a cuenta. Europa se mueve entre estas dos amenazas.
¿Cuáles son los 3 motivos que nos han llevado a esta situación de la irrupción de la ultraderecha en España, a tu juicio?
Insisto, no son menos extrema derecha el nacionalismo vasco, que ha asesinado o ha sido cómplice de casi 900 muertes, o el nacionalismo catalán, que lleva años de iliberal construcción nacional (basta echar un ojo al ‘Programa 2000’, también conocido como La estrategia de la recatalanización). El independentismo catalán, de hecho, no ha dudado en rebelarse contra la Constitución, o sea contra el Estado, contra los derechos de todos los españoles a decidir sobre las leyes que imperan en España. Tanto el nacionalismo catalán como el vasco comparten el objetivo de negar la común ciudadanía a los vascos y catalanes no nacionalistas y al resto de españoles. Por tanto, dadas sus raíces étnicas, excluyentes e insolidarias, no se me ocurre otra cosa que calificarlos como extrema derecha. Una extrema derecha que ha gobernado realmente las instituciones, no como VOX. Hay una pregunta por responder: ¿por qué hemos normalizado tanto a unos y sólo nos sorprendemos ahora con VOX?
Dicho esto, si tengo que señalar tres razones por las que sube VOX, la primera es evidente: VOX es la respuesta a la deriva nacionalista, sobre todo tras el 1-O y la reacción que se dio en Cataluña y en el resto de España. Vox surge por no haber aislado a los nacionalistas del sistema y por haber legitimado sus políticas durante tantos años. No olvidemos que Abascal y Ortega Lara eran víctimas de ETA. Cataluña, por su parte, es el único país de Europa donde los niños no pueden estudiar en el idioma oficial de SU país, que es además la lengua materna del 55% de los catalanes y la segunda más potente del mundo. Sin embargo, durante 30 años, en lugar de excluirlos de sus pactos, o de subir la barrera electoral para complicarles el acceso al Parlamento (no tiene sentido que represente a la soberanía nacional un partido que sólo se ocupa de los intereses de una pequeña parte de los españoles), tanto el PP como el PSOE han preferido pactar con las oligarquías nacionalistas que hacerlo entre ellos. Muchos españoles están resentidos por el trato de favor dado al nacionalismo para intentar contentarlo: mientras más se le dé, más avalan su estrategia y más pedirá. Son insaciables.
En segundo lugar, hay otro punto que entronca con la borrachera de políticas identitarias que defiende la izquierda, más preocupada por las diferencias, particularidades y autenticidades (campos semánticos propios de la filosofía reaccionaria del siglo XX) que por la igualdad de los ciudadanos. Me refiero a una defensa de exigencias feministas que mide muy mal los hechos y los argumentos. La LIVG se excede y viola la igualdad de trato al delincuente en función de su sexo y no sólo en función de las circunstancias del delito. En general hay toda una retórica insustancial y agresiva que está deslegitimando todo lo bueno que pudiera contener el movimiento feminista.
En tercer lugar, sin moverme demasiado, apuntaría al marco mental (‘frame’) alimentado por los medios de comunicación, que asocia al centralismo con la derecha y a la descentralización con la izquierda. Se ha dicho alegremente que Cidudadanos es derecha, que el PP es extrema derecha y que VOX es extrema extrema derecha. Esto viene después de décadas de asociar al PP con el franquismo. Si un hombre como Rajoy, de un partido que ya condenó hace muchos años al franquismo en sede parlamentaria, que apenas plantó cara al independentismo, que sacó los propuestos con el PNV, que no ha hecho cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo para que los niños puedan escolarizarse con el español como lengua vehicular en Cataluña, que no ha mencionado nunca el aborto y que puso sobre la mesa un pacto dotado con 1.000 para la violencia de género es extrema derecha y franquismo, pues cabe pensar que, quizás, la izquierda esté atizando la polarización. El PP consiguió tener esos impulsos controlados armando un gran bloque de derechas pero, para movilizar a su electorado, la izquierda necesitaba hacerlos salir. Y ha recurrido todo lo que ha podido a la guerra cultural, volviendo sistemáticamente a la guerra civil.
Si la izquierda no hubiera abandonado la defensa de la igualdad de los españoles, el discurso de VOX no tendría recorrido. Quedaría absorbido por el conservadurismo del PP. Podría salir otra cosa, pero no esto.
¿Por qué en España ha tardado más en comparación con otros países europeos?
Vuelvo a insistir. Si miramos al País Vasco y a Cataluña, la cosa es vieja. A nadie debería escapársele que el ‘antifascismo’ es el fascismo en España. Basta escuchar sus eslóganes. ¿Cuántas veces hemos escuchado en Cataluña estos años “Els carrers serán sempre nostres”? Y antes el “España nos roba”, copiado al “Roma ladrona” de la Liga Norte. Probablemente llevamos más tiempo que nadie conviviendo con la extrema derecha.
La ‘teoría del conflicto’, cultivada por PNV y ETA en Euskadi, luego por el nacionalismo catalán y finalmente por Podemos (“los de arriba contra los de abajo”, “el cielo no se toma por consenso”, los escraches, las llamadas a rodear el Parlamento, la “alarma nacional” que no reconoce las elecciones de Andalucía, etc.) es una forma de separar la supuesta voluntad popular de la ley democrática. En el fondo, es la máxima cristalización de la falta de tolerancia y contención de la que hablábamos antes. En democracia, todo conflicto se canaliza dentro de la Constitución, mediante un procedimiento democrático que salvaguarde los derechos de las minorías. Pero el nacionalismo y Podemos (al menos en muchas de las múltiples fases por las que han pasado) se han situado fuera de la lógica democrática, negando el procedimiento previsto y optando por una posición rebelde. Y cuando, en las instituciones que gobiernan, han pasado del discurso a los hechos han acabado siendo juzgados, lógicamente. A falta de mayorías suficientes e incapaces de pactar dentro del marco constitucional, querían hacer valer su fuerza en la calle, el ruido, la presión. Eso es jurídica y teóricamente un intento de revolución. La política, fuera de los márgenes jurídicos, es la guerra. Y el nacionalismo, al negar el poder civilizador del derecho, es siempre la guerra, como dijo ya en su día Miterrand.
Todo esto no ha sido gratis. No aparece un partido de extrema derecha como un champiñón. De hecho, cuando hablábamos de las causas por las que aparece VOX, podríamos añadir otra muy relevante y relacionada con todas ellas: ha habido una paulatina degradación de la política. Y los partidos, los medios de comunicación, los intelectuales y los ciudadanos tienen su parte de responsabilidad. Aunque nadie quiere reconocer su parte. El Gobierno de Sánchez, por ejemplo, fue un irresponsable al plantear una moción de censura que nunca le brindó la mayoría suficiente. Ya sabía que no podía contar con separatistas que iban a ser juzgados nada menos que por un delito de rebelión. Fue una moción planteada para convocar elecciones, lo cual es en realidad un fraude de ley porque la moción de censura implica que se vota a un candidato al que se le suponen los apoyos suficientes para gobernar. Dado el primer fraude, y puesto que luego no convocó elecciones, Sánchez ha gobernado durante este tiempo con otro fraude sistemático (que ya habíamos consentido antes injustamente, pero en un grado menor): el uso abusivo de decretos leyes. Y ahora sigue proponiendo decretos que tendrá que aprobar el Parlamento que salga después de las elecciones. Por el camino, no son pocas las ocasiones en la que patrimonializa las instituciones: el caso del CIS es particularmente relevante.
Por supuesto, todo esto ocurre porque la opinión pública, que sólo existe gracias a la intermediación de la prensa de calidad, también está degradándose. Hoy se tolera cualquier cruce de líneas rojas, cualquier falta de contención, con tal de que venga de los míos. Es más, los peores desbarres empiezan a no considerarse una falta de contención sino lo mínimo necesario para salvar la democracia. Con mejores o peores razones, estamos negando al adversario político su honestidad, su sinceridad, su convicción en lo que dice y hace. Y esto se hace compatible con que el líder del partido que niega la honestidad al adversario aparezca en los panfletos y en las portadas como un mesías.
Creo que hace mucho tiempo que la izquierda ha demonizado a la derecha, negándole el estatuto de interlocutor válido. La tachan de inmoral, le niegan las razones. Esto es grave y sólo se explica desde un abyecto supremacismo moral. Han contado con todo un ambiente, con una conciencia social, que se lo permitía: no había intelectuales, ni programa de humor, ni actores, ni gala, ni series que se identificaran con el PP. Tal es el peso del franquismo que toda la cultura mainstream debía ser de izquierda. Múltiples programas de televisión han invertido, con gran sectarismo, todo sus recursos para dejar marcada y ridiculizada cualquier propuesta política que viniera de la derecha. Daba igual si era sensata o no.
Mucha gente ha nacido en este ambiente y no percibe el problema. Basta decir que Rivera es Aznar y que Aznar es Franco. Por tanto, Ciudadanos sólo puede ser la extrema derecha. Imberbes que no saben quién es Aznar, ni lo contento que se puso Pujol con el pacto del Majestic, y que tampoco saben quién es Franco, asienten convencidos y levantan su pancarta. No les hace falta argumentar más contra lo que diga la derecha.
Aclaro que apunto a la izquierda porque, teniendo a su disposición los medios que ha tenido, tiene mayor responsabilidad en la degradación del ambiente. O quizás porque considero que son los míos y que me están fallando, optando por una deriva cada vez más reaccionaria, como analiza, en su magnífico libro, Félix Ovejero. Pero la derecha tampoco es inocente y es evidente que, ahora mismo, está envalentonada porque cree que tiene apoyo social. Y está en lo mismo, cuando no en algo peor.
¿Cómo se combate a la extrema derecha?
No tengo una receta. Pero, ateniéndome a lo dicho, creo que habría que tratar de deslegitimarla y de excluirla.
Para deslegitimarla, creo que es fundamental responder siempre a sus argumentos y desmontar sus consignas. No vale silenciarlos y menos hoy, porque es imposible. No podemos sucumbir a la tentación de negarles el respeto que se les debe a todas las personas. Pero tampoco debemos cejar en la crítica que se debe a todo argumento. Debemos tener claro que representan los votos de mucha gente que cree en lo que dicen. Y repito que, si tienen razón en algo, no va a resultar eficaz silenciarlos. Hoy, con los digitales y las RRSS, es fácil que no se sepan solos y que se envalentonen si encima creen que tienen buenas razones. Con lo cual, habrá que reconocerles la razón que tengan para poder criticarles cuando no la tengan. Esto implica reconocer que España no puede seguir presa de los nacionalistas periféricos. Y, en otros órdenes, ocurre igual. Por ejemplo, la LIVG es poco razonable en varios puntos. Sólo después se les podrá reprochar con razón que su xenofobia no es muy distinta de la de los nacionalistas que tanto critican. Y que la democracia implica respetar las libertades individuales, lo cual a su vez implica liberarse de los yugos identitarios que nos imponen las naciones.
En segundo lugar, para excluir a la extrema derecha de los pactos de gobierno considero que se necesitaría un acercamiento entre el PP, Ciudadanos y PSOE, y quizás también Podemos, para dejar claro que no gobernarán con nacionalistas ni populistas. Que no gobernarán con quienes no mantengan una mínima lealtad institucional. Y, para ello, los principales partidos deben predicar con el ejemplo. La izquierda no debería pedir a la derecha que no gobierne con VOX sin antes prometer que no gobernará con los nacionalistas. La izquierda no puede tolerar el acercamiento a los nacionalistas que, desde el gobierno de las instituciones autonómicas, han cruzado todas las líneas rojas. Por supuesto, esto va en las dos direcciones: la derecha debería decirle al PSOE que se compromete a no gobernar con VOX siempre que éstos no pacten con los nacionalistas.
La democracia debe defenderse a sí misma. Pero los instrumentos más consistentes para ello, a largo plazo, no son la ley y los tribunales, aunque son fundamentales. Lo más consistente es un sistema de partidos saneado y una opinión pública liberal, con espíritu crítico. Cuanto más nos polaricemos y más sectarios se hagan medios y partidos, más difícil será reconstruir los puentes. Pero lo primero es saber con quién podemos y con quién no podemos reconstruirlos: el nacionalismo, por definición, quiere destruir todos los puentes porque su proyecto último es hacerse con un Estado propio, siempre que no paguen un alto precio por ello. Por eso usaron a la gente, como escudo, para romper con el Estado. Ya habían avisado que sin la gente en la calle no son nada.
Los principales partidos españoles deben entender que la mitad de los catalanes no son nacionalistas, pese a todos los recursos que invierte el nacionalismo para lograrlo. Sin embargo, los partidos en el Gobierno nunca se han dirigido a los no nacionalistas cuando hablan de Cataluña. Desgraciadamente, esto sólo lo hizo el Rey el 3 de octubre. Estamos acostumbrados a que PSOE y PP tomen siempre a la parte nacionalista por el todo. Pero esa parte ni siquiera es mayoritaria en votos aunque tenga más escaños. Si queremos reconstruir puentes hay que hablar a la Cataluña constitucional. Para eso tuvo que nacer Ciudadanos. Además, esto desincentivará el voto al nacionalismo: si su voto no sirve, muchos dejarán de votarlos.
Del mismo modo que no se puede construir nada bueno con VOX, no se puede construir nada bueno con ERC y compañía. Desgraciadamente, llevamos décadas intentándolo, de forma tozuda. Incluido el PP.
Los medios sufren una especie de crisis de terminología, no saben si llamar a vox ultra derecha, reaccionarios, ultra conservadores, populistas… ¿Cuál crees que es más acertado? ¿Le parece adecuado el término reaccionario?
Me parece bien el término “reaccionario”, por cuanto el nacionalismo reacciona a la competencia y a las reivindicaciones de igualdad y de solidaridad cerrando las fronteras para proteger sus privilegios, amparados por un status quo. Y quizás es todavía mejor el término “nacionalista” o “nativista”. Después de Auchwitz, resultan repugnantes las proclamas racistas y xenófobas. O, para nosotros, después de ETA, si quieres. A Abascal o a Ortega Lara les debería dar vergüenza: son víctimas del nacionalismo étnico. Es repugnante e intolerable que dijeran que Echenique, como argentino (en realidad, tiene la doble nacionalidad) debería estar preso por atacar al Estado.
En cualquier caso, apelando a la imparcialidad de la prensa (una imparcialidad que creo que se está perdiendo, fruto de la polarización de la audiencia y, quizás también de su necesidad de obtener recursos, como la publicidad institucional o unas buenas condiciones de financiación por parte de los bancos) creo que debería usarse un término que también apliquen (en mayor grado, si cabe) al nacionalismo catalán y al vasco. Ambos nacionalistas, reaccionarios, nativistas. Otra cosa supone un doble rasero, un sesgo que muchos ciudadanos ya no van a admitir.
¿Que Steve Bannon se haya fijado Europa como objetivo implica que este tipo de partidos han venido para quedarse y que van a ir a más? ¿Crees que su papel ha sido la clave?
Si no me equivoco, creo que Bannon quiere levantar o ha levantado en Italia un ‘think tank’ y una universidad para élites políticas ultracatólicas. Pero, más allá de la influencia que pueda ejercer con ello, es evidente que el nacional-populismo estaba antes de su llegada.
Entiendo que él les quiere dar los métodos para ampliar su techo electoral. Por ejemplo, puede ofrecerles encuestas para que sepan qué segmentos sociales y qué territorios deberían priorizar en su campaña para optimizar sus recursos. O puede ofrecerles estrategias, financiación y diseño de campañas que alcancen a cada ‘target’ de forma particular. Ya lo hizo para Trump, desde Cambdrige Analytica, con datos del Facebook de millones de americanos.
De momento, entre quienes no quieren contar con su apoyo y quienes tienen sistemas electorales nacionales que impiden recibir financiación del exterior, parece que Bannon sólo ayudará al Partido por la Libertad holandés (Geer Wilders) y, quizás, en Italia, a la Liga Norte y a los Hermanos de Italia.
En fin, por lo que sabemos, Europa se prepara para evitar injerencias en la campaña al Parlamento Europeo. Queda saber si pondrá los medios suficientes. De momento, parece que cuenta con la autorregulación de Facebook para proteger los datos de los clientes y no sé si es suficiente. Sin duda, las técnicas usadas por Bannon nos obligan a repensar las campañas electorales e incluso los procedimientos democráticos. Como hemos ideo diciendo, el populismo se crea y se alimenta por un anhelo natural de poder que busca crecer aprovechándose de las lagunas y de las debilidades del sistema. Cuanta menos resistencia se le oponga, peor.
¿Puede VOX hacer una reforma de la constitución tan profunda? Ley del Aborto, del Matrimonio homosexual, eliminación de las autonomías, etc.
No, porque necesitará mayorías parlamentarias que no va a tener.
El aborto no requiere cambio constitucional. Antes de la ley de plazos había otra ley más restrictiva. Pero incluso el PP ha renunciado a llevar en su programa una reforma de la Ley del aborto. Hay bastante consenso social pese a los dilemas morales que pueden tener muchos ciudadanos y no se tocará. Creo que hay un recurso que lleva 8 años en el Tribunal Constitucional…
Con el matrimonio homosexual pasa lo mismo. No requiere cambio constitucional pero no pasa de ser una propuesta ideológica con las que aspiran a atraerse a un votante conservador que queda muy lejos del votante mediano… incluidos la mayoría de conservadores.
Una involución muy fuerte en cuestiones de derechos civiles se podría encontrar con la oposición de las instituciones europeas, del mismo modo que han aplicado los mecanismos del artículo 7 Tratado de la UE para defender la democracia y el Estado de derecho en Hungría y Polonia y para tratar de detener una deriva iliberal. En última instancia, podrían quitarles el voto en el Consejo, lo que sería tanto como excluirlos del proceso democrático de decisión de la UE. Algo análogo a la aplicación del 155, aunque de mucha más difícil aplicación y menores consecuencias. Al fin y al cabo, la UE no es un Estado sino una organización internacional.
Respecto a la eliminación de las autonomías, la cosa es más complicada todavía. No es necesariamente una propuesta conservadora. Al fin y al cabo, hay muchos Estados centralistas, como Francia. Es más, en principio, el centralismo puede ser más democrático porque se ajusta más a la igualdad política. En EEUU, Detroit entró en quiebra y la federación lo dejó caer. A Cataluña, sin embargo, España le ha insuflado toda la financiación necesaria, mediante el Fondo de Liquidez Autonómico, para evitarle las consecuencias de financiarse internacionalmente con su calificación de bono basura.
Dicho esto, quizás lo más funcional actualmente para España sea el federalismo, es decir, un Estado de las autonomías como el actual, pero donde las competencias de Estado y CCAA queden definidas y los mecanismos de coordinación, claros. Para cambiar esto, por responder a la pregunta, Vox tendría que cambiar la Constitución con mayorías muy amplias y le resultará imposible porque no cuenta con ningún apoyo para eso. Sí puede ser un acicate, ojalá, para que el resto de partidos se ponga de acuerdo en políticas que vertebren el país. Podríamos empezar con algo tan simple como una tarjeta sanitaria única para toda España. Así irían quitándole a VOX razones para existir.
