En los últimos días, el gobierno mexicano debió enfrentar sus contrastes ante la comunidad internacional.
Mientras el Poder Ejecutivo preparaba la buena noticia del descenso de los delitos de alto impacto en el país, y el presidente Enrique Peña Nieto estaba por recibir el Premio Estadista Mundial 2014 debido a su liderazgo en las reformas educativas, de telecomunicaciones y energéticas, por parte de la Appeal of Conscience Foundation, un organismo inter-religioso con sede en Nueva York, y mientras estaba a punto de darse el anuncio también sobre la oferta de México de participar con militares mexicanos en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o cascos azules, el gobierno de EUA fomentó una denuncia contra el Ejército mexicano por atentar contra los derechos humanos.
En tal contexto la operación político-contrainformativa de EUA, opuesta a la versión oficial, recuperó los siguientes hechos: 22 personas fueron ejecutadas por militares en tareas de combate al crimen organizado, en Tlatlaya, Estado de México, durante la madrugada del 30 de junio de 2014.
Aquello aconteció en una bodega custodiada por personas armadas. El Ejército reportó la operación como un intercambio de tiros que culminó en dicho saldo mortal, e informó de un soldado herido.
A los pocos días, la agencia informativa Associated Press divulgó que las 22 personas fueron ejecutadas, pues la escena del crimen así lo indicaba, además de que se obtuvo un testimonio de una persona al respecto.
En el número de septiembre de la revista Esquire Latin America (franquicia bajo la Editorial Televisa), se reporta que los ejecutados fueron asesinados uno por uno por los soldados. Esto se sostiene con el testimonio directo de una mujer, “Julia”.
El 19 de septiembre, el vocero del Departamento de Estado, Jeff Ratkhe, declaró que su gobierno había seguido desde el principio dicho caso, e invocó la vigilancia del Congreso estadounidense sobre la Iniciativa Mérida (pacto binacional de combate al tráfico de drogas y el crimen organizado, que debe respetar los derechos humanos).
La Secretaría de la Defensa informó el 25 de septiembre pasado acerca de la detención de ocho militares por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos en el caso de Tlatlaya.
Veinticuatro horas después, se filtraron a la prensa 19 imágenes reveladoras de la matanza. El organismo no gubernamental Human Rights Watch afirmó que la versión oficial sobre Tlatlaya se desmoronaba.
Al comparecer ante los diputados mexicanos, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong declaró enseguida que lo acontecido en Tlatlaya fue una excepción. Explicó que la Procuraduría General de la República (PGR) mantuvo abierta desde el principio su investigación. Y convocó a no politizar la seguridad.
Puede suponerse que lo dijo para que lo escucharan hasta EUA, donde continúan con su política tradicional hacia México de Palo y premio, como lo han consumado con los últimos tres presidentes mexicanos, para no ir mas lejos.
En la ceremonia de premiación a Peña Nieto, Henry Kissinger fue orador y aprovechó su tiempo para plantear la consabida demanda contra la soberanía de los Estados-nación (“Tenemos el problema de que el sistema económico global es mundial y que el mundo permanece enfocado en el Estado-Nación y su defensa”), y abogó por imponer la “perspectiva norteamericana” sobre todo el planeta. El unilateralismo de un gobierno mundial dirigido por EUA.
Christopher Hitchens decía de Henry Kissinger: “A mi entender, no es un buen historiador ni un buen académico. Es un pobre intelectual y un pobre ser humano. No creo que a Kissinger le guste otra cosa que no sea el poder”.
Si el gran crítico inglés fallecido en 2011 tiene razón, las palabras de Kissinger sobre el presidente mexicano son un aplauso a las ideas del propio orador. Y ya se sabe: elogio en boca propia es vituperio.
