Parece que fue ayer y, sin embargo, hace ya cinco años que una ETA derrotada por el Estado de derecho anunciaba públicamente su renuncia a las armas. Desde entonces, por suerte, no hablamos de sus atentados, sino de cómo hay que abordar la memoria del ayer sumamente traumático que el terrorismo nos ha legado. Algo es algo, y de una importancia nada menor, pese a las voces que tienden a cubrir con un  manto de pesimismo lo que ha supuesto este hecho realmente histórico. Aunque no haya que minusvalorar las tareas que aún aguardan para que los valores de la democracia se asienten definitivamente en el País Vasco.

El 21 de octubre de 2011, horas después del anuncio de los encapuchados, en el diario Gara, órgano de expresión de la Izquierda Abertzale, se podía leer lo siguiente : “La decisión comunicada por ETA supone la continuación adaptada a la coyuntura histórica actual de más de cincuenta años de lucha del independentismo de izquierdas. Como quedó fijado en su V Asamblea, ‘cada avance o retroceso del proceso revolucionario en su conjunto exige unas formas organizativas y de lucha específicas’ (…) Y el debate de hondo calado que hubo en el seno de la izquierda abertzale determinó que en adelante las formas de lucha serán pacíficas y democráticas, lucha ideológica, lucha institucional y lucha de masas”.

Comenzaba, pues, la batalla de la memoria. Y estuvo claro desde el primer momento cuál era la posición de quienes se vieron obligados a abandonar las armas y de los que les venían apoyando políticamente: legitimar la historia de lo que, en su opinión, no era otra cosa que la vanguardia de un Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) frente a un Estado español considerado opresor. Y es honesto reconocer que, con esta postura, o a pesar de ella, conseguían transformar su derrota militar en una victoria política. Hoy, EH Bildu sigue revalidando su condición de primer partido de la oposición en Euskadi, sin necesidad de reconocer algo tan elemental como que “matar estuvo mal”. En tanto que el peso político de quienes en su etapa de Gobierno obligaron a ETA a abandonar las armas… ¡Para qué insistir en lo ya conocido!

No faltan, por eso mismo, razones para el pesimismo, la desesperanza y el desconcierto ético. ¿O sea que, después de tantos años de sufrimiento como han causado, los malos han acabado ganando a los buenos? ¿Tan poco da de sí la cultura democrática de la población vasca? Más aún, ¿existe siquiera un atisbo de cultura democrática? ¿Tienen razón quienes aseguran que poco o nada se ha avanzado con el fin del terrorismo, tras admitirse en el sistema político a quienes lo combatieron a muerte (y nunca mejor dicho)?

Digamos que una parte de razón no les falta, al menos para mantener una indignación moral saludable. Pero digamos a continuación que un balance objetivo de lo que ha ocurrido en estos cinco años sin ETA nos habla de cambios muy importantes, configuradores de una etapa radicalmente nueva en muchos aspectos. Quizá haya que recordar, aunque resulte obvio, que antes ETA mataba y ahora no mata; que antes los empresarios pagaban el llamado “impuesto revolucionario” y ahora no lo pagan; que antes muchos vascos tenían que salir a la calle custodiados por escoltas y hoy pueden hacerlo con total libertad; que antes había en las ciudades vascas espacios públicos vetados a determinados partidos y hoy esos partidos pueden celebrar allí sus mítines electorales; que antes había una violencia callejera sistemática que hoy ha desaparecido; que antes el terrorismo era la primera preocupación de los vascos y hoy ha dejado de ser un problema. Y, precisamente por eso, antes la “cuestión nacional” se situaba en el centro del debate político vasco y hoy son las políticas económicas y sociales las que acaparan el debate público, aunque todavía tengan que soportar como carabina la presencia malhumorada del “derecho a decidir”, que a veces no se sabe muy bien dónde y cómo colocarlo por quienes lo reivindican.

Y antes había una fuerza, hoy EH Bildu, que no estaba en el Parlamento Vasco por no aceptar las reglas de juego del sistema democrático. Y hoy EH Bildu es fuerza parlamentaria después de haberlos aceptado, aunque a regañadientes. Y esa fuerza política cuya progresión electoral parecía imparable resulta que hoy no se halla tan en alza; porque ha tenido la oportunidad de gobernar instancias de poder nada despreciables, como la Diputación de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de San Sebastián y ahora se encuentra en la oposición, víctima del mismo desgaste que afecta a cualquier partido que gobierna.

Son datos de nuestra memoria reciente que no deberíamos dejar en el olvido, a fuerza de insistir en un concepto de memoria bastante más amplio. El que nos permita tomar conciencia a fondo de lo que el terrorismo ha sido en Euskadi a lo largo de tantas décadas. Una comprensión que no terminaremos de alcanzar si nos quedamos en el plano ético (matar estuvo mal), sin dar el salto al plano político (la agresión totalitaria a la democracia que implicaba la acción violenta y desestabilizadora de ETA).

La perspectiva que permite, no sólo condenar los asesinatos, sino los presupuestos ideológicos por los que ETA se arrogó durante tantos años la potestad de ir decidiendo qué vascos podían o no podían vivir. La ideología totalitaria que, durante décadas, ha sembrado el país de muertos; y, con los muertos, el silencio de una buena parte de la sociedad vasca, el miedo a significarse (como en los tiempos del Caudillo), la quema de librerías emblemáticas, el constante matonismo callejero, el acoso continuado a quienes se permitían el lujo de oponerse al nacionalismo obligatorio, las limitaciones a la libertad de expresión. La ideología, en fin, que, en plena democracia, hizo posible prolongar en Euskadi el espíritu del franquismo. Algo que llegó a reconocer el propio Parlamento Vasco en momentos especialmente duros de escalada terrorista…

Y, sin embargo, y por inexplicable que nos parezca, ETA y su mundo político siguen aún gozando de un plus de legitimidad del que no ha gozado el franquismo, cuando las motivaciones ideológicas de ambos no han sido sustancialmente diferentes. Porque fue acogiéndose al bien supremo de la patria como Franco instauró una dictadura inmisericorde y prolongada a lo largo de cuarenta años. Y fue, igualmente, en nombre de la patria como ETA impidió a buena parte de la sociedad vasca disfrutar plenamente de los derechos democráticos consagrados en la Constitución. Y reconocerlo sin paños calientes aseguraría un futuro de estabilidad democrática para una sociedad vasca bastante más decente.

No es, pues, el del relato un debate que concierna exclusivamente a los eruditos. Ni se trata de un debate del pasado, sino del presente. Me temo que hay demasiada prisa por pasar página para dejar atrás nuestros años de plomo; sin reparar en que ese pasado nos ha dejado en herencia un discurso político no desactivado, que en cualquier momento puede funcionar como una bomba de relojería, retornándonos a nuestras peores pesadillas. Un discurso que sigue albergando a tantos psicópatas que hacen de la violencia una seña de identidad popular irrenunciable. Los que, por ejemplo, celebraron a su modo el quinto aniversario del fin del terrorismo con una paliza grupal a dos agentes de la Guardia Civil y sus parejas en Alsasua. Y, además, amparados por el manto de legitimidad con que EH Bildu les ha cubierto, al salir en su defensa, frente al “enemigo de siempre”, que es, naturalmente, la Guardia Civil.

Y la pregunta es: ¿Existen bases mínimamente sólidas para ir transitando por una memoria compartida? Sí, existen esas referencias de autoridad. Basta con que nos fijemos en la Ley Vasca de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo, del año 2008, en cuya exposición de motivos se puede leer: “Las acciones de ETA no son casuales, ni sus objetivos y estrategias son frutos del azar o la improvisación. Ante la imposibilidad de establecer por vías pacíficas su proyecto totalitario y excluyente, pretenden imponerlo a través del ejercicio de la violencia terrorista, utilizando la sangre de personas inocentes, las víctimas, para aterrorizar al conjunto de la ciudadanía buscando su desistimiento”.

De ahí arranca (artículo octavo, apartado 3 de la Ley) la necesidad del “mantenimiento de la memoria y del significado político de las víctimas”, como “herramienta esencial para la deslegitimación ética, social y política del terrorismo”. Una deslegitimación que (artículo 9 del mismo texto legal) deberá ser promovida por los poderes públicos vascos, con “medidas activas”; esto es, “defendiendo y promoviendo la legitimación social del Estado democrático de derecho y su articulación en normas de convivencia integradora como garantía de nuestras libertades y de nuestra convivencia en paz”.

Tenemos, pues, unos criterios muy sólidos para sostener una política de memoria, que necesariamente deberá basarse en el reconocimiento del carácter totalitario y de agresión a la democracia de la acción de ETA; en la deslegitimación ética, social y política del terrorismo; y en la defensa del Estado de derecho. No es una simple opinión, entre muchas otras que pudieran contrastarse. Es lo que deja establecido una ley aprobada en su día por la totalidad de partidos democráticos en el Parlamento Vasco. Claro, que eso era antes de que un secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, nombrado en la pasada legislatura por el lehendakari Urkullu, alterara los términos de los acuerdos políticos que se habían ido alcanzado trabajosamente a lo largo de los años, para hacer posible que todos, en la Euskadi del futuro, pudieran “sentirse cómodos”.

Porque no todos lo estaban con el consenso que hizo posible la Ley en defensa de las Víctimas. Por supuesto, no lo estaba el brazo político de ETA, que nunca la apoyó; y nada dispuesto a cuestionar de raíz la razón de ser del movimiento de liberación nacional que ETA ha venido encarnando, porque ello sería cuestionar sus propias señas de identidad. Pero tampoco lo estaba un PNV que no puede escapar del todo a las místicas de unidad nacional que afloran recurrentemente en el ámbito nacionalista; sobre todo, cuando recupera el peso aplastante que ahora tiene en el Parlamento Vasco. Y si los herederos de Batasuna, reforzados actualmente por Podemos, aprietan con el “derecho a decidir”, el PNV surfeará la situación a su aire, como siempre ha hecho, pero nunca renunciará a juguetear, en el momento oportuno, con la posibilidad de optar, de un modo u otro, por los frentes nacionales.

No parece éste el mejor caldo de cultivo para que las víctimas de ETA puedan situarse en el centro de la reflexión política, como la ley vasca reclama; o para que los Gobiernos del PNV pongan el acento en la deslegitimación plena del terrorismo; ni mucho menos en defender abiertamente el Estado de derecho, un tema tabú para un partido que aún se cree en la obligación de proclamar en sus actos públicos que “la Constitución es una ley caduca que nunca ha servido para Euskadi”.

De ahí que el nacionalismo gobernante se haya limitado a deplorar el dolor que el terrorismo ha causado, sin poner el acento en el hecho de que ETA ha venido causando ese dolor en atentado permanente contra las instituciones representativas, los derechos de ciudadanía de los vascos y el pluralismo de Euskadi. Lo cual explica, a su vez, la enorme blandura del Plan de Paz del Gobierno de Urkullu en la legislatura anterior, que diluye la gravedad del terrorismo en el contexto de “todas las violencias” que los ciudadanos vascos ha venido padeciendo desde hace ochenta años.

Todas las violencias. Un expediente cómodo para falsearlas en origen, al no diferenciar sus claras especificidades. Como si las víctimas del terrorismo tuvieran el mismo significado que las del franquismo o las de los abusos policiales o las de la guerra sucia del Estado contra la guerra sucia de ETA. Como si todas tuvieran la misma inmediatez en el tiempo y operaran, por tanto, de la misma forma contra los derechos de la población vasca. Como si el franquismo y el GAL no hubieran finalizado bastantes años antes de que el terrorismo de ETA siguiera existiendo, impidiendo una convivencia normalizada. Como si el terrorismo vasco y sus víctimas –en Euskadi y fuera de Euskadi– no hubieran sido una amenaza permanente a la consolidación de la democracia en el conjunto de España.

Además, al encadenar de manera ficticia violencias de distinto signo, se le hace un pésimo servicio a la causa de integrarlas en una memoria completa, que, por otra parte, está tardando en llegar; y que, además, resulta plenamente viable, si se actúa con el rigor debido. Evitando equiparaciones que alimentan los discursos de la equidistancia y están fuera de lugar. Lo están, porque las víctimas del franquismo lo fueron como consecuencia de una rebelión militar contra un Gobierno legítimo; y la inmensa mayoría de las víctimas de ETA tuvieron su origen en la pretensión de una organización terrorista de arruinar la democracia restaurada y acallar las decisiones adoptadas por  los ciudadanos en las urnas.

Y habría que añadir, además, que muchas de las víctimas del régimen franquista (José Luis López de Lacalle y José Ramón Recalde, entre otros) lo fueron después de ETA. Circunstancia esta que invalida la pretensión implícita de la teoría de “todas las violencias”: dejar sentada en el imaginario colectivo la idea de que unas violencias estuvieron en función de las otras; de que el terrorismo fue en realidad la expresión de un enfrentamiento entre dos bandos; y de que lo procedente no es hacer una revisión crítica de nuestro pasado más negro, sino acabar de una vez  con el “conflicto vasco” a través de una “reconciliación” entre las “partes enfrentadas”.

Un planteamiento que alimenta las mejores coartadas para no enfrentarse a cara descubierta con los grandes traumas colectivos que la historia nos ha legado. No dejan de ser curiosas, a este respecto, las actitudes bastante simétricas que parecen darse entre quienes aluden a la Guerra Civil como un simple “enfrentamiento entre españoles”, que hay que superar mirando al futuro para no “reabrir viejas heridas”; y quienes, en Euskadi, nos dicen que mirar al pasado nos dificulta trabajar para ir eliminando las “consecuencias del conflicto”. ¿Por la vergüenza de éstos últimos de tener que defender lo indefendible? Si fuera así, habría que felicitarse. Por algo se empieza. Aunque no convendría hacerse demasiadas ilusiones. La recuperación de la memoria en el seno de la sociedad vasca va para largo. Tan para largo al menos como la de la propia transición española, aun sin concluir.

De momento, se ha conseguido lo más importante: desterrar la muerte de la vida política, dando así carpetazo al viejo dilema en el que, parafraseando a Shakespeare, el País Vasco se había instalado. Ese dilema en el que matar o no matar, morir o no morir, venían a ser la cuestión fundamental. Parece ahora que ni matar ni morir son necesarios para defender las propias ideas. Basta simplemente con vivir. Y, después de muchos años, se ha acabado descubriendo ese Mediterráneo, dándosele una oportunidad a la vida. Todo lo demás vendrá por añadidura, porque ya es sabido que, mientras hay vida hay esperanza.

Javier Arteta es periodista. En FronteraD ha publicado, entre otros, Que no os toque otra guerra. A los ochenta años de un conflicto incivil, ¿Una libertad como Dios manda? Yihadismo, ETA, miedo y otras hierbas a rebufo de ‘Charlie Hebdo’ y Con Podemos, ¿en España empieza a amanecer?