En la primera entrega de la serie sobre finanzas personales hablábamos sobre el principal activo del patrimonio de los ahorradores españoles: sus pisitos. Hoy vamos a hablar de otro activo que, si cuantificáramos rigurosamente, quizás no le iría a la zaga en cuanto a valoración: la pensión. El tema es que se trata de un activo que esperamos que llegado el momento nos pague el Estado. Estamos hablando de un sistema de pensiones de beneficio definido, diseñado en función de cálculos actuariales de 1919 (cuando la esperanza de vida era de 41 años y si se alcanzaban los 65 de vivir 10 años más, frente a los 81 y 21 actuales), que garantiza una pensión hasta la muerte, con periódicas revisiones en función del coste de la vida. Con lo cual, tenemos, en un solo producto, cubierto el riesgo de longevidad y protección contra la inflación. El resto se consigue adecuándose a un nivel de vida que pueda sostenerse en cualquier circunstancia económica, es decir, a ajustarse a la pensión más lo que nos dejen nuestras inversiones en ladrillo, que, para entonces, estarán libres de hipoteca: la fórmula ganadora española.
El problema es que estas pensiones se financian por el sistema de contribución, y no de capitalización (aunque los sistemas de capitalización tampoco sean la panacea). Y sólo es sostenible si hay muchos más elementos activos contribuyendo que clases pasivas. Actualmente vamos por 15,8 millones de cotizantes (y bajando) en el sector privado, de un total de 45,67 millones de habitantes.
Para que nos hagamos una idea de la carga que supone para el estado cada jubilado hagamos un sencillo ejercicio de descuento de flujos de caja con la pensión del jubilado medio (se jubila a los 63, vive hasta los 85 y percibe 920 euros mensuales), si esto lo descontamos a una tasa de descuento que incluya el factor de protección contra la inflación (siendo generosos el 3%) nos da un pasivo para el estado de 176.000 euros, que deben ser sufragados por el resto de los cotizantes a la Seguridad Social. Si multiplicamos esta cifra por los 9,1 millones de pensionistas tenemos que los entitlements del Reino de España son 1,6 billones de euros, más o menos un 160% de su PIB.
Si a esto le unimos, la falta de competitividad de nuestra economía, el aumento de la esperanza de vida en dos años cada década, nuestra tasa de natalidad (ambos efectos producen esta pirámide de población) y el endeudamiento público y privado es normal que nuestros acreedores estén de los nervios.
Con estos antecedentes, yo si fuera tú, amigo lector, comenzaría a ahorrar. Si seguimos por el camino que vamos, el sistema no es sostenible. La solución: En los próximos capítulos.
