La reforma de la pensiones utiliza la expresión de “envejecimiento activo”. La elección del lenguaje nunca es casual. Son sujetos activos los que trabajan en el mercado formal de trabajo, y pasivos, los que reciben prestaciones del sistema para asegurar un mínimo de bienestar. Si la relación entre prestaciones y salarios es proporcionada, los niveles de bienestar se mantendrán más o menos estables durante toda la vida, y la sociedad se desenvolverá en una seguridad colectiva que le permitirá progresar sin demasiado riesgo de conflicto o violencia. Ese es el sentido último de nuestro sistema de Seguridad Social.
No somos seres independientes; la niñez, la enfermedad y la vejez forman parte de nuestras vidas, y protegerlos desde un sistema público, es una opción de igualdad y justicia social a la que algunos países llegaron después de la Segunda Guerra Mundial por triunfo de las propias bases del sistema democrático, en grave peligro tras una radicalización de las diferencias sociales en el periodo de entreguerras.
Ahora parece que el sistema no es sostenible, hay que contribuir más y durante más años para poder optar a prestaciones cada vez más reducidas. Pero en un contexto de desempleo y de bajísimos salarios, aumentar las exigencias para tener derecho a prestaciones, parece un premeditado portazo legislativo para cerrar la puerta y excluir de esos niveles dignos de bienestar a una gran parte de la población cuyas vidas dejan de ser sostenibles con el derrumbe del sistema.
¿Y si el sistema no me protege? Volverá a proteger la familia o la beneficiencia. Pero la familia no cuidaba a las personas dependientes antes de un sistema solvente de Seguridad Social, las cuidaban las mujeres. Las mujeres que siempre tuvieron un envejecimiento activo aunque supongan en la actualidad más del 80 % de las personas sin derecho a pensión contributiva. Si exigimos trabajar muchos años, sin interrupción, a jornada completa y con salarios razonables para que la contribución al sistema pueda luego compensarte con una pensión digna, primero ¿dónde está esa posibilidad real de cumplir esas condiciones? y segundo, cuando no se cumplen estas condiciones y las personas necesitan cuidados y ayuda ¿quién se ocupa de ellas si todos y todas debemos estar trabajando precisamente para cumplirlas?
Actualmente gran parte de las familias no pueden pagar las escolarización de sus hijos menores de tres años, mucho menos prolongaciones de jornada escolar o contratar a alguien para su cuidado. ¿Cómo trabajan entonces todos los miembros de la familia? ¿Adivinan quién renunciará al trabajo formal para cuidar a sus hijos? ¿Quién reducirá la jornada? Muchos lo solucionan con el “envejecimiento activo” de los abuelos, pero con las últimas reformas parece que éstos también deben estar trabajando a la vez que envejecen.
Curioso que a una pérdida de derechos sociales y bienestar social se le llame legalmente: “fomento del envejecimiento activo”, como si la actividad sólo fuese predicable del trabajo de mercado, como si a partir de ahora fuéramos a poder elegir entre dejar de trabajar dignamente o seguir trabajando por placer.
Fomento del envejecimiento activo, en las actuales circunstancias sociales y económicas, sólo significa legitimar que, tras una vida laboral precaria, no te quede más opción que continuar trabajando por necesidad durante la vejez.
