Como todas las grandes hazañas, la de Franklin Brito comenzó en solitario. Su primera huelga de hambre apenas era percibida por quienes circulaban por las inmediaciones de la sede del Tribunal Supremo de Justicia, frente a la que el agricultor permanecía bajo un toldo rudimentario y sobre una delgada colchoneta, para protestar por lo que consideraba una invasión auspiciada por las autoridades a su fundo La Iguaraya, ubicado en una zona rural al sur de Venezuela, cerca de la selva.
Corría mayo de 2005 y el país se concentraba en los dos eventos electorales que ocurrirían ese año, la elección de alcaldes, celebrada en agosto, y la de los legisladores, prevista para diciembre y que el oficialismo ganó por forfait, debido al retiro absoluto de todos los candidatos de oposición. Esa primera huelga de hambre que decreta Brito es el reflejo de la frustración que sentía, tras dos años perdiendo el tiempo en instancias formales sin obtener más que silencio y evasivas, al reclamar la devolución total de su tierra, una finca de 290 hectáreas cuya propiedad le había asignado, en 1999, el Instituto Agrario Nacional.
Durante cuatro años, Brito vivió con su familia en La Iguaraya, sin enfrentar grandes contratiempos hasta que, en 2003, vecinos del sector invadieron parte de su territorio, amparados con cartas agrarias que les había entregado el mismo instituto que le asignó el fundo a Brito, pero que había cambiado de nombre y de forma de repartir la tierra: de Instituto Agrario Nacional pasó a llamarse Instituto Nacional de Tierras (Inti) y de entregar títulos de propiedad (por lo general a cambio de un pago módico a plazos), pasó a entregar cartas agrarias que sólo permitían el usufructo de la tierra. La invasión ocupó 50 de las 290 hectáreas de La Iguaraya, incluyendo la única vía de acceso al fundo, una precaria carretera de tierra por la que entraban insumos y salía la cosecha.
Aunque lo ocurrido en las tierras de Brito significaba un golpe a la propiedad privada, la opinión pública aún no estaba sensibilizada suficientemente sobre el tema. En los cinco años transcurridos del gobierno de Hugo Chávez, se habían producido varias amenazas pero escasas acciones relevantes en contra de la propiedad privada. El caso de Brito tampoco tocaba muchas fibras en la oposición política pues el agricultor había apoyado desde el principio a Hugo Chávez y sus tierras fueron asignadas por una entidad gubernamental. Por otra parte, Brito protestaba por una acción puntual: la devolución de sus 50 hectáreas de las que poseía un legítimo título de propiedad. Su exigencia personal aún no se había convertido en bandera de lucha política en defensa de la propiedad privada.
Casi toda su vida transcurrió en zonas rurales. Nació cerca de la playa, en la población costera de Irapa en el estado Sucre (norte del país), el 5 de septiembre de 1960. Hijo de comerciante y costurera, Brito abandona el pueblo a los 20 años y se marcha a Caracas a estudiar Biología en la Universidad Central de Venezuela. No llega a graduarse porque, aunque aprueba y culmina todos los estudios, no entrega la tesis final, requisito inexorable para obtener la licenciatura. No lo hace porque, ya casado, deja la ciudad para trabajar en una finca de su suegro, donde dice descubrir su vocación de agricultor. En 1994 se muda a Bolívar y en 1999 obtiene del Instituto Agrario Nacional la titularidad de La Iguaraya. En 2003, cuando sucede la invasión, el agricultor era un robusto hombre de 43 años, con un peso cercano a los 75 kilos. Era difícil imaginar que siete años después moriría con 40 kilos menos.
Ese año 2005, Brito se afianzó en su epopeya personal, lo que coincidió con el comienzo de una estrategia gubernamental para la apropiación progresiva de bienes que hasta entonces pertenecían a personas naturales y jurídicas. Una de las primeras acciones fue la invasión, apoyada por el gobierno, a la hacienda La Marqueseña, finca de ocho mil hectáreas ubicada en el estado Barinas, en los llanos occidentales. En los papeles, los dueños de la hacienda eran seis empresas familiares presididas por Carlos Azpúrua Arreaza, a quien se le acusó de latifundista y de mantener grandes lotes baldíos. Durante tres meses, Azpúrua protestó contra la invasión e incluso mostró a la prensa que toda la hacienda estaba en plena producción, pero en octubre de ese mismo año, pactó con el Gobierno y firmó con el Presidente Hugo Chávez, el Método Chaz (CHávez-AZpúrua) que, de alguna forma, legitimó las expropiaciones e invasiones a cambio de un pago y el derecho de los propietarios originales a utilizar sólo parte de la hacienda.
El de La Marqueseña no fue el único caso de invasión legal en esa época. Según el informe de la ONG Provea, que defiende los Derechos Humanos, entre octubre de 2005 y septiembre de 2006 “se iniciaron (en Venezuela) procedimientos de ‘rescate de tierras’ contra más de 500 posesiones de presuntos terratenientes”. Las palabras terratenientes y latifundistas fueron frecuentemente utilizadas como epítetos de la propiedad privada. En la retórica oficial, latifundista es todo aquel que posea más de 500 hectáreas de tierra. Brito no llegaba a tanto. La extensión total de su tierra era menor a 300 hectáreas, y muchas de ellas en zonas de difícil acceso. La Iguaraya tampoco queda en el llano, donde se ubican muchas de las más codiciadas haciendas, sino en el sureño estado Bolívar, una región tan selvática que acumula más de 90% de los casos de malaria del país, según revelan los más recientes boletines epidemiológicos del Ministerio de Salud. Brito tampoco era agricultor a distancia: vivía en su finca y trabajaba directamente su campo.
Franklin Brito logra captar la atención de algunos medios de comunicación en esos primeros meses de protesta silenciosa frente al Tribunal Supremo de Justicia. Un reportero de Expediente, sección investigativa del diario El Universal, de los más antiguos del país, pasa todo un día a su lado, para conocer las vicisitudes de la protesta. Aún así, el gobierno sigue sin responder y Brito decide ejercer una impactante acción. Frente a las cámaras de televisión se corta un meñique.
Hay una reacción inmediata por parte de las autoridades y logra captar la atención hasta de los más pasmados. El Gobierno le ofrece atención a su caso y el mismo Hugo Chávez ordena al entonces presidente del Inti, Juan Carlos Loyo, que resuelva el problema. Brito levanta las acciones de protesta. La intervención de Loyo se traduce en que en 2006, el gobierno realiza labores de demarcación de tierras en La Iguaraya y abre nuevos caminos de acceso con lo que considera finiquitado el caso. Brito no opina igual: parte de sus tierras siguen ocupadas por terceras personas y sus derechos de propiedad sobre el fundo, según él, siguen sin estar claros. En 2007 intenta introducir un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia para desalojar a los invasores, pero los jueces rechazan la acción judicial. El gobierno, sin embargo, no se desentiende del caso y en 2008, le cede el uso de maquinaria agrícola, incluyendo un tractor que siempre es propiedad del Estado. Aún es insuficiente para Brito porque no se le ha reconocido la titularidad real de la tierra. Pero quizás haya habido algo más relacionado con un anhelo del agricultor: la intervención directa y en persona de Hugo Chávez, a quien siempre apoyó y quien suponía Brito, tenía el poder de resolver el caso tal como él lo exigía.
Entre 2005 y 2009, el Gobierno aumenta su control sobre el aparato productivo privado. En 2007 expropia la compañía telefónica CANTV (privatizada en 1998), la Electricidad de Caracas (con más de 100 años de antigüedad) y las empresas básicas (de transformación de materia prima como el aluminio). En años posteriores se apropia, bajo diversas modalidades, de terrenos, comercios y empresas, algunas emblemáticas como Lácteos Los Andes; Café Fama de América; Hipermercados Éxito y supermercados Cada, propiedad del grupo francés Casino; del Banco de Venezuela, uno de los 5 más grandes del país; y de otras entidades financieras. Niega la renovación de la concesión del canal de señal abierta RCTV (que operaba desde 1953) y de varias emisoras radiales, sustituyéndolas respectivamente por órganos de contenido progubernamental, como el canal TVES y radios comunitarias. Entrega lotes de terrenos a familias campesinas pero con permiso de usufructo y no con títulos de propiedad.
Brito reactiva la huelga de hambre en julio de 2009, esta vez frente a la sede de la Organización de Estados Americanos, ubicada en Las Mercedes, distinguida zona comercial y empresarial. Espera que se pronuncien sobre las medidas cautelares solicitadas por su abogado, especialista en la defensa de Derechos Humanos, Alfredo Romero. Efectivamente, la OEA se pronuncia y a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda “adoptar medidas que permitan el acceso, tratamiento y monitoreo de situación de Franklin Brito por un médico de su confianza y/u ofrecido por la Cruz Roja Internacional”.
No ocurre así. El domingo 12 de diciembre, y por orden del Ministerio Público, lo trasladan a la fuerza al Hospital Militar. La fiscal general Luisa Ortega Díaz lo califica como incapacitado mentalmente “por negarse a recibir ayuda médica” y asegura que la reclusión busca resguardar su vida. Tanto Brito como su esposa, Elena, protestan tal calificativo. “Estoy en pleno uso de mis facultades”, esgrime Brito en un extenso comunicado que emite desde el Hospital Militar, donde permanece custodiado por militares armados que restringen y supervisan sus visitas. Se apoya en el informe psiquiátrico elaborado días antes por el Hospital de Clínicas Caracas, prestigioso centro médico privado del país. Y, de nuevo, apela a Hugo Chávez: “Hago responsable de lo que me pueda pasar al Presidente de la República, porque estoy secuestrado; estoy en contra de mi voluntad”, sentencia.
Desde julio de 2009, Brito pierde kilos, muchos kilos, y gana apoyo de la oposición política. Por orden del Ministerio Público, el 29 de mayo, días después de aparecer retratado en los medios de comunicación mostrando a la cámara una mirada completamente consciente que contrasta con su cuerpo esquelético, Brito es sedado “en contra de su voluntad”, según afirma su hija Ángela, y trasladado desde la habitación del hospital a la unidad de terapia intensiva donde permanece aislado. Brito se arranca las sondas de alimentación por suero y se declara también en “huelga de sed”. Ya pesa 35 kilos y apenas llega a 10 por ciento de masa corporal. A partir de entonces, la opinión pública recaba información sobre el agricultor a través de comunicados escritos y por declaraciones de sus familiares, que sólo pueden verlo en visitas restringidas y vigiladas. El 20 de agosto de 2010 entra en coma inducido en la unidad de terapia intensiva del Hospital Militar.
Bajo custodia médica militar, Franklin Brito fallece el 30 de agosto en la noche, seis días antes de cumplir 50 años. Los resultados de la autopsia demoran dos días. El informe forense cita como causa de muerte “un shock séptico sumado a un paro respiratorio debido a la desnutrición proteica calórica”.
A Brito se le despide dos veces. Una en Caracas, escenario de su larga protesta, y otra en el cementerio de Río Caribe, cerca de la población donde nació. Políticos de la oposición se presentaron en el velorio celebrado en la funeraria Vallés de Caracas, de donde partió hacia Río Caribe, una travesía de 500 kilómetros en carroza fúnebre con paradas de homenaje en diversos lugares. En la plaza La Libertad de Lecherías, una población del estado Anzoátegui, lo esperó una pequeña multitud, entre los que había representantes de ONG y políticos regionales, que siguió hasta el entierro. Desde otro extremo oriental del país, Carúpano, partió una manifestación de simpatizantes. Finalmente, convergieron en el entierro al que asistieron unas 500 personas. Entre ellas, su madre, Josefina.
Al día siguiente del sepelio, el 2 de septiembre, el Ministerio Público anunció que abrirá una investigación contra la esposa y los hijos de Brito, por incitación al suicidio. “En el día de ayer recibimos una denuncia de Carlos Aldana (no se ofrecen más datos de esta persona), que insta al Ministerio Público a que aperture (sic) una investigación penal, considerando que estamos en presencia de un hecho punible: inducción al suicidio, basado en hechos y expresiones de familiares y allegados”. Una semana después la Fiscalía suspende la investigación. Como legado a su familia, Brito dejó su protesta. Su hija Ángela anunció, tras el fallecimiento de su padre, que el caso será presentado ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.
