Artículo escrito por Rocío González Rey
El fatídico suceso en el que perecieron 15 personas que intentaban llegar nadando a territorio español ha reabierto el debate sobre las medidas utilizadas en Ceuta y Melilla contra la inmigración irregular: la actuación de la Guardia Civil, el vallado y la actual legislación. Los acuerdos son insuficientes y todavía no se han asumido responsabilidades.
¿Qué ocurrió en la frontera de El Tarajal?
En la madrugada del pasado 6 de febrero un grupo de inmigrantes subsaharianos intentaba llegar a nado hasta la playa de El Tarajal en Ceuta desde la costa marroquí. Sin embargo, su intento se vio sacudido por la actuación de la Guardia Civil, que ha abierto un polémico debate en cuanto a una posible implicación en el fallecimiento de 15 personas. Hasta el momento nadie ha asumido responsabilidades.
Las versiones del ministro del Interior y de la Guardia Civil disienten de las declaraciones de los propios supervivientes y de algunos testigos que consiguieron grabar el suceso.
Varios informes de la Guardia Civil relatan que los agentes utilizaron pelotas de goma y cartuchos de proyección cuando “los inmigrantes se abalanzaron sobre el vallado”, pero en ningún caso afirmaron que dispararan a las personas que estaban en el agua. Asimismo, el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, reiteró que el material antidisturbios sólo se había utilizado en la zona del vallado fronterizo.
Sin embargo, seis días después, Fernández de Mesa rectificaba y afirmaba que sí se habían disparado al agua pelotas de goma, pero no contra los inmigrantes, sino con el objetivo de “delimitar una línea imaginaria”, según declaró.
Al día siguiente, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, admitía en el Congreso el uso de las pelotas de goma por los agentes de la Guardia Civil en el momento que los inmigrantes estaban en el agua, aunque también negó que se disparara directamente contra ellos.
Por su parte, varios supervivientes denunciaron que los agentes les dispararon con pelotas de goma y les lanzaron bombas de humo cuando intentaban nadar hasta la costa ceutí. Es el caso del maliense Buback, quien afirma que los agentes disparaban contra quienes estaban en el agua y añade que la Guardia Civil puso en manos de los militares marroquíes a los que consiguieron llegar a la playa de El Tarajal, siendo algunos detenidos ya en territorio marroquí, según afirma el superviviente.
¿Reacción del Gobierno español?
Tras el funesto acontecimiento, grupos de cientos de personas han seguido intentado y, en muchos casos logrado, saltar las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla, siendo esta ciudad autónoma escenario de la mayoría de los intentos por llegar a España.
Ante tal situación, Fernández Díaz ha anunciado algunos cambios en las medidas de control en los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla con el objetivo de “blindar” la frontera para evitar que “inmigrantes ilegales en Marruecos” logren ser “inmigrantes ilegales en España”.
Según afirmó el ministro, los cambios se basan en el alargamiento del espigón y la colocación de una valla “antitrepa”, ya existente en algunas zonas de los vallados. Además, defendió el carácter “disuasorio” de las polémicas cuchillas colocadas en las vallas desde 2005 y criticó los denominados “flejes de acero” colocados en la parte superior de la valla de Ceuta porque, según afirma, “facilitan la intrusión de inmigrantes”. Por esto, ha anunciado la retirada de los flejes superiores de la valla más cercana a Marruecos, además de la construcción en la zona de Melilla de tres torretas más dispuestas de cámaras térmicas.
Diferentes ONG llevan años denunciando las devoluciones inmediatas de inmigrantes por parte de la Guardia Civil a las autoridades marroquíes, que según afirman, son ilegales teniendo en cuenta la Ley de Extranjería, el acuerdo bilateral con Marruecos y distintos tratados internacionales sobre derecho de asilo.
Sin embargo, tras los sucesos, Interior defiende la legalidad de las devoluciones inmediatas de inmigrantes a Marruecos. Francisco Antonio González Pérez, delegado del Gobierno en Ceuta, ha subrayado que alcanzar la playa “no significa que estén en España”, por lo tanto los indocumentados rescatados en el mar o interceptados nada más pisar territorio español serán rechazados y devueltos a Marruecos.
Por otro lado, se suman a la actual plantilla nuevos antidisturbios y agentes del Módulo de Intervención rápida de la Guardia Civil que, según la Dirección General de la benemérita, no podrán utilizar pelotas de goma.
¿Qué papel juega Marruecos?
En 1992 España y Marruecos firmaron un acuerdo relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente, según el cual el indocumentado debería ser llevado a comisaría y averiguar su nombre, de dónde viene, saber si es refugiado, si había estado en territorio español antes y solicitar un justificante a Marruecos cuando el indocumentado vuelve a territorio marroquí. Sin embargo, se llevan a cabo “devoluciones en caliente” sin ofrecer al inmigrante la posibilidad del proceso acordado.
En la reunión que mantuvieron el ministro Jorge Fernández Díaz y su homólogo marroquí, Mohamed Hassad, acordaronintensificar la lucha contra la inmigración irregular. Según fuentes del Ministerio del Interior, las autoridades marroquíes han aumentado los controles en las fronteras y en las zonas cercanas, como el monte Gurugú, donde cientos de subsaharianos esperan el momento para poder entrar a España. Monte al que los periodistas tienen el acceso prohibido por la policía marroquí.
Algunas de estas personas afincadas en el monte Gurugú afirman que la policía marroquí destrozó y quemó los campamentos improvisados donde aguardan el momento para intentar entrar en Europa. Denuncian además los maltratos propiciados por las autoridades marroquíes.
En esto coinciden con Human Rights Watch, que ha documentado casos en que “policías marroquíes golpearon a los migrantes, los despojaron de sus escasas pertenencias, quemaron sus precarias residencias y los expulsaron del país sin cumplir los requisitos de debido proceso”.
La organización denuncia además que “desde diciembre de 2011 las autoridades marroquíes han incrementado las presiones a migrantes subsaharianos organizando redadas, arrestando a migrantes que se presume son indocumentados y llevando a cabo expulsiones colectivas de migrantes en la frontera con Argelia”.
¿Cuál es la reacción de la UE?
Los intentos por llegar a Europa son constantes y, en muchas ocasiones, con desenlaces fatídicos, como el ocurrido hace unos meses en Lampedusa o el del pasado 6 de febrero en Ceuta. Sin embargo, no se ha llegado a un acuerdo europeo que mitigue los flujos migratorios irregulares, que según la Agencia Europea de Control de Fronteras Exteriores (Frontex) aumentaron un 48% en 2013.
Tras el drama vivido en Ceuta, la comisaria de Interior de la Comisión Europea, Cecilia Malmström, consideró que el uso de pelotas de goma pudo contribuir a la muerte de los 15 inmigrantes y dijo que no dudaría en actuar contra España si se confirma que vulneró la legislación de la UE en el procedimiento judicial abierto en la península.
La comisaria explicó que no acusaba a nadie de las “trágicas muertes”, pero que podría existir “una relación entre el disparo de las pelotas de goma y la creación de pánico”. Así, el ministro de Interior ha “rogado” a la comisaria que visite Ceuta y Melilla para conocer la situación en el terreno. A finales de 2013 la Comisión ya criticó la utilización de las cuchillas en las vallas fronterizas.
En el Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea uno de los principales temas fue la tragedia de El Tarajal y, por consiguiente, la inmigración.
Henrik Nielsen, jefe de unidad de gestión de fronteras y política de retorno de la Comisión Europea, solicitó que se envíen los resultados de la investigación abierta en España a la comisaria europea de Interior, Cecilia Malsmtröm, lo antes posible.
La mayor parte de los eurodiputados coincidieron en que controlar las fronteras exteriores es un reto para la Unión Europea. Algunos, como la eurodiputada alemana Cornelia Ernst, afirmaron que la tragedia de Ceuta es “un fracaso de España y por tanto de la UE”. Otros tacharon de “inaceptable” el suceso.
El ministro de Interior español, Fernández Díaz, solicitó una “ayuda de emergencia” para proyectos valorados en 45 millones de euros con el fin de mejorar la gestión de la inmigración, según afirma el ministro, a lo que Nielsen respondió que España “ya recibe alrededor de 300 millones del fondo de gestión de fronteras, siendo uno de los principales beneficiarios”.
¿Quiénes desean llegar a la península y por qué?
A pesar de la crisis que continúa afrontando España, y Europa en su conjunto, siguen siendo objetivos de futuro esperanzador para millones de jóvenes, mayores, mujeres y niños africanos provenientes de diferentes países como Malí, Nigeria o Mauritania.
Debido a las crisis económicas y sociales que enfrentan sus países, las guerras civiles y conflictos armados entre distintos estados que ponen en riesgo su seguridad, el hambre y los desastres naturales, cada año miles de personas se embarcan en una aventura que les puede costar la vida, como a las personas que yacieron en El Tarajal.
Personas que recorren cientos, incluso miles de kilómetros, escapando de la realidad que asola sus países, dejando atrás sus vidas, sus familias, sus aldeas y pueblos. Van en busca, al menos, de cubrir sus necesidades básicas, que en muchos casos no están ni cubiertas.
Aunque detrás de cada persona hay una historia distinta, muchas de ellas se ven apoyadas por mafias que trafican con seres humanos, que organizan sus viajes a cambio de dinero y, en definitiva, de sus vidas.
Ocultos en vehículos, en pateras, a nado, saltando vallas… Diferentes formas de intentar conseguir su objetivo: llegar a Europa.
¿A qué se enfrenta el inmigrante?
A perder la vida. A ser devuelto a las autoridades marroquíes sin llevar a cabo el procedimiento detallado en la Ley de Extranjería, según la cual no se precisará “expediente de expulsión para la devolución de los extranjeros que habiendo sido expulsados contravengan la prohibición de entrada en España; y los que pretendan entrar ilegalmente en el país”.
La expulsión constituye una sanción administrativa que prohíbe la entrada en España por un tiempo determinado y que precisa de la tramitación de un expediente administrativo. En caso de que la devolución del indocumentado no se pueda ejecutar en un plazo de 72 horas, la autoridad judicial competente “solicitará la medida de internamiento prevista para los expedientes de expulsión”.
En los diez días posteriores, España presenta una solicitud de “readmisión” a Marruecos. En caso de no ejecutarse, el proceso de expulsión puede demorarse hasta dos o tres años. Mientras, el tiempo máximo de detención son 72 horas, que una vez cumplidas cabe optar por diferentes medidas: dejar en libertad al detenido o trasladarlo a un Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) en Ceuta y Melilla.
Puesto que los CETI suelen estar desbordados, normalmente se les lleva a los Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la península, donde pueden estar hasta 40 días. Finalizado el plazo, la Policía tiene la obligación de poner en libertad al detenido.
Son seis meses los que tiene la policía para comunicar la decisión de expulsión. Transcurridos estos meses, el expediente caduca, aunque la Policía podría volver a detenerle en caso de seguir indocumentado e iniciar un nuevo expediente sancionador.
Los procedimientos se basan en medidas insuficientes para mitigar los efectos devastadores de los flujos migratorios, por lo que es necesario un acuerdo común a nivel europeo para disminuir los daños que sufren quienes desean pisar territorio español y europeo.
@rociogonzalez90
