Desembarca en La Moncloa el primer gobierno socialista desde el año 2011. El primero de izquierdas después de la crisis y en medio de una recuperación económica muy desigual. Además, se da la circunstancia de que nunca antes la izquierda a la izquierda del PSOE había sido tan fuerte. Aparentemente, se dan las condiciones (y la necesidad) para que pueda arrancar una ambiciosa agenda social, este año bastante constreñida por el compromiso adquirido por Pedro Sánchez de mantener los presupuestos la aprobados con la mayoría que formaron PP, Ciudadanos y el PNV, pero quizás con algo más de margen con vistas a 2019. Aunque la duración del Gobierno aún es una incógnita, sí se observa la intención en el nuevo Presidente de mantenerlo el mayor tiempo posible, aunque dependerá de la estabilidad de la que logre dotarlo (incorporando a Unidos Podemos, su mandato podría ser más largo), por lo que no es una locura pensar que algo sí puedan cambiar las cosas en los próximos meses o trimestres. Además, no todas las medidas necesarias requieren tirar del presupuesto.
En materia laboral, el nuevo Gobierno seguramente reciba presión tanto por parte de la izquierda como de los propios sindicatos para derogar las últimas reformas laborales que bajaban la indemnización por despido a 20 y 33 días por año trabajado, daban mayor poder a la empresa para alegar razones económicas en los despidos, y, más importante todavía, reducían el poder de negociación de los sindicatos así como el respeto de los convenios colectivos, porque facilitaban el descuelgue, y limitaban su ultraactividad. En definitiva, en la relación de fuerzas entre trabajadores y empresarios, las últimas reformas laborales inclinaban la balanza a favor de los segundos y en contra de los primeros. Habría que tratar de reparar ese desequilibrio.
El nuevo Gobierno también tiene que poner el foco en que, en 2016, según los últimos datos de Eurostat, el 13,1% de los trabajadores está en riesgo de pobreza, porcentaje que es ahora más elevado que en los peores años de la crisis (en 2011, 2012 y 2013 no llegaba al 11%) y que parece tener su explicación en la cada vez mayor precariedad del empleo que se está creando durante la recuperación económica. El riesgo de pobreza entre los trabajadores españoles está 3,5 puntos por encima de la media comunitaria.
El informe sobre desigualdad que publicaba esta semana el Banco de España ha puesto de manifiesto que si la desigualdad medida por el índice Gini en los salarios por hora está en 0,28, el Gini de los salarios mensuales reales sube hasta 0,35, lo que constituye otro indicador de cómo se abusa de la contratación por pocas horas, que suponen rentas por el trabajo ínfimas para muchos empleados.
En el mercado de trabajo también, tal y como se comprometió Pedro Sánchez, el nuevo Gobierno habrá que hacer hincapié en la lucha contra la brecha salarial. Y, además, en las políticas de conciliación, que sean reales y que militen en la corresponsabilidad y la igualdad de mujeres y hombres dentro y fuera de casa.
Si hay que vigilar el empleo que se crea, también es necesario velar por la situación de quienes continúan desempleados. En España, el 49,2% de los parados estaban en riesgo de pobreza en 2016, niveles más acordes con la media de la Unión Europea que los anteriores, pero hay que tener en cuenta que la tasa de paro comunitaria es ocho puntos inferior a la española.
Este contexto general requiere el inicio del diseño de un programa de rentas mínimas garantizadas a nivel estatal: si el desempleo crónico en muchos casos aboca a sus sufrientes a la pobreza y el empleo no es capaz en muchos casos de garantizar una vida desahogada, es necesario dotar al Estado de Bienestar de programas de rentas más ambiciosos. Y, de esta manera también, empezar a desvincular la protección social del lugar que uno ha ocupado u ocupa en el mercado laboral.
Urgentes políticas de familia
La pobreza laboral conduce indefectiblemente a la pobreza familiar. Y, como han puesto de manifiesto Alberto Vaquero García, Santiago Lago Peñas y Lucía Ferreria Gómez, de la Universidad de Vigo, en su informe Las políticas de familia en España: una perspectiva comparada, nuestro país está muy necesitado de presupuesto para este objetivo social. En la conclusión del estudio los autores dicen: “España es uno de los países menos generosos de la UE desde la perspectiva de gasto en políticas de familia. Las menores dotaciones para los servicios públicos para la atención a la infancia, la reducida apuesta por apoyo monetaria a las familias y la insuficiencia de medidas para poder conciliar la vida familiar con la laboral no se compadecen con los profundos cambios habidos en el modelo de familia en España y siguen delegando el cuidado de los hijos en los parientes más cercanos, como si nada hubiese pasado en las ultimas décadas”. Más adelante, añaden: “El esfuerzo que realiza España en políticas a la familia es la cuarta parte de la observada, como media, en Europa, y está a años luz de las dotaciones aplicadas en la mayor parte de los países del norte de Europa”.
Algunas medidas que proponen los autores son: incrementar la inversión en políticas de familia para alcanzar, al menos, la media europea, lo que supondría un incremento de 1,2 puntos de PIB, así como duplicar, al menos, las deducciones por hijos en el IRPF y, para quienes no hacen la declaración, apuntan la conveniencia de articular un sistema de subvenciones mensuales similar al que tienen las familias numerosas.
Más cifras para medir la desesperada situación. El 33,6% de los hogares con una actividad laboral media y con al menos un niño dependiente estaban en riesgo de pobreza en el año 2016. Ese porcentaje rozaba el 75% en el caso de hogares con muy baja intensidad laboral. Y otro dato: en 2016, el 59,5% de los menores de 18 hijos de personas con bajo nivel de estudios (los primarios sin terminar, los primarios acabados o los secundarios sin finalizar) estaba en riesgo de pobreza.
Más empleo y mejor, pacto de rentas (o de redistribución de los beneficios empresariales con mejores leyes laborales) y más atención a las políticas de familia podrían ser buenos puntos para comenzar. Algunos no necesitan dotación presupuestaria. Otros, sí, pero pueden irse preparando para los Presupuestos del año que viene, o más paulatinamente. Hay que ser consciente del ‘shock’ fiscal de poner en marcha todo a la vez y de manera ambiciosa y de que hay compromisos en materia de déficit que cumplir con Bruselas.
Quizás esta breve legislatura que tiene por delante la izquierda sirva como aperitivo y declaración de intenciones de lo que vendrá de contar con el apoyo de las urnas cuando se celebren las elecciones. Como éstas pueden ser pronto, el nuevo Gobierno no tiene tiempo que perder, al menos, para plantear su agenda de reformas a medio y a largo plazo.
Lógicamente, las pensiones han de estar en el cuaderno de tareas pendientes y urgentes de Pedro Sánchez. Los jubilados, con sus protestas ininterrumpidas han enviado un mensaje claro: quieren una enmienda a la totalidad de las últimas reformas del sistema, que incluyen tanto el retraso de la edad de jubilación, como la desligazón del IPC de su revalorización, así como la fórmula para el cálculo de las prestaciones inciales, que implica una rebaja paulatina a medida que vayan pasando los años, hasta dejarlas muy disminuidas. Los pensionistas desean, para ellos, para sus hijos y para sus nietos, unas pensiones suficientes. El nuevo Gobierno ha de ver si quiere y puede hacer sostenible la Seguridad Social con mejor empleo, cotizaciones más elevadas y extrayendo de ella algunas de las prestaciones, o si se resigna a su déficit y se decide a cubrirlo con los Presupuestos Generales del Estado.
Cómo se paga todo esto
Lógicamente, después de plantear todas estas propuestas de inversión social (mejor llamarla así que “gasto público”), hay que hacer las de ingresos, para ver “cómo se paga todo esto”. No se puede hacer como el nuevo Gobierno italiano, que quiere elevar el gasto y, a la vez, bajar drásticamente los impuestos.
Hay que partir de que España “gasta” poco. En 2017, el gasto sobre el PIB fue del 41%, frente a 46,4% de la zona euro y frente a cifras por encima del 50% en Dinamarca, Francia o Finlandia, por ejemplo.
También en protección social España invierte menos: por habitante, 5.405,11 euros en 2015, último dato que recoge Eurostat, frente a los 10.128 euros de Alemania; los 10.768,82 euros de Francia; o los casi 7.700 euros de Italia.
Además, España ingresa poco en términos relativos: en 2017, los ingresos no llegaron al 38% del PIB, frente al 44,9% de la media de la UE, y de niveles superiores al 50% otra vez en Dinamarca, Francia o Finlandia. Y aquí va a estar quizás el trabajo más arduo del nuevo Gobierno -si es que se decide a abordarlo-: en hacer pedagogía sobre la necesidad de elevar la carga fiscal, de subir los impuestos.
Si, como dicen los estudios, la redistribución más eficaz es la que se hace vía gasto social, éste necesita financiarse, y no se ha inventado otra cosa de momento al margen de los impuestos. Se puede subir el IVA, algo muy impopular y regresivo y que sin duda tendría más coste; se pueden añadir tramos en el IRPF sobre todo en las rentas más elevadas y subir los tipos marginales para ellos; se pueden eliminar deducciones tanto en Renta como en Sociedades; se puede incorporar fiscalidad verde, mucho menos desarrollada en España que en los países de nuestro entorno; se puede incrementar la fiscalidad sobre los rendimientos del capital para irla aproximando a los rendimientos del trabajo… Hay muchas opciones.
Sin duda, aquí es donde se la juega el nuevo Gobierno: primero, en buscar curar las heridas aún sangrantes de la crisis económica y las que venían de antes, como la debilidad del Estado del bienestar en según qué aspectos de la protección social, con políticas de gasto inteligentes; a continuación, en concienciar de la necesidad de medidas para financiarlas y de que, con ello, puede que salgamos todos ganando o, al menos, los que más lo necesitan, que no han visto un céntimo todavía de la recuperación económica. Si ninguna de las dos cosas se aborda, poco cambiará la situación, en poco variarán las horribles cifras que sorporta la población en términos de paro, precariedad, pobreza y desigualdad.
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