La campaña Guatemala sin hambre ha seleccionado los casos de cinco niños guatemaltecos que sufren de desnutrición crónica y ha decidido presentar las primeras cinco demandas ante la justicia por violación del derecho a la alimentación de que se tiene constancia no sólo en Guatemala sino en el mundo.
A. L. tiene 11 años y 5 meses. Desde que murió su padre, los ingresos que consigue trabajando en las plantaciones de café de Honduras son el único sustento regular de una familia que junto a él componen su madre, su abuela y su hermano.
Según el peritaje realizado, no consumen fruta ni leche, ni huevos ni carne. Casi nunca cenan. Su alimentación se limita a una media de cinco tortillas de maíz al día. Su vivienda, hecha de barro, con piso de tierra, se encuentra a más de media hora a pie de la fuente de agua potable más cercana. El transporte a la cabecera municipal en la que tendrían acceso a los servicios sanitarios consume el equivalente al 75 por ciento de los ingresos diarios de los que disponen para alimentarse.
No disponen de ningún tipo de saneamiento. El nivel de fecalismo en el que sobreviven es caldo de cultivo para todo tipo de diarreas y parásitos. Se calcula que el ingreso económico de la familia es de 3.19 quetzales por persona y día. Menos de medio dólar. Extrema pobreza. Desnutrición familiar.
El de la familia de A. L. es sólo uno de los cinco casos que la campaña Guatemala sin hambre ha acompañado ante la justicia con una exigencia clara. Se reclama que el juzgado de Zacapa que las recibe dicte medidas cautelares para la protección inmediata del derecho a la alimentación de cinco casos de niños, como A. L., desnutridos crónicos en el municipio de Camotán, Chiquimula. Niños y niñas cuyos contextos y situaciones están explicados en detalle. Casos que se encuentran siempre sometidos a una situación en la que una diarrea o una bronconeumonía podría llevárselos por delante en cuestión de pocas semanas.
Su planteamiento nace de la premisa de que si, como se le reclama, la justicia dictase medidas cautelares efectivas para estos cinco niños —casos representativos, muestras del 55 por ciento de la infancia guatemalteca, desnutrida crónica— esa victoria podría desencadenar una oleada de demandas que obligara al Estado a pasar de las palabras a los hechos.
Desde que hace una década el problema saltase no sólo a las portadas de la prensa sino al ámbito de las prioridades políticas —precisamente en Chiquimula, el mismo lugar donde el problema persiste como si de una pandemia se tratase—, se ha contado hasta la saciedad. Incluso se ha creado un sistema de Seguridad Alimentaria Nacional financiado de forma sostenida por la cooperación internacional. Pero pese a la intervención de los Ministerios de Agricultura y Salud y de los Programas de Cohesión Social del Gobierno guatemalteco, y al constante incremento de los fondos dedicados a combatir la desnutrición, que se han triplicado a lo largo de la última década, la situación sólo ha mejorado levemente, según las cifras oficiales, y continúa empeorando, según las organizaciones especializadas como Acción contra el Hambre.
Uno de los responsables de la campaña Guatemala sin Hambre, que aglutina a organizaciones como Plataforma Agraria y la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC) entre otras, es Omar Jerónimo, miembro de la Coordinadora de organizaciones Ch`orti`. “Hace cuatro años comenzamos a evolucionar desde lo humanitario hacia el enfoque de derechos”, explica. “Pensamos que la judicialización de una serie de casos es una de las acciones que, en nuestra opinión, podría provocar un cambio de enfoque, desatando un debate público y obligando al Estado a posicionarse”.
Según Jerónimo, uno de los principales problemas con los que se enfrentan quienes trabajan en el ámbito de la desnutrición es que “la sociedad sigue entendiendo la alimentación como un hecho privado cuando no lo es”.
¿Se puede judicializar el hambre?
Para avanzar en su planteamiento político, las organizaciones que forman parte de la campaña decidieron que identificarían cinco situaciones concretas. Así llegaron a casos como el de A. L. Tras realizar los peritajes técnicos, en los que participaron una trabajadora social, un psicólogo, un médico y una nutricionista, seleccionaron los que finalmente llegarían a manos de un abogado.
Según Jaime Tecú, el abogado que ha preparado la demanda, “se basa en la exigencia de aplicación efectiva de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, una ley aprobada por el Estado de Guatemala en 2003 que debería aplicarse en conjunción con la Convención Internacional de los Derechos del Niño. En el caso de los cinco niños de Chiquimula, para los que se exige una intervención judicial inmediata, el sistema de protección jurídica nacional e internacional de los derechos de la infancia es, a día de hoy, papel mojado”.
Lo que Guatemala sin hambre espera de esta iniciativa es una resolución que proporcione a las familias alimento en el corto plazo y en el mediano, les facilite los medios para modificar su condición. No es posible pensar, se quejan, en las bolsas solidarias como una solución.
La idea de la demanda no deja de ser controvertida. Otros abogados y otros sistemas de justicia discrepan del enfoque planteado por Tecú: hay ciertos tipos de derechos que no son judicializables.
Para quienes no le auguran mucho futuro, de aceptarse esta demanda, el Estado podría convertirse en responsable de un número prácticamente ilimitado de violaciones del derecho. Desde los de fallecidos en un tiroteo en medio de la calle hasta un accidente de tráfico, siempre podría responsabilizarse al Estado de no ejercer su obligación de proteger a sus ciudadanos.
Alejandro Balsells, el presidente del Comité para la Defensa de la Constitución, confirma que no se ha dado aún ningún caso de demanda contra el Estado por casos de desnutrición y que por lo tanto se trata de una solicitud inédita. Y añadió que en un caso como este, en el que se parte de un atentado contra los derechos humanos, debería ser la Procuraduría de Derechos Humanos quien se hiciera cargo.
Por su parte, Henry Alexander Leonardo Marroquín, el delegado departamental de la Procuraduría General de la Nación en Zacapa, dijo tener conocimiento de que se ha presentado una demanda, pero aseguró estar a la espera de recibir la notificación judicial para comenzar a investigar si existen responsabilidades de algún funcionario público y si, respecto a esta demanda, se solicitó atención por parte del Estado con anterioridad.
Para la Procuraduría General de la Nación se trata de un caso complejo en el que pudieran chocar sus dos funciones esenciales: la defensa de los intereses del Estado y la defensa de los intereses de la niñez. “Nuestra labor es la de restituir el derecho violado”, dice Marroquín, “y el primer paso será preguntarle a las instituciones implicadas por su estructura de funcionamiento para comprender, por ejemplo en el caso de la Secretaría de Seguridad Alimentaria, si estos casos han solicitado su ayuda en alguna ocasión”.
Chiquimula, diez años después
El doctor Carlos Arriola es, desde hace 21 años, director del hospital-dispensario Bethania de Jocotán. Ha realizado los peritajes médicos de los casos que llegan a la justicia y comparte con los activistas una cierta sensación de tiempo perdido, así como la necesidad de un cambio de paradigma en la manera en que el Estado se relaciona con el hambre.
En 2001, un caso de desnutrición registrado en su hospital provocó que no sólo la prensa sino el Gobierno y el sector privado desembarcasen en el municipio dispuestos a denunciar y solucionar el problema del hambre. “Hemos visto todo tipo de acciones a lo largo de los últimos años. También cómo la mayoría de intentos han caído dentro del circo de las organizaciones no gubernamentales y el Estado se ha aprovechado de la intervención privada para eludir su responsabilidad. Aquí no ha cambiado nada en diez años”, afirma Arriola, que nunca abandona su sonrisa.
“Es importante que provoquemos un choque frontal contra el concepto de responsabilidad. Guatemala es el país de la impunidad, el país donde no es posible levantar la voz y denunciar la injusticia sin asumir represalias. Es hora de que se siente un precedente que les impida a los políticos de turno venir a sacarse una foto entregando una bolsa de comida como si eso solucionara algo”.
¿Pero no existen ya varios programas de atención integral a las familias desnutridas en Guatemala?
Jaime Tecú responde varios días más tarde a la pregunta y lo hace con otra interrogante. Tras explicar que muchas familias nunca han visto a ningún representante del Estado llegar hasta sus casas, espeta: “¿existe en Guatemala un censo que recoja a las familias en situación de inseguridad alimentaria después de diez años de crisis declarada?”.
Y se responde a sí mismo: “No. Para muchas, el Estado es algo totalmente ausente. No sólo el Estado no conoce a las familias ni sabe dónde están. Cuando los niños logran llegar al hospital, el sistema no tiene la capacidad de solucionar su problema”.
El doctor Arriola describe, además, una de las mayores perversiones del sistema: la que invisibiliza la desnutrición, algo contra lo que se puede luchar jurídicamente. “Un niño llega con diarrea, parásitos y desnutrición. Le tratamos la diarrea”, dice, “y tenemos que darle el alta. El sistema sólo nos permite registrar el primero de los diagnósticos, el que provoca la consulta. Recibimos al año 300 casos de niños con diarrea y parásitos. Casi todos están desnutridos pero no aparecen como tales en los registros. ¿Comprendes por qué no se está contabilizando la dimensión real del problema? Lo mismo sucede con las causas de la muerte”.
La mayor parte de las críticas hacia el sistema de seguridad alimentaria guatemalteco coinciden en que las políticas públicas no llegan ni se aplican si un niño no está desnutrido puro. El sistema no los recibe, se limita a tratar sus afecciones paralelas y los devuelve a la misma condición que les ha hecho enfermar sin curarles. Se invierte dinero en Centros de Recuperación Nutricional para casos agudos y se deja de lado la intervención sobre los casos crónicos.
Para el doctor Arriola, “se están tirando los recursos, se está engañando a la gente y no se está solucionando el problema. Además, todo se carga sobre el sistema de salud cuando no es sólo un problema sanitario. En vez de tanta comisión de expertos deberían salir a las parcelas y habilitar sistemas de riego para garantizar su producción de alimentos. Traspasar la responsabilidad del médico al Ministro de Agricultura, por ejemplo”.
Caridad no, derechos
El director del hospital-dispensario Bethania coincide con Omar Jerónimo y con Jaime Tecú: es importante, dicen, que población y Estado comprendan que la desnutrición no es un problema exclusivamente médico. Es también un problema social. Cuando se salva a un niño de la muerte inmediata por desnutrición aguda ese niño se ancla en la desnutrición crónica. No llama tanto la atención, pero provoca que generaciones enteras de guatemaltecos crezcan como seres limitados en su desarrollo.
El doctor cree también que la judicialización de los casos seleccionados, que él mismo ha preparado desde el punto de vista médico, “debe servir para desatar la responsabilidad estatal, fijando un precedente que permita adoptar medidas, un cambio radical en la manera en que Guatemala trata el problema del hambre”.
“Podemos demostrar”, dice el abogado Jaime Tecú, “que estas familias no han recibido ninguna atención por parte del Estado”.
La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia aprobada por Guatemala en 2003 recoge como deberes del Estado promover y adoptar las medidas necesarias para proteger a la familia, tanto jurídica como socialmente. Menciona específicamente que es su obligación garantizar a padres y tutores el cumplimiento de sus obligaciones respecto a la alimentación, entre otros derechos.
Para Tecú, se trata de un cambio de percepción total. “La erradicación del hambre de los niños guatemaltecos es una responsabilidad que el Estado asumió. Eso es lo que exigimos. Coherencia. Que el Estado asuma legalmente algo que ahora en el sentir popular cae, por error, exclusivamente en las familias, familias que no pueden garantizar su propia supervivencia”.
El abogado insiste en esta idea. “No hablamos de un problema de padres incapaces de asumir su responsabilidad, ni de familias desestructuradas o negligentes. Hablamos de familias que lo intentan todos los días, sin pausa —de ahí los meses invertidos en la elaboración de peritajes técnicos—, que intentan alimentar a sus hijos desde que estos nacieron, pero se encuentran, día tras día, con que las condiciones en las que trabajan no les permiten garantizar ni siquiera dos tiempos de comida al día”.
El abogado Tecú espera, no sin cierta preocupación, la decisión de la Procuraduría General de la Nación. “Tendrá que localizar a los niños, analizar su situación, estudiar el contexto de las familias. Verá que la situación en las comunidades en las que viven no permiten su cura y se enfrentará a un dilema”.
—¿Cuál?
—Decidir si se limita una vez más a quedarse anclada en los síntomas, y trata de quitarle la custodia de los niños a sus padres, o actúa aplicando la legalidad y obliga al Estado a solucionar el problema estructural. Es más, si propone la tutela del Estado y la separación de las familias por incapacidad para cuidarlos, ¿lo propondrá también para dos millones de niños en la misma situación?
La apuesta es dura. El problema no lo es menos.
Este artículo, sexto y último de una serie, se publicó inicialmente en la web guatemalteca www.plazapublica.com.gt
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Alberto Arce es periodista. En FronteraD ha publicado Memoria de Gaza I y II y Antifotoperiodismo
