Mucho avanzaron los estudios sobre la historia de Guinea Ecuatorial desde la aparición de mi Historia y tragedia de Guinea Ecuatorial [1]. Pese a tan estimulante perspectiva, que nos permite tener un mayor conocimiento del conjunto de las realidades coloniales, ocultas durante siglos, los historiadores apenas se han adentrado en un período cuya brevedad no menoscaba su importancia: la II República. Salvando algún acontecimiento tratado de modo aislado –el asesinato del gobernador Gustavo de Sostoa en Annobón, o la sublevación militar en Fernando Poo y la Guinea Continental–, permanece aún oscura la política colonial formulada y ejecutada en España durante el régimen surgido en 1931. Especial significación adquiere esta omisión al constatar la profusión de estudios y análisis consagrados a la II República por especialistas españoles y extranjeros. Desde nuestro punto de vista, que no llegase a cuajar, debido a la interrupción de la Guerra Civil, no resta  interés a un conocimiento que, cuando menos, permitiría contrastarlo con las políticas coloniales conservadoras de la Restauración y el franquismo, poniendo de manifiesto las ideas y programas de los grupos liberales y las izquierdas, fuerzas políticas excluidas en ambos períodos, pero que asumirían mayor protagonismo en la política española entre 1931 y 1936. A este respecto, preguntas importantes siguen siendo si los diversos partidos republicanos, el socialista, el comunista, los radicales, los anarquistas y todas sus derivaciones concibieron y propusieron una política colonial propia; si intentaron llevar a la práctica nuevos modelos de relación con los colonizados según sus propuestas ideológicas; si se limitaron a gestionar una situación que, de alguna manera, les venía impuesta por los hechos; si hubo ideólogos o teóricos, cómo lo hicieron y con qué resultados. En definitiva, urge llenar el vacío existente sobre la postura de los movimientos políticos y sociales progresistas de la metrópoli ante la colonización y la descolonización de las posesiones españolas en África. Enuncia la cuestión el muy importante estudio La idea colonial en España, de Roberto Mesa, pero puede considerase insuficiente; apreciación que requiere una justificación, resultante del análisis de la obra, pero nos alejaríamos de modo excesivo de los objetivos de nuestra exposición[2].

Guiado por mi irrefrenable curiosidad, génesis de toda mi obra, intenté hallar respuestas a tales cuestiones. Fruto –provisional– de mi indagación es un volumen inédito, La II República y la cuestión colonial, gestado en 1977, continuado hasta 1980, retomado hace varios meses, y en cuya versión definitiva trabajo en la actualidad. Hoy les presento un fragmento, escogido de manera deliberada, a mi parecer suficientemente ilustrativo: el conocido como escándalo Nombela. De gran impacto político y mediático en su tiempo, continúa vigente, como ejemplo prístino de las divergentes –mejor diría contrapuestas– concepciones de los métodos y objetivos de la presencia española en la actual Guinea Ecuatorial; o, si se prefiere, de lo que algunos denominan “los intereses de España” en la ex colonia. Dos modelos de entender la acción colonial claramente enfrentados, muestra de una realidad demasiadas veces olvidada, u ocultada, y por ello apenas perceptible para la sociedad española y la sociedad guineana. Y por más empeño que se ponga en manipular tales realidades, emerge siempre la verdad sobre las intenciones ocultas; así, determinadas  actuaciones que se producen en Guinea, o con relación a ella, terminan influyendo en la historia de la metrópoli, y, por tanto, en la vida política y personal de los propios españoles. De ahí su importancia. En el futuro, con sosiego, podrá contraponerse a otros episodios, como el caso Trevijano, también insuficientemente calibrado para la cabal comprensión del rumbo adquirido por la política española tras la muerte del general Francisco Franco.  

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Aclaraciones previas: Mantuve, durante el transcurso de esta investigación, numerosas, interesantísimas y extensas entrevistas con el protagonista principal de este episodio,  Antonio Nombela, en su residencia del Paseo de La Habana, Madrid; la primera, el 30 de enero de 1979; la última, el 15 de enero de 1980. También deseo dejar constancia de que un extracto de este capítulo fue publicado en la revista Historia 16, en 1981[3].

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En la sesión de las Cortes del 26 de julio de 1935, al contestar a la interpelación del diputado independiente Dionisio Cano López sobre las razones de la destitución del inspector general de Colonias, Antonio Nombela[4], y del secretario general de Colonias,  José Antonio de Castro,  José María Gil-Robles –líder de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) y ministro de la Guerra desde el acceso al poder de la coalición conservadora, integrada por la CEDA, el Partido Radical de Alejandro Lerroux y otras formaciones menores, tras las elecciones de noviembre de 1933–, había afirmado que se abriría un expediente y, si de él no se derivaban responsabilidades para los funcionarios  cesados, éstos serían repuestos en sus cargos y rehabilitados. Con esa esperanza, el ex capitán Nombela realizó en los meses siguientes numerosas gestiones ante miembros del Gobierno y del Parlamento; al resultar infructuosas, y con el fin de “restablecer su honor”, presentó el 28 de noviembre un largo memorándum al presidente de las Cortes, Santiago Alba, en el cual explicaba los motivos de su cese y pedía ser reintegrado en sus funciones.

El Partido Radical –segunda fuerza política en aquellas Cortes, tras la CEDA– recabó para sí el derecho de plantear la cuestión en el salón de sesiones, dándole estado parlamentario, y solicitó, por boca de su diputado Fernando Rey Mora, se arbitrasen los medios para que se esclarecieran las responsabilidades. Los republicanos conservadores, por medio de Miguel Maura, evacuaron consultas con Unión Republicana, el grupo de Martínez Barrio; con Izquierda Republicana, de Augusto Barcia, y el Partido Republicano Progresista, de Cirilo del Río, con quienes acordaron “hacer los esfuerzos imaginables” para que el tema quedase aclarado. Dada la gravedad de los hechos denunciados, Maura amenazó con recurrir a la interpelación en caso de que los radicales intentaran entorpecer la investigación. Por su parte, el presidente del Gobierno, el radical Joaquín Chapaprieta, intentó impedir la discusión de la denuncia en comisión parlamentaria, argumentando que debía ir a informe de la Comisión de Peticiones “por tratarse de una cuestión no planteada por miembros de la Cámara”. Introducida por el propio presidente de las Cortes, se dio lectura al extensísimo informe redactado por Antonio Nombela, al que se acompañaba gran número de documentos.

Nombela exponía que fue nombrado inspector general de Colonias por el entonces jefe del Gobierno, Ricardo Samper, el 29 de agosto de 1934. No conociéndose previamente, su nombramiento respondía al deseo de que elaborase un programa concreto de política colonial, desde un planteamiento eminentemente técnico. Le asignaron como colaboradores al secretario general de Colonias, José Antonio de Castro Martín, y al gobernador general de Guinea, Ángel Manzaneque. Apenas iniciada la labor encomendada, se produjo una crisis ministerial, y Samper fue sustituido por Alejandro Lerroux, y al subsecretario de la Presidencia, Boixareu, reemplazó Guillermo Moreno Calvo. Afirma Nombela que, al poco tiempo tuvo “la triste convicción de que a la incompetencia y al absoluto desinterés por la obra colonizadora se unía en el nuevo subsecretario un afán de dificultar toda labor que no respondiese exclusivamente a determinados propósitos que como único fin parece que allí le llevaban”.

Presagios confirmados a los pocos días de la toma de posesión del nuevo equipo ministerial, cuando Nombela fue llamado por el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, para advertirle “sobre la clase de personajes que habían entrado en la Presidencia y sus anejos y sobre sus seguras intenciones”. El presidente añadió que tenía referencias de la probidad del inspector general, por lo que estaba seguro de que “sería el valladar que firmemente se opusiese a cuantos desmanes se pretendiesen realizar” en relación con las colonias. Le rogó, asimismo, que nunca dimitiese y resistiera a cuantas presiones recibiera de sus nuevos superiores, asegurándole que siempre encontraría respaldo moral en la Presidencia[5].

En consecuencia, trató de oponerse por todos los medios a que prosperasen estos designios, lo cual le hacía cada día más difícil el desempeño de su cometido. Entre los manejos del nuevo equipo destacaba una petición de indemnización suscrita por la Compañía África Occidental, S. A., propiedad del naviero catalán Antonio Tayá, por un valor de 524.832 pesetas. El subsecretario Moreno Calvo presionó a Nombela mediante reiterados  requerimientos para que fuese abonada esta cantidad, a los que el inspector general se resistió, por entender que no era justa la indemnización. El subsecretario replicó que era necesario salvar las dificultades, por grandes que fuesen, “por cuanto el señor Tayá, cuando disfrutaba de crecida fortuna, con su dinero en Barcelona había sacado de difíciles apuros a don Alejandro Lerroux, y éste, reconocido, le había prometido corresponder cuando cambiaran las circunstancias”. Nombela, que aseguraba no conocer personalmente ni a Tayá ni a su abogado, Gómez Piñán, tuvo que recibirlos por orden del subsecretario, con la pretensión de que rectificase la opinión que tenía sobre el asunto que planteaban. En dicha entrevista, los interesados “se condolieron” de la lenta marcha de su expediente, culpando de ello al anterior director general de Marruecos y Colonias, Fernando Duque Sampayo, contra el cual hicieron “graves inculpaciones”. El subsecretario Moreno Calvo le dijo a Nombela que deseaba conocer el expediente, se lo llevó e hizo desaparecer un sobre con la firma de Tayá con el “enterado” de la notificación de que se le denegaba el pago de las 524.832 pesetas. Luego requirió a dos abogados del Estado para que estudiasen si existía algún defecto en la tramitación del expediente que impidiera materializar el pago. El informe de la asesoría acusó la falta de notificación, y no aceptó la sugerencia verbal del subsecretario, quien insistía en la urgencia del pago. Al ser devuelto el expediente a la Inspección de Colonias, causó sorpresa la falta del documento, y se observó que se había corregido la numeración con el fin de que existiera correlatividad en los documentos. Nombela se lo comunicó a Moreno Calvo, “y éste simuló que sentía desconfianza de su secretario particular e íntimo amigo D. Juan Alonso Jiménez. Prometió averiguarlo todo y castigar al causante”.

Posteriormente, Gómez Piñán pidió se instruyera un nuevo expediente, acogiéndose a lo que llamó “recurso de reposición”. Pasó el nuevo expediente a la Junta Asesora Jurídica de Colonias, encareciéndose a su presidente, magistrado del Tribunal Supremo Torres Roldán, “el interés de Lerroux en que se resolviera la cuestión”; pero la Junta rechazó el recurso. Se coaccionó de nuevo a Nombela, y Moreno Calvo –“no omitiendo epítetos” contra el magistrado–, amenazó con el despido a todos los componentes de la Junta. Volvió a salir el expediente de la Inspección de Colonias para pasar a manos del subsecretario. El abogado del Estado Manuel Gómez Acebo le informó a Moreno Calvo que habría que esperar el resultado de un recurso pendiente en el Tribunal Supremo antes de procederse a pago alguno. En efecto, el 22 de abril de 1935, el Tribunal Supremo dictó sentencia anulando la rescisión, acordada por la Administración, del contrato con la Compañía naviera, sin ordenar pago alguno, ya que, en caso de que procediera, sería objeto de expediente de liquidación por vía administrativa. Apoyado en esta sentencia, el subsecretario pretendió se procediera al pago inmediato, “ilegal y sin las debidas formalidades, no solo de la primera cantidad reclamada, sino de nuevas peticiones que la Compañía formuló en sucesivas instancias, y que el día 26 de abril de 1935 montaban 2.592.000 pesetas”.

Relata Nombela minuciosamente diversos incidentes con su superior jerárquico en su escrito a las Cortes. Así, recordaba que, estando él presente, Moreno Calvo le dijo a Gómez Piñán que, enterado de cuanto solicitaba la naviera y existiendo dinero en el Tesoro Colonial, le parecía “una solemne primada ser tan parco en pedir. Creía que debía sustituir el escrito por otro demandando siete u ocho millones que debía integrar el mencionado Tesoro”[6]. En efecto, el abogado de la empresa naviera exigió al Estado una compensación de 7.450.117 pesetas. Un sábado, hallándose Moreno Calvo en  Sevilla, Nombela expuso “discretamente” a Lerroux las irregularidades que venía observando. El presidente del Gobierno le aseguró que no sabía nada, y que incluso le extrañaba que el Tribunal Supremo hubiese fallado en contra de la Administración. Minutos después de esta reunión con Lerroux, Moreno Calvo llamaba a Nombela muy airado desde Sevilla para preguntarle qué razones había tenido para despachar con el jefe del Gobierno. Como tenía prevista para fechas inmediatas una audiencia con el presidente de la República –que al parecer no llegó a celebrarse–, y temeroso el subsecretario de que le transmitiera el tema, Moreno Calvo le comunicó a Nombela que había encontrado el informe en el cual el  Consejo de Estado ordenaba el nombramiento de un juez que estudiase y resolviese las pretensiones de la naviera, informe ignorado hasta entonces por el subsecretario de la Presidencia del Gobierno. Agregó éste que se hallaba muy satisfecho de los servicios del inspector general, por lo que le había concedido el título de comendador de la orden civil de África. Mientras tanto, Moreno Calvo se dedicó a buscar un juez que se prestara a sus designios, y nombró tal al abogado del Estado Martínez Almeida, que dimitió a los pocos días. Designó entonces al también abogado del Estado, Marín, y, como secretario suyo, impuso a Fernando Duque Sampayo, que había sido con anterioridad director de Marruecos y Colonias. Tayá, por su parte, había presentado dos nuevos escritos en los que decía conformarse con una cantidad inferior, 3.033.318 pesetas. Marín y Duque Sampayo, en el mayor secreto, resolvieron que debía abonarse a la Compañía África Occidental esta última cantidad, acordando que, para abreviar los trámites, el dinero se pagase con cargo al Tesoro Colonial; y para evitar posibles responsabilidades, el expediente pasara a dictamen del Consejo de Estado.

Pero no le convenía a Moreno Calvo aceptar la resolución del Consejo de Estado, según la cual todo lo que podría percibir la Compañía serían unas 200.000 pesetas. El subsecretario decidió jugar la última carta, y “amañó” un escrito en el cual decía que, de aceptarse la propuesta del Consejo de Estado, ésta costaría al Tesoro Colonial los siete u ocho millones que pedía la naviera. Por ello proponía, “velando por los intereses de la Nación”, se aceptara íntegramente el dictamen del juez instructor, Marín, es decir, que se pagasen los más de tres millones de pesetas, con cargo al Tesoro Colonial, con el fin de liquidar a la Compañía con un simple cheque, sin intervención de otros organismos del Estado. En esos términos se llevó el tema al Consejo de Ministros, que nombró ponentes a José María Gil-Robles, Antonio Royo Vilanova (ministro de Marina, del Partido Agrario) y Joaquín Chapaprieta, titular de Hacienda. Estos ponentes, que ni se preocuparon de conocer el expediente –los dos últimos declararon haber delegado en Gil-Robles el estudio–, “aceptaron con la mejor buena fe la propuesta, lo comunicaron a sus compañeros y por unanimidad se tomó el acuerdo” de pago.

El 12 de julio, Moreno Calvo, radiante de alegría, mostró a Nombela el acuerdo del Gobierno, ordenándole librase al día siguiente un cheque por 3.033.318 pesetas. Pero Nombela adujo que echaba de menos la firma del secretario del Consejo de Ministros, Luis Lucia, observación que suscitó la indignación del subsecretario. Poco después, el inspector de Colonias era llamado por éste para, en presencia del abogado de la naviera, entregarle una nueva orden de pago firmada por el propio presidente del Gobierno, Lerroux. Pese a que la nueva orden, por escrito, “salvaba su responsabilidad moral”, Nombela,  “convencido de que el Consejo de Ministros había sido sorprendido de buena fe”, y acompañado por el gobernador general de Guinea, Ángel Manzaneque, acudió al Palacio de las Cortes para intentar advertírselo a Gil-Robles, con el cual no pudo hablar personalmente. Un diputado de la CEDA que sirvió de intermediario transmitió textualmente al inspector de Colonias: “Dice el señor Gil-Robles que se encuentra atarugado porque, efectivamente, se ha sorprendido su buena fe y la de otros ponentes. Que si así lo hacen saber al presidente, sería provocar una crisis, que de ninguna manera interesa al país y que, como mal menor, es preferible transigir con el hecho, aun lamentándolo profundamente”. Nombela continuaba exponiendo que no hizo igual advertencia al presidente Lerroux porque en otras ocasiones se había desentendido de sus observaciones.            

Ante la desalentadora impresión que le produjo la actitud de Gil-Robles, el inspector de Colonias se dirigió al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para entrevistarse con su titular, a su vez secretario del Consejo de Ministros, Luis Lucia –líder de la Derecha Regional Valenciana, integrada en la CEDA–, definido por Nombela como “persona en la que igualmente apreciaba análogas dotes de honradez y rectitud”. Pero el ministro, por medio de su secretario, le contestó que estaba al corriente del asunto, “pero ante lo lamentable que es no poder hacer nada, no quiere molestarse”. Nombela le comunicó entonces su “decisión irrevocable, que no podría impedirse por tener ya depositados en París y en Lisboa los documentos testificales”, de poner al corriente de los hechos a la opinión pública, para que ésta “se enterase de cómo procedía la Administración, desbordada por la desvergüenza de los unos y la lenidad de los otros”. Esa misma noche,  llamó por teléfono al presidente de la República, pero, “por lo avanzado de la hora”, solo pudo hablar con el secretario de su Casa, Sánchez Guerra[7], a quien refirió la situación. La decidida actitud de Antonio Nombela, quien “estaba dispuesto a todo antes que permitir el  “expolio”,  según  sus palabras, y que fue comentada esa  misma noche entre Gil-Robles y Luis Lucia[8], obligó a ambos ministros a cambiar de parecer. Lucia acudió a la mañana siguiente a la Presidencia del Gobierno, y al manifestarle el subsecretario Moreno Calvo que en el expediente Tayá faltaba el requisito de su firma como secretario del Consejo de Ministros, le contestó que no solo no lo firmaría, sino que se lo llevaba a Gil-Robles, quien había estimado no estar lo suficientemente estudiado el asunto, y deseaba que fuera de nuevo discutido en otra reunión. “Un estudio detenido de todos los antecedentes me convenció –escribe Gil-Robles en No fue posible la paz– de la enorme irregularidad que se pretendía cometer… Como anomalía reveladora de propósitos inequívocos, además de la falta en el expediente de documentos sustanciales, figuraba un acuerdo de resolución en el que se habían eludido las formalidades usuales y habituales”.

Informado Moreno Calvo de las gestiones de Nombela, el subsecretario le preguntó, airado,  que “quién era él para oponerse y entorpecer un acuerdo del Consejo de Ministros”, a lo que respondió el inspector de Colonias: “No precisamente el titular de este cargo, por cuanto comprendo que no puedo vivir más tiempo con gente de tal moral; pero sí un español que, a sabiendas de que existen unas colonias deseosas de buena administración,  defiende con el mayor tesón que se entre a saco en el peculio de las mismas”. “En ese caso hace usted bien en dimitir –replicó el subsecretario– porque, si no, sería destituido por mí”. A ello repuso Nombela: “Siendo así, prefiero salir destituido, que para mí, en este caso, será una grandísima honra”[9]. Al día siguiente, 17 de julio de 1935, el Consejo de Ministros, celebrado bajo la presidencia de Alcalá Zamora, revocó el acuerdo de pago aprobado una semana antes. Los ministros fueron felicitados por ello por el jefe del Estado, pero, en la referencia de la reunión aparecieron juntos el nuevo acuerdo, la felicitación del Presidente de la República y las órdenes de cese de Nombela y Castro Martín.

Todo ello demostraba dos cosas: el cese de los más altos responsables de la gestión de las Colonias primaba los intereses políticos del momento sobre los intereses del Estado español; en segundo lugar, que ni Gil-Robles ni ningún otro ministro habían estudiado el expediente encomendado por el Gobierno, al contrario de lo que afirmaría en las Cortes el ministro de la Guerra. En su discurso ante el Parlamento el 26 de Julio, Gil-Robles mintió también a los diputados al negar la existencia de un primer acuerdo de pago del Consejo de Ministros, a pesar de constar lo contrario en la referencia oficial. De la honradez personal del líder de la CEDA no duda nadie, pero, como escribía el diario ABC el 29 de noviembre a propósito del affaire, era una “nota lamentable” que la negligencia y la desatención de un Gobierno facilitaran la tentativa de expolio, salvado in extremis simplemente porque las amenazas de divulgación del ex capitán Nombela impusieron el estudio y la rectificación del primer acuerdo de pago. El cese de Nombela y Castro Martín indicaba, además, que había existido una componenda entre los ministros partidarios de la revocación del ilegal acuerdo y los seguidores de Lerroux, componenda que, planeada en presencia del jefe del Estado, Alcalá Zamora, vinculaba de lleno en la injusta decisión a todas las altas instituciones. Situación aún más reprobable si se tiene en cuenta el apoyo prometido al inspector de Colonias un año antes, precisamente para que se resistiera al entramado de corrupción previsible en el equipo de Lerroux, ya salpicado por otros escándalos. En su escrito al Parlamento, Nombela señalaba “la paradoja de que de las personalidades de la actual situación a quienes he acudido directa o indirectamente para resolver con la natural rapidez este asunto, solo he recibido muestras de adhesión y reconocimiento de la justicia de una reparación oficial; a pesar de ello, nada se ha hecho en definitiva para llegar a ella. Solo disfruta de la protección oficial el que en estos asuntos aparece como acusado”.

La interpelación del diputado Cano López en la sesión parlamentaria del 26 de julio, interesándose acerca de los motivos de la destitución de los dos altos funcionarios de la Administración Colonial, motivó que el presidente del Gobierno, Lerroux, que temía, fundadamente, alusiones personales, se ausentase del hemiciclo pretextando enfermedad. “Como el ministro de Estado se levantase –recuerda Gil-Robles en No fue posible la paz– para contestar y defender al presidente del Consejo y el terreno fuese muy resbaladizo, dada la inexperiencia parlamentaria del mismo, intervine para explicar la tramitación del asunto y ofrecer a la Cámara todos los elementos necesarios para investigar a fondo sobre el mismo”[10]. Ante sus intentos de eludir el tema mediante argucias dialécticas, el diputado independiente insistió en su pregunta fundamental: por qué se había destituido a los funcionarios cuando la felicitación del presidente de la República parecía indicar una aprobación de su conducta. El ministro de la Guerra, hombre fuerte en aquella coalición radical-cedista, respondió: “la responsabilidad del Inspector de Colonias, si existiese, solo podría derivarse de un exceso de celo, de una extralimitación de las funciones que le fueron encomendadas”. Gil-Robles había propuesto, y así lo acordó el Gobierno, la instrucción de un expediente para averiguar las responsabilidades en que hubiesen podido incurrir quienes amañaron el expediente de la Compañía África Occidental. La incoación del expediente fue encomendada a un funcionario de la Presidencia del Gobierno; maniobra, para Nombela,  destinada a que jamás se depurasen de verdad las responsabilidades, pues quienes debían ordenar su instrucción eran precisamente los autores directos de las irregularidades, y, según sus palabras, “no era admisible creer que ellos mismos fueran a encartarse en tan inculpatoria documentación”. De modo que a Gil-Robles le constaba la inexistencia de tal expediente cuando aseguró en sede parlamentaria que se  exigirían responsabilidades, sin cuya sustanciación, dijo, no se podría seguir hablando del tema de las destituciones de Nombela y Castro; y prometió que las Cortes conocerían “en breve” las conclusiones, para que los diputados realizaran su misión fiscalizadora de la actuación del Gobierno. Sin embargo, desde la destitución de Nombela y Castro el 17 de julio, hasta que el primero presentó su denuncia al presidente de las Cortes el 28 de noviembre, no entró en el Parlamento expediente alguno relacionado con esta cuestión. En su libro, Gil-Robles admite que, tras la interpelación del diputado Cano López, creyó “liquidada definitivamente” la cuestión, y, “absorbido” por los problemas de su ministerio, no volvió a pensar en el expediente de Guinea. Según Nombela, días después de la interpelación, Gil-Robles, “con premeditada felonía”, ordenó a un abogado del Estado que fueran revisados minuciosamente cuantos informes, expedientes y órdenes hubiese autorizado el ex capitán Nombela  durante su desempeño como inspector general de Colonias, para, con el más fútil pretexto, abrirle un expediente que justificase la existencia del que había prometido a las Cortes, “aunque fuera apócrifa”.

El abogado del Estado, Martínez Almeida, informó a Nombela de su misión, a la que renunció. Fue sustituido por un funcionario de Hacienda, llamado Cordón, el cual, al no encontrar nada censurable, se disculpó y felicitó al investigado, asegurándole “estar avergonzado” por haber aceptado aquella orden de “persecución a ultranza”. El Gobierno de Lerroux cayó el 20 de septiembre. Nombela intentó, en repetidas visitas al nuevo presidente, Joaquín Chapaprieta, que Gil-Robles rectificase en las Cortes sus apreciaciones “y colocar mi nombre en el lugar que correspondía”. “El (nuevo) presidente no intentaba quitarme la razón en lo por mí pretendido –escribe Nombela en Arriba–, pues, conocedor a fondo del asunto, reconocía el derecho que me asistía. Me prometía siempre que estaba haciendo lo posible para satisfacer mis justos deseos, pero no me ocultaba ‘que era papeleta difícil humillar la reconocida altanería del señor Gil-Robles’”. Me confesó Nombela que recibió amenazas de muerte, y, agotada su paciencia, “con el asesoramiento y buen consejo de José Antonio Primo de Rivera, quien espontáneamente se ofreció como mi defensor en este asunto”, redactó su informe, registrado en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo el 28 de noviembre de 1935[11]. Denuncia destinada, sobre todo, a informar a la opinión pública sobre la verdad de los hechos, esclarecimiento del que esperaba lo siguiente: “resplandeciese la rectitud de mi gestión y la culpabilidad de cuantos personajes se habían visto implicados en los intentos de atracar el Tesoro; unos aspirando a ser beneficiarios y otros colaborando más o menos directamente en el vergonzoso hecho”[12]. 

Tras un breve debate el 29  de noviembre, durante el cual Gil-Robles tuvo que admitir que hubo acuerdo de pago en Consejo de Ministros[13], el Parlamento nombró una comisión investigadora, ante la que declararon Nombela y otros testigos en sesiones agotadoras. Compuesta por 21 diputados, bajo la presidencia del republicano conservador Gregorio Arranz Olalla, la integraban cinco cedistas (De la Iglesia, Sánchez Miranda, Cuartero Pascual, Hermida Villelga y Barros de Lys), tres radicales (Pareja Yévenes, Martínez  Moya y Arrazola Madera), dos agrarios (Díaz Ambrona e Igual Padilla), el liberal demócrata Muñoz de Diego, el progresista Fernández Castillejos; Marial Mundet, de Esquerra Republicana de Catauña; el nacionalista vasco Careaga Andueza;  Recaséns  Siches, de Unión Republicana; Marco Miranda, de Izquierda Republicana; Romualdo de Toledo, tradicionalista; Reig Fernández, de la Lliga de Cataluña; el independiente Eduardo O’Shea y el monárquico Fuentes Pila, que actuaba como secretario. Aún no he conseguido saber la razón de la ausencia de socialistas y comunistas. Antes de que la comisión pudiese adoptar resoluciones, dimitió su presidente porque, según declaró su correligionario y jefe de filas Miguel Maura: “nosotros no podemos avenirnos a una componenda de la naturaleza que pretenden hacer algunos elementos de la comisión, puesto que en el dictamen redactado se elude toda responsabilidad de tipo político para el Gobierno que regía los destinos del país en julio de este año y recae toda la responsabilidad”. Una dura réplica de los diputados radicales dividió a la Comisión. Incapaz de dar explicaciones convincentes, Lerroux,     exculpado con el apoyo de Gil-Robles, fue forzado a dimitir de todos sus cargos por propio grupo político; el 7 de diciembre anunciaba su retirada de la vida pública. A las cinco de la tarde de ese mismo día, se iniciaba una turbulenta sesión parlamentaria, que duró hasta las siete de la mañana del día siguiente, a la que se negó a asistir Lerroux, con la excusa de que “por las noches no salía de su casa”.   

Quizá la intervención más sustanciosa sea la de José Antonio Primo de Rivera. Muy extensa y profusa, aporta, sin embargo, datos valiosos que permiten profundizar y completar la comprensión del tema. Según este relato de los acontecimientos, la naviera Compañía África Occidental, S. A., tenía en Guinea dos buques, el Teresa Tayá y el Príncipe de Asturias, que servían la ruta entre Fernando Poo, Río Muni y Annobón. Amarrados sin motivo ni explicación y surtos en puerto, se hundieron súbitamente. La empresa cargó su importe al Estado, hecho que aceptó la Administración. El contrato fue rescindido mientras un tercer barco navegaba desde Newcastle a Santa Isabel, siendo entonces subastado por la Compañía, cuyo importe y gastos fueron también cargados al Estado. La contabilidad de la empresa no tenía ni libro copiador de cartas, ni libro de actas, ni presentó nunca a la comisión investigadora sus archivos; el libro auxiliar de tráfico no estaba legalizado; en el de inventarios y balances solo aparecían dos inventarios incompletos y un balance de comprobación de saldos; en el diario únicamente aparecían asientos anteriores a la fecha oficial de la apertura de la sociedad… Por todo lo cual, la comisión parlamentaria había concluido que “la contabilidad examinada es jurídicamente defectuosa y técnicamente incompleta, confusa y deficiente. No parece que la Sociedad haya satisfecho impuesto alguno a la Hacienda del Estado”[14].

Ya en un tono político, el jefe nacional de Falange Española pasó a condenar a Gil-Robles, rompiendo la táctica de meses atrás, cuando intentó atraer a una alianza al líder de la CEDA: “Su Señoría, desde el 26 de julio, oyó las denuncias aquí; su señoría supo aquel intento de cobro ilegal contra el Tesoro Colonial, de una indemnización mal acordada; su señoría, estoy seguro de que con la mejor buena intención del mundo, no denunció esto, no llegó a una ruptura pública con los que trataban de asaltar así el Tesoro Colonial; su señoría ha venido prolongando esta peligrosísima convivencia, y hay algo aquí más grave que lo que puede parecer a su señoría, porque sé que su señoría lo ofrecería, en todo caso, como sacrificio de España: hay el riesgo que estamos corriendo de que, por convivir con gentes que no son dignas de convivir con nosotros; que no tienen nada que hacer en la vida pública de España; que deben retirarse a sus casas, y esto por la infinita benevolencia de quienes no los mandan a la cárcel, está comprometiendo su señoría la posibilidad de que nos agrupemos todos un día: los radicales que se salven de la reprobación general, los jóvenes y los viejos de Acción Popular que le siguen, hombres de derecha e izquierda, en un posible Frente Nacional, que ha de tener como primera bandera la bandera de la moralidad pública”. 

En el turno de explicación de voto, Primo de Rivera resumía la posición de su grupo: “El voto particular del señor Toledo (Romualdo de) envuelve en las responsabilidades políticas a don Alejandro Lerroux; el dictamen de la Comisión excluye de la responsabilidad política a don Alejandro Lerroux y deja caer esa responsabilidad política sobre la cabeza del subsecretario. Los subsecretarios –ya se ha dicho hoy con palabras más doctas– no pueden ser objeto de responsabilidad política. Lo que tratan de hacer con ese dictamen es la grave facha de acusación política –política por ahora– sobre la cabeza de don Alejandro Lerroux, y yo digo solamente esto: si tal hacéis, acaso salvéis con los votos de esta noche a don Alejandro Lerroux; pero caerá sobre todos vosotros, sobre todos los que votéis, la reprobación terminante de la opinión pública entera (…); la opinión pública reclama con escándalo que se abomine esta noche de un tono político impuesto a las costumbres españolas por don Alejandro Lerroux. Ésta es la verdad, y está en la conciencia de todos vosotros. Pero ¿es que vamos a decir todavía esta noche, una vez más, que don Alejandro Lerroux no delinque? Llegó lo del straperlo y apareció su hijo adoptivo, una especie de cuerpo mixto civil y militar que le rodea, el subsecretario de la Gobernación, el ministro de la Gobernación, todos; él, incólume. Llega este asunto, y tenemos al subsecretario de la Presidencia, quién sabe si al señor Nombela, quién sabe si al juez instructor; él, incólume. ¡Señores! Ya es hora de que concluyamos esta especie de juego de personajes de vieja farsa italiana. El señor Lerroux no delinque nunca; pero en las inmediaciones del señor Lerroux hay siempre, para delinquir, o un hijo adoptivo, o un cuarto cívicomilitar, o un subsecretario propicio, o un ministro medio tonto; siempre se encuentra eso en los alrededores del señor Lerroux para que se lleven el peso a la hora de las condenaciones…”[15].

También acusado de complicidad política en las irregularidades por Unión Republicana e Izquierda Republicana, Gil-Robles centró su discurso en la defensa de la estabilidad de la mayoría gubernamental, y, por tanto, de sí mismo: “Aquí no hay criterios políticos, no hay maniobras; no hay más que el respeto a la conciencia, el respeto absoluto a la Justicia (…) Esto es lo que quiero decir en este instante en que la conciencia de cada cual ha de dar solución al problema. La mía queda completamente tranquila; si algún honor he de tener entre las amarguras de la vida política, habrá de ser mi intervención en el asunto de ‘África Occidental, Sociedad anónima’”[16]. En cuanto al resto de las formaciones políticas, el reformista Muñoz de Diego creía en la buena fe de Lerroux y consideraba reprobable la conducta de su subsecretario; el agrario Royo Vilanova declaró y mantuvo que en el Consejo de Ministros dijo que, a su juicio, el informe del abogado del Estado estaba bien hecho y pedía se pasase el expediente al Fiscal de la República “por si el que lo estudió y el que dio su opinión han delinquido como prevaricadores”. El radical Pérez Madrigal defendía  tanto a Lerroux como a Moreno Calvo, pues, en su opinión, “atacar a un partido republicano es atacar al régimen”. El ex presidente del Gobierno, Samper, también radical, rechazó estas afirmaciones de Pérez Madrigal, asegurando que no actuaba contra su partido, sino que se había ajustado estrictamente a la verdad en su declaración ante la Comisión. Para el también radical Martínez Moya, Nombela era un “militar pundonoroso y un hombre íntegro”; pero no había cumplido su deber como funcionario, “de obediencia al superior”.  El  progresista Fernández Castillejos rechazaba enérgicamente los velados ataques dirigidos al presidente de la República, y llamaba “malos republicanos” tanto a quienes los habían proferido como a quienes se habían callado. El tradicionalista Romualdo de Toledo y el monárquico Fuentes Pila pedían la condena  de Lerroux, criterio sostenido con inusitada energía por el conservador Miguel Maura.

El portavoz de Izquierda Republicana, Augusto Barcia, afirmaba que, habiendo existido un acuerdo de pago del Consejo de Ministros, la responsabilidad debía alcanzar a todos sus miembros presentes. Goicoechea, de Renovación Española, concretó las responsabilidades en que, a su juicio, había incurrido Lerroux, cuya culpabilidad no le cabía duda. Para los populistas de Gil-Robles, quien hasta en las declaraciones testificales ante la Comisión Parlamentaria había negado que el Gobierno hubiese adoptado un primer acuerdo de pago, todo se reducía a una maniobra de desprestigio contra el partido radical, “único valladar que tiene España contra los avances revolucionarios”. Y mientras Rafael Guerra del Río anunciaba que los radicales no romperían la coalición con la CEDA, Martínez de Velasco, en nombre del Gobierno, comunicaba que los diputados del bloque quedaban en libertad de votar según su conciencia. La votación dio como resultado la exculpación de Lerroux, y la inculpación de Moreno Calvo. Nombela, considerado por algunos como “un compañero de viaje” de los comunistas, fue hallado culpable de “exceso de celo” y de falta de respeto a la Justicia, denegándosele a él y a Castro Martín la posibilidad de reincorporarse a sus funciones.

Además de la retirada de Lerroux, otras consecuencias importantes de la denuncia de Nombela fueron la ruptura de la coalición de Gobierno y la agudización de las contradicciones en la derecha posibilista, y el fraccionamiento de los partidos más directamente implicados en los hechos debatidos en las Cortes a principios de diciembre de 1935, empezando por el Partido Radical, que desapareció del mapa político español. La dimisión de Ricardo Semper de la presidencia del Consejo de Estado y su abandono del Partido Radical fue uno de los episodios más ruidosos en el ambiente de crispación y crisis general que siguió al tenso debate parlamentario. Como escribe Gil-Robles en su libro, “al salir del Congreso, a las siete de la mañana del día 8 de diciembre, llevaba el triste presentimiento de haber pronunciado mi último discurso de aquellas Cortes. La crisis quedó abierta al día siguiente”. Lo cual demuestra nuestra teoría: la cuestión colonial jugó un papel determinante en aquel proceso de desintegración política, aspecto insuficientemente destacado por la historiografía.

En efecto, Gil-Robles intentó revertir en éxito la debilidad moral y política en que le había sumido el caso Nombela, contraatacando hacia el flanco más débil, el descalabrado Partido Radical.  Se opuso a la política económica del presidente del Consejo, Chapaprieta, quien había propuesto poco antes subir en un modesto porcentaje el impuesto de sucesiones y gravar algo más los latifundios. Si, como deduce Stanley Payne[17], no parece que el dirigente de la CEDA fuera personalmente contrario a estas medidas, promovidas por el jefe de Gobierno y ministro de Hacienda, la crisis promovida por el ministro de la Guerra respondería a su deseo de recuperar la confianza de los poderosos intereses financieros y agrarios que apoyaban su proyecto político, para, a partir de ahí, situarse en óptimas condiciones que le permitieran subir al poder con el apoyo de las fuerzas situadas a su derecha: falangistas, tradicionalistas y monárquicos. Pero, tras la denuncia de Nombela, se incrementaron los recelos del presidente de la República hacia el líder de la CEDA, pese a ser  el partido más votado en las elecciones de 1933, en que obtuvo el 24 % de los sufragios. Junto a los factores que suelen considerarse decisivos para que Alcalá Zamora se negase a encargar la formación de Gobierno a Gil-Robles tras la dimisión de Chapaprieta, creemos que puede añadirse también el escándalo de la corrupción en Guinea.

Fracasados otros intentos de constituir un Gobierno estable, y presionado a derecha e izquierda con amenazas golpistas, coaliciones nacionalistas y levantamientos revolucionarios, el 7 de enero de 1936 el presidente de la República optó por la convocatoria de elecciones generales, que tuvieron lugar en febrero. El descalabro del Bloque nacional nucleado por Gil-Robles con los restos más conservadores del Partido Radical y otros grupos menores tuvo como consecuencia la victoria del Frente Popular. Lo demás es sobradamente conocido.

Este texto fue pronunciado como conferencia durante el II Seminario Internacional sobre Guinea Ecuatorial organizado por el Centro de Estudios Afro-Hispánicos (CEAH), UNED, en Madrid entre el 6 y el 10 de julio de este año. Una versión muy resumida se publicó en una Tercera del diario ABC.

Donato Ndongo-Bidyogo es periodista y escritor ecuatoguineano, colaborador deMundo Negro (donde desde 1996 escribe la columna mensual ‘Al margen de la noticia’) y autor de ensayos como Antología de la literatura guineana y de las novelasLas tinieblas de tu memoria negra, Los poderes de la tempestad y El metro. En FronteraD ha publicado Ser periodista en África. Tras la “primavera árabe”, los gobiernos buscan la manera de controlar el flujo informativo y las nuevas tecnologías y África: el sueño frustrado de la integración.

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