Días atrás, en el diario El País, uno de los propagandistas del candidato presidencial Enrique Peña Nieto escribió que “México necesita una épica de prosperidad, una narrativa creíble de futuro: eso es el PRI”. En el mismo diario, otro comentarista mexicano escribió: “el regreso del PRI no daña a la democracia”.
Luego del recuento oficial que le da el triunfo a Peña Nieto con una diferencia de más de tres millones de votos por encima de su más cercano contendiente, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, conviene revisar a qué tipo de “narrativa” se alude y qué hay detrás del presunto “no daño” en la restauración del PRI.
La noche del domingo 1º de julio, los votantes en México se fueron a dormir en sus hogares y al parecer se despertaron en Suiza: los medios de comunicación masiva celebraban que la democracia se había instalado por fin en tierra mexicana. La mayoría de los políticos y comunicadores en la prensa, la radio, las televisoras, transmitían un mensaje unánime de dicha cívica y “dañorespeto a la legalidad”: hay que rendirse ante el ganador de la votación, acatar los números y replegarse en la resignación hasta los próximos comicios.
Bajo el alud las adhesiones nacionales e internacionales al candidato del PRI, se presentó el mismo espectáculo que tras el 2 de julio de 2006, cuyo mensaje es: la legalidad se impone. Las “inconformidades normales” (en palabras de Peña Nieto) que resonaron en el entorno post-electoral deben relativizarse a pesar de su importancia. Por ejemplo, los contratos de propaganda en el caso Peña Nieto con el monopolio televisivo de la empresa Televisa, la probable compra de votos vía miles de tarjetas de “descuento” en las tiendas departamentales Soriana, los recursos millonarios para la campaña del PRI vía el grupo financiero Monex, las encuestas manipuladas, el dinero del narcotráfico, etcétera.
Mientras esté ausente una investigación eficaz y a fondo sobre las anomalías descritas, nadie podrá presumir que las recientes elecciones en México fueron apegadas a derecho.
El propio Partido Acción Nacional (PAN), ahora en la presidencia del país, ha denunciado la “inequidad” del proceso electoral, aunque acepta sus resultados: se trata de un pacto político con el PRI para pagarle la adhesión de éste a su causa que permitió legitimar su llegada a la presidencia en 2006.
Como en las elecciones pasadas, tanto el Instituto Federal Electoral (IFE) como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR)), alegarán limitaciones legales en cuanto indagar a fondo las anomalías en los comicios. Los funcionarios a cargo ahora, al igual que en 2006 o 2000, actuarán “con visión de Estado en defensa de las instituciones” (en 2000, las autoridades electorales se rehusaron a profundizar en la indagatoria sobre el organismo “Amigos de Fox”, que recaudó dinero turbio para llevar a la presidencia a Vicente Fox Quesada del Partido Acción Nacional, PAN).
Como entonces, la lógica del procedimiento burocrático se impondrá ahora por encima de la lógica del derecho y los principios constitucionales. Éste es el problema de las democracias de tipo procedimental: someten el derecho a la política, cuando el derecho, y su vinculación con los principios constitucionales, ha de controlar la política.
Las limitaciones de la “democracia” mexicana, semejante a la de otros países del mundo, obedecen a la confusión del concepto de derecho con el de legalidad, generalizada en los usos de la esfera pública. Para muchos, las meras formas o procedimientos (y sus procesos políticos) realizan la democracia, lo que en tanto fin en sí refleja una idea de conformidad. Por el contrario, desde el punto de vista de la democracia constitucional, los significados de las leyes deben ser coherentes, en idea y práctica, con las normas constitucionales que disciplinan su producción (Luigi Ferrajoli, dixit).
La legalidad no sólo reside en el respeto a las formas, sino en que su contenido sea coherente con las normas constitucionales. En otras palabras, los principios de un Estado de derecho determinan que haya un debido proceso electoral, en términos de igualdad e imparcialidad: una circunstancia inexistente en las elecciones recientes de México.
En seguimiento de los principios constitucionales, debe prevalecer el espíritu de inconformidad ante los resultados de las elecciones del domingo anterior: la participación política tiene que ir más allá de lo procedimental, la coyuntura electoral y el voto. Implica, entre otras cosas, una actitud crítica contra las imposiciones de los poderes salvajes que se fundan en una tríada: corruptelas, comunicación y política. La narrativa de la mentira y la simulación: el daño material a la democracia.
