La mirada de un padre que espera –con los ojos heridos de llanto y el rostro tostado por el sol– que la policía mexicana abra la frontera a la altura de Tecún Umán, con su hijo mayor asido fuertemente con la mano izquierda, y el más pequeño cargado sobre los hombros, casi como si se tratara de una fotografía familiar, un domingo cualquiera.
Un miembro de la Policía Nacional acariciando la mano de un bebé que duerme en los brazos de una madre que parte en la caravana de esa medianoche desde San Pedro Sula, mientras custodia la aglomeración de gentes, venidas de todas partes del país, cuya toda una vida parece caber en una pequeña mochila.
Un adolescente tirado sobre una calle fría, un día de llovizna en Yarumela, víctima de fusiles militares comprados con los más de 364 millones de dólares que el régimen ha invertido en potenciar un ejército que nunca ha librado una guerra –con excepción de la Guerra de las Cien Horas de la que este año se cumple el 50 “aniversario”–, y que cuenta con uno de los presupuestos militares más desproporcionados del mundo, según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz.
El rostro de los niños (“rivales del sol”, diría el poeta) detrás de las rejas y las mallas ciclónicas de los centros de detención temporal de los Estado Unidos y la frontera de México; aquel México al que Rafael Helidoro Valle llamó “imponderable” y que, ahora, ha ponderado su ley contra los que huyen del horror.
Decenas de hombres, mujeres y niños ahogados en el Río Bravo, cientos de jóvenes reclutados, desaparecidos y asesinados en la ruta del sueño americano, miles de desaparecidos y asesinados para el tráfico de órganos, y miles y miles de niñas y mujeres secuestradas para la industria sexual.
Un contingente militar persiguiendo un grupo de estudiantes –último bastión de la dignidad de un país– hasta el interior de la Universidad Nacional, violando por enésima vez la autonomía del pensamiento libre, y disparando a mansalva contra ellos.
Son apenas imágenes visibles de un país pequeño descalabrado, que el pasado 28 de junio ha recordado la primera década de un golpe de Estado doloroso, devastador y sanguinario.
Una década después de los sucesos, Honduras aún no se repone, y los mismos problemas del pasado continúan hundiéndola: corrupción, criminalidad, impunidad, luchas por el poder e ilegalidad; monstruos que han multiplicado la violencia, la migración, la indignación y la miseria: Honduras no ha olvidado el golpe de Estado.
Para recordar que la caótica situación en la que el régimen actual ha sumido el país tuvo su génesis en aquella madrugada del 28 de junio de 2009, el expresidente derrocado y líder absoluto del Partido LIBRE –una formación política de la resistencia contra el golpe–, Manuel Zelaya, ha convocado reiteradamente a todos los sectores del país para que se unan a la “lucha” para “derrocar la dictadura de Juan Orlando Hernández”.
La trama para llegar hasta este momento y circunstancias ha sido larga. El gobierno de Manuel Zelaya había cambiado radicalmente la escena de la política hondureña. Siendo electo por el Partido Liberal, un partido conservador y tradicional, su primer acto fue anunciar públicamente que su gobierno sería de “centro izquierda, más tirando a la izquierda que al centro”. Lo dijo el mismo día de su toma de posesión en el Estadio Nacional Tiburcio Carías el 27 de enero de 2006.
Y así fue. Sus fuertes vínculos con el socialismo del siglo XXI, y su cercanía con la nueva gran figura de oposición al imperialismo que representaba Hugo Chávez, inició una serie de desacuerdos con la embajada de los Estados Unidos; una tensión que se mantuvo durante casi todo su periodo, y que se evidenció en la negativa de Zelaya de recibir las credenciales al nuevo embajador estadounidense, Hugo Llorenz.
Según dijo a la prensa nacional, su rechazo (o la prolongación de la recepción de las credenciales) no significaba una ruptura de relaciones con los Estados Unidos, sino una muestra de solidaridad con el pueblo boliviano, que había denunciado la injerencia estadounidense en sus asuntos internos. Como Morales en Bolivia –dijo–, su gobierno tampoco estaba dispuesto a tolerar la injerencia.
Después llegó una estrategia “reivindicativa de la dignidad y la soberanía nacional”, pero eso sí, más peligrosa para la estabilidad de su gobierno: Zelaya anunció su intención de construir un aeropuerto en la base aérea José Enrique Soto Cano en el valle de Comayagua, en la misma donde operan las Fuerzas de Tarea Conjuntas entre Honduras y Estados Unidos. Para construir el aeropuerto había que reconsiderar la estadía de los cientos de soldados estadounidenses en Palmerola, la base militar estadounidense más grande de América Latina.
En la opinión de intelectuales e historiadores hondureños como Darío Euraque o Ethel García Buchard, esa amenaza directa a los intereses militares y políticos de los Estados Unidos en la región –comandados desde Palmerola–, “fue la gran causa del golpe”.
Las razones pudieron ser muchas, pero, una vez consumado el golpe, vino un cambio radical para el país; volvió la vieja forma de gobierno y el partido de las grandes dictaduras del siglo XX: el Partido Nacional, que desde 1982 –cuando se dictó la Constitución que “acabó” con sus regímenes– hasta el año del golpe (2009), sólo había dirigido dos gobiernos, frente a los cinco de su rival, el Partido Liberal.
El golpe no sólo permitió el regreso de la “mano dura” y la “cero tolerancia”, también propició una nueva hegemonía del PN (que gobernó casi 70 años en el siglo pasado, está en su tercer gobierno consecutivo, y ha gobernado durante 14 de los 19 años de este siglo), y la aparición en la escena del que debe ser el presidente más contestado de la historia del país, incluso por encima de tiranos del pasado como José María Medina o Tiburcio Carías.
Hernández apareció de golpe con el golpe. Fue la primera gran sorpresa del gobierno nacionalista de Porfirio Lobo –que había vencido al liberal Elvin Santos en las elecciones generales de noviembre del 2009, celebradas pese a todo–, quien lo designó como presidente del Congreso Nacional, ante el asombro de la ciudadanía (que no tenía noticas de él), y de los propios políticos, quienes veían al diputado por Atlántida y veterano del Congreso, Rodolfo Irías Navas, como virtual presidente del Legislativo, y quien de hecho había presidido las primeras sesiones del organismo.
La influencia de Hernández en las decisiones del nuevo gobierno comenzó a ser tan fuerte y continua que, para muchos hondureños, el verdadero poder del gobierno estaba en el presidente del Congreso, y no en el presidente Lobo. Así, a mediados del gobierno de éste, Hernández renunció a su cargo para postularse como candidato a la presidencia de la república.
En noviembre de 2012 Hernández compitió contra los candidatos de su partido en las elecciones internas. Allí tuvo su primer gran choque con el pueblo: su correligionario Ricardo Álvarez lo acusó de fraude y exigió a la Corte Suprema de Justicia que ordenara el recuento “voto por voto”, para demostrar su teoría. Días más tarde, en diciembre de ese año, los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional que llevaban el caso fueron destituidos por el Congreso, y más tarde Álvarez se convirtió en designado presidencial, hasta la fecha.
Eso alertó a la ciudadanía. En noviembre de 2013, en el marco de las elecciones generales, Hernández se alzó con la victoria, pero la representante del Partido LIBRE y ungida esposa del expresidente Zelaya, Xiomara Castro, lo acusó nuevamente de fraude, e incrementó el resquemor ciudadano.
Así comenzó el régimen. Seis años después, Hernández ha violado todos los preceptos de la nación, se ha hecho reelegir ilegalmente contra la voluntad de la mayoría, ha implantado el miedo y la persecución, y ha traído de regreso el tiempo de las dictaduras que el PN impuso a lo largo de un siglo, acompañado por la Iglesia y el ejército. Honduras es sin duda un Estado militar y eclesiástico, a pesar de que en apariencia las instituciones siguen siendo laicas y civiles.
Al reelegirse contra la ley y contra el pueblo, Hernández no sólo acabó con la validez de la Constitución y el Estado de derecho; también ha terminado con los principios de legalidad, orden y respeto. Por ello, desde mucho antes de que se hiciera pública su decisión de reelegirse –a expensas de convertirse en traidor a la patria, ir preso y perder la nacionalidad hondureña– el país entró en un nuevo caos.
Desde entonces el humo negro y mortífero de las llantas asoma cotidianamente en los cuatro puntos cardinales del país. Las tomas de carreteras se multiplican, y cada vez son más los sectores que se suman. Por su parte, el régimen resiste y duplica su estrategia: mandar el ejército a las calles. Aun así, nadie repliega.
En los últimos meses, los maestros, médicos, policías de la escala básica, el Escuadrón Tigre, el transporte pesado, mototaxistas, así como obreros, oficiantes, empresarios y profesionistas de toda índole, han mantenido el país en vilo, llamando a un paro nacional y realizando continuas manifestaciones contra la privatización de los servicios y bienes públicos.
La lucha –dicen– es por el pueblo y “por la salida del usurpador”. Pero no será fácil. El 25 de junio pasado, el periodista Renato Álvarez, de la Corporación Televicentro, quien años atrás había preguntado a Hernández sobre si quería quedarse en el poder, a lo que respondió que “no”, ha vuelto a consultarle sobre un posible tercer periodo, a lo que ha vuelto a decir “no”. Para un hombre si ninguna credibilidad esa respuesta es casi una confirmación de que lo hará otra vez.
La primera década del golpe de Estado encuentra a un país profundamente dividido política, económica y socialmente. Un país con cero respeto por los derechos humanos, con una deuda pública de más de 16 mil millones de dólares (que equivale al 75% de su Producto Interior Bruto); con más del 67% de su población viviendo en condiciones de pobreza, una tasa de desempleo que supera el 5,7% –según las cifras inverosímiles de la Secretaría de Trabajo–; con una industria, un comercio y una productividad arruinadas; con sus sistemas educativo, sanitario, eléctrico y telefónico colapsados y privatizados; con más de 20 mil niños viviendo en las calles, y más de 1 millón sin educación; con una economía de remesa que supera los 4.200 millones de dólares anuales que representan más de 100 mil millones de lempiras, que a su vez equivalen al 30% del presupuesto nacional anual; con la institucionalidad del Estado destruida, las libertades coartadas, y la sociedad militarizada y adoctrinada; con una gigantesca burocracia de inútiles y una clase política mafiosa, neófita y corrupta; con un gobierno paralelo (las maras) que dicta sus propias leyes; y con media nación en el exilio.
Honduras, aquel “país pequeño con nombre de abismo” del que escribió Ramón Oquelí, ha hecho honor a su nombre.
