“Madrid vendió pisos públicos por 63.000 euros a empresas que ahora exigen a sus inquilinos 160.000”. Esto ya lo comenté en una entrada a este blog. Claro que yo lo saqué de Salvados (¿qué sería de nosotros, ahora mismo, sin Jordi Évole?). Y ahora lo ha publicado El País. Es un escándalo monumental, es decir, económico, financiero, especulativo, político y además moral. Pero no importa que nos repitamos. Somos como niños que tienen que cantar la tabla de multiplicar para aprendérsela. “Según la oposición, algunos ya han recibido una advertencia del actual propietario: `O compras o a la calle´».
En agosto, el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) vendió 3.000 viviendas de protección oficial al fondo de inversión Goldman Sachs-Azora para alivio de las arcas regionales. La lata es que esos inmuebles están ocupados por inquilinos, personas humanas, vamos. Aunque el consejero de Vivienda, Pablo Cavero, trató en noviembre de tranquilizar a los inquilinos afirmando que se mantendría el precio del alquiler. Ahora ha matizado sus palabras para señalar que las condiciones «se mantendrán durante el tiempo establecido» en el contrato. Es decir, una vez que finalicen esos contratos, será el actual dueño de esas viviendas quien decida en qué términos podrán continuar –si pueden hacerlo– los inquilinos en esas viviendas.
Diversas plataformas ciudadanas han presentado un recurso por el «desmantelamiento y expolio de la vivienda pública» y ahora es el PSOE quien ha optado por acudir a los tribunales. Pero esta vez, por la vía penal, al considerar que la Comunidad está cometiendo un delito de malversación de fondos y otro de prevaricación.
Los inquilinos para los que «empiezan a vencer las opciones de compra» han comenzado a «sufrir mobbing» (dice el diputado Fernández Gordillo) por parte de los nuevos propietarios de las viviendas. Sólo hay dos opciones: «O compras o a la calle». El negocio es redondo. Mientras el fondo de inversión Goldman Sachs-Azora adquirió las viviendas por una media de 63.000 euros cada uno –201 millones en total–, el precio para sus actuales moradores (que tienen un alquiler con opción a compra) no ha variado: oscila entre los 150.000 y los 170.000 euros. ¿A que es genial?
Pero yo, de toda esta merdé, cumplo con mi obligación si extraigo ese horrible mobbing del diputado Gordillo y le conmino a que lo sustituya por “los inquilinos (…) empiezan a sufrir acoso (u hostigamiento, o simplemente a ser puteados, que también viene en el libro de la RAE).
