Cuando en junio de 2020 puse punto final a mi libro sobre la Hungría de Orbán [Crepúsculo en Budapest. Hungría en los tiempos de Orbán, Báltica, 2021], era evidente que la realidad pronto lo dejaría atrás. Una vez plasmado por escrito mi punto de vista, me dispuse a asistir con mucha curiosidad al desarrollo de los acontecimientos en la política húngara: ¿quedarían las percepciones de mi ensayo reivindicadas por hechos posteriores, o la evolución del régimen de Orbán desmentiría mi descripción? Ambas posibilidades me parecían emocionantes.

Me di un plazo de un año para evaluar lo que sucediera al mismo nivel de abstracción que la obra precedente, pero con la dificultad añadida de no contar con tanta distancia. El desafío era mantener la atención fijada en los hechos, ser capaz (o no) de integrarlos en mi teoría, y concluir dándoles una explicación conjunta, en una suerte de análisis de urgencia (urgencia para mí, que antes había estado en la cómoda posición de narrar once siglos de historia húngara en unas docenas de páginas).

Fue apasionante ver cómo los temas emergían según transcurría el tiempo. Al cabo de medio año, ya habría sido posible trazar las líneas mayores de los sucesos, pero en la segunda mitad del periodo se han acumulado de tal modo los acontecimientos relevantes que he dudado mucho respecto a dónde poner punto final, porque la política húngara producía hechos reseñables sin parar. Por fortuna para este cronista autodesignado llegado el verano la cosa se paró un poco, y con la tranquilidad de las vacaciones me pude sentar por fin a escribir estas líneas.

Mi conclusión, que anticipo aquí y desarrollaré a continuación, es que durante este año los procesos que identifiqué en mi libro no sólo han proseguido sino que se han acentuado: las posiciones del régimen de Fidesz [Fidesz-Unión Cívica Húngara, partido político húngaro de ideología conservadora nacionalista] y de sus opositores internos y externos se han extremado, y por tanto la situación se aproxima paulatinamente a una suerte de tope (beneficioso o perjudicial, y para quién, está por ver). Aunque es imposible prever el tempo de este aumento de la tensión y de su posible estallido final, hay un hito en el horizonte que resultará decisivo, las elecciones legislativas que tendrán lugar en primavera de 2022, y también me referiré a ellas.

Comenzando por las claves internas, el verano de 2020 trajo consigo una primera señal de que algo estaba cambiando en la dinámica habitual de concentración del poder por parte de Fidesz. Mientras que hasta entonces el mero uso de arteros cambios legales y la amenaza para el empleo de los implicados había permitido al régimen de Orbán capturar una a una las instituciones y hacerse por métodos mayormente pacíficos con cada vez más sectores económicos, mediáticos y culturales, dos casos que tendrían que haber sido más de lo mismo marcaron un giro en la reacción de los afectados y apuntaron una nueva dirección para el futuro.

El primero fue la compra de Index, un popular medio online crítico con Fidesz, por parte de un empresario afín al gobierno húngaro. El guion de lo que debía suceder ya estaba escrito: el nuevo dueño prometería mantener la línea editorial, pero pronto comenzarían las presiones para que los periodistas adoptaran una postura menos crítica, o directamente pasaran a apoyar al gobierno, y uno a uno los empleados irían agachando la cabeza y, para evitar ser despedidos, aceptarían la nueva situación y se acomodarían a las exigencias de la prensa en la Hungría de Orbán. Con el tiempo, Index pasaría a ser una voz más en el coro de medios de Fidesz (que alcanza ya el 90% de todos los medios de Hungría), con un tono partidista más o menos evidente según conviniera para contribuir a difundir de forma convincente entre sus lectores la propaganda gubernamental. Y finalmente el nuevo dueño podría incluso acabar donándolo, en un arranque de generosidad, a la fundación creada para la gestión de buena parte de los medios de Fidesz y que cuenta ya con casi quinientos (!) que publican obedientemente contenidos clónicos a favor del gobierno.

Sin embargo, esta vez la historia no estaba escrita. Más que escarmentados por la larga racha de apropiación de medios en los anteriores once años (incluyendo las cabeceras más prestigiosas y mejor vendidas del país, tanto de izquierdas como de derechas), los periodistas de Index reaccionaron ante la primera presión del nuevo dueño (el despido del redactor jefe) dimitiendo en bloque. ¿Para qué esperar dócilmente lo inevitable?, debieron de decirse. La purga era cuestión de tiempo; el sometimiento paulatino, una certeza. Y en un acto casi inédito en la historia reciente de la prensa húngara, decidieron cortar por lo sano y abandonar Index juntos para crear rápidamente un medio online alternativo, Telex, adonde pudieran seguirles sus lectores. Me alegra decir que esta arriesgada maniobra salió bien, porque aunque dispone de menos recursos Telex se ha convertido en una de las fuentes principales de noticias críticas con el régimen y en un medio muy popular entre los lectores de la oposición. Esta respuesta de los periodistas fue relevante también porque dio ejemplo: era posible responder a los asaltos de Fidesz de otra forma que no fueran la apatía, el pesimismo, la resignación y/o el exilio. (¿Y qué pasó con Index? Contrató nuevos periodistas, y en vista del escándalo no adoptó inmediatamente una postura estridentemente progubernamental, pues se les habría visto demasiado el plumero; en su lugar, conserva un tono cuidadosamente neutro para no espantar a sus lectores habituales, pero apoya al gobierno por omisión: sencillamente, no suele publicar las noticias que lo dejan en mal lugar).

El segundo ejemplo de este giro tuvo lugar en la Universidad de Artes Escénicas. Al igual que había sucedido antes con otras universidades públicas, como la Corvinus, esta universidad fue privatizada por el gobierno. “Privatizar”, en Hungría, no significa dotar a una universidad de más autonomía, sino de menos: pasa a estar controlada por una junta designada únicamente por Fidesz, presidida por miembros ilustres del partido (ministros, ex ministros, parlamentarios), y la gestión de sus activos por parte de la nueva dirección suele estar orientada a obtener beneficios económicos. Aquí, como en el caso de Index, los estudiantes y parte del profesorado estaban escarmentados en cabeza ajena: ya habían visto lo que sucedía cuando el gobierno hacía a los órganos de otras universidades la proverbial “oferta que no podrían rechazar”, consistente en prometer un chorro de dinero si votaban por la privatización (la zanahoria) y amenazar veladamente con cortar la financiación, legislar para limitar la libertad académica (Fidesz ha demostrado ser perfectamente capaz de hacerlo: los estudios de género, por ejemplo, están lisa y llanamente prohibidos por ley en Hungría) e incluso disolver departamentos en nombre de la eficiencia, en caso de que se resistiesen (el palo). Y, como en el caso de Index, los afectados se opusieron colectivamente: para iniciar ese camino de servidumbre preferían dar el salto al vacío. Los estudiantes ocuparon la universidad y en torno a su resistencia se organizaron las mayores manifestaciones de los últimos años. Por la ciudad se extendió el uso de los símbolos del desafío: cintas rojas y blancas como las que se colocan para delimitar obras se colgaron de las fachadas y ventanas de las instituciones simpatizantes, e incluso se lucieron en las solapas y en las mochilas a modo de escarapela. De una forma muy similar a cuando la Universidad Central Europea (CEU) vio eliminados por ley sus posgrados estadounidenses en Hungría (ahora se encuentran en Viena) y se difundió el uso de chapas azules en señal de apoyo, la Universidad de Artes Escénicas puso de moda el uso de mascarillas amarillas con el logo de la protesta: una mano abierta inserta en un círculo. Al llegar el otoño de 2020, las medidas de contención de la pandemia pusieron fin a la ocupación y las manifestaciones, al prohibirlas por motivos ostensibles de salud pública, pero éste no fue el final de la historia. Mientras que la vieja Universidad de Artes Escénicas, encapsulada con éxito por la estructura mafiosa de Fidesz, se desmantelaba para venderla como chatarra (una de las primeras medidas de la nueva junta fue enajenar el edificio histórico de la universidad, situado en el muy céntrico barrio budapestí de Palotanegyed), sus antiguos estudiantes y profesores organizaban una nueva universidad paralela con el apoyo de una red internacional de universidades. Esta red no sólo permite a los que han rechazado someterse a Fidesz continuar su formación y graduarse, sino que, encarnada en una asociación internacional de universidades de artes escénicas, ha expulsado a la universidad sometida por Fidesz en el entendimiento de que ya no es la misma que había formado parte de la asociación.

Una vez más se demostraba que había alternativa a agachar la cerviz y tragar. No una alternativa cómoda o agradable (los líderes estudiantiles fueron ampliamente demonizados por la prensa del régimen, que es increíblemente amarillista cuando se le ordena atacar personalmente a los enemigos designados por el gobierno), pero sí una alternativa con una profunda carga simbólica en tanto que ejemplo: cada vez más húngaros entienden que no puede haber acomodo con las prácticas depredadoras de Fidesz, y que los métodos legalistas, no violentos y paulatinos del gobierno húngaro no deben llamar a engaño, porque el objetivo final demostrado es el sometimiento total.

Como en todas partes, la realidad política húngara del último año ha estado marcada esencialmente por la pandemia. Mientras que Hungría, al igual que el resto de los países de la región, salió prácticamente indemne de la primera ola del nuevo coronavirus en la primavera de 2020, las olas sucesivas en otoño del mismo año y en invierno de 2021 fueron devastadoras y pusieron al país a la cabeza de la siniestra lista de mortalidad por población no ya a nivel europeo, sino mundial: en el momento de escribir esto, Perú es el único país del mundo que ha declarado más fallecimientos por covid en proporción a su población que Hungría. Para alcanzar esta tasa de letalidad nada menos que en la civilizada Europa hay que hacerlo rematadamente mal. Y, efectivamente, si se examina cómo ha gestionado Fidesz la pandemia se detecta claramente el tipo de decisiones políticas que agravaron la situación.

Recordemos mi tesis de que Fidesz está en política por el dinero; el control cada vez más completo del poder es un medio para el enriquecimiento personal de sus miembros y afines a una escala francamente cleptocrática. Por tanto, no sorprenderá que las medidas contra la pandemia en Hungría tuvieran un ojo puesto en cómo sacar beneficio económico a la catástrofe, y otro en cómo obtener rendimiento político. Ejemplo del primer objetivo es la compra de respiradores a precio de oro durante la primera ola de covid: el gobierno húngaro adquirió unos 16.000 respiradores al coste más alto de cualquier otro país europeo, en un desembolso público de las dimensiones habitualmente reservadas para la compra de tecnología militar punta; o sea, una millonada. Dado que en Hungría no hay camas de hospital ni personal sanitario especializado como para poner en servicio ni dos mil respiradores, hay que entender que la operación no tenía como objetivo la protección de la salud, sino lucrarse (más) con otro flujo de dinero público hacia bolsillos privados. Ejemplo del objetivo político es que la emergencia sanitaria declarada habilitó al gobierno húngaro en varios momentos durante el año para promulgar velozmente y por decreto leyes que casi nunca tenían nada que ver con la pandemia, y que muy obviamente guardaban en un cajón a la espera del momento de sacarlas en tropel aprovechando que el público estaba a otras cosas. Entre ellas, cambios en la financiación de los ayuntamientos (para estrangular económicamente a las grandes ciudades que votaron a alcaldes de la oposición en 2019), reordenación de sectores de la economía, militarización de los hospitales y algunas empresas, nuevos delitos, e incluso reformas constitucionales por motivos verdaderamente esenciales y urgentes en tiempos de pandemia, como sancionar la pérdida definitiva del carácter público de los fondos inyectados a las fundaciones de Fidesz e impedir la adopción a las parejas gays. Además, Fidesz aprovechó para cambiar la ley electoral con la abierta intención de dificultar que la oposición repitiera en las elecciones generales la coordinación que le dio buenos resultados en las municipales. Me referiré a ello más adelante.

La pandemia marcó además el punto álgido (hasta ahora) de la conexión político-económica de Fidesz con China. Anteriormente, Orbán y el Partido Comunista Chino ya habían dado pruebas de estar encantados de hacer negocios juntos: Hungría había firmado un acuerdo con China para construir, con empresas chinas y financiada con un préstamo chino, una línea férrea de alta velocidad entre Budapest y Belgrado cuyo interés para el transporte de pasajeros y mercancías era prácticamente nulo para Hungría, pero muy interesante para China como parte de su iniciativa Belt and Road (o “nueva ruta de la seda”: la construcción de infraestructuras para facilitar la llegada de sus productos, entre otro lugares, al mercado europeo). Que este proyecto es notablemente perjudicial para Hungría, y más que probable ocasión para que los miembros de Fidesz se beneficien de diversas formas de corrupción (desde sobreprecios a sobornos), queda claro sabiendo que el gobierno de Orbán ha declarado los detalles del acuerdo secreto de estado durante varias décadas.

Pero ese caso se quedó pequeño a la luz de las políticas relacionadas con China que Orbán desplegó durante la pandemia. La que influyó directamente en el desempeño del gobierno húngaro frente al nuevo coronavirus fue la siguiente. Como es sabido, la Unión Europea decidió usar su peso conjunto para agrupar los pedidos a las farmacéuticas de vacunas destinadas a los países miembros; los problemas derivados de esta gestión produjeron un retraso de unos meses en la llegada de las vacunas contratadas justo cuando azotaba la ola invernal de 2021. Ésta era una ocasión perfecta para un político astuto y sin escrúpulos, y Orbán supo aprovecharla a fondo. Para empezar, convirtió la cuestión de la compra común de vacunas (a la que Hungría se había apuntado por conveniencia propia, como los demás estados) en una cuestión de soberanía. Bruselas, afirmó Orbán usando su denominación preferida para la Unión Europea, no podía impedir que una nación soberana acudiese al mercado a comprar las vacunas disponibles. No importaba que las vacunas compradas en común por la Unión tuvieran la ventaja de estar ya certificadas por los entes sanitarios europeos, frente a otras vacunas ofrecidas por Rusia y China que no lo estaban y por tanto planteaban dudas sobre su efectividad; al contrario, que Orbán despreciase la certificación sanitaria europea sería, a efectos propagandísticos, otra prueba de su arrojo, del uso de su decisión soberana para saltarse trabas burocráticas y hacer lo que fuera necesario para salvar a su pueblo. (Como mencioné, la Hungría de Orbán ha alcanzado el récord de letalidad por covid en Europa, lo que permite matizar la preocupación mostrada por el líder respecto a la vida y salud de sus compatriotas). Inicialmente Orbán fomentó la compra por parte de Hungría de la vacuna ofrecida por Rusia, pero había un problema: Rusia no tenía capacidad suficiente para producirla masivamente, así que afirmar que se inmunizaría a los húngaros con esta vacuna sirvió simbólicamente para hacer un corte de mangas muy público a la Unión Europea, sí, pero no para vacunar en realidad a casi nadie… Entonces entró en escena una de las vacunas ofrecidas por China, que sí estaba disponible en grandes cantidades y que igualmente estaba sin certificar por la UE, lo que suponía una clara ventaja para Orbán, pero que además contaba con un atractivo insuperable para un estado mafioso: una vez contadas las comisiones de los intermediarios de la operación, la vacuna china costaba nada menos que el doble por unidad que las vacunas adquiridas a través del mecanismo de la Unión. En este caso el gobierno húngaro hizo público el contrato de adquisición, donde curiosamente no aparecía ninguna empresa china, sino sólo una empresa intermediaria húngara, y lo que era más: la sociedad firmante no había tenido actividad hasta unos meses antes del acuerdo, y tirando del hilo de la estructura de su propiedad el rastro conducía hasta una sociedad afincada en el paraíso fiscal de Vanuatu, nación isleña del Pacífico Sur. Orbán completó personalmente la operación propagandístico-lucrativa con el golpe publicitario de hacerse inyectar públicamente esta vacuna.

El uso político y para hacer caja de la vacuna china traería cola más adelante, cuando la Organización Mundial de la Salud publicó que dicha vacuna no era suficientemente efectiva (como ya se había visto sobre el terreno en Serbia, que la había usado ampliamente) y recomendó no administrársela a los mayores de 60 años, la población más vulnerable a la covid. Es fácil adivinar qué parte de la población había sido vacunada en Hungría preferentemente con el preparado chino.

Además, en el terreno de la comunicación pública el gobierno húngaro decidió que había que desplazar la atención del creciente número de víctimas mortales por covid (tras un repugnante intento de achacarlas nada menos que a la oposición: un destacado dirigente de Fidesz llegó a decir que los muertos eran responsabilidad de quienes no apoyaban la compra de las dudosas vacunas rusa y china) y volcó sus medios de propaganda en el seguimiento de unas cifras más halagüeñas: las de la población vacunada. Tratándose de Fidesz, este cómputo estaba lleno de triquiñuelas: se usaba triunfalmente la cifra de vacunados con una dosis, cuando la mayoría de las vacunas requieren dos; y se daba el número de vacunados no como un porcentaje de la población total, sino como una cifra absoluta o como un porcentaje de los que se habían registrado para vacunarse (que eran tan sólo algo más de la mitad de la población). Además, se fijaron objetivos de reapertura (abrir la hostelería, dejar de usar mascarillas en exteriores y luego en interiores) que se aplicarían automáticamente al alcanzar diversos umbrales absolutos de población vacunada a medias. El resultado de esta manipulación propagandística del proceso de vacunación es que Hungría, hoy, se encuentra en la paradójica situación de haber quedado muy por detrás de los demás países europeos en porcentaje de población totalmente vacunada (se alcanzó el 55%, y ahí se ha quedado) mientras que al mismo tiempo se han desmantelado prácticamente todas las medidas de contención contra la pandemia. Si a eso sumamos el dato de que la población más vulnerable ha sido vacunada con la vacuna china, que es la menos efectiva, y que la variante delta del nuevo coronavirus, mucho más contagiosa, ya se encuentra en el país, nadie tiene ninguna duda de que Hungría padecerá una nueva ola de covid en otoño, y de nuevo ciudadanos húngaros morirán innecesariamente por decisiones políticas.

El último coletazo de la creciente influencia china en el gobierno de Orbán ha sido el sonado caso del acuerdo con el Partido Comunista Chino para la creación en Budapest del primer campus en Europa de la Universidad de Fudan. Los detalles del acuerdo no serán una sorpresa a estas alturas: de la construcción se encargarán empresas chinas, y se pagará con un préstamo chino cuyas condiciones desventajosas maniatarán las finanzas húngaras durante décadas. Otros países de la región, como Montenegro, ya han tenido que solicitar ayuda internacional para hacer frente a las obligaciones impuestas por contratos con China para construir infraestructuras que benefician a China, por lo que la opinión pública difícilmente puede llamarse a engaño sobre lo que supone, potencialmente, este acuerdo para Hungría. Además, acoger con los brazos abiertos a una universidad explícitamente sometida a los dictados del Partido Comunista Chino después de haber expulsado del país a una universidad liberal como la CEU es particularmente sangrante. No obstante, los partidos de la oposición supieron articular sus críticas a este proyecto de forma que incluso los votantes de Fidesz pudieran entenderlas: la comparación con el caso de la Universidad Central Europea caería en saco roto, pues cuando Orbán puso en aprietos a la CEU, ¡obtuvo todavía más votos en las elecciones siguientes! Así que Gergely Karácsony, alcalde de Budapest y uno de los líderes de la oposición, lo planteó de la siguiente manera: los terrenos que Orbán iba a ceder a la Universidad de Fudan, en parte estatales y en parte municipales, habían sido designados por el ayuntamiento para la construcción de residencias baratas para estudiantes de fuera de Budapest. Así que la demagógica, pero efectiva, oposición al proyecto podía articularse en términos patrióticos y casi nacionalistas (es decir, exactamente el lenguaje que los votantes de Fidesz están acostumbrados a oír por parte del gobierno): ¿qué preferís, una universidad china o estudiantes húngaros?

En el momento de escribir esto, Orbán ha dado muestras ambiguas sobre cómo reaccionará al desafío de la impopularidad del proyecto: por un lado aprovechó la promulgación de otra ley extraordinariamente polémica (véase más abajo) para pasar de tapadillo legislación que va apartando recursos públicos para la Universidad de Fudan; por otro el portavoz del gobierno ha hecho frecuentes intentos de quitar hierro al asunto asegurando que la cuestión se decidirá en un referéndum, pero no antes de las próximas elecciones, señal inequívoca de que Orbán es consciente de que no tiene a la opinión pública de su lado y por lo menos temporalmente está reculando para desactivar el uso electoral en su contra de este espinoso asunto. A más largo plazo, mientras Orbán continúe en el poder el estrechamiento de los lazos con China parece inevitable.

Otro de los desarrollos de este año en la política húngara tiene, a mi parecer, mayor capacidad para marcar el futuro de Hungría que todo lo mencionado hasta ahora. Hemos visto que Fidesz estaba privatizando universidades para lucrar a sus políticos colocados en las nuevas juntas de gobierno. También sabemos que el gobierno llevaba años creando fundaciones con dinero público (por ejemplo, a través del Banco Nacional) que dejaba en manos privadas, igualmente controladas por miembros del partido y afines. Finalmente, la constitución húngara ha sido reformada este año para dificultar la recuperación en el futuro de los fondos asignados a estas fundaciones. Anteriormente era difícil percibir el cuadro general detrás de estos movimientos, pero recientemente el plan se ha puesto de manifiesto, básicamente porque Fidesz lo estaba haciendo poco a poco y disimuladamente, y de repente le ha entrado prisa y lo ha hecho de golpe y porrazo. En pocas palabras, en el último año se ha acelerado increíblemente el proceso de privatización de universidades: una vez el modelo se experimentó con éxito en unos pocos casos, quedó listo para aplicarse masivamente, de forma que, si antes se oía que una universidad se privatizaba un año y al año siguiente otra, sólo en 2021 se han privatizado una docena, hasta el punto de que actualmente las grandes universidades húngaras que siguen siendo públicas son ya una minoría. Este súbito afán por privatizar la educación superior, creando fundaciones que tienen instituciones educativas como núcleo y cuya gestión escapa al control estatal, se ha visto acompañado de una gigantesca transferencia de fondos y activos públicos tanto a las nuevas fundaciones como a las creadas anteriormente. En total son una treintena, y se están consolidando como una suerte de feudos económicos con líderes de Fidesz en los órganos de dirección. Valga el ejemplo de una que no pertenece a la nueva hornada, sino que existía previamente, pero que este año ha experimentado sustanciales cambios. El Mathias Corvinus Collégium es una fundación que ostensiblemente ofrece cursos universitarios con orientación de derechas; una especie de anti CEU, para entendernos. Pero usarla para la reproducción de élites intelectuales afines a la “democracia iliberal”, útil como resulta para Fidesz, no es ya la principal función de esta fundación. Ahora su principal objetivo es la tenencia de bienes, algunos increíblemente alejados de cualquier objetivo educativo. ¿Suena exagerado? Veamos: sólo en 2021 esta fundación ha recibido el equivalente al 1% de PIB húngaro (más de mil millones de euros) en fondos públicos, incluyendo activos tan asociados a la educación como acciones de compañías petrolíferas y farmacéuticas, castillos y puertos deportivos. ¿Y para beneficio de quién? Una pista: al frente de la junta directiva del Mathias Corvinus Collégium se encuentra (¡de forma vitalicia!) nada menos que el secretario de estado del Ministerio de la Presidencia.

Y éste es sólo un caso. Por toda Hungría, docenas de fundaciones están recibiendo fondos y activos públicos (incluyendo parques, cines, salas de conciertos…) en una ronda de privatizaciones como no se había visto desde el cambio de sistema en los años noventa. El muy poco disimulado objetivo es poner (más) parcelas de la riqueza húngara irreversiblemente en manos de Fidesz. Otro ejemplo: ¿el famoso castillo de Gödöllö, cerca de Budapest, notable atracción turística que dejaba unos dineros para el estado? Este año se ha transferido su propiedad a la fundación de nueva planta creada en torno a la privatizada Universidad de Agricultura, y a cuya cabeza se encuentra… el actual ministro de Agricultura. Al frente de las nuevas fundaciones con universidades en su centro y que están recibiendo una lluvia de activos públicos privatizados encontramos, uno tras otro, a los ministros y secretarios de estado del gobierno de Orbán y otros notables de Fidesz. Como remate, una reforma de las leyes tributarias permitirá a las empresas desgravarse sus donaciones a estas fundaciones: parte de los impuestos húngaros irán, pues, directamente a bolsillos privados. Da toda la impresión de que Fidesz ha acelerado la toma del control de partes de la economía que hasta ahora no había capturado, como si se preparase para una posible salida del gobierno. ¿Otra señal de que esto está pasando? Las autopistas húngaras, construidas con fondos europeos, han sido entregadas este año en concesión a un empresario afín al gobierno para su explotación durante los próximos 35 años. Se trata de una auténtica bunkerización de Fidesz: la construcción de un caparazón económico blindado legalmente como estrategia para sobrevivir casi incólume a una derrota electoral, conservando parcelas de poder independientes del gobierno. De tener éxito (y nada permite augurar que no lo tenga), puede constituir una de las sombras más alargadas de la época de Orbán en el futuro de Hungría, y un condicionante para cualquier futuro ejercicio del poder.

El último aldabonazo en los cambios internos que han marcado el año llegó en verano de 2021, cuando inopinadamente Orbán introdujo modificaciones de última hora en una ley que preparaba contra la pedofilia (obligado a tomar la iniciativa ante los sonoros casos de pornografía infantil que han protagonizado un embajador de Fidesz y se sospecha que otro) para incluir la prohibición de mostrar a menores de edad información relacionada con la homosexualidad y la transexualidad. El clamor en contra no se hizo esperar, y como respuesta la manifestación del Orgullo Gay en Budapest el año pasado ha sido la más nutrida de la historia. Como sabemos de guerras culturales anteriores, esto estaba más que previsto por Orbán: podría haber provocado el mismo escándalo en cualquier momento, pero eligió hacerlo en el mes tradicionalmente consagrado a la causa de las minorías sexuales para obtener la máxima contestación y por lo tanto movilizar al máximo a sus propios partidarios (y de paso distraer la atención del traspaso de activos públicos a la Universidad de Fudan realizado el mismo día, como se señaló más arriba). De su intención de convertir el tema en centro de la próxima campaña electoral da fe que ha anunciado la convocatoria de un referéndum al respecto para mantener viva la cuestión hasta entonces; un referéndum formalmente ilegal, por cierto, porque sólo preguntará a los votantes si están de acuerdo con la ley ya promulgada, cuando en Hungría un referéndum debe tener como objetivo explícito derogar una ley o promover su promulgación. Pero eso son minucias para Orbán, que está menos interesado en el resultado del referéndum (lo previsible es que no alcance el umbral mínimo de participación para ser vinculante) que en mantener viva la polémica y tener la excusa para gastar ingentes fondos públicos en propaganda institucional que le sirva de propaganda electoral. Durante el verano Hungría estuvo empapelada con los familiares carteles azules de “información gubernamental” que ya conocemos de otras campañas de odio (contra los inmigrantes, contra el financiero George Soros, contra Bruselas), que en este caso usaban grotescos emojis para recordar sintéticamente a los votantes la amenaza que se cernía sobre la orientación sexual de sus hijos.

Con todo, la batalla cultural no parece particularmente bien elegida, porque las encuestas muestran que una amplia mayoría de la sociedad húngara (dos tercios) sencillamente no cree que los niños se vuelvan homosexuales por estar expuestos a contenidos sobre sexualidades no tradicionales, así que de momento no parece que con esto Orbán vaya a movilizar mucho a sus partidarios, y ciertamente no le aportará ni un voto que no tuviera ya asegurado. Antes al contrario, la ya denominada “ley homófoba” ha servido sólo para terminar de arruinar la reputación de Orbán en la Unión Europea en un momento muy delicado, como veremos. A largo plazo, es obvio que la ley será derogada por las instituciones europeas como contraria al derecho de la Unión (por no hablar de los derechos humanos), así que el rédito que Orbán espera lograr con ella es únicamente a corto plazo. A la vista de esta catástrofe de relaciones públicas, el único argumento que permite salvar la imagen de Orbán como fino estratega es la idea de que su objetivo puede haber sido dividir a la oposición, obligada a presentarse unida para tener alguna posibilidad de plantar cara a Fidesz en las legislativas, y que sin embargo votó dividida (unos a favor y otros en contra) la promulgación esta ley. Si fue así, la táctica no le ha funcionado, porque los partidos de la oposición son de sobra conscientes de sus diferencias ideológicas, pero han terminado por asumir tras un largo aprendizaje en una derrota electoral tras otra que simplemente no hay alternativa a presentarse unidos. Tras el éxito de su colaboración en las municipales de 2019, es imposible que planteen a sus votantes que ahora no lo van a hacer, sea por la causa que sea, sin quedar como tontos útiles o directamente como lacayos al servicio de Orbán.

 

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En el exterior, el año ha sido tan activo o más que en el interior. En resumen, Orbán ha ahondado hasta extremos inéditos en su estrategia de desafío a la Unión Europea, cobrando una relevancia mediática y marcando la agenda europea de una forma que está lejos de corresponderse con el peso irrisorio de Hungría en la Unión, y que puede tener el efecto paradójico de reforzar a las instituciones.

El año comenzó rutinariamente con las sentencias del Tribunal de la Unión Europea que derogaban la legislación húngara por la cual se había expulsado a la CEU de Budapest y se había hostigado a las ONG. Estas sentencias venían a sumarse a otros reveses judiciales que ha experimentado el gobierno húngaro en la instancia europea en los últimos años (el más sonoro de los cuales fue la obligación de cerrar el centro de internamiento de inmigrantes donde se los retenía sin alimentarlos), y eran ampliamente esperadas por Fidesz, que reaccionó como es su costumbre: protestando por la tiranía de Bruselas, pero en general acatando las sentencias, que en todo caso llegaban muy tarde para reparar el daño causado por los ataques de Orbán.

El primer hito que marcó un cambio de tendencia, y de qué manera, fue el órdago que Orbán, acompañado a ratos por el gobierno iliberal de Polonia, lanzó a la Unión Europea con ocasión de la aprobación del presupuesto comunitario 2021-2027 y la simultánea aprobación del fondo de ayuda contra los estragos económicos de la pandemia. Tras duras negociaciones entre los socios, estos acuerdos incluyeron decisiones de enorme relevancia inmediata para países concretos, y a largo plazo para la arquitectura de toda la Unión. Así, los países relativamente pobres como Hungría y Polonia seguirán recibiendo enormes cantidades en fondos de cohesión y otras ayudas. Por su parte, el fondo contra la pandemia incluye una parte muy sustancial que no es préstamo, sino subvención, y que por tanto no hay que devolver. El gobierno alemán, por primera vez en la historia de la Unión y en un giro diametral respecto a su postura hace una década en la crisis financiera y del euro, se mostró partidario y logró convencer a los demás gobiernos para emitir bonos europeos con los que financiar el fondo, lo cual supone que una idea que era anatema hasta hace muy poco (que los países más ricos respondan por la deuda de los países más pobres) es ahora una realidad.

Todo esto debería ser música para los oídos de un cleptócrata como Orbán: más dinero, mucho más dinero, que no hay que devolver ni del que hay que responder, para sostener su régimen ineficiente y corrupto. Sólo hay dos problemas: uno filosófico, que la mutualización de la deuda es un paso de gigante en la federalización de Europa, o sea, en una mayor cesión de soberanía, y la soberanía de Hungría es la excusa de Orbán para que no le cierren el tinglado que tiene montado; y otro práctico, que para contentar a los países ricos que aceptaron a regañadientes el cambio de posición de Alemania el desembolso de los fondos europeos queda condicionado al cumplimiento de parámetros sobre el estado de derecho. En abstracto, la explicación es que los países contribuyentes netos quieren tener alguna seguridad de que los dineros europeos no se volatilicen en países receptores que carecen de instituciones independientes para garantizar su buen uso; pero en concreto, lo que pasa es que estos países se han hartado de ver cómo Hungría y Polonia se atiborran con fondos de la UE mientras eluden incorporarse a los mecanismos de la Unión creados para su control, notablemente a la Fiscalía Europea (que puede perseguir crímenes económicos relacionados con los fondos europeos sin depender de las instituciones de justicia nacionales, algo crucial porque en estos dos estados la justicia ha sido parcialmente colonizada por el gobierno).

La respuesta de Orbán a este requisito de la Unión no se hizo esperar: junto con el gobierno polaco (aunque éste se desdijo finalmente), Orbán amenazó con vetar todo el presupuesto europeo y todo el paquete de ayuda contra la pandemia, a menos que se suavizasen las condiciones de respeto al estado de derecho. Durante unas semanas, la diminuta Hungría tuvo en un impasse a la Unión Europea en pleno, incluyendo a los países más afectados por la pandemia para los que el desembolso de las ayudas era una cuestión urgente. Cabe preguntarse por el sentido de la estrategia de Orbán: si quería demostrar que a chulo no le gana nadie, lo consiguió (incluso ordenó una emisión masiva de deuda pública húngara, a pagar en treinta años, para sugerir que no necesitaba los fondos europeos); si quería perder el capital político que le quedaba en Europa, lo consiguió (como veremos a continuación); si quería evitar la aplicación de las condiciones sobre el estado de derecho lo único que consiguió fue el compromiso de moderar el lenguaje y no aplicar el nuevo mecanismo hasta que el Tribunal de la Unión se hubiese pronunciado sobre las reclamaciones húngara y polaca al respecto. En otras palabras, Orbán ganó tiempo (se aseguró de que la Unión Europea no cortase el flujo económico a Hungría antes de las elecciones de 2022) y perdió todo lo demás. Como de costumbre, a su vuelta a Hungría presentó lo logrado como un gran triunfo en la defensa de la soberanía húngara (que en la retórica del gobierno se confunde cada vez más con la capacidad personal de Orbán de salirse con la suya).

En medio del desafío a cuenta de los presupuestos tuvo lugar una de esas escenas grotescas que alegran de vez en cuando la política húngara y que permiten que escribir sobre ella no se quede en una mera letanía de desgracias. Jószef Szájer, un cabecilla del grupo de Fidesz en el Parlamento Europeo, el hombre que había presumido de escribir él solito la nueva constitución de Fidesz en su iPad, el marido de la amiga íntima de Orbán que durante nueve años fue la cancerbera de los nombramientos judiciales en Hungría (y que ahora, en agradecimiento por los servicios prestados, ha sido nombrada magistrada del Tribunal Constitucional), el miembro preeminente de un partido que ha ido realizando declaraciones y gestos cada vez más hostiles hacia las minorías sexuales hasta culminar en la “ley homóbofa”… fue detenido por la policía belga mientras se descolgaba por una cañería de una fachada del centro de Bruselas, al parecer huyendo de una redada contra una orgía homosexual organizada en violación de las normas de la pandemia. En los medios de Fidesz, donde la orientación sexual de Szájer y otros miembros del partido era un secreto a voces, se procuró desviar la atención del escándalo insinuando que los servicios secretos de algún país opuesto a Hungría habrían tendido una trampa al honrado parlamentario para responder al ultimátum de Orbán a los presupuestos. Pero mi reacción favorita con diferencia fue la de un periodista búlgaro que ha escrito un libro elogiando a Orbán: el aire de Bruselas, afirmaba, produce efectos extraños en los recios hombretones de Europa del este, y por su bien éstos no deberían ser destinados en Europa occidental más de cuatro años seguidos, sino que deben volver a casa con regularidad para respirar la atmósfera oriental, que por lo visto fomenta la heterosexualidad.

Que la amenaza de veto de Orbán iba a tener efectos sobre su capacidad de operar con los demás socios de la Unión era indudable, pero la primera señal de que las cosas habían cambiado para el líder húngaro fue la culminación de un proceso que llevaba mucho tiempo en marcha: el Partido Popular Europeo, al que seguía perteneciendo Fidesz a pesar de años de protestas de algunos de sus otros miembros (¡y a pesar de que Orbán organizase una campaña publicitaria de descrédito contra el luxemburgués Jean-Claude Juncker, a la sazón miembro de su propio grupo parlamentario y presidente de la Comisión Europea!), por fin cambió sus normas para poder expulsar a una delegación parlamentaria en bloque, y Fidesz, antes de que la expulsaran, se fue solita, como había amagado con hacer en alguna ocasión anterior. La importancia de la salida de Fidesz del Partido Popular Europeo no puede minimizarse: su pertenencia a dicho grupo, el más importante del Parlamento Europeo, dio a Orbán durante años tanto un peso desorbitado en las instituciones comunitarias como un paraguas de protección frente a las fundadísimas críticas de dichas instituciones ante la deriva autoritaria de Hungría. Fuera del grupo, Orbán ya no es el miembro calavera pero tolerado de la banda más importante del barrio, sino un mero chulito solitario destinado a que le den una paliza la próxima vez que se pase de listo. Puesto que Orbán contó durante tantos años con el crucial apoyo de los conservadores alemanes (CDU) en el PPE, explicable por la importancia de Hungría para la industria automovilística alemana, cabe preguntarse qué ha cambiado para que se le haya retirado esta protección. Desde luego, las empresas automovilísticas alemanas siguen como pez en el agua en Hungría, donde la legislación tributaria y laboral está hecha a medida de sus intereses. Sólo puedo especular que quizá el coste de seguir respaldando a un autócrata como Orbán, una vez éste abandonó allá por 2018 el tono conciliador que permitía seguirle defendiendo como un demócrata con sus cosillas, puede haber sido cada vez más alto en términos de política interior para la CDU.

Tras la amenaza de veto al presupuesto y la salida del Partido Popular Europeo, Orbán anduvo unos meses como alma errante por Europa, tratando de construir un nuevo grupo en el Europarlamento con los ultras de su cuerda (lo que, a pesar de los incesantes vuelos de una capital a otra de su ministro de Exteriores, encargado de hilar esta alianza, resultó tarea imposible: la ultraderecha está dividida en varios grupos, y sus líderes se tienen tanta simpatía ideológica mutua como dificultades para encontrar posiciones políticas comunes más allá de lo retórico) y, a falta de avances en este sentido, publicando cartas abiertas a líderes de instituciones europeas (que tuvo el descaro de bautizar como samizdat, por las publicaciones clandestinas de la época soviética) exponiendo sus ideas sobre Europa: ya que se había convertido en un paria institucional, aspiraba por lo menos a ser un líder ideológico. ¿De qué ideología exactamente? Resulta que del euroescepticismo. En verano de 2021, un manifiesto firmado personalmente por Orbán que éste hizo publicar en la prensa europea, delineó en siete sucintos puntos su concepción de Europa: en resumen, le parece que hay demasiada integración, hasta el punto de exigir la eliminación del Parlamento Europeo y la derogación en los tratados de la célebre fórmula “una unión cada vez más estrecha” como horizonte. Y, ya que estamos, incluye como último punto de su lista la admisión de Serbia en la UE: otro gobierno hermano iliberal que le cubra las espaldas, por si le falla Polonia.

En estas circunstancias, la promulgación de la “ley homófoba” en Hungría siempre iba a traer consecuencias indeseables para Orbán en el ámbito europeo, pero probablemente ni él mismo calculaba cuánto. Las instituciones europeas se pronunciaron en los términos más duros posibles contra la ley, por buenas razones, pero además echaron mano del argumento supremo, el único que podía hacer que Orbán prestase atención: que éste no se creyera que tenía solucionado el desembolso de los fondos europeos, porque si le buscaba las cosquillas a Europa ésta ya se encargaría de encontrar formas de cortar el flujo de dinero. Dicho y hecho. Las primeras propuestas de Hungría para recibir los fondos asociados a la pandemia, de cuya aceptación dependía que se desembolsaran, fueron rechazadas por motivos formales. Por el momento, sin embargo, esto no parece haber hecho retroceder a Orbán, pues como ya he contado ha decidido prolongar el desafío con la convocatoria de un referéndum al respecto. Así pues, como correlato a la bunkerización de Fidesz en el ámbito interior, en el exterior observamos su progresiva marginación en las instituciones europeas y su conversión en un socio no fiable que abusa de los mecanismos a su disposición, convirtiéndose en un palo en la rueda de la Unión.

Hay que decir que con toda esta dinámica Orbán puede acabar prestando un servicio inapreciable a la consolidación de la Unión Europea. Se suele describir que la construcción europea avanza de crisis en crisis, y sin lugar a dudas Orbán está provocando crisis que son oportunidades para progresar en esa “unión cada vez más estrecha” de la que abomina explícitamente. Ya hemos visto cómo su postura de “dame dinero y déjame despilfarrarlo en corrupción a mis anchas” ha provocado la creación de un mecanismo que relaciona el desembolso de los fondos comunitarios con el mantenimiento del estado de derecho, algo que no es de aplicación sólo a países ostensiblemente iliberales como Hungría y Polonia, sino a cualquier miembro de la Unión. Es decir, gracias a Orbán los ciudadanos de la UE se verán beneficiados porque la Unión dispondrá de una nueva forma de asegurar la calidad democrática de todos los estados miembros. De la misma forma, en los últimos meses Orbán ha extendido su desafío a la Unión a otros ámbitos, como el de la política exterior, vetando sistemáticamente las posiciones comunes (sobre todo cuando perjudican a sus patrocinadores rusos y chinos, pero a veces parecería que por puro disfrute de trabar el mecanismo). La existencia de un miembro asilvestrado que abusa del derecho de veto en este tema, y no digamos ya en la cuestión del presupuesto comunitario, está conduciendo a la Unión (lentamente y con idas y vueltas, al modo de la UE) a la conclusión de que la unanimidad ya no puede ser el método por defecto para adoptar decisiones, y por ello es muy probable que veamos extenderse la toma de decisiones en diversas fórmulas y mayorías a cada vez más ámbitos de la Unión. Ésta ganará así carácter comunitario en detrimento de su condición intergubernamental, lo cual es una auténtica pesadilla para políticos soberanistas como Orbán… y algo de lo que sólo podrá culparse a sí mismo.

Como decía al comienzo de este apéndice, tanto en el ámbito interno como en el externo la posición de Fidesz y de los oponentes de Fidesz se ha extremado, lo que permite garantizar que el fin de la situación, sea éste el que sea, está más cerca que si la atmósfera fuera algo menos tensa. Pero, ¿qué forma puede tener el fin de Fidesz? Soy muy escéptico ante la idea de que una trama que ha acumulado tanto poder como Fidesz bajo Orbán pueda estar dispuesta a perder el control del gobierno. Pero claramente las elecciones legislativas de 2022 pondrán a prueba esta percepción.

La situación es la siguiente: ante una oposición que acuda unida (salvo un par de partidos diminutos), hay una excelente posibilidad de que Fidesz pierda el control del parlamento y con él la posibilidad de formar gobierno. Lo que desde luego no quiere decir que Fidesz vaya a permitir que suceda esto sin presentar batalla. Para empezar, cuenta con todos los medios tradicionales que le han permitido inclinar a su favor el terreno de juego hasta el punto de que las elecciones en Hungría hace mucho que ya no son justas: publicidad institucional que en realidad es publicidad electoral; una autoridad electoral a su servicio que castiga con multas millonarias las infracciones (reales o imaginarias) de los partidos opositores, desarticulando su capacidad de financiar campañas; el 90% de los medios de comunicación al servicio directo del partido del gobierno; los distritos electorales rediseñados para favorecer a Fidesz y para sobre-representar el voto rural; el sistema electoral sesgado a lo mayoritario que permite ganar todo con sólo un voto más que el oponente; la creación de falsos partidos para dividir aún más el voto de la oposición; la inclusión de votos de las minorías en el extranjero que se recogen sin garantías y suelen ser aplastantemente favorable a Fidesz… Todo esto seguirá viciando las elecciones húngaras, pero a la vista de los resultados electorales de 2018 (generales) y 2019 (europeas y municipales), no será suficiente para dar a Fidesz una mayoría en el parlamento; desde luego, no la mayoría de dos tercios a la que está acostumbrado para hacer y deshacer a su antojo. Sencillamente, el sistema creado por Fidesz depende demasiado de dos procesos que le han servido bien pero que tienen, retrospectivamente, límites inevitables: uno, que el voto de sus fieles, y sólo el voto de sus fieles, ha solido bastar para otorgarle todo el poder (lo que lleva a que la política de Fidesz haya tenido durante más de una década el objetivo de consolidar su base, y no de ampliarla); y dos, que los partidos de la oposición se presenten siempre divididos a las elecciones. Este último punto ha sido, sin ninguna duda, el mayor responsable de la hegemonía de Fidesz: si tienes un sistema orientado a lo mayoritario con un partido mediano-grande (Fidesz) y seis o siete partidos pequeños, y se presentan todos, gana Fidesz en prácticamente todas las circunscripciones. En 2014 y 2018 fue exactamente así. La diferencia crucial en 2022 es que, si el sistema electoral sigue igual (y no hay que descartar que Fidesz lo cambie de nuevo antes de las elecciones) y la oposición se presenta unida, ese mismo mecanismo sesgado a lo mayoritario hará que Fidesz pierda en la mayoría de las circunscripciones (en todas donde obtiene menos del 50% de los votos). Ante esto, la respuesta lógica de Fidesz es procurar que la oposición no se presente unida, a pesar de todo. Ésa sería, en mi opinión, la única razón táctica de peso para promulgar la “ley homófoba” (pero, como ya conté, no funcionó). Y ése era el objetivo evidente de la reforma electoral promulgada en plena emergencia de la pandemia, y que buscaba dificultar la cooperación de la oposición de la siguiente forma: en adelante ya no bastaría con que los partidos de la oposición se repartiesen estratégicamente las candidaturas en las circunscripciones uninominales (retirándose todos, salvo el candidato con más probabilidades de ganar a Fidesz), que es como la oposición arrebató al partido del gobierno las alcaldías de prácticamente todas las grandes ciudades, sino que para participar en las elecciones generales un partido tendría que presentar listas en una mayoría de circunscripciones. Es decir, Fidesz buscaba obligar de nuevo a todos los partidos de la oposición a competir entre sí, para obvio beneficio del propio Fidesz. Pero o bien las reformas electorales no han terminado, y vendrán nuevos cambios legislativos que permitirán completar la estrategia de Fidesz, o bien éste ha cometido un serio error de cálculo: mientras que la nueva ley electoral fuerza a los partidos de la oposición a unirse todavía más estrechamente de lo que habían previsto, formando listas comunes, para sorpresa de Fidesz (supongo) estos partidos están dando los primeros pasos para hacer exactamente eso. En otras palabras, la reforma electoral ha obligado a los partidos de la oposición a hacer lo que de todas formas debían hacer, en vista de cómo está configurado el terreno de juego. Puede que Fidesz apostase por la incompatibilidad de las ideologías o de los liderazgos de los partidos, o puede que su plan fuera (y todavía puede ser) sabotear la unidad de la oposición desde dentro con malas artes; pero ha hecho un inmenso favor a los partidos de la oposición, que ahora pueden explicar a sus votantes que se presentan unidos electoralmente con sus oponentes ideológicos porque es la única oportunidad que Fidesz les ha dejado para desbancar a Orbán. Y tras once años y pico de gobierno de Fidesz, los votantes de la oposición entienden esto perfectamente y tienen muy claras las prioridades: lo primero es quitar a Orbán de en medio.

Así las cosas, queda el espectro del fraude electoral. Orbán no ha necesitado hasta ahora cometer fraude abierto a gran escala porque el terreno estaba inclinado a su favor para dar los resultados apetecidos. Pero no tengo muchas dudas de que los mecanismos para cometer el fraude existen, pues las elecciones están organizadas por el gobierno, y Fidesz ha dado pruebas de sobra para convencer incluso a los más escépticos de que usa el estado como si fuera su cortijo. La cuestión para mí es: ¿qué fuerza en el universo puede parar los pies a Orbán si éste decide que, puesto que no puede derrotar electoralmente a la oposición unida, las elecciones de 2022 ya no sólo no serán justas sino tampoco libres? Es decir, si decide convertirse en un Putin del Danubio, ¿puede pararlo la Unión Europea, con la que está en claro rumbo de colisión (hasta el punto de haber empezado a amenazar con la salida de Hungría de la Unión)? ¿Es que le puede ir peor a Orbán con la Unión de lo que ya le va? Es decir, en su cálculo, ¿tiene algo que perder?

Pero exploremos la posibilidad opuesta. Supongamos que una fuerza providencial hace que Orbán permita que las elecciones reflejen la voluntad de los votantes. El siguiente paso es que Fidesz no puede formar gobierno, pero eso no tiene por qué ser el fin: aquí viene a cuenta la bunkerización de Fidesz, tanto en la administración como en la economía. Pues una oposición que pueda formar gobierno porque tenga mayoría simple, pero sin alcanzar la mayoría de dos tercios, no podrá deshacer la tenaza de Fidesz sobre la administración del estado ni sobre las parcelas capturadas de la economía. Será un gobierno sometido al constante sabotaje de los hombres de Fidesz en las instituciones, y cuya capacidad de operar sobre la economía estará mermada por las privatizaciones, las fundaciones y la legislación que las protege como un inmenso caparazón. Un gobierno de la actual oposición en tan indeseables condiciones sería presa de sus divisiones internas y se podría deshacer a lo largo de sus costuras ideológicas, mientras que a Fidesz (que seguiría conservando el control de casi todos los medios de comunicación) le sería fácil presentar a la opinión pública una narrativa según la cual los problemas de gestión del estado serían responsabilidad única de la inoperante oposición. Hay que entender que la derecha populista siempre lleva las de ganar en esto, pues sus partidarios sólo quieren gestos simbólicos y retórica, y sus oponentes se conforman con que no causen muchos estragos; pero a un gobierno liberal se le pide que ejecute políticas en beneficio de la sociedad, y se le juzga mucho más duramente si no es eficiente. Fidesz lo tendría fácil para causar tal impresión de desgobierno que se aseguraría una excelente opción de volver al poder en 2026, si es que no se convocan elecciones anticipadas. La campaña de desprestigio podría comenzar la propia noche electoral, cuando los matones de Fidesz (reclutados entre los seguidores más ultras de los equipos de fútbol mimados por el régimen) acudan al parlamento para protestar por el resultado de las elecciones y causar disturbios. Cuando los húngaros vieron las imágenes del asalto al Capitolio de Estados Unidos por parte de los partidarios de Donald Trump el pasado 6 de enero, se dieron cuenta con un escalofrío que eso mismo, pero en mucho más violento, es lo que se verá el día de las elecciones húngaras si no gana Fidesz.

Aunque los preparativos que Fidesz está realizando para mantener sus negocios incluso si no tiene el control del gobierno animan a pensar que pueden estar previendo un desarrollo como el que acabo de describir, yo no apostaría por ello. Sencillamente, para una estructura mafiosa como la de Fidesz el riesgo de dejar el poder es demasiado grande. Aunque obstaculizado por la administración y el peso económico de Fidesz, el hipotético gobierno de la oposición seguirá disponiendo de múltiples resortes que pueden afectar a Fidesz donde más le duele (o sea, en la cartera). Por poner un ejemplo, un gobierno de la actual oposición no perdería tiempo en sumarse a la Fiscalía Europea, tras lo cual la investigación de los delitos económicos de Fidesz relacionados con los fondos europeos ya no dependería de la administración de justicia húngara (cooptada por Fidesz en buena medida), sino que se realizaría a nivel europeo. Una empresa cleptocrática como la de Orbán no puede permitirse perder el poder sin quedar expuesta a ser investigada, hostigada o perjudicada de alguna forma por un nuevo gobierno. No encuentro ninguna razón para asumir que una persona que ha llegado a la posición de Orbán se avenga a abandonarla por las buenas, aunque me encantaría estar equivocado.

 

¿Qué cabe esperar en los próximos meses? En mi opinión, la situación no puede sino tensarse. La oposición, prácticamente segura de su triunfo electoral en ausencia de fraude, luchará por permanecer unida frente a las añagazas de Fidesz; Orbán, por su parte, tendrá que decidir si abandona definitivamente la máscara de demócrata peculiar y encarna la figura autoritaria a la que parece abocado; entre tanto, Hungría verá zarandeada su posición en la Unión Europea, y si las cosas vienen mal dadas, su posible salida se usará como chantaje o arma arrojadiza. Las elecciones serán un momento de máxima tensión, en que unos miedos (a los gays, a los inmigrantes) se opondrán a otros miedos (a la falta de libertad, a la salida de la UE). La violencia abierta por parte de los secuaces de Orbán no puede descartarse de ningún modo. El país se aproxima a una catarsis, pero sólo el futuro dirá si lo que sigue es un nuevo amanecer o un internarse en las tinieblas de la historia.

 

Dresde, agosto de 2021