Días atrás, la prensa divulgó que un par de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) fueron presa de una emboscada y tiroteo cerca de la Ciudad de México en la que participaron presuntos criminales que contaban con el apoyo de patrullas y agentes de la Policía Federal de México (“investigaban un secuestro” dijo la versión oficial). Los dos estadounidenses iban acompañados de un oficial de la Secretaría de Marina mexicana (SEMAR), y los tres lograron escapar en el vehículo blindado que los transportaba.
Ninguna autoridad de los países implicados en el incidente ha proporcionado información necesaria para explicar a fondo los hechos. En cambio, las versiones difundidas han sido contradictorias acerca de tres puntos esenciales: 1) la presencia de agentes armados de Estados Unidos en territorio mexicano; 2) por qué la Policía Federal apoyó a los asaltantes de los agentes; 3) cuál era la función de un oficial de la Marina al lado de los agentes de la CIA.
El incidente marca un punto de quiebra desde que fue activada la Iniciativa (o Plan) Mérida en 2008: como se ha sabido al paso del tiempo, todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos operan en territorio mexicano bajo la tolerancia del gobierno de Felipe Calderón sin respeto a la soberanía del país. La institución de enlace con los estadounidenses ha sido, sobre todo, la SEMAR, a través de un alto funcionario de dicho organismo que, de acuerdo con fuentes de inteligencia de México, trabaja para la CIA: el almirante Wilfrido Robledo (ex asesor de seguridad del grupo Carso, de Carlos Slim, y ex comisionado de Seguridad Estatal en el Estado de México durante el gobierno del hoy presidente mexicano electo Enrique Peña Nieto).
La importancia del tráfico de drogas de México hacia Estados Unidos tiene que ver con el enfoque geopolítico en tres frentes: 1) la seguridad nacional estadounidense (y el riesgo de “terrorismo” sobre la hipótesis de la posible conexión del crimen organizado internacional con grupos de fundamentalistas de Medio Oriente); 2) el control del mercado (distribución y consumo) de las drogas en Estados Unidos y en la frontera con México; 3) la manipulación estadounidense de los cárteles mexicanos de la droga en la configuración del nuevo mapa de acción policiaca-militar de México respecto de Centroamérica y el Caribe, que ha impuesto instigar la inestabilidad social en territorio mexicano mediante la violencia de dichos cárteles, y el endurecimiento consecuente del Estado policial-militar en el territorio mexicano.
En el tercer frente, el de la imposición de un Estado fuerte que homologue estándares judiciales, policiales y militares y sea capaz de emplear recursos para-militares, la CIA juega en México un papel determinante, sobre todo, a través del grupo criminal de mayor eficacia en términos de estrategia, logística y tácticas operativas: Los Zetas, cuyos cuadros dirigentes tuvieron adiestramiento bélico de alto nivel en Estados Unidos, ya fuera como soldados de élite del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFES) de México, o de los Kaibiles del ejército de Guatemala.
Por una parte, la CIA opera para infiltrar, controlar y destruir cárteles o agrupaciones criminales inmersas en el tráfico de drogas y, por otra parte, manipula a dichas organizaciones con el fin de que se incrementen las tensiones violentas en los territorios donde operan (véase Multiverso/ «La CIA y el traspatio», 29 de julio de 2012). Ahora, se presenta una operación de la inteligencia estadounidense dirigida a intensificar los focos de la violencia en el Centro de México.
Los agentes de la CIA que fueron emboscados se hallaban en un municipio limítrofe entre el Distrito Federal, el Estado de México y el de Morelos, donde se abre un corredor de operaciones criminales de la capital mexicana hacia el Pacífico, en particular, el puerto de Acapulco, y que ha estado en disputa desde años atrás por diversos grupos, sobre todo, El Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el desprendimiento del primero: el grupo de los Beltrán Leyva, que ha sido el principal punto de ataque de las acciones de México y Estados Unidos desde 2008 por el grado de eficacia que llegaron a alcanzaron sus actividades en México y en Estados Unidios.
Una vertiente equivocada de interpretación del problema de los agentes de inteligencia de Estados Unidos en México, insiste en alegar que basta la autorización del poder ejecutivo para saltar por encima del tema de la soberanía. Lo que equivale a creer que la autoridad presidencial o de las fueras armadas se halla por encima de la Constitución. Nada más falso. Por desgracia, y debido a ese tipo de posturas que vulneran principios constitucionales en nombre de acuerdos de “integración y cooperación”, México ha caído en una guerra ciega cuya inercia prolongará sus gravísimos daños hacia el futuro.
