Las dos encuestas que se han publicado esta semana, la del CIS y la de Metroscopia, apuntan la creciente preferencia de los españoles por opciones a la derecha del espectro político. El repunte de las simpatías por Ciudadanos ayudan a más que compensar las que pierde el Partido Popular y a Unidos Podemos le abandonan más apoyos de los que recupera el Partido Socialista.
El epicentro de este corrimiento de tierras ha sido la cuestión territorial. Ciudadanos ha sacado partido de la razón de su nacimiento (la oposición e incluso resistencia al nacionalismo, luego independentismo, catalán), lo que muestra que en Cataluña había un nicho electoral que no lograban cubrir ni el PSC ni tampoco el Partido Popular. Ese pedigrí de españolidad del que el partido naranja ha presumido en Cataluña y que fue avalado en las elecciones del pasado 21 de diciembre le ha sido muy provechoso en el resto de España, al menos a tenor de las encuestas. Ciudadanos, en un momento de crisis territorial, se ha presentado como garante más fiable de la unidad de España. Le ha salido barato y por tanto muy rentable presionar al Gobierno para que tomara medidas más tempranas y más contundentes para frenar al independentismo catalán. Les ha hecho parecer tibios a Mariano Rajoy y a Soraya Sáenz de Santamaría en un momento en que quizás gran parte de la ciudadanía pedía más firmeza y menos intentar templar gaitas.
Pero posiblemente la creciente popularidad de Ciudadanos obedece también a una promesa que se entrevé de centralismo, idea con la que quizás conectan muchos votantes del interior de España.
Y es quizás peligroso que la popularidad de Ciudadanos pueda llevar a otros partidos, muy especialmente al PP, pero también al Partido Socialista, que parecía defender otras ideas, a posiciones parecidas. La historia nos dice que los intentos recentralizadores no suelen terminar bien. Y, sin necesidad de ponernos dramáticos, lo que sí puede provocar el giro al centralismo propiciado por Ciudadanos es el freno en la reforma territorial que España parece que requiere a cuarenta años de la aprobación de la Constitución.
El Partido Socialista que surgió de las últimas primarias parecía defender un modelo federal para España, pero el éxito que ha tenido el discurso nacionalista y recentralizador de Ciudadanos parece haber provocado que, al menos en esta cuestión, se haya terminado imponiendo el ala perdedora, el de Susana Díaz, y sin traumas ni discusiones, al menos aparentemente. Quizás les ha terminado de convencer a todos el hecho de que la fuerza política que ha resultado peor parada en toda esta historia, Unidos Podemos, ha sido la única que ha defendido abiertamente un referéndum en Cataluña, así como una reforma del Estado sin tabúes.
Una gran cuestión que nos podemos plantear es cómo hubiera actuado el Gobierno del Partido Popular en Cataluña de no haber existido Ciudadanos. También, qué papel hubiera desempeñado el PSOE si los de Albert Rivera no amenazaran también su base electoral.
Pero la “derechización” (si se nos permite la licencia de considerar el centralismo y el nacionalismo como rasgos del pensamiento conservador español) no se observa únicamente en las posiciones que el electorado parece estar prefiriendo para resolver la cuestión territorial. Aunque las cuestiones económicas y su reverso, las sociales, quedaron durante mucho tiempo en un segundo plano, están volviendo a ponerse sobre la mesa y todos los partidos políticos van esbozando cuáles van a ser sus prioridades con vistas a las próximas elecciones.
Ciudadanos, que aparece como el caballo ganador, hace bandera, como es habitual, de las bajadas de impuestos, como el IRPF o el Impuesto de Sucesiones, sin que planteen alternativas creíbles que hagan posible al menos mantener la recaudación de Hacienda (y por tanto, también el gasto social), aunque lo que en realidad se necesita es incrementar los ingresos del Estado (y la inversión) si es que España quiere parecerse, no ya a los mejores países de Europa, sino tan sólo a la media.
¿Cuál es el riesgo de esta posición? Que, ante el éxito del discurso de Ciudadanos, se abra una batalla de ofertas fiscales con la penosa contrapartida de que el Estado termine contando con aún menos recursos.
De momento, eso es verdad, ni el PSOE ni Unidos Podemos han entrado en esa guerra y prefieren explorar otros terrenos. El PSOE ha propuesto un discutido impuesto especial para la banca para ayudar a financiar las pensiones. Y Unidos Podemos ha planteado eliminación de deducciones en Sociedades, un Impuesto de Patrimonio o la subida de la tributación de los rendimientos del ahorro en el IRPF, entre otras propuestas.
Lo malo es que lo que suele tener más éxito electoral es una promesa de bajada de impuestos y, por el contrario, se requiere hacer mucha pedagogía para explicar la conveniencia de su subida, cuáles serían las rentas afectadas de verdad, los programas públicos que contarían con más recursos… sin que ello dé garantía de ningún éxito.
Lo que las encuestas dicen es que el mensaje que cuaja es el manidísimo, simplista, insolidario y anti-redistributivo “es mejor que el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos y no en el del Estado”. Y de ahí las palabras de Mariano Rajoy hace apenas horas recomendando a los españoles que ahorren para la jubilación y para la educación de sus hijos, lo que sugiere un plan de progresivo abandono del esfuerzo estatal por procurar pensiones públicas y educación universal y gratuita.
Si en este combate en las encuestas la derecha sigue imponiéndose, o en concreto Ciudadanos, es posible que las fuerzas de izquierda, especialmente la Pedro Sánchez, que se presentó a las primarias con el programa social más ambicioso, quizás, de los últimos años del socialismo español, termine rebajando sus propuestas. El riesgo es menor en el caso de Unidos Podemos, que previsiblemente resistirá a la izquierda del espectro con las propuestas económicas clásicas de Izquierda Unida.
La derechización en lo económico, la defensa de impuestos más bajos en pos de una profundización de la “libertad económica”, lleva consigo obligatoriamente posiciones conservadoras y enemigas de la redistribución en lo social, lo que deja también libre el crecimiento de la desigualdad y la pobreza, ya desbocado en España.
La aparente creciente preferencia de la sociedad española por posiciones cada vez más conservadoras también se pone de manifiesto en que la competencia entre el PP y Ciudadanos ha provocado el aumento del perímetro de los delitos susceptibles de condenas de prisión permanente revisable. Un debate, por otro lado, en el que la izquierda ha pasado de perfil, sin hacer pedagogía respecto a cuál es la misión del sistema penitenciario en una democracia, al menos, por no hablar de las estadísticas de la población reclusa en España, así como del número de años a los que se condena y que se cumplen en comparación con los países de nuestro entorno. El hecho de que la izquierda apenas haya entrado en este debate implica que había poco que ganar (electoralmente) plantando batalla en este asunto.
Esperemos que no se caiga en la tentación de capitalizar la reacción machista al rebrote del movimiento feminista en España y ello se convierta también en objeto de competencia.
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