La desesperación de los venezolanos no sabe de razón. Sólo quien ha vivido 18 años de confrontación política, seis años de contracción económica, cuatro años de escasez de alimentos y medicinas y dos años de hiperinflación sería capaz de emigar de su país sin importar las circunstancias del viaje, el destino, la xenofobia, ni la posibilidad de ser arrestado o deportado. El objetivo es salir, aunque se muera en el intento, porque quedarse en Venezuela es asumirse desahuciado.
Así piensan muchos de los habitantes de La Vela de Coro, una localidad del estado Falcón, al noroccidente de Venezuela, quienes son los principales emigrantes marítimos del país hacia la isla de Curazao. Con sencillas barcazas de pesca, hombres y mujeres arriesgan sus vidas en un viaje de 8 horas para cubrir una distancia de 70 kilómegtros. En condiciones favorables, tras partir a las cuatro de la tarde arriban de madrugada a la costa curazoleña. Los tripulantes son dejados a unos 200 metros de tierra, para que en un último esfuerzo naden e ingresen a la isla sin ser interceptados por la guardia costera. Pero no siempre las cosas salen bien.
Hace algo más de un año, el 11 de enero de 2018, los medios de comunicación divulgaron la primera gran tragedia de esta forma de migración: Una embarcación con al menos 30 tripulantes naufragó cuando estaba a punto de alcanzar la costas de Curazao. El saldo: seis muertos y 20 desaparecidos. No obstante, las víctimas de accidentes como este son muchas más y el dolor tiene rostro de mujer.
El epicentro
La Vela de Coro fue declarado por la Unesco en 1993 Patrimonio cultural de la humanidad, por conservar muy bien su casco histórico, que combina estilos español y holandés, sirviéndose de técnicas originarias de los indígenas americanos. Además, desde hace muchos años los veleños comercializan productos de tierra firme, como frutas, verduras y hortalizas en el mercado flotante de Willemstad, capital de Curazao. Esto evidencia la histórica vinculación de la localidad con las islas neerlandesas del caribe.
A La Vela hay que ir temprano, porque casi todos los días los pobladores cierran las vías de acceso en protesta por la falta de agua, gas, comida… Y cuando se llega, el celular muere. Las compañías de telefonía celular decidieron dejar sin servicio esa localidad ante los frecuentes hurtos de sus equipos de transmisión. Tristemente, hay muchas otras zonas de Venezuela en la misma situación.
El puerto de La Vela es lindo, pero está un poco sucio y lleno de gente buscando cómo resolver la comida del día. Muchos pescadores ofrecen sus mercancías y otros vendedores, algunos productos de la cesta básica: harina de maíz para arepas, arroz, pasta… Todos a un valor muy por encima del fijado por Gobierno. El control de precios lleva más de 15 años luchando contra las leyes del mercado, aunque esa batalla estaba perdida desde el comienzo.
Muy cerca de ahí vive la familia Jiménez Chirino. En una casa muy humilde, la señora Aury Chirino nos cuenta las maromas que tiene que hacer para atender a sus hijas más pequeñas, unas gemelas de un año. Encima de ella cuelgan en unas cuerdas algunos pañales desechables lavados para ser reutilizados. “Cuando mi hermano me trae pañales de Curazao le digo a mis niñas: ‘Esto se los mandó Nany’”.
Nany es Jeanaury Jiménez, una de las víctimas fatales del naufragio de enero de 2018. Con apenas 18 años, esta joven decidió arriesgarse a emigar ilegalmente a Curazao para ayudar a sus padres con la manutención de sus hermanitas. “Yo no sé cómo hizo para conseguir el dinero, pero un día nos dijo: ‘Me voy’, agarró sus cosas y se fue. Lo siguiente que supimos de ella fue que murió ahogada después de que la lancha donde iba tuvo un accidente”. El dinero al que se refería la señora Chirino es el costo del viaje: 200 dólares.
Muchas de las mujeres que salen de Venezuela hacia Curazao han sido “reclutadas” por snacks (bares de la isla) para trabajar e incluso prostituirse. El procedimiento es el siguiente: La chica envía fotos suyas a un número de Whatsapp para ser evaluada. Si es aprobada, se le envían los dólares para que reserve el viaje, y una vez llegue a la isla debe trabajar para su benefactor –por lo menos– hasta cancelar el dinero adeudado.
De acuerdo con versiones difundidas en un reportaje de Telemundo 51, el procedimiento con las chicas que ingresan vía aérea es similar, sólo que la deuda es mayor. Además de financiarles el pasaje, las mujeres reciben dinero en efectivo en inmigración para simular que son turistas. “No nos obligan (a prostituirnos), pero nos ponen la cosa color de hormiga para que uno lo haga”, dijo Grace Valdez, migrante ilegal en Curazao.
En el informe Detenidos y deportados. Niegan protección a personas venezolanas en Curazao, Amnistía Internacional (AI) señala que “tener un estatus irregular y la ausencia de procedimientos para solicitar protección hace que las personas sean muy vulnerables a la explotación, extorción, violencia, trata, abusos sexuales y discriminación”.
Deportaciones versus persistencia
En ese mismo documento, AI explica que los venezolanos que llegan a Curazao en condiciones irregulares son detenidos y llevados a centros de reclusión para luego ser deportados. En 2017, las autoridades expulsaron a 1.532 extranjeros, entre ellos 1.203 venezolanos (78,5%). Mientras que en el primer cuatrimestre de 2018, las autoridades devolvieron a 475 extranjeros, de los cuales 386 (81,3%) eran venezolanos.
“El Gobierno de Curazao ha comenzado a deportar activamente a los venezolanos a su país de origen, afirmando que no se trata de personas necesitadas de protección, sino de ‘migrantes económicos’”, reza el informe de Amnistía Internacional.
Según estimaciones del Estado curazoleño en la isla viven unos 26 mil venezolanos, la mayoría de ellos de manera ilegal. Considerando que la población total de la isla es de unos 160 mil habitantes, estamos hablando de más del 15% de la población total. Ante un flujo tan abrumador de migrantes, el gobierno insular ha implementado algunas políticas migratorias.
En 2018, Curazao pidió ayuda financiera a Holanda para mejorar la capacidad de detención de los inmigrantes indocumentados. Para este propósito, el Gobierno neerlandés desembolsó 132 mil euros. Más recientemente, el 18 de enero de este año, la isla volvió a pedir auxilio, esta vez para mejorar los trabajos de búsqueda de inmigrantes en el mar y el asentamiento de las personas que llegan provenientes de Venezuela.
Los métodos puestos en marcha han rendido frutos, pero la persistencia del venezolano es mayor. Neeyra Raaz, habitante de La Vela, ha sido deportada dos veces de Curazao. La primera vez entró por avión, como turista; la segunda, por mar. “Es una experiencia demasiado desagradable… pero son riesgos que uno debe tomar por la necesidad de salir de Venezuela”.
¿Qué llevó a Raaz a intentarlo una segunda vez? Tiene cuatro hijos y la tercera, de tres años, sufre de convulsiones. Debe tomar ácido valproico todos los días, pero es un medicamento que escasea con frecuencia en el país, y cuando se consigue es muy costoso. De acuerdo con la organización no gubernamental venezolana Codevida, en 2017 la escasez de anticonvulsivos llegó a 90%.
Mientras en Curazao Raaz laboraba como empleada doméstica, en Venezuela no tiene trabajo. “Aquí no provoca… Uno trabaja como burro y el dinero no te alcanza para nada”. Actualmente sobrevive con el dinero que le envían de la isla. Su esposo, su padre y un hermano viven allá desde hace varios meses. Ella forma parte del 14% de la población venezolana que recibe remesas desde el extranjero.
El cuñado de Raaz, Danny Sánchez, también entró varias veces en la isla, aunque la última vez, en enero de 2018, falleció en el intento. Nolmery Raz, su pareja, asegura que este era su tercer viaje a Curazao. La primera vez duró seis meses; la segunda, cinco días. Su afán por irse era darles calidad de vida a sus hijas. “Acá era mototaxista y con lo que ganaba no nos alcanzaba. Cuando se fue me dijo que me amaba y que esto lo hacía por las niñas, que las cuidara, y eso estoy haciendo”, cuenta su viuda con la voz quebrada.
Otro caso de persistencia con final triste es el de Jóvito Gutiérrez, otro joven falconiano que ingresó a la isla por aire como turista, se quedó ilegalmente y a los meses fue deportado. Al volver a Venezuela averiguó qué debía hacer para migrar por mar y lo hizo. Se embarcó en la lancha siniestrada en enero de 2018 y su cuerpo sigue aún desaparecido. Desde que se supo la noticia, su madre, Iraly Yance, lucha por saber el paradero de su hijo.
Jeanaury Jiménez y Jóvito Gutiérrez, junto al menos 28 personas más, se embarcaron en un bote pesquero con una capacidad máxima de 10 personas. Salieron desde San José de la Costa, al este de La Vela. Esperaron ahí varias semanas hasta que hubo “condiciones” para zarpar. Fue al tercer intento de salir cuando arrancó la barcaza. Excedió en extremo su capacidad porque un segundo bote, que saldría con ellos, desistió. El hombre a cargo, el coyote, era inexperto: tomó una ruta llena de rocas y ya cerca de Curazao enfrentó mal una ola. Esta volteó la embarcación que, al chocar con las piedras, se destruyó completamente. De allí en adelante, cada quien intentó sobrevivir como pudo. Algunos supervivientes cuentan que en medio de la desesperación pidieron ayuda al Gobierno curazoleño, que los vigilaba con drones. No obstante, funcionarios de la isla aseguran que ellos no utilizan este tipo de tecnología. En las costas de Koraal Tabak, al norte de la isla, en un primer momento aparecieron cuatro cuerpos; horas después, dos más. Las autoridades de la guardia costera curazoleña aseguran que de la embarcación sólo quedaron pequeños trozos de madera y algunos bidones de gasolina. Usuarios de estos “servicios” aseguran que los botes viajan con gasolina, drogas y armas para su contrabando. No obstante, de estos dos últimos no se encontraron rastros.
De acuerdo con Yance, las autoridades curazoleñas hallaron dos cuerpos y los tienen en una funeraria aún sin identificar. Ella tiene los recursos para pagar el boleto aéreo para ir a la isla y verificar si alguno de ellos es el de su hijo, pero carece de los fondos que pide el Gobierno insular a los venezolanos que quieren ingresar. “Yo he hablado con el consulado de Venezuela en Curazao para que me ayude y me exoneren de esa formalidad, pero no he tenido éxito”.
El dinero del que habla Yance es una exigencia del Gobierno curazoleño a los venezolanos que desean ingresar a la isla desde agosto de 2016: los turistas que procedan de Venezuela deben demostrar que tienen al menos mil dólares por cada semana de estadía. Pero esta no es la única medida de control migratorio que han impuesto los isleños.
Cuestión de perspectiva
Desde julio de 2017, las autoridades curazoleñas decidieron unilateralmente asumir el proceso de personas que solicitaban refugio, un procedimiento que hasta la fecha estaba en manos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Ante esto, Amnistía Internacional denunció que Curazao y los Países Bajos, al ser la isla dependiente de Holanda, cometen violaciones de los derechos humanos al negarles protección a los venezolanos que solicitan refugio o asilo en la isla caribeña.
En respuesta, el Gobierno curazoleño dijo que ante la situación que viven los venezolanos son “solidarios, pero realistas”. “Curazao es solidario con los ciudadanos de nuestro país vecino, Venezuela. Sin embargo, la realidad socio-económica y la pequeña escala de nuestro país, no permite que Curazao pueda acaparar un flujo grande de extranjeros”, reza un comunicado publicado en septiembre de 2018.
El documento agrega que los procedimientos de captura, detención y deportación están apegados a la legislación vigente en la isla, atendiendo al respeto de los derechos humanos. Esto en clara defensa ante las denuncias de AI sobre tratos crueles y abusos sexuales contra los venezolanos detenidos, además de condiciones de insalubridad y sobrepoblación en las celdas de reclusión.
Las noticias más recientes que llegan de la isla nos hablan de una petición de ayuda a los Países Bajos para prevenir riesgos para la salud de los inmigrantes que llegan por vía marítima y procurarles acceso a protección y asistencia. Esta solicitud fue recibida con beneplácito por Acnur, organismo que reiteró su oferta para proporcionar apoyo legal y operacional inmediato tanto a Curazao como a Holanda, de conformidad con su legislación y sus obligaciones internacionales.
¿Qué decidirán los Gobiernos curazoleño y holandés respecto a la migración venezolana? No lo sabemos, pero lo que sí es seguro es que la migración continuará, porque aunque soplan vientos de cambio en Venezuela, la situación económica no mejorará en lo inmediato y muchos preferirán probar suerte en otras latitudes, sin importar los riesgos que ello conlleva.
Doscientos es el número de venezolanos que ingresan semanalmente a Trinidad y Tobago en pequeñas embarcaciones clandestinas, según informó en diciembre de 2018 el diputado a la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión de Política Exterior, Carlos Valero. En total, hay 55 mil emigrantes venezolanos en territorio trinitario, a pesar de que esta nación rechaza abiertamente su presencia, pues no quieren verse “abrumados”.
El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, dijo en abril de 2018 que su país era una pequeña isla de 1,3 millones de habitantes. “No podemos y no permitiremos que los portavoces de la ONU nos conviertan en un campo de refugiados”, agregó. Por su parte, legisladores de oposición trinitarios señalaron que la política migratoria de la isla “no está bien pensada” y que “el enfoque del gobierno es meter la cabeza en la arena y esperar que las cosas pasen”.
En abril de 2018, 82 venezolanos fueron deportados de Trinidad, a pesar de que muchos estaban en trámites de asilo, con certificación de la Organización de Naciones Unidas. Algunos meses después, en septiembre, se divulgó que 75% de las 118 personas recluidas en el Centro de Detención de Inmigración, en Puerto España, eran ilegales, en su mayoría venezolanos.
De personas han emigrado de Venezuela desde 2015, al menos 2,3 millones de personas han abanonado el país, según estimaciones de la ONU. No obstante, otras instituciones calculan que la cifra real ronda los cuatro millones de personas, con un flujo migratorio de unos cinco mil al día. La mayoría de los emigrantes se encuentra en Colombia, pero la dispersión de los venezolanos en el mundo supera la centena de países.
