Aciertan, sin duda, en algo quienes afirman que en España se está atacando el Estado de Derecho. Entre ellos, se cuentan los profesores firmantes de la carta ‘Upholding the rule of law in the European Union’, enviada el 31 de octubre a Donald Tusk y a Jean-Claude Juncker: sí, en España se están violando derechos fundamentales y el Estado de Derecho. Pero se equivocan escandalosamente al señalar a los culpables. Intentaremos aclararlo aquí.

 

En España, la 17ª mejor democracia del mundo cuando sucedían estos hechos, según el Democracy Index en 2016[1] (ha perdido ahora dos puestos –mantiene un digno 19º puesto– debido a las interpretaciones que parte de la comunidad internacional ha realizado sobre los sucesos posteriores al 1 de octubre (1-O), que son las que se quieren desmentir con este trabajo), rige la separación de poderes: hay jueces dictando sentencias y un Gobierno nacional sometido a la ley democrática. Recordamos, como una de las múltiples pruebas que avalan el carácter democrático de España, que desde 1979 hasta hoy se han emitido contra nuestro país 157 sentencias (103 de ellas condenatorias) en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y esto hay que ponderarlo (teniendo en cuenta los años de vigencia del Convenio en cada país) con las 1.819 condenas de Italia, las 958 de Polonia, las 448 de Hungría, las 728 de Francia o las 272 de Austria[2]«. 

 

Del otro lado hay un Gobierno nacionalista que, investigado judicialmente por una trama de corrupción sistemática y minado por la crisis económica, decidió huir hacia delante, virar hacia el independentismo e incumplir la ley en nombre de un proyecto excluyente e insolidario. Para ello no han dudado en despertar el fantasma de Franco y en deslegitimar nuestro proceso transicional, todo un ejemplo en la teoría política mundial, salvando un punto controvertido que sigue suscitando discusiones doctrinarias y jurisprudenciales: si las amnistías son siempre incompatibles con una transición o si son “generalmente incompatibles”[3]. Lo que no cuentan es que las élites catalanas y vascas no vivieron mal bajo el régimen de Franco, sino relativamente bien comparado con la de otros territorios[4].

 

 

“Hubo un puñado de catalanistas supuestamente de izquierdas que pudieron huir por la frontera, mientras en Madrid los republicanos se quedaban para construir una resistencia que acabó en el paredón. En general, Franco no mató catalanistas (Companys no es más que un caso, triste y simbólico, pero un caso). Porque los catalanistas o bien eran ricos y le habían apoyado, o se habían escapado a Francia (y algunos volvieron, muchos a ocupar sus puestos o mejores). Como en el País Vasco, la burguesía catalanista que se había significado en la República recibió, como mucho, multas. A quien Franco mató fue a los anarquistas, los mismos a los que las juventudes de Ezquerra Republicana de Catalunya –un partido que se acercó mucho al fascismo durante el periodo de entreguerras– habían perseguido e insultado por ser ‘murcianos’.

 

Es más: los planes de desarrollo franquistas, en especial el llamado ‘plan de estabilización’ de 1959, que fueron letales para Castilla, los redactaron y pensaron sobre todo catalanes. Alguno de ellos, como Joan Sardà Dexeus, economista de la órbita de ERC, que durante la guerra había trabajado con Companys y al que, lejos de encarcelar, el franquismo le llamó para preparar una liberalización que arrancaría las pocas defensas que tenían los obreros: porque eso venía bien para llenar Cataluña de la mano de obra barata, emigrantes, que la industria catalana precisaba.

 

Y todavía más: los planificadores catalanes franquistas conspiraron con toda consciencia para reducir Castilla a una tierra predominantemente agrícola: todos los planes del franquismo invertían en desarrollo industrial en Cataluña y el País Vasco (el 25% total de las inversiones del Instituto Nacional de Industria franquista fueron a parar a la provincia de Barcelona por apenas unas décimas para todo el conjunto de Castilla, incluyendo a Madrid). Pero esos mismos planes sólo preveían regadíos y ordenación agraria para Castilla, sumiendo para siempre a un territorio mayor que muchos países europeos en la dependencia económica y el subdesarrollo industrial. De este modo, la industria catalana (y la vasca) recibían mano de obra barata y dócil y se evitaban competencia futura.

 

De aquellos polvos, estos lodos. El nacionalismo franquista se convirtió en catalanista cuando llegó la transición: centenares de alcaldes franquistas, de procuradores en cortes, de elegidos por el tercio de familias se pasaron de la noche a la mañana a CiU y a ERC. El nacionalismo es nacionalismo, no varía más que el nombre. El fascismo soterrado de buena parte del nacional-catalanismo actual se explica muy bien así, por su continuidad con el fascismo franquista” [5].

 

Pese a todo, contra cualquier dimensión histórica de la justicia, el nacionalismo quiere suspender el marco de garantías constitucionales y plantea un escenario de guerra, de política más allá del Derecho: su única baza es que llegue un mediador (es decir, uno o varios Estados soberanos que, por definición, ostentan sus respectivos monopolios de la violencia) para que, neutralizado el ejecutivo español, utilice su autoridad jurídica y su capacidad política para ejecutar un acuerdo bilateral España-Cataluña, un acuerdo internacional que obligue a España a acatar la voluntad del secesionismo. Necesitan la ayuda de una comunidad internacional que acabe respaldando su pretensión (una parte -región- hablando al todo –Estado- de tú a tú) para imponer, en la desnuda correlación de fuerzas, su riqueza y su potencia frente al resto de comunidades autónomas que conforman el Estado[6]. Nadie debería avalar su chantaje a riesgo de fomentar futuras amenazas a otros Estados democráticos y, por ende, a la propia UE.

 

Por fortuna, gran parte de la población catalana está descubriendo ya sus mentiras y entendiendo adónde conduce su discurso y su proyecto político: aunque en 2014 llegó a cautivar a casi la mitad de los catalanes, en los últimos tiempos el apoyo al independentismo (que en 2010 arrastraba al 19% de la población y en 2003 sólo al 10%) está volviendo a bajar y ya apenas persuadía al 33% de los catalanes según datos de finales de octubre de 2017[7].

 

Por supuesto, debemos defender el Estado de derecho y los derechos fundamentales. Por eso preocupa la creciente amenaza nacional-populista en Cataluña. Algo que podría extenderse y contagiar a toda Europa. Y por ello es lamentable que se critique al Gobierno español cuando trata de frenar la rebelión de un Gobierno regional profundamente desleal. Es más, ante la parsimonia del Gobierno, han sido principalmente los jueces españoles quienes por fin han actuado contra la amenaza lanzada sobre nuestro Estado de derecho.

 

Decían los intelectuales, tras poner en duda la legitimidad de nuestro Estado de derecho, que no toman parte en la disputa sustancial sobre la soberanía territorial. Aquí reside el problema. La ruptura del Estado de derecho español consiste en que las autoridades de una Comunidad Autónoma incumplan las leyes autonómicas, nacionales e internacionales para construir e imponer un ordenamiento jurídico paralelo, consumando de facto una revolución (un cambio jurídico que no observa los cauces de la reforma) antidemocrática (se trata de romper la igualdad política –y, por tanto, civil y social- entre quienes hoy comparten soberanía). El problema del referéndum del 1-O no fue procedimental, como se ha llegado a decir: fue que con él se consumaba un ataque directo a la soberanía española y al Estado democrático de derecho.

 

Antes de seguir, aclaremos que, salvo prueba en contrario que desconocemos, no es cierto, como también se ha dicho, que los días previos al referéndum las autoridades españolas llevaran a cabo acciones represivas contra funcionarios, políticos, alcaldes, empresas y ciudadanos. Tampoco es cierto que se hubiera cortado internet. Si acaso la Policía inhibió la señal para bloquear el censo electrónico que los separatistas habían creado para llevar a cabo la consulta ilegal del 1 de octubre. Podemos imaginarnos, claro, quienes les informaron de tales cosas. Lo único cierto de toda la lista de iniquidades recabada por los egregios profesores es que 700 alcaldes han sido investigados por la Fiscalía por promover el referéndum del 1 de octubre. Y que el Ministerio de Justicia dijo que “si son 700 alcaldes los que cometen un delito, serán 700 que irán a juicio”. Parece lógico.

 

La crítica contenida en la mencionada carta de los intelectuales, políticos y profesores internacionales se apoya en una distinción conceptual quizás atendible en filosofía política, pero sumamente peligrosa en manos irresponsables, y que en absoluto afecta a España más que a cualquier otro país: la distinción entre “rule-by-law” y el “Rule of Law”. Para marcar dicha distinción (útil como elemento crítico), ellos definen o reconstruyen el “Estado de derecho” normativamente, es decir, de acuerdo con los principios de justicia que idealmente deben regir en una democracia; y, entre ellos, mencionan la libertad de expresión o de manifestación pacífica. Sin duda, la estructura jurídico-política para el autogobierno democrático exige que los ciudadanos se beneficien del máximo número posible de libertades iguales para todos. Entre ellas, las citadas libertades de expresión y de reunión o manifestación. Pero esto implica, a su vez, tres cosas que se omiten:

 

1º) Esos derechos no son irrestrictos precisamente para poder garantizar los derechos de todos. Esto está en la base del principio de universalización, tanto de la ley moral como de la jurídica. Por eso se ha dicho que una tolerancia que tolera la intolerancia es una tolerancia que se destruye a sí misma. En España hay plena libertad de expresión y de manifestación. Pero el día 1 de octubre lo que se llevó a cabo fue un referéndum ilegal, con un objetivo ilegal (en derecho nacional e internacional) e injusto (arrebatar la ciudadanía común a parte de los españoles). La gente convocada por dos organizaciones sediciosas se amontonó en las puertas de los colegios para impedir a la Policía ejecutar la orden de un juez.

 

2º) Para que el Estado de derecho nos rija normalmente es necesario que los ciudadanos lo tengan por legítimo y lo acaten. Cuanto menos apoyo popular tenga el ordenamiento jurídico y menos acaten los ciudadanos la ley por convicción más tocará recurrir a formas contramayoritarias de coacción para garantizar la estructura de la democracia. Por supuesto, existe un peligro, si esto no se razona y explica públicamente, de deslegitimar incluso a la democracia de mayor calidad imaginable: puesto que no se puede encerrar a dos millones de ciudadanos, si el nacionalismo consigue que una buena parte de la población desobedezca las leyes democráticas se generará un problema político difícilmente resoluble.

 

3º) Si nos alejamos de una perspectiva idealista y volvemos a la perspectiva comparada, al derecho y a la ciencia política, podemos comprobar que España es una democracia sólida y parangonable a las mejores democracias europeas. Aquí una respuesta que, sobre esta base, hace a estos intelectuales un profesor de Derecho Constitucional[8].

 

Advirtamos, antes de pasar a explicar punto por punto por qué el Gobierno español actúa legítimamente al reponer un ordenamiento democrático que los secesionistas han violado reiteradamente desde hace años, que, para lograr su meta, el nacionalismo catalán lleva años utilizando muchos de los 197 métodos de acción noviolenta ideados por el politólogo Gene Sharp para, en principio, emprender una “guerra abierta” con la que derrocar dictaduras[9]. Quim Torra, ex presidente de Òmnium Cultural, una de las dos asociaciones cuyos presidentes se encuentran hoy preventivamente presos por delito de sedición, lo confesaba así en una entrevista:

 

 

Llavors hem d’anar a escenaris gandhians de no cooperació. L’esquema que explico l’ha teoritzat el professor Gene Sharp, màxima autoritat en acció política no violenta: primer protestes, després no cooperes i, finalment, suplantes unes institucions per unes altres. Això és la llei de règim jurídic català[10].

 

Entre los muchos métodos seguidos destaca “establecer la doble soberanía y gobiernos paralelos” (método 197). En Cataluña se han establecido “dos legitimidades”: la de las leyes vigentes y la de las leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional (TC). En este marco se comprenden el resto de medidas, como la ostentación de banderas (separatistas) en lugares públicos y oficiales, excluyendo por tanto del proyecto común a los no independentistas (18), ruidos simbólicos, como las caceroladas (28), la (infértil) retirada de efectivo para desestabilizar el sistema bancario (método 86)[11], abrumar y molestar a funcionarios (31 y 32), como se verá más abajo, las listas negras de comerciantes (93)[12] e incluso de malos catalanes[13], presión psicológica al adversario, llegando al punto de “realizar juicios al revés: acusando al acusador” (159), obstrucciones no violentas para que sea físicamente imposible continuar su trabajo o llegar a su destino (171), junto con ataques o invasiones no violentas (167 o 170), donde no se duda en hacer uso de niños[14], o incluso buscar encarcelamientos: sobrecargar cárceles por solidaridad (194).

 

El problema es que tales métodos trazan una estrategia enfocada a debilitar los cimientos de un sistema político; pero pueden debilitar cualquier sistema, al margen de su legitimidad. Se trata simplemente de restarle legitimación (apoyo social). Los gobiernos nacionalistas catalanes han estado durante décadas utilizando todos los recursos disponibles para debilitar las bases sociales que debían sostener la legitimidad del Estado en Cataluña y así imponer un proyecto excluyente y nada garantista. Esto puede suceder en cualquier otro Estado democrático europeo y deberíamos encontrar la forma de prevenirnos de unos métodos que, junto con las noticias falsas, tienen un potencial abrasivo tremendo.

 

Desgraciadamente el Gobierno español ha tardado demasiado en hacer cumplir las leyes con normalidad en Cataluña, y en deslegitimar el fundamento de las ideas nacionalistas. Por eso hoy ha costado tanto convencer a buena parte de los españoles de la perversión de los fines nacionalistas. Como en todo el mundo, ha imperado el tiránico relativismo cultural, afirmándose incontables veces que “todas las ideas son respetables o legítimas mientras no haya violencia”. Se ha impuesto, como bien saben los académicos, el paradigma de la identidad sobre el de la redistribución.

 

En el mejor de los casos, hemos confundido legalidad y tolerancia con legitimidad y respetabilidad. En el peor, hemos claudicado y se dejado a la democracia inerme contra sus enemigos. Pero nunca es tarde para salvar la democracia.

 

 

Rebatir las críticas

 

Para tratar de rebatir el fondo de las críticas que se lanzan contra el sistema político español, expondremos los hechos que demuestran que ni el poder ejecutivo ni el poder judicial español atacan el Estado de Derecho en Cataluña. Al contrario, tratan de reponer el orden legítimo amenazado durante demasiados años por el nacionalismo:

 

Ilegalidad internacional de la secesión

 

El artículo 2 de la Declaración de Viena y el Programa de Acción aprobado en la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de la ONU, de 25 de junio de 1993, dice lo siguiente:

 

 

Artículo 2. “(…) Habida cuenta de la situación particular de los pueblos sometidos a dominación colonial o a otras formas de dominación u ocupación extranjeras, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos reconoce el derecho de los pueblos a adoptar cualquier medida legítima, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, encaminada a realizar su derecho inalienable a la libre determinación (…).

 

(…) Nada de lo anterior se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial de Estados soberanos e independientes que se conduzcan de conformidad con el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos y estén por tanto, dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción alguna”.

 

La Resolución 2625 (XXV), de 24 de octubre de 1970, relativa a los principios de Derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, va exactamente en la misma dirección.

 

 

Derecho comparado y democracia militante en el TEDH

 

Las razones jurídicas y políticas del TC español son las mismas que condujeron al TC italiano a negar un referéndum ante la pretensión soberanista del Véneto en 2015, o que usó el TC alemán ante la acometida de Baviera, en 2016. En 2013 Estados Unidos rechazó la secesión de Texas porque la Constitución “no establece el derecho a marcharse”.

 

Es precisamente la importancia dada a la estructura de garantías jurídicas propias del Estado de derecho (sin las cuales no sería aceptable el procedimiento que da lugar al autogobierno democrático) la que afirmó al constitucionalismo y, con él, a conferir autoridad al Tribunal Constitucional, su kelseniano guardián, legitimado a mediados del siglo pasado frente a los estragos del voluntarismo político, que unió en fatal alianza a demócratas idealistas desencantados con la representación y a realistas políticos. Una autoridad que le permitiría anular leyes aprobadas incluso por todo el Parlamento. No cabe, por ejemplo, aprobar leyes cuando no se tiene la competencia. Ni cabe aprobar leyes racistas porque vulneran la igualdad política constitucionalmente consagrada. Tampoco cabe que el Gobierno desarrolle un reglamento que vulnere una ley. El principio de legalidad obedece a la jerarquía normativa.

 

A más abundamiento, las lecciones del siglo XX (que nos mostró cómo las mayorías políticas –no diremos democráticas– pueden acabar con la forma democrática de gobierno) nos enseñaron a apuntalar la estructura militante de las democracias. La existencia de Tribunales Constitucionales supone que un órgano contramayoritario nos controle y salvaguarde el núcleo normativo de la propia democracia: la igualdad política. La democracia militante da lugar a lo que se conocen como cláusulas de intangibilidad.

 

Cuando éstas son “explícitas” restringen posibles reformas de la Constitución o asumen que hay valores o instituciones irreformables. Hay constituciones que consagran que la educación esté bajo el control del Estado (el 33 de la italiana). En muchas constituciones (artículos 3 y el 4 de la francesa) se consagra la integridad territorial (e incluso se prohíben partidos que busquen acabar con ella). En el artículo 126 de la Constitución italiana se prevé, como en España (que, a su vez, lo copia de la Constitución alemana), que la República pueda disolver por decreto los consejos regionales (equivalentes de los gobiernos autónomos) “cuando han llevado a cabo actos contrarios a la Constitución”. El artículo 79 de la Constitución alemana establece que no está permitida ninguna modificación que afecte la organización de la Federación en Länder, o el principio de la participación de los Länder en la legislación, o los principios enunciados en los artículos 1 y 20. El artículo 1 se refiere a los derechos fundamentales y el 20 a los fundamentos del orden estatal y el derecho de resistencia, disponiendo que la República Federal de Alemania es un Estado federal democrático y social (artículo 20.1).

 

El Tribunal Constitucional español (STC 48/2003, de 12 de marzo, FJ 7, y 235/2007, de 7 de noviembre, FJ 4) sostiene que España no es una democracia militante porque no exige adhesión positiva a los valores de la Constitución y, en buena medida, porque no prevé cláusulas de intangibilidad explícitas: permite a priori cualquier tipo de reforma siempre que se sigan los cauces previstos, con las mayorías adecuadas. Esta afirmación es parcialmente cierta, como veremos a continuación.

 

Las cláusulas de intangibilidad también pueden ser implícitas: pocos teóricos del derecho y de la democracia aceptarían que una democracia pudiera reformar la constitución con el objetivo de acabar con el derecho al voto, con la libertad de expresión o con la separación de poderes. De facto se puede apuntillar una Constitución democrática y suprimir la división de poderes. Pero no se alegará continuidad jurídica ni transición hacia mayor democracia. Muchos consideran que no es posible prever la fragmentación del demos, pues esto rompe la ciudadanía (entre quienes tendrán más recursos económicos y territoriales y quienes tendrán menos) y arroja dos ordenamientos jurídicos donde había uno.

 

Por eso el nacionalismo catalán ha decidido tensar para imponer la facticidad política sobre el derecho democrático, legítimo. Por eso es necesario defender hoy en España los postulados de la democracia militante, como concepto sin el cual no pueden entenderse ya nuestras democracias.

 

 

“La DM es una forma de democracia constitucional que autoriza la restricción de las libertades civiles y políticas con la finalidad de salvaguardar el carácter democrático del orden constitucional” (Macklem 2010, 1).

 

“Estas restricciones pueden ir dirigidas tanto hacia aquellos que pretenden subvertir la democracia desde dentro como hacia aquellos que pretenden hacerlo desde fuera aprovechándose de las instituciones democráticas” (Pfersmann 2004, 47).

 

“Las medidas empleadas por una DM para defender el orden constitucional son de tipo preventivo, es decir, actúan contra los agentes antidemocráticos antes de que estos exploten las garantías y libertades que les proporcionan las instituciones democráticas para subvertirlas” (Harvey 2004, 408; Thiel 2009, 383; Tyulkina 2015, 14).

 

El propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sujeto al Convenio Europeo de Derechos Humanos, avala el concepto de democracia militante en su jurisprudencia. En la sentencia sobre la ilegalización del Refah Partisi por el Gobierno turco se aclara que los derechos fundamentales pueden restringirse, aunque no de forma ilimitada: la restricción debe ceñirse a unos criterios de legitimidad, ligados en última instancia a la protección del orden democrático[15]. Puede restringirse incluso el derecho a presentarse a las elecciones. La protección que proporciona el artículo 11 del CEDH está supeditada a que se cumplan ciertos requisitos. El bien jurídico que protege dicho artículo es el derecho de reunión y asociación pacífica y, con él, la participación democrática a través de los partidos políticos. No obstante, esta protección puede ser restringida cuando se vulneran otros bienes jurídicos, como, por ejemplo, las libertades de los otros o la seguridad pública.

 

De acuerdo con dicha sentencia, las injerencias en los derechos protegidos por el Convenio deben cumplir tres requisitos para ser legítimas: 1º) estar previstas por la ley; 2º) dirigirse a unos fines legítimos; 3º) ser necesarias en una sociedad democrática.

 

Bien, es evidente que las medidas impuestas por el Gobierno en Cataluña están previstas en el artículo 155 de nuestra Constitución. Como mostraremos, es evidente que se aplican para salvar un orden de garantías jurídicas que había sido reiteradamente violado por los nacionalistas. En cuanto a la necesidad de las medidas, tampoco hay duda: el tribunal señala que para determinar si una injerencia es necesaria en una sociedad democrática el adjetivo “necesario” debe entenderse como ligado a la existencia de “una necesidad social urgente” (§52). Es decir, podría dejarse pasar una amenaza de un partido minoritario sin representación parlamentaria (la intención es que sea la propia sociedad la que encuentre los argumentos suficientes para enfrentar las ideas retrógradas, fortaleciendo así la democracia); pero no se puede dejar pasar la amenaza de un partido con la fuerza suficiente para desestabilizar la democracia.

 

En la sentencia Herri Batasuna y Batasuna contra España, de 30 de junio de 2009, el TEDH afirma que:

 

 

un partido político puede hacer campaña en favor de un cambio de la legislación o de las estructuras legales o constitucionales del Estado con dos condiciones: 1) los medios utilizados al efecto deben ser desde todo punto de vista legales y democráticos; 2) el cambio propuesto debe ser en sí mismo compatible con los principios democráticos fundamentales. De lo que resulta necesariamente que un partido político cuyos responsables incitan a recurrir a la violencia, o proponen un proyecto político que no respete una o varias reglas de la democracia o que persiga su destrucción y el desconocimiento de los derechos y libertades que ella reconoce, no puede prevalerse de la protección del Convenio contra las sanciones infligidas por estos motivos (§79).

 

En una sociedad democrática hay cabida para proyectos políticos de todo tipo, pero siempre y cuando los partidos sean respetuosos con los valores de la democracia (“los derechos y libertades que ella reconoce”) y persigan sus fines por medios democráticos. Ni los fines del nacionalismo son democráticos ni mucho menos lo son sus medios. Tampoco lo creen los jueces españoles y buena parte de la comunidad internacional. Pese a ello, no se habla de ilegalizar dichos partidos, sino de reponer un orden jurídico que han roto contra los principios democráticos, contra las leyes internacionales, nacionales y autonómicas y contra la mayoría de los catalanes.

 

En fin, por concluir: como cualquiera entiende, en una democracia de calidad hay separación de poderes y tribunales que pueden declarar inconstitucionales las leyes. Basta con que éstas violen derechos fundamentales. Recientemente, un juez estadounidense ha bloqueado el tercer veto migratorio que Donald Trump pretendía imponer para impedir la entrada a Estados Unidos de la mayoría de ciudadanos de Irán, Libia, Siria, Yemen, Somalia, Chad y Corea del Norte, así como a ciertos funcionarios de Venezuela y sus familiares. ¿Habría que considerar esto como una intromisión inaceptable del poder judicial? ¿Es por ello Estados Unidos una mala democracia?

 

 

Ilegitimidad (injusticia, antidemocraticidad, racismo) de la secesión

 

Cataluña es la primera Comunidad Autónoma por Producto Interior Bruto (PIB). Y tiene un PIB per cápita sustancialmente superior a la media de España: 26.996 euros frente a 22.780 euros. Puesto que Cataluña no es una colonia, y teniendo en cuenta que no hay vulneración de derechos fundamentales por parte del Gobierno español (sí los hay, como veremos, por parte del Gobierno catalán) ni expoliación de los recursos (como mucho, un ligerísimo déficit fiscal –según algunos cálculos, la mitad que Madrid– que podría revisarse en una comisión de expertos para la reforma fiscal a la que el Gobierno catalán no quiso acudir en febrero de 2017), la secesión no es más que el chantaje del rico para dejar de redistribuir rentas hacia regiones más ricas[16].

 

 

Lo que quieren, y cuantiosas citas lo atestiguan, es, por una parte, consagrar simbólicamente (por ejemplo, que la Constitución los defina como “nación”) que los catalanes son más/mejores que el resto de los españoles (para ello apelan a la identidad y a la historia –¡como si los demás no tuvieran su propia identidad e historia!–) y, por otra parte, quieren institucionalizar una desigualdad de derechos entre ciudadanos. Esto ya ocurre con los privilegios fiscales del País Vasco: son privilegios que no consagra nuestra Constitución y que rechaza el TC, pero que se producen de facto (al no actualizarse anualmente el porcentaje de cuota que les corresponde pagar) en el cálculo anual sobre la contribución de vascos y navarros a los presupuestos nacionales. Si esto (que habría que negarles al País Vasco y Navarra) sucediera en Cataluña (mucho más relevante en términos macroeconómicos) peligrarían los derechos sociales de muchos españoles.

 

De hecho, dada la descentralización fiscal, la desigualdad ya opera de facto entre (los habitantes de) comunidades autónomas ricas y pobres. Y la estructura política de la UE contribuye a ello. Lo explica bien Thomas Piketty en una entrada a su blog:

 

 

“¿Se debe la crisis en Cataluña a la excesiva centralización y a la intransigencia de las autoridades españolas? ¿O más bien se debe a la competencia generalizada entre regiones y países que rivalizan entre sí, cada uno persiguiendo sus propios intereses, un proceso que ya ha ido demasiado lejos tanto en España como en Europa?

 

(…) Ahora estas normas [fiscales], vigentes desde 2011, ya hacen de España uno de los países más descentralizados del mundo en asuntos presupuestarios y fiscales, incluso si lo comparamos con Estados federales de tamaño mucho mayor.

 

En particular, desde 2011, la base del impuesto sobre la renta se encuentra dividido al 50-50 entre el gobierno central y los gobiernos autonómicos (…) Si una región decide aplicar esos tipos impositivos sobre su correspondiente base del impuesto sobre la renta, los contribuyentes de esta región pagarán impuestos que oscilarán entre el 19% y el 45% y los ingresos tributarios sobre la renta se repartirán por igual entre España y la Comunidad Autónoma.

 

(…) [Este tipo de federalismo fiscal] choca con la idea misma de solidaridad dentro del país y provoca que unas regiones se enfrenten a las otras, lo cual es particularmente problemático en un impuesto sobre la renta, porque se supone que éste debe servir para reducir las desigualdades entre los más ricos y los más pobres, al margen las identidades regionales o profesionales. Desde 2011, este sistema de competencia interna ha fomentado estrategias de dumping, así como ficticios empadronamientos y las domiciliaciones fiscales de grandes patrimonios y empresas, lo cual, a la larga, podría socavar el progreso del conjunto.

 

(…) Más allá de la gestión catastrófica que se ha hecho de la crisis en la zona euro, en particular a expensas de España, Europa ha estado promoviendo durante décadas un modelo de civilización basado en la idea de que es posible tener todo al mismo tiempo: integración en un gran mercado europeo y mundial, sin ninguna obligación real de garantizar la solidaridad fiscal y la financiación del bien público. En estas circunstancias, ¿por qué no probar suerte haciendo de Cataluña un paraíso fiscal siguiendo la estela de Luxemburgo? Sin duda, hay un presupuesto federal europeo, pero es muy pequeño. Éste, lógicamente, debería centrarse principalmente en aquellos que se benefician más de la integración económica, mediante un impuesto europeo común sobre las ganancias corporativas y los ingresos más altos (…). Solo si logra que la solidaridad y la justicia fiscal sean pilares centrales, Europa se enfrentará con éxito a los separatismos”[17].

 

¿Qué pasaría si en Cataluña se les ofreciera un referéndum (vinculante o no) con la opción de obtener ventajas fiscales o con la de ser un Estado libre asociado (o algo similar) de tal modo que se reduzcan mucho las transferencias de rentas hacia regiones más pobres? La respuesta la dio hace poco Italia: dos de las regiones más ricas e industrializadas de Italia (Lombardía y Véneto) aprobaron, mediante referendos no vinculantes, solicitar al Gobierno de Italia más autonomía. La victoria del sí –98% en Véneto y 95,3% en Lombardía, a falta de la última fase del escrutinio– fue aplastante. Si el Gobierno italiano no cediera habría un problema político; si cede, nosotros ya sabemos que mañana pedirán algo más.

 

Lo que hay tras el nacionalismo catalán no es democracia, sino interés económico y racismo:

 

 

“El hombre andaluz no es un hombre coherente, es un hombre anárquico. Es un hombre destruido […], es generalmente un hombre poco hecho, un hombre que hace cientos de años que pasa hambre y que vive en un estado de ignorancia y de miseria cultural, mental y espiritual. Es un hombre desarraigado, incapaz de tener un sentido un poco amplio de comunidad. A menudo da pruebas de una excelente madera humana, pero de entrada constituye la muestra de menor valor social y espiritual de España. Ya lo he dicho antes: es un hombre destruido y anárquico. Si por la fuerza del número llegase a dominar, sin haber superado su propia perplejidad, destruiría Cataluña. Introduciría en ella su mentalidad anárquica y pobrísima, es decir su falta de mentalidad” (Jordi Pujol, presidente de la Generalidad de Cataluña entre 1980 y 2003, La immigració. Problema i esperança de Catalunya, Barcelona, Editorial Nova Terra, 1976, pp. 67-68).

 

“Hay 3 Estados (¡sólo 3!) donde ha sido imposible agrupar toda la población en un único grupo genético. (…) En el Estado español, entre ‘espanyols’ y catalanes. En concreto, los catalanes tenemos más proximidad genética con los franceses que con los ‘espanyols’; más con los italianos que con los portugueses; y un poco con los suizos. Mientras que los ‘espanyols’ presentan más proximidad con los portugueses que con los catalanes y muy poca con los franceses” (Oriol Junqueras, presidente de ERC socio gubernamental y vicepresidente de la Generalidad de Cataluña, 27 de agosto de 2008)[18]. 

 

Si hemos llegado hasta aquí ha sido por dejar pasar todo esto y por ceder siempre a las exigencias del nacionalismo con el fin de pactar con ellos los presupuestos nacionales (en lugar de recurrir a pactos entre los dos grandes partidos nacionales –hoy ya son 4–). Así es cómo en España se ha agravado el problema político hasta hoy. Ahora la solución no es ceder al chantaje de quienes quieren acotar el mercado de trabajo catalán, acaparar los recursos que pertenecen al conjunto de los españoles y negar la nacionalidad al 67% de los catalanes que quieren seguir siendo españoles. La única solución es que todos neguemos de una vez legitimidad a las razones del nacionalismo y apoyemos la ley democrática y la indivisibilidad de la soberanía: todo el territorio es de todos sin que nada sea de nadie[19]. Lo contrario conduce a las desigualdades, a la deslegitimación del poder político y a la ruptura democrática (no sólo de la integridad territorial). Sin apoyo de la comunidad internacional para derrumbar su marco mental, el ataque del nacional-populismo en España se reproducirá en otras regiones ricas, que no tendrán reparos (como hizo la Liga Norte en Italia –“Roma ladrona”) en afirmar que el Estado social de derecho es “un robo”.

 

En todo caso, fuera de la ley la política conduce directamente a la guerra. La clave de la paz es el imperio de la ley; aquí, el Estado social y democrático de derecho. Y las leyes emanadas deben ser ejecutadas por el monopolio de la violencia legítimo que ostenta el Gobierno. Por fortuna, en España el Gobierno actúa sujeto a las normas de una democracia de alta calidad. Lo que necesitamos es desacreditar las ideas egoístas y racistas que anidan tras el programa nacionalista. En este punto es donde deberíamos reclamar y recibir la ayuda internacional.

 

 

1990: la estrategia de la recatalanización: una construcción nacional excluyente

 

Para explicar la pérdida de apoyo al ordenamiento jurídico español hay que remitirse al proceso de construcción nacional catalanista. Basta con echar un ojo a un documento sumamente esclarecedor, filtrado el 28 de octubre de 1990 a El Periódico de Cataluña y elaborado por el partido que durante más tiempo ha gobernado Cataluña (CIU, hoy llamado PDCat para romper con su pasado de corrupción sistemática)[20]. Hace hincapié en seis ámbitos de la vida pública, desarrollando un proyecto político antidemocrático, por antiindividualista, antipluralista y antiuniversalista:

 

1º) Pensamiento: “configuración de la personalidad catalana”; realizar un “memorial de agravios: Cataluña es una nación discriminada que no puede desarrollar libremente su potencial cultural y económico”; “sensibilización colectiva: Cataluña es un pueblo que camina en busca de su soberanía dentro del marco europeo”. “Sensibilización ciudadana para reforzar el alma social”.

 

2º) Enseñanza: “Impulsar el sentimiento nacional de los profesores, padres y estudiantes”. “Elaboración de un plan de formación permanente y de reciclaje del profesorado que tenga en cuenta los intereses nacionales”. “Reorganizar el cuerpo de inspectores de forma y modo que vigilen el correcto cumplimiento de la normativa sobre la catalanización de la enseñanza. Vigilar de cerca la elección de este personal. Incidir en las asociaciones de padres, aportando gente y dirigentes que tengan criterios nacionalistas”. “Velar por la composición de los tribunales de oposición”.     

 

3º) Universidad e investigación: “Estimular el sentimiento nacional catalán de los estudiantes y profesores y promover el uso de la lengua en todos los ámbitos de la actividad académica y de investigación”. “Potenciar a personalidades de ideología nacionalista en los órganos rectores de las tres universidades catalanas”. “Velar por la composición de los tribunales de oposición”.

 

4º) Medios de comunicación: “Lograr que los medios de comunicación públicos dependientes de la Generalitat sigan siendo unos transmisores eficaces del modelo nacional catalán. Para ello se utilizará y difundirá de forma clara los conceptos relativos a la identidad nacional catalana”. “Introducir a gente nacionalista de una elevada profesionalidad y una gran cualificación técnica en los lugares claves de los medios comunicación”. “Creación de una agencia de noticias catalana, de espíritu nacionalista y de gran solvencia”.

 

5º) Entidades culturales y de ocio: “Catalanizar las actividades deportivas y lúdicas. (…). Incidir especialmente en las zonas más desnacionalizadas de nuestro territorio”.

 

6º) Mundo empresarial: “Promover unas organizaciones patronales, económicas y sindicales catalanas”. “Incidir en las escuelas de Formación Profesional y de directivos para difundir el espíritu catalán entre los alumnos, futuros directivos de empresa”.

 

Estas medidas explican, tras tres décadas de ocultamiento de todo símbolo español en Cataluña, el desapego de muchos catalanes (que no son mayoritarios y que hoy van a menos: recordemos que según las últimas encuestas sólo el 33% de los catalanes apoyaría hoy la independencia) respecto del ordenamiento jurídico español. No por ilegítimo, sino por español. Una sobredimensionada administración catalanista explica la distorsión entre la pluralidad privada y la percepción del ojo público[21]. Y eso ha dado lugar, hasta hoy, a una espiral del silencio de la mayoría no nacionalista (y castellano-parlante)[22].

 

 

 

Vulneración de las sentencias sobre política lingüística

 

Según estudios de la propia Generalitat catalana, el catalán es el idioma habitual del 36,3% de la población de Catalunya, mientras que el castellano lo es para el 50,7% de los habitantes de Catalunya[23]. Sin embargo, desde la Ley de Normalización Lingüística de 1983, en Cataluña se estudia 100% en catalán, salvo las asignaturas de castellano o inglés. Además de cometerse una injusticia contra la realidad social, esto supone una ilegalidad, puesto que el español es lengua oficial en toda España y cooficial en Cataluña. Con ello están violando la sentencia 31/2010 del TC, la sentencia del TS de 12 de junio de 2012 o 5 autos del TSJC de enero de 2014 que concretan que se debe fijar una “presencia mínima” del español como lengua vehicular en sus clases o cursos de un 25% de las horas “efectivamente lectivas”. Y, finalmente, se violan también dos sentencias de 23 y 28 de abril de 2017 donde el TS, sin entrar a valorar las cuotas fijadas por el TSJC y aduciendo que son un “mínimo infranqueable”, ratifican el criterio del 25% de horas en español.

 

Esto, además de ser ilegal, contraviene los criterios de la UNESCO (1953, París: “Empleo de las lenguas vernáculas en la enseñanza”) y de UNICEF (1999, Nueva York: “Estado mundial de la infancia”). Entre sus consecuencias, podemos contar que por cada bi-repetidor catalanoparlante hay nueve hispanoparlantes (89,6% frente al 10,4%). Las consecuencias sociales sufridas por padres (e hijos) que buscan, ante los tribunales, que se haga cumplir la ley, son dignas de una organización mafiosa: Ana Moreno, vecina de Balaguer, lo explica así: “soy la apestada, si hablas conmigo te miran mal. Los padres del colegio decían a sus hijos que no jugaran con los míos”. También boicotearon su negocio y los pocos apoyos recibidos por vecinos tienen que ser furtivos.

 

 

“Esta mujer antepuso sus intereses a los del resto del colegio. Los otros padres se encontraron con una persona que había pedido una cosa y todos tenían que cambiar por ella. No fuimos a la concentración en su contra, sino para que los jueces no se entrometan en la escuela” (Jordi Ignasi Vidal, Alcalde de Balaguer, de ERC, uno de los dos socios del Gobierno separatista).

 

 

Mentiras sobre el Estatut de Cataluña de 2006: un proceso de 2003 a 2010

 

No es cierto que todo comienza cuando el Tribunal Constitucional español invalida en 2010 un Estatuto autonómico aprobado por el Parlamento español. Esto es falso y vamos a dedicarle un espacio porque es una mentira recurrente y grave. Según las encuestas de 2003, cuando todo comienza a fraguarse, sólo al 3,9% de los catalanes les preocupaba la reforma del Estatuto. ¡No digamos ya la independencia! Años más tarde, 7 de cada 10 catalanes aceptaba enmiendas en el texto aprobado por el Parlamento autonómico. Y, tras la aprobación del Estatuto autonómico en el Parlamento español, y su refrendo público el 18 de junio de 2006, el Tribunal Constitucional, tras recurso del Partido Popular, cumplió su papel: comprobar que las leyes que derivan de la Constitución (como el Estatuto) no la contradicen y que, por lo tanto, se respeta el principio de legalidad. El principal periódico catalán, La Vanguardia, lo explicaba así el 3 de julio de 2010:

 

 

“los magistrados del Tribunal Constitucional han avalado la mayor parte del Estatut aunque han recortado 14 artículos y han sometido a interpretación otros 27, en una sentencia en la que se mantiene el término nación en el preámbulo dejando claro que éste no tiene ninguna validez jurídica y señalando reiterativamente la ‘indisoluble unidad de la nación española, consagrada en la Constitución’. El fallo supone un duro varapalo para las pretensiones catalanas de declarar ‘preferente’ la lengua catalana, tener un Poder Judicial autónomo y ampliar sus competencias fiscales” [24].

 

Lo cierto es que, teniendo en cuenta que contenía 227 artículos, el texto se respetó prácticamente en su integridad. Sólo se recortaron 14 artículos[25]. Y se obvia, por ejemplo, que también fueron recurridos 14 artículos idénticos del Estatuto de Andalucía.

 

El problema, concretamente, es que los nacionalistas catalanes pretendían declararse nación dentro de un Estado que, por definición, sólo puede contemplar una nación soberana. Resulta que se arrogaron en exclusiva competencias estatales fundamentales que les corresponde ejercer al conjunto de los españoles. Y resulta que pretendían consagrar el uso “preferente” del catalán en las administraciones públicas y en los medios de comunicación públicos a pesar de que ambos son cooficiales; y a pesar de que el español es el idioma del 55% de los catalanes y el catalán lo es del 33%. Desgraciadamente, como se ha visto en el punto anterior, esta “preferencia” ya opera de facto, contra la ley y contra la realidad social catalana.

 

El problema, en realidad, era previo: 25 años de construcción nacional en todos los sectores de la administración, como demuestra la hoja de ruta de la “recatalanización” programada en 1990 y expuesta más arriba. Hace mucho que se suman en este problema racismo e insolidaridad.

 

 

“Hemos de vigilar (el mestizaje), porque hay gente en Cataluña que lo quiere, y ello será el final de Cataluña”. [Reclama por ello las competencias sobre inmigración] “que es un tema muy serio para mucha gente, para Cataluña es además una cuestión de ser o no ser”. “Podría llegar un momento en que podríamos no estar en condiciones de [convivir con los inmigrantes], que se nos rompiera el país”. “A un vaso se le tira sal y la disuelve; se le tira un poco más, y también la disuelve”, pero llega un momento en que “no la disuelve” (Jordi Pujol, Conferencia en la Universitat Catalana d’Estiu, 23 de agosto de 2004)[26].

 

Pero, aunque estaba larvado, el problema político surge posteriormente y el Estatut sólo es la excusa para explicar cómo se pasó del 15% de catalanes que quería la independencia en 2009 al 45-60% que la quería en 2014. En plena crisis económica, el partido de Jordi Pujol (el socio preferente del actual Gobierno separatista y el partido que ha gobernado casi ininterrumpidamente en Cataluña) se vio popularmente deslegitimado debido a sus grandes recortes. Fue entonces cuando el aparato de propaganda, con intelectuales afines, con todos los medios de comunicación clientelizados, decidió echar una mano al partido que le daba de comer. Con un editorial conjunto, toda la prensa catalana describió la sentencia como un ataque a la “dignidad de Cataluña” y, con tono amenazante, hablaban de un “creciente hartazgo” existente en la sociedad catalana “por tener que soportar la mirada airada de quienes siguen percibiendo la identidad catalana (instituciones, estructura económica, idioma y tradición cultural) como el defecto de fabricación que impide a España alcanzar una soñada e imposible uniformidad”. No podían reivindicar nada concreto, pues no sólo no hay expolio en Cataluña sino que disponen de un nivel de descentralización amplísimo. Sin embargo, muchísimos medios pusieron la primera piedra para empezar a deslegitimar –y llevan años– las instituciones democráticas españolas, enfrentando, para empezar, al Tribunal Constitucional con la soberanía catalana. Al fin y al cabo, se trataba de mejorar la financiación de Cataluña aunque fuera a costa de violar el procedimiento legal y de cometer un agravio con los demás ciudadanos españoles. Todavía hoy hay muchos independentistas que cuando dicen “diálogo” están en realidad diciendo que dejarán de presionar si se les concede una financiación privilegiada y un estatus de Estado libre asociado. Esta es la clave de su amenaza, lo que el Gobierno español no debe consentir. En democracia no cabe la bilateralidad so pena de atacar los derechos del resto de los ciudadanos.

 

Así comenzó la movilización contra España. Pero todavía tardaron en darle el empujón definitivo. ¿Cómo se aceleraron los hechos?

 

El 15 de junio de 2011, el movimiento social 15-M rodeó el Parlamento catalán y obligó al presidente nacionalista, Artur Mas, a llegar en helicóptero. Y a esto hemos de añadir que en mayo de 2013 comenzaron a aflorar cuantiosos casos de corrupción que, finalmente, afectaron a Jordi Pujol (conocido popularmente hasta entonces como “pal de paller”, algo así como “padre de la patria”), a su mujer, a seis de sus siete hijos, y a todo su partido. Dicho partido (CIU) tuvo incluso que cambiar de nombre (a PDCat) para borrar las huellas de una estafa masiva y sistemática de financiación ilegal mediante el cobro de comisiones (3-4%) por adjudicación de contratos públicos. La UE situaba entonces ya a Cataluña como una de las regiones más corruptas de toda Europa[27]. Así pues, acorralados por su gestión, las élites decidieron enfundarse en la bandera catalana y redirigir toda la rabia popular contra España. Al fin y al cabo, ya lo habían hecho con éxito en 1984, tras un grave caso de corrupción (Banca Catalana) que también afectó al president Pujol.

 

El recalentamiento de la sociedad civil clientelizada (Òmnium, ANC, etcétera) les sirvió entonces para zafarse políticamente de las críticas por los recortes posteriores a la crisis de 2008, de la desafección extendida entonces por toda España hacia el sistema autonómico y de los casos de corrupción que a partir de mayo de 2013 empezaron también a asediar a la familia Pujol[28].

 

El 16 abril de 2013, la televisión pública catalana (TV3) emitió Pujol/Catalunya. El consell de guerra, un documental que costó ocho veces más de lo habitual y cuya programación coincidió con la declaración de un hijo de Pujol en el primer caso de corrupción que se destapó y del que derivó toda la trama. En septiembre, el partido corrupto (antes nacionalista, hoy separatista) colgaba carteles publicitarios con el lema ‘La España subsidiada vive a costa de la Cataluña productiva’. Se empezó a difundir el mensaje, popularizado previamente por la Liga Norte italiana, de que “España nos roba”. El marco mental que quisieron imponer es el de que todo era un ataque de “España contra Cataluña” y para ello realizaron incluso un gran simposio con ese nombre, divulgando burdas manipulaciones históricas que fueron duramente criticadas por toda la academia de historiadores[29]. Todavía afirman, y así lo cuentan en los medios de comunicación y en las escuelas, que la guerra internacional de sucesión a la corona tras 1700 fue una guerra de secesión de España contra Cataluña. Incluso sostienen, para sorpresa del mundo entero, que la Guerra Civil Española fue una guerra de España contra Cataluña y no, como todos sabemos, una guerra entre demócratas y fascistas que rompió las entrañas de España y que ofició de preludio a la Segunda Guerra Mundial. Varios son los mitos y mentiras sobre la que han alimentado su victimismo[30]. Muchos ciudadanos se los creen, pero ahora hay que desmontarlo.

 

 

Referéndum ilegal (9/11/2014)

 

El 9 de noviembre de 2014 se llevó a cabo un referéndum ilegal que había sido suspendido por el TC. Se realizó sin competencia, sin censo y sin garantías. Pudieron votar los mayores de 16 años. Y hay pruebas de que muchos votaron hasta 3 y 4 veces. Sólo los partidos independentistas llamaron al voto. Esto condujo a que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictara la consecuente inhabilitación (por dos años) de Artur Mas, entonces presidente de la Generalitat de Cataluña. El tribunal dice que “pervirtió los principios democráticos” e “hizo quebrar” la regla básica de sumisión a la ley, imprescindible para una “convivencia pacífica”.

 

 

Declaración de soberanía del Parlamento catalán (8/11/2015)

 

El Parlamento autonómico catalán declaró el 8 de noviembre de 2015 el “inicio de la creación del Estado catalán independiente en forma de república”, añadiendo que “el Parlament y el proceso de desconexión democrática no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional”.

 

 

Preparación de las estructuras de Estado ilegales y de la infraestructura para el referéndum (reconociendo la violación de derechos fundamentales)

 

En la red podemos encontrar vídeos fundamentales para entender la amenaza separatista: en el blog de Dolça Catalunya podemos encontrar, por ejemplo, un vídeo donde Santiago Vidal (profesor de derecho penal y criminología en la Universidad Autónoma de Barcelona y ex senador por Esquerra Republicana, partido por el que fue reelegido en junio de 2016) narra punto por punto el golpe de Estado que se estaba urdiendo, reconociendo graves delitos como el control de las comunicaciones y el seguimiento, control y presión sobre jueces y funcionarios[31].

 

El 20 septiembre la Guardia Civil realizó un registro en el domicilio de Josep María Jové Llado, secretario general de Vicepresidencia, Economía y Hacienda. Lo detuvieron ese mismo día, siguiendo una orden de un juzgado de Barcelona, por un posible delito de sedición. Se dejó finalmente en libertad con cargos al que era la mano derecha del ex vicepresidente Junqueras, líder de ERC (socio del Gobierno separatista), hoy en prisión.

 

En el domicilio de Josep María Llado la Guardia Civil requisó el documento titulado Enfo CATs: Reenfocant el procés d’independència per un resultat exitós[32], que contiene 41 páginas y revela cómo se preparan acciones que conduzcan “a un conflicto democrático de amplio apoyo ciudadano, orientado a generar inestabilidad política y económica que fuerce al Estado a aceptar la negociación de la separación o un referéndum forzado”. “Los jefes políticos y policiales de los Mossos están totalmente involucrados en este proceso separatista”.

 

Sigue diciendo el documento que la Declaración Unilateral de Independencia “generará un conflicto que bien gestionado puede llevar a un Estado propio” porque, según los redactores del informe “el Estado español no reconocerá el derecho a hacer un referéndum, pero si lo ve todo perdido, lo hará hacer para que lo perdamos”.

 

“En el momento que haya una clara determinación ciudadana a darle apoyo y a implicarse activamente y con complicidad internacional, se ha de comenzar de una manera conservadora incrementando paulatinamente el nivel de conflictividad según la respuesta del Estado, bajo el liderazgo y con coordinación de todos los actores implicados y sin ningún género de duda de acciones y calendarios”.

 

En el folio número 40 del documento intervenido por la Guardia Civil se habla de los estrategas que desde la sombra marcarían el camino del futuro Gobierno. El plan contempla un comité estratégico y un comité ejecutivo. En el comité ejecutivo se incluyen los secretarios generales de presidencia y vicepresidencia (el propio Jové), los directores de las oficinas de desarrollo y autogobierno, profesionales expertos en los distintos ámbitos del proyecto y consejeros o secretarios generales ad hoc, según las temáticas a tratar.

 

El comité estratégico estaría formado por el presidente del Govern, el vicepresidente, miembros de ambos grupos parlamentarios independentistas, presidente y vicepresidente de ANC, Òmnium y AMI, entre otros. Destacan que los presidentes de la ANC y Òmnium son Jordi Sánchez y Jordi Cuixart respectivamente.

 

En el folio 41 se establece que el denominado Gobierno de la transición (etapa 1) llegaría hasta septiembre de 2018 siempre que se garantice la mayoría independentista con lo que se podría formar un Gobierno de Independencia (etapa 2) que llegaría a septiembre de 2022, “pero que podría declarar la independencia el día después de su constitución o el día anterior a su disolución”.

 

Establecen tres objetivos importantes para lograr sus fines: sumar mayorías, inspirar confianza y trabajar con garantías. “Cumplir con los tres objetivos es el mínimo imprescindible para encarar con garantías de éxito”. Y se hace especial hincapié en la credibilidad internacional puesto que “precipitar una declaración de independencia sin haber trabajado a fondo estos valores la haría poco atractiva a los ojos de la comunidad internacional (estrategia vista internacionalmente como escrupulosamente democrática y que puede ser un socio fiable”).

 

El plan reconoce que hay que partir de las actuales estructuras (Mossos d´Esquadra, CTTI, etcétera) y nuevas (Hacienda propia, agencia de protección social, poder judicial, etcétera) y que a todas ellas hay que dotarlas de financiación y personal. “Hemos de asegurar el funcionamiento mínimo imprescindible de todas las estructuras del Estado para gestionar la desconexión y el nacimiento del estado propio”. Y para seducir a los indecisos propone pasar del “mejor unidos” al “mejor amigos” y de “romper España” a “ayudar a España”.

 

La hoja de ruta no puede ser pública, pero el objetivo es “que la gente sepa que existe, que es ejecutable y que bien gestionado acabará comportando o el reconocimiento internacional o un referéndum forzado con el Estado, pero no se ha de hacer público con detalle”.

 

En el gráfico de la página 11 de dicha hoja de ruta independentista se puede apreciar la estrategia de control social según los diferentes objetivos (“targets”), desde los “hiperventilados”, con quienes han de contar para controlar al resto, hasta los “convencidos del no” a quienes pretenden desmovilizar, activando a su entorno independentistas más cercano para que les haga ver que habría razones de impacto personal inmediato si votaran contra la independencia.

 

 

Ruptura con la soberanía española: comienza su Gobierno de Transición

 

Los días 6 y 7 de septiembre de 2017 se rebasaron todos los límites. Aprobaron dos leyes con las que Cataluña rompía unilateralmente con España: la Ley para el referéndum y la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República. Con la primera, que pretendía regir por encima de la Constitución española, se permitía convocar un referéndum el 1 de octubre; con la segunda (suspendida desde el 12 de septiembre) debía regirse el tránsito desde la independencia hasta la creación de las instituciones definitivas de la nueva República catalana. Para aprobar ambas leyes se bastaron con 72 diputados de 135 (una mayoría de escaños que no representa una mayoría de los votos de la elección autonómica de 2015), lo cual no bastaría ni siquiera para reformar su propio Estatuto de autonomía. Además, se ignoraron los informes preceptivos de los letrados del Parlamento catalán (que sostenía la ilegalidad de lo votado) y se violaron también los plazos del debate parlamentario. Así es cómo, en ausencia de los principales partidos de la oposición, casi la mitad del hemiciclo, se aprobó lo que ya era una ruptura con la soberanía española.

 

Lógicamente, el Tribunal Constitucional español anuló ambas leyes a los pocos días. El 17 de octubre anuló la Ley del referéndum por incurrir en “muy graves quiebras del procedimiento legislativo” tras invadir las competencias del Estado y vulnerar el Estatut y por dejar a los ciudadanos a merced de “un poder que no reconoce límite alguno”. Esta infracción constitucional “no es fruto de un entendimiento equivocado de lo que la misma impone o permite en cada caso”, sino de “una manifiesta negación del vigente ordenamiento constitucional”[33].

 

 

Noche del 20 de septiembre

 

Por la mañana, la Guardia Civil entró en varios edificios de la Generalitat de Cataluña, entre ellos, las consejerías de Economía, que dirige el vicepresidente, Oriol Junqueras, Exteriores, dirigida por Raül Romeva, y Asuntos Sociales, en el marco de las investigaciones sobre el referéndum ilegal convocado por la Generalitat de Cataluña.

 

Se llevaron a cabo registros en la Consejería de Gobernación; en el Departamento de la Presidencia; en la Agencia Tributaria de la Zona Franca, en el Consorcio de Administración de Cataluña; en el Instituto Catalán de Finanzas; en el Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat, en la Dirección General de Atención Ciudadana; en el Instituto de Estudios Autonómicos; y en la empresa de servicios informáticos T-Systems [sin un sistema informático solvente, la celebración del referéndum sería inviable].

 

Se requisaron papeletas y se detuvo a 14 altos funcionarios, empezando por Josep Maria Jové, secretario general de Economía de la Generalitat de Cataluña y número dos del vicepresidente Oriol Junqueras.

 

El presidente de la ANC decidió convocar a sus fieles: “Ha llegado el momento. Resistamos pacíficamente. Salgamos a defender desde la no violencia a nuestras instituciones. Rambla Catalunya con Gran Vía”.

 

El ex presidente Puigdemont tiró, como siempre hace el nacionalismo frente a un enemigo imaginario, del peor y más falso victimismo:

 

“El Gobierno catalán ha sido objeto de una agresión por parte del Gobierno para impedir que el pueblo catalán se pueda expresar”. Y dijo que era “una situación inaceptable en democracia”, mandando el siguiente mensaje a sus ciudadanos: “Condenamos y rechazamos la actitud totalitaria y antidemocrática del Estado español. Damos todo el apoyo y amparo a los servidores públicos detenidos”.

 

Las manifestaciones se fueron caldeando. Y, de madrugada, varios miembros de la Guardia Civil y la secretaria judicial (que tuvo que huir por el tejado), quedaron atrapados por los manifestantes. Así lo narra un audio de la Guardia Civil aquel día:

 

 

“Pues os pongo en antecedentes. Nos han dejado aquí para que lo sepáis. Hay un pelotón atrapado, hay 18 compañeros que están metidos en un edificio atrincherados. Y están completamente atrincherados. De hecho los vehículos los hemos perdido. ¡Los vehículos los dan por perdidos! La GC dice que los vehículos no quieren, que hay que sacar a los compañeros. Están barajando posibilidades de entrar con un helicóptero desde una azotea…

 

Entonces, hasta que no se solucione esta situación… porque los compañeros están sin comer y sin beber, lo único que tienen es algo de munición y de medios de control de masas. Hasta que no se solucione esto no nos vamos”.

 

Y aquí el segundo audio: 

 

 

“Han reventado tres coches de la agrupación de Zaragoza y se han llevado todas las cosas que había dentro. Les han reventado las ruedas, les han pintado, les han roto los cristales… y les tienen rodeados. Han dejado los coches. Se han llevado los chopos, las armas… todo lo que había allí, los HKs… Flipas. De tres coches, ¿eh?”. [34] 

 

 

El 1 de octubre y las cargas policiales

 

El 1 de octubre se consumó la sedición con una votación en referéndum que no debería haberse producido. La Policía y la Guardia Civil no pudieron evitarlo, pese a que la juez se lo había ordenado. En primer lugar, no pudieron porque, como veremos en el siguiente punto, la Policía autonómica no sólo no hizo su trabajo sino que impidió a la Policía española hacerlo. En segundo lugar porque, como hemos visto en el punto ‘Preparación de las estructuras de Estado ilegales y de la infraestructura para el referéndum’, llevaron a cabo una estrategia minuciosamente organizada, con ayuda de las dos organizaciones secesionistas cuyos presidentes están hoy presos y financiadas por el Gobierno autonómico durante años: convocaron a sus fieles en los colegios electorales para obstruir deliberadamente la acción policial. No fue una manifestación sino un multitudinario acto de sedición.

 

No es cierto que las cargas policiales fueran excesivas (salvo excepciones muy concretas, reconocidas por el Gobierno y que en consecuencia deberían ser juzgadas) y recordemos que hubo muchísimas imágenes manipuladas^[35]. Sólo hubo dos heridos graves: uno por un pelotazo en un ojo y otro, un señor mayor, por un infarto. Respecto a los más de 900 heridos y atendidos en centros médicos anunciados por el Gobierno separatista, parece difícil comprobarlo: la Fiscalía trata de confirmar los datos[36] en tanto que hay médicos denunciando que se confundieron deliberadamente a heridos con atendidos y que en su hospital “se activó un protocolo del 1-O y hasta ansiedades por ver las cargas policiales en televisión se contaron como agresiones en las cargas”[37]. Hay casos de mentiras sangrantes, como el de una mujer que salió en varios vídeos llorando y gritando, asegurando que le habían roto los dedos uno a uno; causó escándalo hasta que en otro vídeo se vio que mentía descaradamente[38].

 

Fuera de nuestras fronteras se ha menospreciado la gravedad de la amenaza que padecemos. Desgraciadamente, los medios de comunicación en Cataluña colaboran en ello a base de manipular sistemáticamente los hechos[39].

 

 

Declaración de independencia (27/10/2017)

 

El 27 de octubre, el Parlamento catalán, de forma ambigua, realizó una Declaración de independencia. El 8 de noviembre, el Tribunal Constitucional la anuló. Además decidió denunciar, por desobediencia a sus sentencias, a la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los miembros de la Mesa Ana Simó y José María Espejo, tal y como pedía el incidente presentado por el ejecutivo central[40].

 

Gracias al registro que la Guardia Civil llevó a cabo el día 20, hoy sabemos, como explica el diario El Confidencial, que “el Govern de Carles Puigdemont tenía preparada una batería de decretos para engullir todas las competencias del Estado al día siguiente de la declaración unilateral de independencia (DUI). Desde la creación de un Banco Central y un equivalente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) al nuevo impuesto de las personas físicas no residentes, pasando por aspectos aparentemente menores como la apertura de un registro de vehículos y otro de personal de seguridad privada. También estaba preparada la elección automática de los jueces que debían conformar el Tribunal Supremo del nuevo país y la tramitación de medidas de urgencia para que la Generalitat se quedara con todos los funcionarios de la Administración General del Estado”[41].

 

Eran 41 decretos que componían la “normativa de desarrollo inmediato de la Ley de Transitoriedad Jurídica de la República” y que se dividían en dos bloques:

 

• Decretos ‘generales’:

 

“Decreto-ley de sucesión de ordenamientos jurídicos, administraciones y contratos”; “Decreto-ley de integración del personal de las administraciones del personal del Estado español en las administraciones de Cataluña, de incorporación del nuevo personal y de creación del registro de empleados públicos”; “Decreto-ley de creación del cuerpo de funcionarios en el ámbito del poder judicial y la administración de Justicia, la inspección de Trabajo y la Seguridad Social, las relaciones exteriores, la docencia universitaria y la marina mercante”; “Decreto de creación, denominación y determinación del ámbito de competencia de los departamentos de la Administración de la Generalitat de Cataluña”; “Decreto por el que se establece la estructura de la presidencia de la Generalitat de Cataluña”; “Decreto de estructura de cada uno de los 13 departamentos actuales de la Administración General de Cataluña”; y “Decreto-ley que regula el procedimiento de subrogación en los contratos del sector público y patrimoniales formalizados por el Estado español”.

 

• Decretos ‘sectoriales’:

 

Entre otros, el “Decreto-ley del Banco Central de Cataluña”; “Decreto-ley de la Autoridad Catalana de Inversiones y Valores”, equivalente a la CNMV; “Decreto-ley de creación del Fondo de Garantía de Depósitos, Inversiones y Seguros”; “Decreto-ley de la Autoridad Catalana de la Competencia y los Mercados”, copiado de la Comisión de los Mercados y la Competencia (CNMC)”; “Decreto-ley de la Agencia Tributaria”; “Decreto-ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas no residentes”; “Decreto-ley del Servicio Exterior”; y “Decreto-ley por el cual se determina la transformación provisional del Colegio de Notarios de Cataluña en el Colegio de Notarios y Registradores de Cataluña y se adoptan otras medidas extraordinarias y urgentes en el ámbito notarial y registral de Cataluña”.

 

 

La amenaza de la Policía Autonómica (Mossos d’Esquadra) a nuestras libertades

 

Vinculado a las estructuras de Estado que el Gobierno separatistas venía preparando, a finales de 2016 intentaron ampliar la dotación de los Mossos d’Esquadra con 850 armas largas y 5.460.000 cartuchos. Pese a la petición del Gobierno español, las autoridades catalanas no explicaron para qué. Para dimensionar esto hay que tener en cuenta que la compra anterior fue en 2014 y se pidió autorización para comprar solo 50 subfusiles y 200.000 cartuchos[42].

 

El 18 de abril de 2017 se nombró al nuevo jefe de la Policía autonómica, cercano al entonces presidente Puigdemont.

 

En las horas previas (los terroristas provocaron una gran explosión en un chalet de Alcanar un día antes de los atropellos, pero negaron por dos veces la entrada a los artificieros de la Guardia Civil) y posteriores al atentado terrorista que Daesh cometió el 18 de agosto en Barcelona, la policía autonómico ocultó información a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Durante las horas posteriores (hay que tener en cuenta que horas después del atropello masivo en las ramblas hubo otro asesinato en un pueblo, Cambrils) la policía autonómica también les ocultó información muy relevante.[43]

 

La noche del 20 al 21 de septiembre, cuando la Guardia Civil detuvo a 14 altos funcionarios del Gobierno catalán por seguir con los preparativos para el referéndum ilegal del 1-O, los Mossos d’Esquadra no disolvieron a cientos de personas, convocadas por las asociaciones promotoras del separatismo, ANC y Òmnium, que se apostaron frente a las puertas de la Consellería de Economía, donde la Guardia Civil estaba efectuando un registro. Así, la Guardia Civil permaneció más de 20 horas encerrada. La secretaria judicial confesó haber pasado miedo. Los presidentes de las asociaciones convocantes se subieron a los coches de la Policía (que acabaron destrozados) para jalear a la turba.

 

El 1 de octubre, los Mossos no cumplieron las órdenes de la jueza de impedir la votación, dejando prácticamente solos a los policías y guardias civiles. Entre otras muchas cosas, según un informe de la Brigada de Información de Barcelona de la Policía Nacional, los “Mossos  d’Esquadra de paisano y con vehículos camuflados controlaron los dispositivos del CNP (Cuerpo Nacional de Policía) en horas previas a la apertura de los colegios electorales, alertando a los responsables de las mesas electorales de dichos dispositivos”[44].

 

Durante los últimos meses se han producido presiones intolerables dentro del cuerpo autonómico de policía, que quedó absolutamente dividido. Así lo prueban muchas de las declaraciones que han hecho los Mossos d’Esquadra no independentistas:

 

 

“Empezó a ser incómodo. Traté de mantener mi ideología escondida, pero el compañero, de tanto insistir, al final me la detectó. Empezaron a mirarnos mal a los que nos sentíamos más españoles, se nos fiscalizaba más que al resto, y lo curioso es que los más independentistas eran compañeros que a lo mejor habían nacido en Cuenca o en Aragón. Los mejores servicios se los llevaban ellos y a nosotros se nos decía que ni nos presentásemos al ascenso, que nunca nos iban a promocionar. Hubo algún jefe que nos prohibió hablar entre nosotros en castellano o llevar banderas de España en nuestras mochilas. El Cuerpo comenzó a fracturarse y es algo que empezaba a verse también en la sociedad catalana, porque los mossos somos un reflejo de la misma. La situación se tensó más en los días previos al referéndum”[45].

 

El día 26 de octubre, una decena de efectivos de la Policía Nacional intentó impedir que los Mossos quemaran documentos con información sensible en una incineradora de Sant Adrià de Besòs, en Barcelona. En diciembre supimos que intentaron quemar pruebas de seguimientos a políticos del PP[46]. No quedaron líneas rojas por cruzar.

 

Con un informe titulado La seguridad de la República catalana; primeros planteamientos, que ahora está en manos del juez tras ser incautado por la Guardia Civil, los dirigentes separatistas disponían de un estudio de sistemas de Defensa tan dispares como los de Austria, Dinamarca, Suiza, Costa Rica y Panamá. A juzgar por el contenido parece que podrían haber hablado con Estados Miembros de la UE para garantizar transitoriamente su seguridad.

 

 

“El debate [sobre la seguridad de la nueva República catalana] es urgente porque las amenazas no sólo no pararán con la independencia de Cataluña sino que podrían agravarse; y no es recomendable confiar en la colaboración del Estado español”.

 

“Si Cataluña se independiza y se traspasan las competencias de seguridad antes de que se tenga un cuerpo de defensa en funcionamiento, se necesitará que otro estado dé protección de manera temporal. El desarrollo de un cuerpo de defensa puede tardar entre 5 y 10 años. Algunos estados europeos pueden estar dispuestos a aceptar agentes de las futuras fuerzas de defensa catalanas y garantizar la protección para evitar que Cataluña se convierta en un agujero negro a las puertas de Europa, pero es poco probable que acepten esta carga a perpetuidad”[47].

 

Preveían por eso, de acuerdo con un estudio propio sobre Austria, Dinamarca y Suiza, tener un ejército compuesto por entre 18.000 y 22.000 soldados para afrontar ataques armados contra Cataluña al día siguiente de la ruptura.

 

 

“Son poco probables, pero nunca son completamente descartables, como lo demuestra el incremento repentino de la actividad bélica en una región pacífica desde el año 45 como la frontera entre Rusia y Ucrania”[48].

 

 

Presiones a jueces por parte del Gobierno catalán

 

“Desde los edificios que ocupamos hasta los bolígrafos con los que firmamos las sentencias, todo pertenece a la Generalitat”. “Hay una sensación de fortaleza del Estado que es falsa, porque España se ha ido retirando y ya es casi imperceptible en muchos lugares. Y ahora nos toca a nosotros. Nos quieren dar a elegir entre la Constitución y la nueva legalidad. Es terrible, pero no tendremos más remedio que elegir entre la traición y el exilio” (Luis Rodríguez Vega, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Cataluña)[49].

 

 

Respuesta política. Intervención de la autonomía aplicando el artículo 155

 

 

“No era nuestro deseo ni nuestra intención aplicar el artículo 155. Lo hacemos porque ningún Gobierno, de ningún país democrático, puede aceptar que se ignore la ley, que se viole la ley, que se cambie la ley y que todo ello se haga pretendiendo imponer sus criterios a los demás” (Mariano Rajoy, Presidente del Gobierno, 21/10/2017).

 

Como explicaba el diario El País, “el Gobierno ha decidido aplicar el artículo 155 de la Constitución española en Cataluña para restaurar la legalidad; celebrar elecciones con normalidad; asegurar la neutralidad institucional; mantener el bienestar social y el crecimiento económico; y asegurar los derechos y las libertades de todos los catalanes, según ha enumerado Rajoy, que ha subrayado que ‘no se suspende la autonomía de Cataluña, se cesa a las personas que la han puesto en riesgo’”[50].

 

El Senado lo ratificó el viernes 27 de octubre. La medida iba a suponer el cese del presidente de la Generalitat y su Gobierno, la restricción de los poderes del Parlamento catalán, la intervención de organismos y servicios de la comunidad autónoma, como los Mossos d’Esquadra, y la convocatoria de elecciones en un plazo de seis meses[51]. Muchas otras medidas que podrían haberse contemplado (como la intervención de unos medios de comunicación públicos extremadamente manipuladores) se dejaron estar. Finalmente, para reducir al máximo la excepcionalidad, las elecciones se celebrarán el día 21 de diciembre, es decir, en el menor tiempo legalmente posible.

 

 

Respuesta judicial: acusaciones de malversación, sedición y rebelión y prisión preventiva a criterio de jueces y fiscales

 

Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, en prisión incondicional desde el 16 de octubre, presiden dos asociaciones que, como hemos visto, han contribuido a preparar todos los actos sediciosos o rebeldes durante más de dos años.

 

Se les acusa de sedición por los actos relatados arriba de la noche del 20 de septiembre. Ellos animaron a la turba que asedió a la Guardia Civil cuando hacía su trabajo. Están en prisión preventiva; y recordamos que Amnistía Internacional rechaza que haya presos políticos ni presos de conciencia en el procés[52].

 

Aunque en los cargos imputados todavía no están valoradas sus actuaciones del día 1 de octubre, éstas podrían aumentar la responsabilidad penal de ambos. La Policía tenía orden de una jueza de no permitir la votación, pero ambas asociaciones llevaron a la gente, niños incluidos, a los colegios electorales para impedir que la policía pudiera hacer su trabajo.

 

Esto está muy lejos de parecerse a la “libertad de expresión”. Ellos gritan “las calles serán siempre nuestras”. Pero en democracia las calles son de todos y, por tanto, de nadie. No se puede ser tolerante con los intolerantes, a riesgo de tirar por la borda la democracia que tanto nos costó reconquistar.

 

A los ocho consejeros del Gobierno catalán (incluido el ex vicepresidente, Oriol Junqueras) que, por orden de una jueza de la Audiencia Nacional, también se encuentran en prisión incondicional desde el 2 de noviembre, se les acusa de un posible delito de rebelión, además de por un delito de sedición y de malversación. Todavía está por ver qué determina la jueza, pese a que la acusación de rebelión ha levantado críticas en algunos sectores. Es un delito especialmente grave y penado con hasta 30 años de prisión.

 

Artículo 472

 

Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes:

 

1.º Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución.

 

2.º Disolver las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados, el Senado o cualquier Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma, impedir que se reúnan, deliberen o resuelvan, arrancarles alguna resolución o sustraerles alguna de sus atribuciones o competencias.

 

3.º Declarar la independencia de una parte del territorio nacional.

 

4.º Sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno.

 

Para el caso de que se rechace este tipo penal, se les acusa también de sedición, cuya pena se eleva hasta 15 años de cárcel. La diferencia entre ambos tipos es, principalmente, que la rebelión requiere violencia. Y lo que alega el Fiscal para formalizar tal acusación es que hubo intimidación, y que ésta opera como violencia. Durante varios días se sufrió claramente una pérdida de libertades democráticas. La Fiscalía enumera múltiples episodios que, a su juicio, ponen de manifiesto el carácter violento del plan de secesión: las concentraciones multitudinarias que sitiaron a la comisión judicial que registró la Consejería de Economía el 20 de septiembre y destrozaron los coches de la Guardia Civil; los escraches a los policías y guardias civiles hasta lograr su desalojo de los establecimientos donde estaban alojados[53]; la ocupación de los centros de votación del referéndum del 1-O; el mando sobre 16.000 mossos armados y con un “potencial efecto intimidatorio”[54].

 

Para fundamentarlo se acude a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo sobre el Golpe de Estado que España sufrió el 23 de febrero de 1981, y que fue abortado en pocas horas gracias al entonces Rey Juan Carlos I. Así se defiende la tesis de que la rebelión se consuma con una “violencia potencial” o una suficiente “fuerza intimidatoria”.

 

En palabras del fiscal,

 

 

“la concurrencia de violencia física puede no ser necesaria cuando el alzamiento por sus características y por el número indeterminado de personas implicadas, es de tal dimensión que tiene capacidad intimidatoria suficiente para disuadir de una posible actuación a las fuerzas del orden sabedoras de que cualquier oposición a los planes rebeldes, tornará el alzamiento en violento y belicoso”[55].

 

Si la fiscalía española lo pidió y la jueza de la Audiencia Nacional acordó la prisión incondicional fue porque, según argumentan, había riesgo de fuga y de reincidencia (y las declaraciones de Puigdemont en Bélgica, haciendo campaña internacional como presidente –pese a estar destituido– así lo confirman):

 

 

“¿Cómo va la fiscalía a dejar a unos ciudadanos que se niegan a responder al fiscal? Preguntábamos si aceptaban la vigencia del Constitución española en Catalunya y la aplicación del 155, y si dijeran que sí aceptaban la Constitución y que iban a dejar de estar en la línea de la comisión delictiva, como Oriol Junqueras que firma artículos [en el New York Times] como vicepresidente de la Generalitat, pues igual otra cosa hubiera cambiado, hubiéramos tenido que fijar en el riesgo de fuga o en otros elementos, pero no en el que para nosotros es básico. Cómo van a volver a su casa tras declarar que van a seguir insistiendo en el delito. Así lo ve la juez, que dice que en el caso de Vila no existe la idea que vuelva a su casa y a reiterar en el delito”.

 

“Bastante paciencia ha tenido el sistema y el estado de Derecho” con Catalunya. (José Manuel Maza, fiscal general del Estado)[56]. 

 

La jueza de la Audiencia Nacional consideró que existía “alta probabilidad” de ocultación, alteración y destrucción de fuentes de prueba, así como “alto riesgo de reiteración delictiva”. “Tampoco puede olvidarse el poder adquisitivo de los querellados que les permita fácilmente salir del territorio español y subsistir en el extranjero”. Y recuerda que algunos querellados “ya se han desplazado a otros países, eludiendo las responsabilidades penales en las que pueden haber incurrido”. “La acción” de los miembros del extinto Govern “fue meditada y perfectamente preparada y organizada, reiterando durante más de dos años el incumplimiento sistemático de las resoluciones del Tribunal Constitucional en pro de la independencia”. La jueza Camen Lamela no pasa por alto advertir de que los imputados “jugaron un papel activo, impulsando el proceso soberanista minuciosamente diseñado”. Los ex consejeros, con el ex presidente autonómico Carles Puigdemont y el ex vicepresidente Oriol Junqueras a la cabeza, “se valieron de la población alentando actos de insurrección pública, de desobediencia y de resistencia colectiva a la autoridad legítima del Estado”. “La planificación, organización de la convocatoria y celebración del referéndum del día 1 de octubre fueron financiadas con fondos públicos”. “Los querellados han hecho posible la realización de pagos para llevar a cabo un acto no ya contrario a derecho, sino constitutivo de delito en tanto vulnerador de la declaración de inconstitucionalidad acordada por el Tribunal Constitucional”. “Urdieron una estrategia de todo el movimiento secesionista, perfectamente organizada y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas”. En concreto, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural. Todos los imputados “formaban parte del Govern, en cuyo seno los acuerdos se tomaban de forma conjunta y en reuniones periódicas”. Es más, destaca que “todos eran conocedores de las distintas actividades llevadas a cabo para llegar a la independencia, que consentían y apoyaban, y que incluían las movilizaciones tumultuarias”.[57]

 

Según la prensa, el Gobierno no quería esas detenciones. Tiene sentido, porque enturbian una campaña en la que, incomprensiblemente para nosotros, el portavoz del Gobierno invitó al ex presidente Puigdemont a presentarse a las elecciones del día 21 de diciembre. No obstante, no pudo hacer nada porque hay separación de poderes:

 

 

“El fiscal general no es tonto y había visto señales a través de la prensa, y de terceros, de que la prisión no era lo que más convenía al Gobierno y a los partidos, pero él ha actuado de forma autónoma. Y también sabe que la prisión no ha sentado bien al presidente y los ministros”.

 

“Han intentado frenar sus declaraciones invitándole a comportarse con más prudencia y con sentido político pero Maza ha hecho oídos sordos”.

 

Por su parte, el juez del Tribunal Supremo ordenó el 9 de noviembre prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros para Carme Forcadell, presidenta del Parlament y pieza clave del proceso separatista. También se le investiga por rebelión. Para otros cuatro miembros de la última Mesa del Parlamento autonómico, el juez dictó libertad bajo fianza de 25.000 euros. Al quinto lo dejó en libertad. Estos cinco salieron el mismo jueves. La presidenta del Parlamento salió un día después.

 

La diferencia entre la prisión incondicional de los primeros y la prisión bajo fianza de éstos se debe a que mientras los exconsejeros en prisión provisional se negaron en su comparecencia a responder al fiscal y a la jueza, Forcadell y los demás miembros de la mesa sí aceptaron contestar a todas las partes. En sus testimonios dijeron acatar el artículo 155 de la Constitución y afirmaron que la declaración unilateral de independencia que aprobó el Parlament el 27 de octubre tuvo solo un valor “simbólico” y carecía de efectos jurídicos. Todos ellos se comprometieron a hacer política sin incumplir la Constitución. En enero, Forcadell renunció a repetir como presidenta del Parlament.

 

Además, el juez no sigue al fiscal porque cree que el riesgo de fuga “se difumina” al haberse presentado “cuantas veces han sido citados” por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña[58].

 

 

Presiones a los periodistas y falta de libertad en los medios de comunicación catalanes[59]

 

En sus discursos, los dirigentes separatistas han usado sistemáticamente la mentira. Han tergiversado los conceptos democráticos: asocian a España con la falta de democracia y la vinculan con el régimen más que superado de Franco[60]; así pueden, por ejemplo, hablar de “presos políticos” para ocultar la suma gravedad de sus delitos, precisamente porque atacan el orden político democrático. Lo triste es que haya quien les respalde internacionalmente[61].

 

El nacionalismo ha subvencionado durante años un vastísimo entramado asociativo y mediático –del que sin ir más lejos procede Carles Puigdemont, ex presidente de Cataluña empeñado en seguir siéndolo ilegalmente–, que propaga sus mentiras y legitima su ideario[62]. La Generalitat ha usado fondos públicos incluso para que personas famosas se declaren a favor de la independencia de Cataluña: se han descubierto fondos de hasta 2,3 millones a gente como Julian Assange o Yoko Ono[63].

 

Incomprensiblemente, pese a ser un inmenso instrumento de propaganda que viola todo pluralismo, el Gobierno no ha intervenido los medios públicos catalanes en su aplicación del artículo 155 de la Constitución española. La plantilla de la TV3, que supera en un 82% a la de la televisión privada más vista en España (Telecinco) y que iguala a las de Madrid, Andalucía y el País Vasco juntas, no cubre la programación de quienes no son independentistas[64], desacata las órdenes de los jueces[65], adoctrina a los niños[66] y manipula la información[67]. La radio pública catalana llegó a informar de la ubicación de los coches de la Policía española y a pedir a los ciudadanos que llamaran para advertir de su ubicación y poder así burlar su operativo[68].

 

 

Insultos y presiones a profesores y alumnos no independentistas

 

En las universidades catalanas imperan los independentistas. Hasta el punto de que profesores de todo el mundo han tenido que defender públicamente la libertad de expresión de muchos profesores de Universidad en Cataluña, que estaba siendo atacada[69].

 

Es normal ver grafitis amenazantes en las paredes. Proyectan documentales manipuladores que infunden odio a lo español. E insultan e increpan a cualquiera que se organice o hable políticamente en contra de la independencia y a favor de los vínculos con España. Josep Lago, coordinador de la agrupación de Jóvenes de Sociedad Civil Catala y estudiante de ADE y Derecho, María Domingo, Gorka Samaniego o Laura Casado, cuentan así su experiencia en la Universitat Autònoma de Barcelona:

 

 

“Vi que no se podía hablar en público en contra de la independencia. Me di cuenta de que había gente que pensaba diferente pero se callaba por la presión. Por eso a principios de 2016 nos juntamos unos cuantos para expresar nuestro punto de vista”.

 

“La gente ya nos conoce, saben que somos los de Sociedad Civil. Hay algunos compañeros que nos da la razón en privado, otros que se comportan normal y luego están los que nos lanzan miradas de odio y nos insultan al pasar. Ahora mismo yo no estoy concentrado del todo cuando hablo contigo porque estoy pendiente de la gente que pasa a nuestro lado, por si viene algún radical a decirnos algo. Piensa que han llegado a recoger firmas para que nos expulsen de la Universidad y han pegado carteles con fotos nuestras, con los ojos tapados”.

 

“Empezamos siendo dos y enseguida éramos cerca de 30, un número que no es para tanto porque el campus es muy grande. Además muchos se bajaron enseguida por la presión y los insultos. Ahora quedamos unos 10, aunque hay otros que nos apoyan desde fuera. Para seguir haciendo esto hay que tenerlo muy claro porque te sientes rechazado, por ejemplo a la hora de hacer trabajos en grupo. Yo muchos días me siento apartada”.

 

“Es la única manera de no tirar la toalla porque estamos en un ambiente hostil y muy duro. Lo que nos parece más grave es que la universidad no nos está apoyando en absoluto, que permiten que los radicales pinten la facultad con consignas contra nosotros, que hagan barricadas y piquetes cuando hay huelgas. El otro día, por ejemplo, un profesor pidió votar a mano alzada sobre si teníamos que ir a la huelga. Y si dices que no ya estás marcado”.

 

“Si te limitas a ir a clase y callarte no tienes problemas, pero si hablas acabas siendo franquista y fascista, cuando en realidad la mayoría nos consideramos de izquierdas”[70].

 

Mientras que los separatistas han contado con todos los medios de la Universidad para lanzar sus mensajes; mientras que el rectorado facilitó la “huelga” pagada de los profesores el día 2 de octubre; y pese a que incluso los radicales independentistas han generado disturbios sin la oposición de la rectora, que niega que haya ningún problema en una Universidad que “siempre ha sido muy revolucionaria” y en la que ella defiende la “pluralidad y el diálogo”, quienes pretenden defender la integración, la inclusión y el pluralismo, es decir, los no separatistas, tienen problemas para hablar en público. Y mucho más para realizar cualquier acto informativo, con los permisos pertinentes. Tienen que enfrentar amenazas, insultos (“fuera fascistas de la Universidad”, “chusma”, y cánticos como “las callas serán siempre nuestras”)[71].

 

 

Amenazas de muerte y declaraciones de ‘personas non gratas’ contra políticos catalanes no nacionalistas

 

En dos meses el partido político Ciudadanos (Cs, cuarto en España y primer partido de la oposición en Cataluña) ha recibido una docena de ataques contra sus sedes o cargos públicos. Sus líderes han visto en pintadas amenazas de muerte. También las ha recibido el líder del Partido Popular en Cataluña y su familia[72]. Los episodios de violencia son recurrentes. Unas veces los independentistas irrumpen en un mitin de Cs: “No sois de aquí. Marchad a vuestra casa”[73]. Otras veces los propios diputados de la oposición tienen que salir escoltados del Parlamento catalán, al grito de “fascistas” y “traidores” (a la patria catalana)[74].

 

El 4 de octubre también supimos que la Asociación Catalana de Municipios (ACM) y la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) habían remitido a todos los ayuntamientos catalanes un modelo de moción en la que se pide la “dimisión” del delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, y se propone declararlo “persona non grata”[75]. El pleno del Ayuntamiento de Llavaneres acordó declarar personas non gratas en el pueblo al rey Felip VI, al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; a la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría; al delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, y otras personalidades, entre las que figura la jefa de la oposición en el Parlament de Cataluña y líder de Cs, Inés Arrimadas.[76] Como si el suelo público fuera suyo.

 

 

Adoctrinamiento de niños en las escuelas

 

El pasado 17 de octubre, Jordi Catallops, inspector de educación en Barcelona, afirmaba en una entrevista a la prensa lo siguiente[77]:

 

 

“(…) Hay pruebas evidentes que ya han recogido medios, el Ministerio, algunos partidos y parece que la Fiscalía. En algunos centros, gracias a determinado profesorado, hay tareas, murales, banderas sectarias y pancartas que perfectamente podrían calificarse de adoctrinamiento escolar y partidista. Todo con el conocimiento y la inacción de responsables públicos, y muy agravado tanto el 1-O, como antes el 9-N”.

 

“Desde hace décadas se promueve una concepción identitaria excluyente, la catalanización, con la inmersión lingüística, o más bien imposición lingüística, con el catalán como única lengua vehicular y de comunicación en los centros. También con contenidos ideológicos de carácter nacionalista. Hay un adoctrinamiento identitario excluyente consustancial al sistema educativo prácticamente desde que se transfirieron las competencias de educación”.

 

“En el ordenamiento educativo español no es admisible ningún tipo de adoctrinamiento, por sutil que fuese, y mucho menos en la población escolar de menor edad. Los efectos de un posible adoctrinamiento escolar, cuando se relacionan con aspectos de tipo identitario excluyente, de tipo partidista, pueden ser muy negativos en la formación o desarrollo, ético o moral, del alumnado afectado. Y pueden repercutir gravemente en la convivencia respetuosa, solidaria y democrática, no sólo en los centros, sino también en la comunidad o sociedad más en general”.

 

“La misma consejera manifestó que el Departamento colaboraría en el 1-O, aunque había sido prohibido por el Constitucional y de ello no se informó debidamente a los centros, sólo lo hizo Delegación del Gobierno. Yo envié dos informes con demandas a las unidades correspondientes, sin recibir respuesta. El Gobierno autonómico ha utilizado recursos públicos para actividades partidistas ilegales y antidemocráticas. Es un ataque a la voluntad de la mayoría. Esto fractura la sociedad”.

 

Esto arraiga en el Programa 2000, bautizado como ‘Estrategia de la recatalanización’, mencionado más arriba. Recordamos que, entre otros puntos, en lo relativo a la educación no universitaria se pretendía “impulsar el sentimiento nacional de los profesores, padres y estudiantes” o elaborar “un plan de formación permanente y de reciclaje del profesorado que tenga en cuenta los intereses nacionales” así como “reorganizar el cuerpo de inspectores de forma y modo que vigilen el correcto cumplimiento de la normativa sobre la catalanización de la enseñanza” o incluso “vigilar de cerca la elección de este personal”. El edificio de adoctrinamiento administrativo, que incluía la conformación de AMPAS catalanistas, se completa con el adoctrinamiento en los libros de texto, denunciado recurrentemente, con informes, por el sindicato AMES[78]. En torno al 1 de octubre, los actos de adoctrinamiento se aceleraron y agravaron considerablemente. Hasta tres requerimientos fueron enviados por el secretario de Estado de Educación a la consejera de educación catalana (27 de septiembre, 5 de octubre y 27 de octubre), reprochándole el incumplimiento de varias leyes por permitir que los niños se manifestaran sin el permiso de los padres ni una comunicación previa al director cuando se suponía que tenían estar en clase. “Los profesores y directores de centro han sido partícipes, a sabiendas, de un acto paralizado por auto judicial, sin cumplir los principios de imparcialidad, objetividad y neutralidad”. A continuación figuran sólo algunos ejemplos.

 

Pese a ser preceptivo, un instituto del Baix Llobregat no solicitó permiso a los padres de los estudiantes menores de edad para acudir a una “huelga” convocada por el Sindicato de Estudiantes el día del Pleno del Parlament donde el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, debía anunciar su respuesta a la aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno. Aceptó que el sindicato estudiantil pidiera a esos mismos alumnos que firmen ellos con su DNI. El lema de la huelga era: ‘No podréis encarcelar a todo un pueblo. Contra la represión franquista’. El cartel es el siguiente (como se ve, pretende asociar al Gobierno con Franco, una leyenda negra que nos persigue injustamente y que parte de la comunidad internacional está comprando con absoluta ignorancia)^[79]

 

 

En el Instituto Palau de Sant Andreu de la Barca (provincia de Barcelona), donde hay un cuartel de la Guardia Civil, dos profesores que cargaron contra el hijo de un agente después del 1-O. “Estarás contento de lo que ha hecho tu padre”. Los profesores animaron a los alumnos a salir al patio a “hacer un minuto de silencio en protesta por la violencia policial, ante lo cual muchos de los hijos de los efectivos de la Guardia Civil se sintieron presionados y secundaron la condena para no quedarse en clase y ser señalados”, señala el texto del ministerio[80].

 

Ente los casos del tercer requerimiento cuenta una estudiante de la Escuela Rosella de Viladecavalls en Barcelona: “mi profesora nos comenta a todos los niños de clase que unos policías malos, con unas porras que se hacen grandes, pegaron y dispararon pelotas de goma contra la gente sólo porque querían votar y no les dejaban”. En el Instituto de Enseñanza Secundaria Can Vilumara, de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), la profesora empezó a hablar de independencia y dijo que “los que hablan castellano son unos maleducados y barriobajeros”. Y una madre adjunta el acta de la reunión del AMPA de la Escuela Reina Violant de Barcelona y marca en amarillo el párrafo donde se habla de “niños castigados por hablar castellano en el aula”. En la Escuela Pública Infantil de Vall-Llobrega, en Barcelona, una profesora explicó a los niños que “España roba a Cataluña y eso está muy mal”, así como “la maestra fabricó urnas de papel y enseñó a todos los niños a votar ‘sí’” [81].

 

 

Conclusión

 

No hace falta demorarse mucho para concluir que, durante más de 30 años, el nacionalismo ha creado en Cataluña un caldo iliberal y antidemocrático, excluyente, generador del actual discurso del odio. El Gobierno nacional debía intervenir para defender la democracia contra dicho caldo, del que surgió –justo cuando la oligarquía nacionalista se vio amenazada al descubrirse la sistemática corrupción con la que gobernaban– el empuje de los últimos meses para deslegitimar al Estado democrático en Cataluña y para forzar (utilizando todos los medios de una administración autonómica que se construyó para servir al catalanismo –ahora independentista– y que ha abandonado en todos sus ámbitos el principio de neutralidad administrativa)[82], la independencia por la fuerza. Una gran parte de la sociedad civil, sistemáticamente clientelizada, saltó en cuanto la administración dio el aviso, presta a defender sus prebendas, ligadas principalmente a la política lingüística, que opera 1º) como marcador identitario, 2º) como criterio de exclusión social (no hablar catalán frena a muchos catalanes de votar en las autonómicas ya que, pese a estar ahí administrados, lo étnico-lingüístico se impone en sus conciencias y coligen que eso no va con ellos) y 3º) como barrera de entrada en el mercado de trabajo y en la administración autonómica: difícilmente optará a ejercer el ‘poder administrativo’ en Cataluña un ciudadano español castellano-hablante (catalanes incluidos) al que se le exige hablar en catalán incluso en puestos que no dan directamente la cara al administrado.

La democracia española debía defenderse a sí misma de los ataques que sufrimos en 2017; pero no basta con el corto plazo del 155. Ahora hay que relegitimar al Estado en Cataluña y eso no se puede hacer sin controlar, por ejemplo, un currículo educativo que no adolezca de los sesgos identitarios del calibre actual, sin un MIR de profesores, en fin, sin una administración que obedezca en todas partes al mérito y a la capacidad, y no a su disposición a violar la democracia por la causa nacionalista. Se impone volver a leyes de armonización y a políticas que estructuren el Estado. Son muchos años de mirar hacia otro lado y es hora de revertir la dinámica centrífuga impuesta por el nacionalismo. El primer paso, claro, es represtigiar la igualdad, principio que la izquierda nunca debió perder de vista para abrazar el vaporoso e inicuo criterio de la identidad. Toca enmendar.

 

 

 

 

Mikel Arteta (1985) es doctor en Filosofía política. Ha publicado recientemente Construción nacional en Valencia: claves para entender la estrategia de expansión del nacionalismo en la comunidad valenciana. Ha publicado varias colaboraciones en prensa, además de en revistas como Claves de Razón Práctica o Grandplace. En fronterad ha publicado, entre otros artículos, Algo huele a podrido en España. Tres proyectos rupturistas: el separatismo vasco, el soberanismo catalán y el desboramiento podemita, Contra el (pluri)nacionalismo de etiqueta, y la sobrevalorada virtud de la deliberación y Por ‘nuestro’ patriotismo constitucional. ¿Necesita España un proyecto ‘atractivo’ de vida en común?, y mantiene el blog Escritos esquinados.

 

 

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[1] Disponible aquí: https://www.eiu.com/topic/democracy-index

[2] Datos disponibles aquí: http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_1959_2016_ENG.pdf

[3] En aras de recomponer un frágil monopolio sobre la violencia legítima que dote de estabilidad a la transición, el TEDH parece dejar espacio a excepciones muy concretas y justificadas: la amnistía “es generalmente incompatible con el deber que tienen los Estados de investigar los actos de tortura (…) y de luchar contra los crímenes internacionales. Sucede lo mismo con las medidas de gracia” (TEDH, asunto Association ‘21 Décembre 1989’ y otros c. Rumanía, (Gran Sala), Sentencia de 24 de mayo de 2011, parágrafo 144). Pero esto debe conciliarse con la no-impunidad exigida por el TPI.

[4] La Cataluña franquista. (2017, 10 de septiembre). Huffington Post. Disponible aquí: http://www.huffingtonpost.es/jose-m-faraldo/la-cataluna-franquista_a_23215992/

[5] La Cataluña franquista. (2017, 10 de septiembre). Huffington Post. Disponible aquí: http://www.huffingtonpost.es/jose-m-faraldo/la-cataluna-franquista_a_23215992/

[6] Las formas que toma esta perversión (filofascista) de la democracia, que no atiende a la representación, a la separación de poderes o a los contrapoderes, son muchas: los eslóganes “las calles serán siempre nuestras” o “somos el pueblo, tenemos el poder” son gritados en ocasiones como estas, donde el proyecto político consiste en excluir a más de la mitad de la ciudadanía catalana o, mejor dicho, al 90% de los españoles. Por ejemplo, en este vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=_-b1W932J3k

[7] El apoyo a la independencia baja hasta el 33% en Cataluña (2017, 30 de octubre). El Mundo. Disponible aquí: http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/30/59f63942468aeb755c8b4678.html

[8] Presno, Miguel. Respuesta abierta a la ‘Carta abierta’ sobre el Estado de Derecho en España en relación con las pretensiones independentistas. (2017, 7 de noviembre). Blog El Derecho y el revés. Disponible aquí: https://presnolinera.wordpress.com/2017/11/07/respuesta-abierta-a-la-carta-abierta-sobre-el-estado-de-derecho-en-espana-en-relacion-con-las-pretensiones-independentistas/

[9] 198 Methods of Nonviolent Action: http://www.aeinstein.org/nonviolentaction/198-methods-of-nonviolent-action/ https://jrodriguezalcazar.wordpress.com/2017/11/04/raul-romeva-en-estremera-gene-sharp-en-cataluna/ ; Lo que Puigdemont aprendió de Sharp: las técnicas para destrozar al Estado español. (2017, 3 de octubre). El Confidencial. Disponible aquí: https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2017-10-03/puigdemont-1-de-octubre-sharp-tecnicas-destrozar-estado-espana_1454883/

[10] Quim Torra: “Si hem de dubtar de Junqueras, Puigdemont o Lluís Llach, pleguem”, (2016, 22 de abril). Disponible aquí: https://www.ara.cat/politica/TorraErnesto-Junqueras-Puigdemont-PP-Barcenas_0_1563443667.html

[11] La campaña para retirar dinero de los cajeros divide a los independentistas. (2017, 21 de octubre). El País. Disponible aquí: https://elpais.com/ccaa/2017/10/20/catalunya/1508492661_274873.html

[12] El ‘procés’ fuerza a las empresas catalanas a definir su posición. (2017, 25 de septiembre). El Mundo. Disponible aquí: http://www.elmundo.es/economia/empresas/2017/09/25/59c7e66b268e3e0c338b45f4.html

[13]Convergència y ERC manejan listas negras de catalanes “españolistas”. (2015, 8 de septiembre). ABC. Disponible aquí: http://www.abc.es/espana/20150908/abci-convergencia-listas-negras-catalanes-201509071331.html  ‘Listas negras de antipatriotas catalanes’: la última campaña contra ‘el enemigo del pueblo’. (2017, 9 de junio). El Confidencial. Disponible aquí:  https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2017-06-09/listas-negras-antipatriotas-referendum-cataluna-campana-pueblo_1396645/

[14] Los separatistas utilizan ya a sus bebés para cortar carreteras en la huelga (2017, 8 de noviembre). El Español. Disponible aquí: https://www.elespanol.com/espana/20171108/260474790_0.html Los vídeos más impactantes del referéndum ilegal del 1-O en Cataluña. (2017, 1 de octubre). Libertad digital. Disponible aquí: http://www.libertaddigital.com/fotos/videos-referendum-ilegal-cataluna-imagenes-espana-1013998/policia-nino.jpg.html

[15] Caso Refah Partisi (Partido de la Prosperidad) y otros vs. Turquía (disolución de partidos políticos). Demandas nos. 41340/98, 41342/98, 41343/98 y 41344/98. Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

[16] Catalan nationalism isn’t the progressive cause you might think. (2017, 8 de noviembre). The Guardian. Disponible aquí: https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/nov/08/simple-facts-catalan-secessionism-selfish-goal

[17] ‘The Catalan syndrome’. (2017, 15 de noviembre). Blog de Piketty. Disponible aquí: http://piketty.blog.lemonde.fr/2017/11/14/the-catalan-syndrom/

[18] Junqueras cree en las diferencias genéticas “entre españoles y catalanes”. (2015, 24 de julio). Economía Digital. Disponible aquí: https://www.economiadigital.es/politica-y-sociedad/junqueras-cree-en-las-diferencias-geneticas-entre-espanoles-y-catalanes_174470_102.html

[19]  Ovejero, Félix (2017). La seducción de la frontera. Madrid: Montesinos

[20] La estrategia de la recatalanización (1990, 28 de octubre). El Periódico.

[21] El retroceso del poder central en Cataluña (2017, 21 de octubre). El País. Disponible aquí: https://politica.elpais.com/politica/2017/10/20/actualidad/1508522810_385772.html

[22]  Arteta, Mikel (2017). Construcción nacional en Valencia. Barcelona: Biblok

[23] Retrato lingüístico de Catalunya en cinco gráficos interactivos (2015, 20 de abril). La Vanguardia. Disponible aquí: http://www.lavanguardia.com/vangdata/20150420/54430743206/retrato-linguistico-de-catalunya-en-cinco-graficos-interactivos.html

[24] El TC avala la mayor parte del Estatut pero recorta 14 artículos. (2010, 28 de junio). La Vanguardia. Disponible aquí: http://www.lavanguardia.com/politica/20100628/53954687453/el-tc-avala-la-mayor-parte-del-estatut-pero-recorta-14-articulos.html

[25] Los artículos declarados nulos, uno a uno. (2010, 28 de junio). La Vanguardia. Disponible aquí: http://www.lavanguardia.com/politica/20100628/53954711269/los-articulos-declarados-nulos-uno-a-uno.html

[26] Pujol dice que el mestizaje sería ‘el final de Cataluña’. (2004, 23 de agosto). El Mundo. Disponible aquí: http://www.elmundo.es/elmundo/2004/08/23/espana/1093277909.html

[27] La UE sitúa a Cataluña como una de las regiones más corruptas de toda Europa. (2013, 9 de diciembre). Libre Mercado. Disponible aquí: https://www.libremercado.com/2013-09-12/la-ue-situa-a-cataluna-como-una-de-las-regiones-mas-corruptas-de-toda-europa-1276499234/

[28] Estaban un catalán, una madrileña y un andaluz y… llegó una terrible y sombría crisis. (2017, 10 de noviembre). Agenda Pública. Disponible aquí: http://agendapublica.elperiodico.com/estaban-catalan-una-madrilena-andaluz-yllego-una-terrible-sombria-crisis/

[29] Historiadores y expertos critican el maniqueísmo de un congreso envenenado. (2013, 11 de diciembre). El País. Disponible aquí: https://politica.elpais.com/politica/2013/12/11/actualidad/1386793932_804588.html

[30] ‘Three Myths About Catalonia’s Independence Movement’. (2017, 27 de septembre). Social Europe. Disponible aquí: https://www.socialeurope.eu/three-myths-catalonias-independence-movement

[31] Enlace aquí: https://www.dolcacatalunya.com/2017/01/santi-vidal-video-completo-la-trama-golpista/

[32] Disponible aquí: https://www.ecestaticos.com/file/e0642990bfba244937f55f57c3d2f5d7/1507570957-documentook.pdf. Ver también: ‘La hoja de ruta del Gobierno de la independencia catalana’: “Generar conflicto y desconexión forzosa”. (2017, 12 de octubre). El País. Disponible aquí: https://politica.elpais.com/politica/2017/10/09/actualidad/1507569660_552707.html

[33] El Constitucional anula definitivamente la ley del referéndum del 1 de octubre. (2017, 17 de octubre). Público. Disponible aquí: http://www.publico.es/politica/constitucional-anula-definitivamente-ley-referendum-1-octubre.html

 

[34] Los audios de la Guardia Civil en Barcelona: “Hay un pelotón atrapado, barajamos entrar con helicóptero”. (2017, 21 de septiembre). El Español. Disponible aquí:  https://www.elespanol.com/reportajes/20170921/248475693_0.html

[35] Preston, Peter. ‘Violence in Catalonia needed closer scrutiny in age of fake news’. (2017, 8 de octubre). The Guardian. Disponible aquí: https://www.theguardian.com/world/2017/oct/08/catalonia-demo-injuries-fact-checking?CMP=share_btn_fb. Ver también: ‘There’s fake news in Catalonia too’. (2017, 2 de octubre). El País. Disponible aquí: https://elpais.com/elpais/2017/10/02/inenglish/1506943013_999238.html

[36] La Fiscalía no cree al antiguo Govern: busca saber cuántos heridos hubo de verdad el 1-O. (2018, 11 de febrero). El Confidencial. Disponible aquí: https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2018-02-11/fiscalia-general-cargas-referendum-1-o-heridos_1518718/

[37] “Contamos como agresiones hasta las ansiedades por ver las cargas por televisión”. (2017, 9 de octubre). El Mundo. Disponible aquí: http://www.elmundo.es/cronica/2017/10/08/59d9237646163f58078b45c2.html

[38] “La mujer que dijo que le habían roto los dedos uno a uno admite que solo tiene una capsulitis en uno”. (2017, 3 de octubre). La Voz de Galicia. Disponible aquí: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2017/10/03/mujer-dijo-habian-roto-dedos-admite-solo-capsulitis/00031507019838965468366.htm

[39] Preston, Peter. ‘Catalonia’s dreams of secession were incubated in a media cocoon’. (2017, 15 de octubre). The Guardian. Disponible aquí: https://www.theguardian.com/world/2017/oct/15/catalan-secession-incubated-media-cocoon?CMP=share_btn_fb; Ver también: ‘Catalan TV Network Reflects Separatist Fervor’ (2014, 8 de enero). The Wall Street Journal. Disponible aquí: https://www.wsj.com/articles/catalan-tv-network-reflects-separatist-fervor-1388615902. Ver también este vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=1kZgvtHn4Ls

[40] El Constitucional anula la Declaración Unilateral de Independencia. (2017, 8 de noviembre). El Independiente. Disponible aquí: https://www.elindependiente.com/politica/2017/11/08/constitucional-anula-la-declaracion-unilateral-independencia/?utm_campaign=not&utm_source=not_web&utm_medium=navegador

[41] El Govern tenía listos 41 decretos para invadir todas las competencias del Estado tras la DUI. (2017, 10 de noviembre). El Confidencial. Disponible aquí: https://www.elconfidencial.com/espana/2017-11-10/independencia-cataluna-govern-decretos-invador-competencias-estado-declaracion-unilateral_1475351/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=BotoneraWeb

[42] Demasiadas armas para los mossos. (2017, 7 de octubre). ABC. Disponible aquí: http://www.abc.es/opinion/abci-demasiadas-armas-para-mossos-201710070443_noticia.html#ns_campaign=rrss-inducido&ns_mchannel=abc-es&ns_source=fb&ns_linkname=noticia.generica&ns_fee=0

[43] Sindicatos de Policía y Guardia Civil denuncian la “exclusión dolosa” de ambos cuerpos en la investigación. (2017, 28 de agosto). Europa Press. Disponible aquí: http://www.europapress.es/nacional/noticia-sindicatos-policia-guardia-civil-denuncian-aislamiento-fcse-gestion-atentado-20170822150811.html. Sombras y errores de la investigación de los atentados de Barcelona y Cambrils. (2017, 31 de agosto). El Mundo. Disponible aquí: http://www.elmundo.es/cataluna/2017/08/25/599f2c56e5fdeab0598b4641.html

[44] Mossos de paisano alertaron el 1-O a los colegios electorales de los movimientos de la Policía. (2017, 1 de noviembre). Disponible aquí: https://www.elespanol.com/espana/20171031/258475158_0.html

[45] La fuga de los mossos: 50 piden la pasarela para irse a la Policía Nacional. (2017, 15 de octubre). El Mundo. Disponible aquí: http://www.elmundo.es/cronica/2017/10/15/59e25070468aebe26a8b45ee.html

[46] ‘Los Mossos intentaron quemar pruebas de los seguimientos a políticos del PP’ (2017, 13 de diciembre). El Confidencial. Disponible aquí: https://www.elconfidencial.com/espana/2017-12-13/los-mossos-trataron-de-quemar-pruebas-de-seguimientos-a-politicos-del-pp_1491714/

[47] Los separatistas pensaban confiar la defensa de Cataluña a otro país por 10 años. (2017, 9 de noviembre). El Mundo. Disponible aquí: http://www.elmundo.es/cataluna/2017/11/09/5a037299ca47417c1d8b4586.html

[48] El Govern planeaba un ‘ejército’ de 22.000 efectivos para un escenario a la ucraniana. (2017, 14 de noviembre). El Confidencial. Disponible aquí: https://www.elconfidencial.com/espana/2017-11-13/independencia-cataluna-govern-planeo-ejercito-22000mossos-escenario-ucrania_1476976/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=BotoneraWeb

[49] “Tendremos que elegir entre traición o exilio”. (2017, 30 de septiembre). El País. Disponible aquí: https://politica.elpais.com/politica/2017/09/29/actualidad/1506714864_898692.html

[50] El Gobierno aplica el artículo 155 para destituir a Puigdemont y sus consejeros. (2017, 21 de octubre). El País. Disponible aquí: https://politica.elpais.com/politica/2017/10/21/actualidad/1508572466_221699.html

[51] El Senado aprueba aplicar el artículo 155 en Cataluña. (2017, 27 de octubre). El Mundo. Disponible aquí: https://politica.elpais.com/politica/2017/10/27/actualidad/1509105725_777595.html

[52] Amnistía Internacional rechaza que haya presos de conciencia en el ‘procés’. (2017, 9 de noviembre). El País. Disponible aquí: https://politica.elpais.com/politica/2017/11/08/actualidad/1510172503_706690.html

[53] Escrache para recibir a los guardias civiles recién llegados al camping de L’Escala. (2017, 25 de octubre). El País. Disponible aquí:  https://politica.elpais.com/politica/2017/10/25/actualidad/1508963999_995148.html. Son varios los vídeos de la Guardia Civil huyendo de la gente, que muchas veces les lanzaba piedras: https://www.youtube.com/watch?v=nSlwrSpWkMY, o https://www.youtube.com/watch?v=LZutABtJYqQ; Interior difunde imágenes de la agresión a los Policías. (2017, 1 de octubre). Europa Press. Disponible aquí: https://www.youtube.com/watch?v=DyE0DtVd4Q8

[54] Cuadrados ante independentistas catando el himno, en este vídeo vemos a quiénes debían lealtad en aquellos día: https://www.youtube.com/watch?v=r3Bg9QiG7L8

[55] El fiscal justifica el delito de rebelión contra Puigdemont: “No es necesaria la violencia física”. (2017, 31 de octubre). El Español. Disponible aquí: https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20171030/258225189_0.html

[56] El Gobierno mandó señales al fiscal general para evitar la prisión de los exconsellers. (2017, 5 de noviembre). eldiario.es. Disponible aquí: http://www.eldiario.es/politica/Gobierno-senales-Fiscal-General-evitar-prision-exconsellers_0_704130013.html

[57] El Gobierno recibiría con “agrado” que Puigdemont se presentara a las elecciones del 21 de diciembre. (2017, 28 de octubre). El Mundo. Disponible aquí: http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/28/59f4b83046163f2b0e8b4623.html; La juez envía a prisión a Oriol Junqueras y a ocho ex consejeros catalanes por rebelión. (2017, 2 de noviembre). El Mundo. Disponible aquí: http://www.elmundo.es/espana/2017/11/02/59faf12f268e3e1e398b457b.html

[58] Forcadell acata la legalidad y evita la prisión incondicional. (2017, 10 de noviembre). El País. Disponible aquí: https://politica.elpais.com/politica/2017/11/09/actualidad/1510237324_947716.html

[59] ‘Reported Without borders demands respect for the free exercise of journalism in Catalonia’: https://rsf.org/sites/default/files/bilan_catalogne_en.pdf (en español: https://www.fronterad.com/wp-content/uploads/img/nro389/informe-rsf-cataluna.pdf ).

[60] Franco ha muerto. (2017, 12 de noviembre). El País. Disponible aquí: https://elpais.com/elpais/2017/11/09/opinion/1510248473_790018.html

[61] El fantasma de Franco, ese oscuro objeto de deseo. (2017, 29 de octubre). El Mundo. Disponible aquí: http://www.elmundo.es/espana/2017/10/29/59f4e0ffca4741dd2c8b45a2.html; Francoland: ¿de verdad la democracia española ha retrocedido a los años 70? (2017, 8 de noviembre). El País. Disponible aquí: https://politica.elpais.com/politica/2017/10/26/actualidad/1509028697_915659.html?id_externo_rsoc=FB_CC

[62] La Generalitat compra a 362 medios privados de comunicación con 12,7€ millones en 2016. (2017, 8 de abril). Blog Dolça Catalunya. Disponible aquí: https://www.dolcacatalunya.com/2017/04/brutal-la-generalitat-compra-362-medios-privados-comunicacion-127e-millones-2016/; 12 horas ingiriendo prensa catalana subvencionada: «España no es una democracia». (2017, 25 de octubre). El Español. Disponible aquí: https://www.elespanol.com/espana/politica/20171024/256725403_0.html; Así son la ANC y Òmnium: grandes soberanistas, opacas y con subvenciones. (2017, 15 de julio). El Confidencial. Disponible aquí:  https://www.elconfidencial.com/espana/2017-07-15/omnium-cultural-asamblea-nacional-catalana-entidades-independentistas_1414974/

[63] Los apoyos al soberanismo de Assange y Yoko Ono no fueron “espontáneos”, según el fiscal. (2017, 31 de octubre). El Mundo. Disponible aquí: http://www.elmundo.es/espana/2017/10/31/59f79b6be2704ed61c8b456f.html; El Gobierno sospecha que Puigdemont pagó a Assange a través de Òmnium y la ANC. (2017, 15 de noviembre). El Español. Disponible aquí: https://www.elespanol.com/espana/politica/20171114/261974867_0.html 

[64] TV3 se supera: humilla a los manifestantes, pasa del 155 y habla de guerra. (2017, 29 de octubre). Es Diario. Disponible aquí: https://www.esdiario.com/137488154/TV-se-supera-humilla-a-los-manifestantes-pasa-del-155-y-apoya-a-los-golpistas.html

[65] La Fiscalía investiga a Catalunya Ràdio y TV3 por desobediencia y prevaricación. (2017, 26 de septiembre). El Economista. Disponible aquí: http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8631628/09/17/La-Fiscalia-investiga-a-Catalunya-Rdio-y-TV3-por-desobediencia-y-prevaricacion.html

[66] El canal infantil de TV3 explica a los niños el 1-O criticando a la ‘policía española’ e idolatrando a los Mossos. (2017, 4 de octubre). El Mundo. Disponible aquí: http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/04/59d4c90d468aeb12108b4651.html

[67] ‘Catalonia’s dreams of secession were incubated in a media cocoon’. (2017, 15 de octubre). The Guardian. Disponible aquí: https://www.theguardian.com/world/2017/oct/15/catalan-secession-incubated-media-cocoon?CMP=share_btn_fb.; ‘Catalan TV Network Reflects Separatist Fervor’. (2017, 8 de octubre). The Wall Street Journal. Disponible aquí: https://www.wsj.com/articles/catalan-tv-network-reflects-separatist-fervor-1388615902 

[68] El CAC investigará el programa de Catalunya Ràdio donde se alertó de los movimientos de la Guardia Civil (2017, 25 de septiembre). El Mundo. Disponible aquí: http://www.elmundo.es/cataluna/2017/09/25/59c9357ce2704e8c478b4608.html

[69] ‘In defense of the freedom of expression of professors in Catalonia’. Disponible aquí: http://docdro.id/PbErVxk

[70] Estudiantes contra la independencia: “Se pasan el día llamándonos fascistas”. (2017, 10 de noviembre). El Confidencial. Disponible aquí: https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2017-11-10/independencia-cataluna-quien-son-fascistas-uab-universidad-autonoma-barcelona_1475347/

[71] Estudiantes contra la independencia: “Se pasan el día llamándonos fascistas”. (2017, 10 de noviembre). El Confidencial. Disponible aquí: https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2017-11-10/independencia-cataluna-quien-son-fascistas-uab-universidad-autonoma-barcelona_1475347/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=BotoneraWeb

[72] Tiros en la frente y bombas en el coche: amenazas contra diputados del PP y CS. (2017, 7 de septiembre). El Español. Disponible aquí: https://www.elespanol.com/reportajes/20170907/244976371_0.html; Amenazas de muerte a Rivera y Arrimadas en una pintada en una calle de Girona. (2017, 6 de octubre). El Confidencial. Disponible aquí: https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2017-10-06/independencia-cataluna-rivera-arrimadas-amenazas-muerte_1456743/

[73] Los independentistas irrumpen en un mitin de Cs: “No sois de aquí. Marchad a vuestra casa” (2017, 4 de noviembre). El Mundo. Disponible aquí: http://www.elmundo.es/cataluna/2017/11/04/59fdb841268e3e35658b45e8.html

[74] Los diputados de Cs salen del Parlament al grito de “fascistas” y “botiflers”. (2018, 30 de enero). El Confidencial. Disponible aquí: https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2018-01-30/investidura-puigdemont-manifestantes-fuerzan-puertas-parlament_1514205/

[75] ACM y AMI promueven mociones locales para declarar a Millo persona non grata. (2017, 4 de octubre). eldiario.es. Disponible aquí: http://www.eldiario.es/politica/ACM-AMI-promueven-mociones-Millo_0_693631589.html

[76] Llavaneres declara ‘persona non grata’ a la jefa de la oposición en Cataluña. (2017, 26 de octubre). El Mundo. Disponible aquí: http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/26/59f21f55468aeb04108b4585.html

[77] “Soy inspector de Barcelona y sí, se adoctrina en los colegios”. (2017, 17 de octubre). El Mundo. Disponible aquí: http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/16/59e3ae1a46163f94488b4640.html

[78] “Adoctrinamiento  ideológico partidista en los libros de texto de Cataluña, de la materia ‘Conocimiento del medio’ (Geografía  e Historia, Ciencias  Sociales) de  5º y 6º de Primaria, del curso 2016/2017”. Disponible aquí: http://www.ames-fps.com/adoctrinamiento_libros_sociales_5y6primaria_cataluna.pdf. Ver también:  Así se adoctrina a los alumnos de la ESO en los libros de texto de Cataluña. (2017, 15 de diciembre). El Mundo. Disponible aquí: http://www.elmundo.es/cataluna/2017/12/15/5a33e44046163fb21f8b4664.html

[79] Un instituto se salta a los padres de menores ante la convocatoria de una huelga “contra la represión franquista”. (2017, 24 de octubre). El Mundo. Disponible aquí: http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/24/59ef19ace5fdea2c368b459a.html

[80] “Estarás contento con lo que ha hecho tu padre”. (2017, 4 de octubre). El País. Disponible aquí: https://elpais.com/ccaa/2017/10/03/catalunya/1507046381_457165.html

[81] Profesoras de Barcelona dicen a los niños que “España roba a Cataluña” y que “los que hablan castellano son barriobajeros”. (2017, 27 de octubre). El Mundo. Disponible aquí: http://www.elmundo.es/espana/2017/10/27/59f2f923ca474159308b457b.html; Educación envía un tercer requerimiento a Cataluña por 30 nuevos casos de adoctrinamiento al alumnado. (2017, 27 de octubre). El Economista. Disponible aquí: http://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/8705405/10/17/1O-Educacion-envia-un-tercer-requerimiento-a-Cataluna-por-30-nuevos-casos-de-adoctrinamiento-al-alumnado.html

[82] ‘Déficits de calidad democrática en Cataluña: la vulneración de los derechos fundamentales (2015-2017)’. Informe de Sociedad Civil Catalana. Disponible aquí: https://societatcivilcatalana.cat/sites/default/files/docs/Informe-Deficits-2017.pdf