A las 7 de la tarde el Parque del Cristo es un bullicio de niños y niñas que corretean entre la arena detrás de una pelota o suben escaleras de colores para dejarse caer por un pequeño tobogán. Situado en el centro de Valdemoro, una localidad del sur de Madrid, este espacio recoge una estampa típica de una tarde en una semana primaveral al azar. Los menores juegan a ser más pequeños aún mientras sus padres observan a sus hijos desde cualquiera de los muchos bancos se reparten alrededor de la zona de juegos.
Imane no se llama Imane. Ha pedido que se oculte su verdadera identidad para evitar que su familia sea identificada en este reportaje. Es madre de dos niños, de 10 y de 6 años, y espera junto a su marido a un tercero que llegará dentro de un mes. La suya es la misma historia que la de muchos marroquíes que decidieron venir a España en busca de una vida más segura. Y durante un tiempo lo consiguieron. Desde 1997 trabajó en numerosos oficios. “Estuve cuidando niños o en una fábrica de marcos”, explica. Sin embargo, desde hace seis años se encuentra en paro, al igual que su marido, que conservó su empleo hasta hace dos años y medio. “Ojalá las cosas cambien”, afirma, “nunca hemos necesitado ayuda y ahora cualquier cosa nos vale, aunque sea por poco dinero”.
Como ellos, hay 1.800.000 hogares en España que tienen a todos sus miembros en paro, según mostraba la Encuesta de Población Activa publicada en junio. Una realidad que se agrava en el colectivo de inmigrantes, casi un 40% no tiene trabajo, una proporción mucho mayor que la de la población española.
Estos datos hacen que, irremediablemente, la pobreza infantil sea mayor en las familias de origen extranjero. Uno de cada dos menores de este colectivo vive por debajo del umbral de la pobreza (un 45,5%). No obstante, Imane afronta el futuro con optimismo y sin arrugarse. Tiene la esperanza de que su marido, con más experiencia laboral que ella, encuentre un empleo pronto.
Su familia proviene de Oujda, una ciudad de medio millón de habitantes que se encuentra al este de Marruecos, a escasos 15 kilómetros de la frontera con Argelia. Desde que se acabó la ayuda de los 400 euros sobreviven con una renta mínima de 212, insuficientes para pagar los 260 euros de hipoteca, sin contar con los gastos de agua, luz y comunidad. Para cuadrar las cuentas se utilizan ahorros del pasado y acuden a ayuda externa. “En la Casa de Acogida de Cáritas nos dan ropa y comida, aunque sólo durante dos meses”. Imane también asegura que los servicios sociales del municipio aportan a familias como la suya 30 euros al mes.
Un velo verde claro oculta su pelo, pero no tapa la extensa sonrisa que se abre cuando habla de sus hijos. “A los dos les gusta el fútbol. El mayor es del Madrid, le encanta Cristiano Ronaldo, a veces se peina igual que él pero yo no le dejo. El pequeño es del Barcelona y es fan de Messi, así que a veces discuten”. Cursan tercero y primero de primaria e Imane está contenta con sus resultados. No obstante, se queja del precio del material escolar. “Una amiga me dejó los libros del primer trimestre. En el segundo hemos conseguido una beca de 111 euros, pero es muy poco, así que el colegio nos ha ayudado”.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) calculó en agosto que las familias que llevasen a sus niños y niñas a centros públicos, como en el caso de Imane, iban a tener que asumir durante este curso un gasto de 1.268 euros en libros, material escolar, transporte o comedores entre otras.
Imane se plantea otras salidas si su situación no encuentra una solución a medio plazo. “No nos planteamos volver a Marruecos porque sería empezar de cero. Pero ir a Francia sí, porque sabemos el idioma y tenemos familia en París”. No es descabellado. De hecho, la Encuesta de Migraciones de junio muestra que la población extranjera se redujo un 2,3% con la pérdida de 117.918 personas. En concreto, 14.686 era de origen marroquí.
“Yo quiero que mis hijos sean doctores, enfermeros o profesores”. Imane tiene la ilusión de que sus niños tengan un trabajo fijo, como cualquier madre. Rompe en una carcajada cuando es preguntada por los deseos de ellos. “El mayor quiere ser policía, como su padre cuando trabajaba en Marruecos”.
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Año 2007. España todavía seguía confiando en las bondades de la construcción como principal sustento económico del país. La quiebra de Lehman Brothers en Estados Unidos y el posterior colapso financiero eran aún noticias lejanas. Hablar de crisis era algo impensable, ni siquiera sabíamos qué era eso de la prima de riesgo. Sin embargo, la tasa de pobreza infantil en el país ya era del 23,6%.
Imane, José, Pastora… y tantos otros ciudadanos sin relieve no imaginaban lo que se les venía encima. Tampoco las ONG y los voluntarios del tercer sector podían vislumbrar la inmensa carga de trabajo que vendría encima.
Desde el comienzo de la crisis, en España hay 205.000 niños nuevos en situación de riesgo de pobreza, según el informe de UNICEF La infancia en España 2012-2013. El impacto de la crisis en los niños. En total, más de 2.200.000, uno de cada cuatro menores de 16 años. Según esta organización internacional, el porcentaje de españoles menores de 18 años que vive en situación de pobreza alta o severa creció en 4 puntos desde 2008, hasta llegar al 13,7%. Además, Eurostat, señala que la pobreza crónica en la infancia (en riesgo de pobreza en 3 de los últimos 4 años) creció en casi 6 puntos porcentuales desde 2007 hasta 2010, al llegar al 16,7%.
Los datos de pobreza infantil que registra España, sin embargo, varían mucho de unas comunidades autónomas a otras, lo que da cuenta de las enormes desigualdades existentes en la población. Según UNICEF, ya en 2008, año del comienzo de la crisis económica en el país, en Andalucía y Extremadura, por ejemplo, contaban con el 39% y el 34% de sus menores en situación de pobreza, y otras comunidades, como Canarias, Castilla-La Mancha y Murcia, superaban también el 30%. En la situación contraria se encontraban Navarra, con una pobreza infantil del 6,8%, o el País Vasco, que tenía un un porcentaje del 9,3%. El valor medio de ese año en el territorio nacional era del 24%, cifra a la que se acercaban comunidades como Madrid, Galicia o la Comunidad Valenciana.
El mercado de trabajo
Aunque es cierto que en la actualidad la tasa de riesgo de pobreza en España es de las más altas de la Unión Europea, este fenómeno se viene repitiendo desde la década de los 90. Incluso en el último periodo de gran expansión económica, de 1994 a 2001, la cifra de menores por debajo del umbral de la pobreza se ha mantenido entre el 20% y el 25%, tal y como recoge el estudio El impacto de la crisis en las familias y en la infancia, elaborado por el Observatorio Social de España (OSE).
Las razones del alto nivel de pobreza infantil habrá que buscarlas en factores más arraigados en la realidad social española, más que en la actual crisis económica, que no hace sino acrecentar las desigualdades existentes antes del estallido de la misma.
Lluis Flaquer, catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona y autor del artículo ‘Pobreza infantil y familias en Europa’, publicado en la revista Educación Social en 2010, establece que las principales razones de este hecho son“la presencia de un considerable sector de economía sumergida, de un elevado porcentaje de trabajo no cualificado, de unos salarios mínimos bajos o inexistentes y de unas altas cotas de temporalidad”.
El OSE y Flaquer coinciden en establecer las desigualdades de género como otra de las causas de la pobreza infantil en España. La relevancia del modelo familiar basado en el hombre como principal proveedor de ingresos, las dificultades de las mujeres para mantenerse en el mercado de trabajo y el aumento de los hogares monoparentales encabezados por mujeres son factores que influyen en gran medida.
La última causa que señalan el sociólogo y el informe del OSE es la incapacidad de las políticas sociales de la Administración española para reducir las tasas de pobreza. Éstas, según el Observatorio, deberían estar dirigidas a compensar a las familias por el coste que supone la educación y mantenimiento de los hijos y a facilitar a los padres trabajadores el cuidado y atención de los menores. No obstante, recalca que “se caracterizan por ser las menos generosas en el contexto europeo”, por lo que su impacto es muy grande.
Como consecuencia de este empobrecimiento paulatino de la población infantil las familias recurren cada vez más a este tipo de auxilios públicos. Tanto es así que, según establece UNICEF en su último informe, las prestaciones por hijo a cargo sin discapacidad de la Seguridad (una ayuda de 291 euros anuales por cada menor) han pasado de ser 760.000 en 2007 a 1.170.952 ayudas para más de 700.000 familias hasta junio de este mismo año.
De los últimos de Europa
En 2010 la Comisión Europea, con la intención de hacer frente a las consecuencias devastadoras de la crisis económica, lanzó la estrategia Europa2020, un plan de crecimiento durante la siguiente década en la Unión Europea.
El quinto objetivo de la campaña pretende reducir al menos en 20 millones las personas en riesgo de pobreza o exclusión social. El propio documento recoge que la Unión Europea cuenta con 80 millones de pobres, de los cuales 19 millones son menores de edad.
La herramienta utilizada para medir la pobreza y la exclusión social es el indicador AROPE (por sus siglas en inglés), que no sólo se basa en la parte de la población que vive por debajo del umbral de la pobreza sino que también tiene en cuenta otros dos aspectos: los hogares con baja intensidad de empleo y la pobreza material.
Los datos aportados por Eurostat indican que un 30% de los menores de 18 años en España se encuentran en esta situación. La media de la Unión Europea es de 27 puntos. Italia, Grecia, Polonia o Lituania poseen unos valores cercanos, mientras que Bulgaria llegan supera el 50%. Noruega es el país con menor porcentaje de menores en riesgo de pobreza y exclusión social, con un 13%.
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La plaza de Ocaña está rodeada por 70 arcos de medio punto. Desde 1981 es Monumento Histórico Artístico Nacional y los habitantes de este municipio del norte de Toledo están orgullosos de ello. Del suelo empedrado parte la principal arteria del pueblo, la Calle Mayor, y, a escasos metros del arco del que nace vive Raquel junto con sus dos hermanas y sus padres.
“Mi asignatura favorita es Matemáticas porque siempre saco ochos. La que no me gusta es cono, porque hay muchas cosas que estudiar y te lías”. Raquel enseña su libro de Conocimiento del Medio: el paleolítico, el neolítico y la edad de hierro. Tiene 10 años y es la mayor de tres hermanas. Ana, de 9, comparte los gustos de su hermana mayor. “Ahora en matesestoy estudiando las medidas: kilómetro, tonelada, litros. También me gusta Lengua”. La más pequeña, Marta, de 5 años, es la única que se muestra tímida y se esconde detrás de su madre, María, cuando se le pregunta por el cole.
José sonríe orgulloso mientras sus hijas demuestran sus conocimientos y bromea: “¡Claro! Os lo sabéis porque estabais haciendo los deberes ahora mismo”. Aunque con nacionalidad española, vivió 40 años en Brasil y volvió en 2005 en busca de trabajo. Durante tres años lo tuvo en el sector de la construcción, pero la burbuja pinchó y sus ingresos se evaporaron. Explica por qué quiere ocultar su nombre verdadero y el de toda su familia: cuando nació la más pequeña de las tres, ya en España, les denegaron la ayuda del “cheque-bebé” porque la madre no tiene la nacionalidad española. “Yo no lo entiendo, el dinero es para el bebé, no para nosotros. Así que escribí muchas quejas por internet con mi nombre”.
Las arrugas de su frente dan cuenta de una larga experiencia laboral a la intemperie. Nada más llegar trabajó en mantenimiento del Metro Norte de Madrid, pero un accidente le dejó cojo. Le despidieron y sin ninguna indemnización. Todavía ahora sigue en litigios legales con la empresa. “Yo sólo quiero que me den una indemnización por aquello”, afirma. “Después del accidente trabajé en una empresa de construcción en San Sebastián de los Reyes y los fines de semana de barrendero. Cuando me vi con dinero decidí darme de alta como autónomo y me vine a vivir a Ocaña. Hacía de todo, desde pequeñas obras a reformas completas, pero a finales de 2009 dejaron de llamarme”, explica.
Habla con un fuerte acento brasileño, con seguridad y sabiduría. Tiene un bigote discreto y unas gafas de montura fina. Cuando quiere destacar algo de lo que está contando se las sube hasta la frente y ahí se quedan, entre sus ojos y el comienzo del pelo. Es una víctima más de la principal causa de la crisis económica española: el hundimiento de la construcción. Este sector sostuvo durante años un milagro económico: se construían más de 700.000 viviendas al año. Desde 2008 se han perdido un millón y medio de empleos directos.
Recuperado de su accidente, José optó por traerse de Brasil a sus dos hijas mayores, fruto de un primer matrimonio. Más tarde llegó María, con quien tuvo a la más pequeña. “2010 fue un año horroroso, crítico. Yo seguía de autónomo por si salía algo, pero nada. El invierno fue muy frío, no teníamos ingresos y dejamos de pagar el alquiler de la casa. Hay cosas que no quiero recordar de ese año”, asegura.
Ahora viven una situación menos desesperada porque María ha encontrado trabajo de empleada del hogar y gana 600 euros. Aún así, deben tener cuidado con sus gastos. “Es cosa de magia, muchas veces no sabemos ni cómo nos apañamos”. “Tenemos que agradecer la ayuda que nos da mucha gente. Por ejemplo un grupo de personas que no conocemos se ofreció a pagar los libros del colegio de la más pequeña. La casera también nos dejó quedarnos en casa mientras no podíamos pagar el alquiler”, dice María. José cuenta otra estrategia de ahorro: “cuando hace frío, ponemos la calefacción y cerramos toda la casa. Cuando está caliente, la apagamos, y así una y otra vez. Tenerla encendida todo el rato es muy caro”.
“Yo no tengo ninguna formación en economía”, aclara José, pero analiza la situación con gran convencimiento. “Yo no provoqué la crisis. No fue Rajoy ni Zapatero. Yo vi una crisis muy grande en Brasil y más o menos veo los mismos errores. España salió de una alegría muy grande de entrar en la Unión Europea y todo el mundo siguió la fiebre de la construcción y el consumismo. Teles nuevas, neveras, hipotecas, etcétera. La gente que trabaja en negro no cotiza y abre un agujero en la Seguridad Social. Utilizan todos los servicios, pero no cotizan. Eso no puede ser”.
Los problemas de salud de José son otra fuente de gastos para la familia. José abre una puerta de un pequeño armario y comienza a sacar cajas de medicamentos para la pierna y la columna. En unos segundos, más de ocho cajas se amontonan en una estrecha mesa que separa la cocina de una pequeña sala de estar. “Tenemos una farmacia en casa”, bromea María. Su marido rebusca en una carpeta y enseña la última factura del medicamento principal de su particular menú. Dos euros con catorce. “Antes de la subida, poreste fármaco no pagaba ni un euro. Ahora entre todos pagaría 15 o 16 euros. Pero no podemos, así que guardo las facturas y cuando tenemos, los compro”.
Marta ya ha perdido la timidez del principio. Corretea entre las habitaciones con una risa nerviosa perseguida por su madre. Raquel se confiesa: “me gusta jugar al balonmano y al hockey”. Ana también descubre sus aficiones: “me gusta mucho la música clásica y cantar”. Su madre, que ya ha enganchado a Marta, se apresura a certificarlo. “Se tira todo el día cantando, a veces tenemos que pedirle que pare. Pero como la pequeña se una, nos dan un concierto en casa”. En un momento, toda la familia rompe a reír.
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“El Estado es responsable subsidiario en cuanto al cuidado y la atención de los niños”, señala Carlos Chana, responsable de Infancia en Dificultad de Cruz Roja, y resalta la importancia de la administración pública en materia de protección a la infancia. Desde que España firmase en 1990 la Convención de Derechos del Niño, untratado de las Naciones Unidas que reconocía a los menores como titulares activos de sus propios derechos, el Estado debe “garantizar en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño”, como recoge el artículo 6 de la propia Convención.
El desarrollo de políticas públicas es entonces vital para la reducción de la pobreza infantil, tal y como afirma Lourdes Gaitán, doctora en Sociología y experta en políticas dedicadas a la infancia: “los niños no tienen ingresos y dependen del dinero que viene de fuera. Por lo tanto, la intervención puede darse de tres maneras: aumentando el nivel económico de los padres, disponiendo un paquete de recursos dirigido directamente a los menores o una combinación de ambas cosas”.
¿Cuál es el problema de España entonces? Gabriel González-Bueno, responsable de políticas de Infancia de UNICEF-España, argumenta que además de las circunstancias actuales, como las elevadas tasas de desempleo, hay que añadir cuestiones históricas, como el hecho de que “el peso de las políticas de infancia haya sido muy bajo”. En la misma dirección, Lourdes Gaitán recurre a la propia concepción de la pobreza que existe en España. “Tendemos a pensar que la pobreza infantil es la que existe en África, y no nos damos cuenta de que aquí también hay. Por eso la sociedad no ha demandado a los diferentes gobiernos políticas efectivas contra la pobreza infantil, y estos gobiernos, que actúan a base de clientelismo, no las han desarrollado”, explica.
Una inversión en familias por debajo de la media
Las posturas de Lourdes Gaitán y de Gabriel González-Bueno se confirman al comprobar los últimos datos sobre el gasto público dirigido hacia las familias aportados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos correspondientes al año 2009. España dedicaba en ese año tan sólo el 1,77% de su PIB en este tipo de ayudas, mientras que la media de los 33 países de la OCDE se situaba en el 2,6%.
Una de estas medidas dedicadas a las familias fue el famoso y controvertido cheque bebé,que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero impulsó en 2007. En concreto, se trataba de una deducción de 2.500 euros por hijo nacido o adoptado desde el 1 de julio de ese año. Sin embargo, tan sólo estuvo en vigor durante tres años y medio, pues fue suprimida desde el 1 de enero de 2011 como un ejemplo de la nueva política de reducción de gasto público que había iniciado el Ejecutivo.
González-Bueno afirma que para UNICEF fue una medida “potente y positiva porque era la única ayuda universal de ayuda a las familias que existía en el país”. No obstante, también indica que su eliminación fue una “decepción. Desde el comienzo de la crisis las ayudas destinadas a los niños y las niñas fueron consideradas prescindibles y sufrieron recortes muy fuertes”, añade.
“Se trataba de una ayuda que por primera vez consideraba al niño ciudadano. En ese tiempo también se daba dinero para comprar vehículos y nadie se cuestionó la ayuda. La sociedad española sí que puso en duda el cheque bebé”, critica Gaitán. El mismo decreto que suprimía esta deducción también redujo la prestación por hijo a cargo de la Seguridad Social para menores de 3 años de 500 a 291 euros, que actualmente se concede a más de un millón de familias.
En 2010 la Convención de Derechos del Niño advirtió al Estado Español sobre las elevadas cifras de pobreza infantil. En las observaciones finales realizadas por la Convención se recomendaba la formulación de políticas públicas concretas para luchar contra estos niveles y la elaboración de “un plan nacional de lucha contra la pobreza infantil que establezca un marco coherente para determinar las acciones prioritarias contra la exclusión de los niños, con objetivos precisos y cuantificables, indicadores claros, plazos y un apoyo económico y financiero suficiente”.
Por su parte, la Comisión Europea remitió el 20 de febrero de este mismo año una serie de recomendaciones dirigidas a sus Estados miembro para reducir el número de menores que viven por debajo del umbral de la pobreza. En un documento titulado Invertir en pobreza: romper el ciclo de las desventajas se hizo una llamada a los países de la Unión Europea a trazar planes concretos para la infancia que estuviesen fundamentados en tres pilares básicos.
En primer lugar, garantizar el acceso de la infancia a unos recursos adecuados, mediante el apoyo de la participación de los padres en el mercado laboral. En segundo, permitir su acceso a unos servicios asequibles y de calidad, a través de la mejora, por ejemplo, de los servicios de educación y sanidad. Y, por último, fomentar la participación de los menores tanto en actividades lúdicas y recreativas como en la toma de decisiones que afecten a sus vidas.
La sección española de la organización internacional Save the Children ha expuesto sus preocupaciones en torno a la infancia y la adolescencia del país y ha elaborado una serie de recomendaciones para que Gobierno de Mariano Rajoy las tenga en cuenta en la actual legislatura.En lo referente a la pobreza infantil, Save the Children ha aconsejado Ejecutivo aumentar las prestaciones a las familias hasta alcanzar al menos la media europea, que sitúa en el 2,3 del PIB, y el desarrollo de un plan nacional específico contra la pobreza de los menores.
El Gobierno mueve ficha
El Ministerio de Sanidad, encabezado por Ana Mato, presentó el pasado mes de abril el nuevo Plan de Infancia y Adolescencia 2013-2016, en el que la reducción de la pobreza infantil tiene un papel relevante.Se trata del segundo de estos planes. El primero fue lanzado por el anterior Ejecutivo socialista entre los años 2006 y 2009, pero por primera vez está dotado de un presupuesto concreto: 5.159 millones de euros. Los agentes sociales que trabajan a diario para disminuir los niveles de esta pobreza valoran su aprobación.
Carlos Chana destaca que con el plan “se reconocen determinados aspectos en relación a las situaciones de los niños y las niñas de nuestro país y responde a una realidad social emergente”. En la misma línea, Gracia Escudero, jefa de prensa de Aldeas Infantiles SOS, celebra que el documento haya dado pie a que los menores de tres años sin familia no pasen a un centro de acogida sino a una familia.
El objetivo número cuatro de dicho plan, dedicado a los menores en situación de riesgo o desprotección, admite que la pobreza infantil es uno de los mayores problemas de la sociedad española. Para combatirla propone el impulso para la intervención a través de mecanismos prácticos en cuyo diseño habrán participado niños adolescentes y actores clave. Para reforzar este compromiso el Ministerio también se ha comprometido a desarrollar el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza Infantil.
Además, la pobreza infantil será uno de los objetivos más importantes del próximo Plan Nacional de Inclusión Social. Gabriel González-Bueno afirma que UNICEF está participando en la elaboración de éste último y resalta que “se trata de una oportunidad porque el Gobierno se ha comprometido a reducir drásticamente los niveles de pobreza infantil en España”.
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Seis minutos en tren separan la Estación de Atocha de la parada de El Pozo, situada en el barrio de El Pozo del Tío Raimundo, en el distrito madrileño de Vallecas. Una distancia corta para dos mundos tan alejados.
En los años 50 era un entramado de chabolas. Más de medio siglo después, el camino que separa la estación del Centro Cívico El Pozo está custodiado por pequeñas casas de no más de dos plantas, acicaladas con ladrillo naranja a modo de paredes. Todo allí tiene que ver con el Padre Llanos. La Calle Padre Llanos, el Centro de Salud Padre Llanos, la Fundación de Amigos del Padre Llanos…Este jesuita, apodado el cura rojo, fue la mecha que prendió de esperanza el barrio, que se levantó para albergar una de las zonas con más intervención social de toda la Comunidad de Madrid.
Una plaza desnuda se abre entre las calles del barrio. En un extremo, una escultura con forma de prisma dedicada al sacerdote fallecido en 1992. En sus caras distintas frases pronunciadas por él mismo. “Entre Dios y los hombres reparto mi amor”, “Soñamos con un mundo unido sin otra soberanía que la del pueblo universal”. Frente al monumento se levanta el Centro Cívico El Pozo, punto de encuentro social, con actividades para todas las edades. En su interior, un patio central adornado con dibujos que muestran fantasías infantiles. En una de las esquinas un grupo de mujeres espera su turno en la peluquería y en la contraria, cuelga una placa que reza Asociación-Colectivo La Calle. Creada en 1987, se define como una ONG “cuyo principal objetivo es la creación, desarrollo y mantenimiento de recursos y programas que faciliten el desarrollo integral y la inserción de menores, jóvenes y otros colectivos con dificultades sociales, en exclusión social o en riesgo de padecerla”.
Beatriz es trabajadora social de la asociación y explica en qué se basa la intervención que realizan con menores en ese centro. “Se trata de un programa de apoyo escolar, con chavales divididos entre los que cursan primaria y secundaria. Cada tarde, tenemos una hora exclusiva de apoyo a sus tareas en el colegio, y otra hora de ocio y tiempo libre. Este programa también se desarrolla en el barrio de Orcasitas, y la asociación interviene también en Ventilla en horario extraescolar de un colegio”.
“Hay varias vías de entrada en el programa. Pueden ser derivados del mismo colegio, de Servicios Sociales o venir por su propia cuenta, pero siempre son del barrio”. Puntualiza que no siempre tienen por qué estar en situación de riesgo de exclusión, pero indica que 13 familias con las que trabajan sí que se encuentran en esta situación. “Utilizamos el ocio para enseñar que hay cosas alternativas a la videoconsola y para evitar, en el caso de los adolescentes, que estén tonteando con el tema de drogas”. De forma paralela, trabajan con las familias de forma interrelacionada. Existen clases de alfabetización y bolsa de empleo para los padres y madres de los menores.
Este programa estaba financiado por la Comunidad de Madrid, pero desde hace dos años han retirado las ayudas. “Las ayudas de la administración se han reducido, las convocatorias que quedan llegan tarde y el dinero también”, explica. Desde entonces, se lleva adelante gracias al programa Cuarto Mundo lanzado por Intervida.
“Nos encontramos con casos de familias cuyos padres llevan mucho tiempo desempleados. También con población muy cronificada en Servicios Sociales, que tienen verdaderos problemas para acceder a un empleo, como no tener títulos básicos o incluso no estar alfabetizados”, asegura. Con la llegada de la crisis, Beatriz afirma que ha cambiado el estereotipo de familias que acuden a la asociación: “a estas familias se añade el perfil de desempleados que han agotado las prestaciones o tienen renta mínima después de haber trabajado muchos años”.
Muy cerca del Pozo del Tío Raimundo, en el barrio de Entrevías, también en Vallecas, se levanta una pequeña iglesia que alberga una gran parroquia. Es San Carlos Borromeo, conocida por su lucha social y su constante atención a los más débiles. En la fachada, un graffiti multicolor con la palabra LIBRERTAD. En su interior, entre carteles que llaman a la huelga, una larga cola de personas de todas las confesiones que esperan para ser atendidos por abogadas que les ayuden en sus problemas particulares.
El párroco, Javier Baeza, habla con serenidad tras una espesa barba más blanca que negra. “Nuestra intervención, nuestra cercanía, es estar junto a aquellas familias que en un momento dado puedan necesitarlo”, explica. La entrevista se realiza en la misma iglesia, desnuda de ornamentación, solo con un Cristo en una de las paredes acompañado de un cartel de Marinaleda, el pueblo andaluz que funciona de forma asamblearia.
“Siempre hemos huido de acciones que pudieran ser asistencialistas o paternalistas, nunca nos gustó dar bolsas de comida o ropa. Pero es verdad que estamos en un momento de necesidades fundamentales y estamos dando ropa y comida porque la gente está muy necesitada a nuestro alrededor”. Además, advierte que “una situación de pobreza, que es sinónimo de carencia y vulnerabilidad, de violencia, indiscutiblemente impregna de miedos, soledad, y agresividad el desarrollo vital de una persona, mucho más en el caso de los menores”.
Cuando la Cruz es Roja
Este momento de necesidades fundamentales del que habla Baeza tiene sus propias estadísticas. Por ejemplo, Cruz Roja-España atendió en 2012 a 2,4 millones de personas, más del doble de las que atendía en los años previos a la crisis. De estos, unas 600.000 personas no tenían ningún tipo de ingresos, y un 20% vivían con menos de 500 euros al mes, según su propio Informe de vulnerabilidad 2011-2012.
Carlos Chana, responsable de Infancia en Dificultad de Cruz Roja, subraya la importancia del tercer sector: “su papel es fundamental, y más en un contexto de crisis económica, en cuanto a la complementariedad institucional, la detección de nuevas necesidades, en hacerlas emerger”. No obstante, resalta que “uno de los miedos con esta crisis conlleve el cuestionamiento del estado del bienestar”.
Gabriel González-Bueno, de UNICEF-España, destaca que el papel del tercer sector es doble. Por un lado, “de intervención directa con las familias y los niños y niñas, pero también de cambio en las políticas, de influencia en la administración pública”. Por su parte el sacerdote Javier Baeza alerta de algunos peligros. Para él la intervención del tercer sector tiene su importancia, es muy sano, pero hay que encontrar el equilibrio entre ese sector verdaderamente solidario y ese sector “sinónimo” de lucro. A veces nos encontramos con muchas seudo ONG que son empresas camufladas”.
Un techo frente a la desprotección
Gracia Escudero trabaja en Aldeas Infantiles SOS, una ONG internacional nacida después de la Segunda Guerra Mundial para dar una familia a niños que habían perdido a sus progenitores. Actualmente intervienen en más de 130 países, entre ellos España. A lo largo de los años la organización ha ido amoldándose a las necesidades de la infancia desprotegida o maltratada, dependiendo del país.
En España tiene la guarda y custodia de menores cuyos padres no se pueden hacer cargo de ellos. “En los últimos años hemos ampliado nuestra labor de prevención. Impedir que los niños lleguen a una aldea. En esa labor nos estamos dando cuenta que las familias tienen graves problemas económicos para, por ejemplo, comprar ropa o comida, o los libros para el colegio”. Con la llegada de la crisis, los trabajadores de Aldeas Infantiles han detectado necesidades importantes en los menores en prevención. “Por ejemplo, cuando llegaban a clases de apoyo escolar hemos notado que algunos de ellos tenían hambre”, admite.
Con el nuevo Plan de Infancia y Adolescencia, los menores de 3 años desprotegidos cambia sustancialmente. La nueva legislación establece que en esas edades los niños y niñas pasen a una familia de acogida en lugar de a un centro, algo que celebran en Aldeas Infantiles: “estamos contentos con el plan, porque es algo en lo que nuestra organización venía trabajando años atrás”.
Veinte años con Cáritas
Las voluntarias de Cáritas en Valdemoro se plantean ampliar un día más la entrega de comida. “Tenemos muchísimas familias, entre 40 y 80, y sólo con los martes no tenemos suficientes”. Toñi, la coordinadora del grupo, dice que más de la mitad de estas familias tienen niños menores de edad. “Casi siempre hemos intervenido al sector inmigrante, pero ahora, aunque siguen siendo mayoría, cada vez hay más españoles que necesitan nuestra ayuda”.
Toñi es una voluntaria incansable. Lleva veinte años en Cáritas. “Me gusta aportar a los demás sin recibir nada a cambio, me da mucha satisfacción”, añade con una sonrisa. “Nos encontramos muchos casos de familias que no llegan ni a los 400 euros mensuales, que no pueden pagar las facturas”.
Una vez más, las cifras dan cuenta de la gravedad de la crisis actual. Da igual en qué nivel cierre la prima de riesgo. Si sube o baja la bolsa. Lo crucial es que Cáritas presta ayuda a más de dos millones de personas, según Rafael del Río, presidente de la Fundación Cáritas para la Cooperación Internacional y presidente de Cáritas Española.
“Visitamos a todas las familias, les pedimos una prueba de sus ingresos y de sus gastos. Nos aseguramos de todo. En principio solo les podemos dar comida y ropa durante dos meses, pero luego revisamos el caso. Hay familias que llevan años”. Toñi explica cómo realizan el proceso de aceptación de las personas para otorgarles la ayuda. “En muchos casos nos preguntan qué hacer cuando les llega una orden de desahucio y nosotros les damos la información que podemos”, afirma.
Aunque es difícil calcular el número de familias con menores que han sido expulsadas de sus casas, UNICEF advierte de que la pérdida del domicilio familiar supone un impacto demoledor. Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), durante 2012 se llevaron a cabo101.034desahucios, de los cuales 43.835 fueron a causa de hipotecas impagadas. En cualquier caso, una cifra muy superior a los años previos a la crisis, donde se rondaban las 25.000 ejecuciones anuales.
“El tercer sector”, concluye la socióloga Lourdes Gaitán, “podía dar pie a una realidad muy sana, que es la expresión de solidaridad ciudadana. Pero también esta expresión se puede dar pagando los impuestos que tenemos que pagar. El Estado nunca puede ser, como pretenden actualmente, subsidiario de las ONG. Los derechos sociales los tiene que garantizar la administración pública”.
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Pastora camina por el Centro Cívico El Pozo, en el El Pozo del Tío Raimundo, con un ejemplar de Eterna, novela del escritor y director de cine Guillermo del Toro. “Antes leía un poco de todo, pero ahora leo muchos libros de miedo. Por ejemplo, me gustan mucho los de Stephen King. Mi hermano y yo venimos aquí a clases de alfabetización que organiza la Asociación-Colectivo La Calle. Yo sé leer, pero se me dan muy mal las matemáticas. Mi hermano ni siquiera sabe leer ni escribir, por eso es difícil que encuentre trabajo”.
El hermano al que se refiere se encuentra en paro y tiene tres hijos, de 12, 11 y 9 años. Su madre se largó hace un tiempo, por lo que Pastora, que también está desempleada, le ayuda en el cuidado de los retoños. En la misma casa viven también sus padres, ya jubilados. Los ingresos mensuales son escasos. Pastora y su hermano cobran la Renta Mínima de Inserción (RMI): 530 euros. Los abuelos, por su parte, arriman el hombro con sus pensiones no contributivas. Sin embargo, las cuentas no salen a final de mes. “Siempre lo pasamos mal. Somos muchos en casa y pagamos mucho por el agua y la luz. La última factura de la electricidad fue de 200 euros”.
Pastora es una mujer grande, decidida, a veces seria. Toda la familia es de etnia gitana, una población muy numerosa en el barrio. Los datos son demoledores cuando se centran en este colectivo. La Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA, en sus siglas en inglés) advirtió el año pasado de que el 90% de los gitanos de la Unión Europea vive por debajo del umbral de la pobreza y puso el acento en España: la crisis “tiene un impacto profundo en la situación de las personas gitanas, como parte de los grupos más desfavorecidos y excluidos, y amenaza con dar al traste con 30 años de avances”.
La familia de Pastora ha vivido siempre a caballo entre México y Madrid. “De pequeños, vivíamos dos años allí y nos volvíamos otro aquí. Luego regresábamos a México, y así siempre. Íbamos a Puebla o al Distrito Federal y luego nos movíamos por la zona vendiendo muchas cosas. Hacíamos dinero y podíamos vivir bien, pero dejamos de ir”. Su hermano trabajó durante mucho tiempo sin contrato en obras y en la venta ambulante. Ella también afirma que de vez en cuando vendía lo que podía. “Otro hermano nuestro murió de golpe y porrazo y dejamos de vender. Estábamos de luto. Pero ya no podemos seguir así, no es forma de vivir. Mi hermano lleva un tiempo buscando trabajo, pero no sale nada. Es muy difícil”, se lamenta.
Los niños acuden por las tardes a clases de apoyo escolar con la misma asociación. Antes el material para el colegio lo conseguían a través de unos cheques que les daba la Consejería, pero ahora los tiene el colegio y, como son beneficiarios de la renta mínima, no lo consiguen gratis, sino que tienen que pagar una parte. “La Seguridad Social nos da 140 euros cada seis meses para comprar ropa. Gracias a cosas así vamos tirando e intentamos que a mis sobrinos no les falte de nada”.
“Les gusta lo mismo que a todos los niños: el fútbol. Yo intento que lean algo, pero no les interesa, se aburren. Ahora el mayor se va a apuntar a un equipo y hay que comprar la equipación. No sé cómo, pero seguro que conseguimos el dinero”, afirma con la primera sonrisa de la conversación. “Ahora les ha dado a los tres por las peonzas. Ya ves, ¡todos los juegos vuelven!”.
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Antonio Suárez-Bustamante Anaya es graduado en Periodismo y Comunicación Audiovisual. Actualmente es becario en la sección de Economía de Europa Press. Este reportaje es una reedición del trabajo de fin de grado que realizó para terminar la carrera universitaria. En Twitter: @antonio_sba
