El informe de la Comisión Ciudadana para la verdad en las residencias de Madrid se hizo público el pasado 15 en marzo de 2024 en el Ateneo de Madrid. La Comisión se constituyó a instancias de dos plataformas de familiares y víctimas de la política sanitaria acordada por la Comunidad de Madrid, para hacer frente a la COVID 19, fundamentalmente en los meses de marzo y abril de 2020. Marea de Residencias y Verdad y Justicia en las Residencias de Madrid, después de haber actuado ante las instancias oficiales, la disolución de la Comisión de investigación de la Comunidad de Madrid y el fracaso de la inmensa mayoría de las querellas y reclamaciones ante los órganos judiciales, tomaron la iniciativa decidieron de constituir esta Comisión ciudadana que se formalizó el 13 de abril de 2023 con la finalidad de investigar las muertes de 7.291 personas fallecidas en las Residencias de Madrid sin recibir atención sanitaria.
Antes de seguir adelante con los detalles del trabajo realizado por la Comisión, plasmado en 146 páginas, me parece oportuno, ante la excepcionalidad de la situación, rememorar en qué circunstancias impactó la declaración de la pandemia sobre un servicio sanitario devaluado por la política de privatización de la Comunidad y por una desatención grave de personas mayores, discapacitadas y vulnerables internadas en las Residencias. Desde mucho antes que la Organización Mundial de la Salud declararse la pandemia se venía denunciando la insuficiente dotación presupuestaria del servicio público de salud y su especial repercusión en las Residencias.
Médicos Sin Fronteras había advertido que las Residencias tenían un déficit estructural de recursos y de supervisión sanitaria y ningún plan de contingencia. Esta combinación hizo inviable que pudieran responder a la epidemia. Carecían de recursos sanitarios y asistenciales, lo que tuvo un impacto directo en la salud de los residentes, cuando recayó en estructuras diseñadas para situaciones sociales (de vivienda) la responsabilidad de un recurso sanitario de urgencia, de vida o muerte. Esto condujo a que la asistencia médica quedara desatendida, a una alta mortalidad y a una merma en la calidad de la atención social. Muchas personas mayores murieron aisladas y solas.
A finales del mes de enero de 2020 y principios del mes de febrero, se comenzó a detectar la transmisión de una enfermedad, bautizada inicialmente como neumonía atípica que al parecer tenía su origen en la ciudad china de Wuhan y había llegado a Europa, principalmente a la Lombardía debido a los numerosos vuelos semanales entre Milán y Wuhan. La Organización Mundial de la Salud (OMS) envió una misión conjunta OMS-China, en la que participan expertos de Alemania, Canadá, Estados Unidos (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Institutos Nacionales de la Salud), Japón, Nigeria, República de Corea, Rusia y Singapur, permanece un tiempo en Pekín y también viaja a Wuhan y a otras dos ciudades.
A la vista de los informes recabados el 11 de marzo de 2020 hace público un comunicado en el que hace pública su preocupación por los alarmantes niveles de propagación de la enfermedad y por su gravedad, y por los niveles también alarmantes de inacción, la OMS determina en su evaluación que la COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia. Para valorar la trascendencia y gravedad de esta declaración conviene recordar que la anterior declaración de pandemia se había producido en el año 1918 con ocasión de la denominada gripe española.
[“El traslado no garantizaba la supervivencia” (Isabel Díaz Ayuso, 19 de febrero de 2024)].
Ante la gravedad de la situación el Gobierno español declara el Estado de alarma por Decreto ley de 14 de marzo de 2020 en el que, al margen de las disposiciones de carácter general se establecía que las administraciones públicas autonómicas y locales mantendrán la gestión, dentro de su ámbito de competencia, de los correspondientes servicios sanitarios, asegurando en todo momento su adecuado funcionamiento.
El informe que, como ya hemos dicho, consta de 146 páginas y va precedido de un índice en el que se detallan los diferentes aspectos que se han valorado para establecer las conclusiones. La comisión funcionó con ciertas similitudes con un tribunal de justicia y tomó declaración a testigos y peritos los documentos científicos, nacionales e internacionales que habían abordado el tema.
Las sesiones comenzaron el viernes 15 de septiembre de 2023 y en una primera comparecencia declararon dieciséis personas de las cuales dos eran residentes, siete eran familiares y otros siete trabajadores de los centros geriátricos. El sábado 16 de septiembre continuó la segunda jornada, en la que se abordaron los aspectos más relevantes de la gestión de la pandemia en las residencias. Comparecieron el consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid de Madrid en las primeras semanas de la crisis sanitaria, el entonces alcalde de Leganés y el diputado autonómico que presidió la efímera Comisión de investigación de la Asamblea de Madrid. También declararon la responsable del excelente informe de Amnistía Internacional, una representante de Médicos Sin Fronteras, implicada directamente en la respuesta a la pandemia las residencias de Madrid, y dos facultativos.
Habían sido citados numerosos geriatras, funcionarios de la Dirección General de la Salud Pública, los más altos representantes de la Comunidad de Madrid, entre ellos Isabel Díaz Ayuso, Enrique Ruiz Escudero y Enrique López, que tuvieron un papel protagonista y decisivo en la toma de posiciones. Los geriatras no comparecieron, en mi opinión por temor a represalias y problemas profesionales. Como es lógico, nunca pensamos que la presidenta de la Comunidad y los consejeros fuesen a comparecer, pero había que abrir las posibilidades de información de todas las partes implicadas en lo acontecido.
Nunca hemos discutido que la situación era excepcional y que cogió a todas las instituciones desprevenidas, sin capacidad suficiente para enfrentarse a las graves consecuencias del contagio masivo. Como ya hemos apuntado, a todo ello se unió una situación previa de las residencias de Madrid. Uno de los familiares, Esther Ortega, manifestó: “todo el maltrato que vivimos con la pandemia no empezó con la pandemia. La pandemia destacó lo que estábamos viviendo día a día, mes a mes los familiares. Nos hemos cansado de hacer reclamaciones a la Comunidad Autónoma de Madrid y a las direcciones de las residencias sin ningún éxito”.
Son numerosos los informes de la Federaciones de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública y de la Asociación Madrileña de Administración Sanitaria, entre otras muchas, que ponían de relieve el gasto sanitario de la Comunidad de Madrid era el más bajo de todas las comunidades autónomas.
Resulta impactante lo manifestado por Pilar Ramos Frutales, presidenta de la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia, cuando declaró ante la Asamblea de Madrid: “nosotros estuvimos reuniéndonos ya antes del Estado de alarma. De hecho, tuvimos alguna reunión con todas las patronales en este caso con sanidad y con servicios sociales y se nos manifestó que la situación que se estaba viviendo era de un estado de guerra y al final teníamos que ser muy conscientes de que la situación de las residencias hoy tenía que ser como una política de guerra”.
Pero lo que sintetiza la política de la Comunidad de Madrid para hacer frente a la situación en las residencias se contiene en las cuatro versiones del protocolo que la prensa ha denominado de la vergüenza. Llevan fecha 18, 20, 24 y 25 de marzo. Todos ellos firmados por Carlos Mur, director general de Coordinación Sociosanitaria. Eran el producto de una reunión celebrada el 13 de marzo para su elaboración. En ellos se indicaba cuál era el protocolo de no derivación hospitalaria donde se establecieron los criterios para escribir o no recomendar el traslado de residentes a hospitales y un protocolo clínico en el que se dan pautas de actuación en las residencias durante el periodo pandémico. Se crea una figura del geriatra de enlace en 22 hospitales públicos, convirtiéndolos en los únicos con capacidad para autorizar una derivación. De esta forma si un familiar o la directora de una residencia tenía la tentación saltarse el sistema y llamar directamente a una ambulancia se encontraron con una negativa. La ambulancia no se presentaba salvo que tuviera autorización expresa del geriatra.
Los criterios de no derivación ante una infección respiratoria solo permitían derivar al hospital a los pacientes que eran independientes para la marcha o sin deterioro cognitivo grave o neurodegenerativo y aquellos en los que no existe comorbilidad asociada en fase avanzada (léase, cánceres terminales), deterioro funcional grave. En la página 71 de informe se pueden encontrar con más detalle los criterios de los protocolos y que cada uno juzgue por si mismo.
Conclusiones: En los meses de marzo y abril de 2020 se produjo una sobremortalidad en las residencias que pudo y debió haberse evitado. La mortalidad en residencias de mayores en la Comunidad de Madrid, durante los meses de marzo y abril de 2020, duplicó la media de otras comunidades autónomas y otros países de la Unión Europea. La cifra de fallecidos en residencias se multiplicó por seis en comparación con el mismo periodo de años anteriores, mientras que en los hospitales se multiplicó solo por dos. Estas muertes podían haberse evitado con una prevención y una atención sanitaria adecuada. Esta falta de prevención y de atención fue consecuencia de decisiones políticas y de gestión discriminatorias respecto a la asignación y organización de los recursos sanitarios disponibles.
Los recursos sociales y sanitarios eran insuficientes cuando se declaró la pandemia. Desde entonces la situación no se ha corregido. El modelo de atención a las personas mayores está basado en las residencias, en la institucionalización. La mayor parte de las plazas en residencias, un 88%, son de gestión privada; su mercantilización prioriza el criterio de la rentabilidad por encima del bien de las personas que cuida. Al no existir suficientes medios de control e inspección ni con la formación y actitud adecuada, la prioridad del beneficio campa a sus anchas en perjuicio del tratamiento digno de los residentes. A día de hoy, la estructura y dotación de las residencias continúa siendo deficiente. Las residencias en las que el virus hizo estragos siguen estando igual o peor, según denuncias de residentes, familiares y trabajadores. No hay planes de contingencia frente a emergencias de salud actualizados y ensayados periódicamente. El sistema sanitario público estaba debilitado.
Desde la crisis financiera de 2009 se redujo parte del personal sanitario, empeoraron las condiciones de contratación, la estabilidad, las remuneraciones, los medios de trabajo, y todo ello se tradujo en pérdida de calidad de servicio. El tiempo de espera para recibir atención se duplicó en los últimos diez años. En esos años, el número de personas que recurrían a contratar un seguro sanitario privado aumentó un 50%.
Entre enero y febrero de 2020 la Comunidad de Madrid (su Dirección General de Salud Pública) debió adoptar medidas de prevención y control en las residencias, y no lo hizo. En noviembre y diciembre de 2019 no se activó la vigilancia epidemiológica. En los meses de marzo y abril de 2020 las residencias no contaron con medios de protección adecuados (mascarillas, equipos de protección, etcétera), ni de tratamiento (oxígeno, medicación, personal sanitario, etcétecera). Las bajas laborales de personal en las residencias ocasionaron una sobrecarga de trabajo y pérdida de calidad en la atención, que no se corrigió. El pluriempleo de parte de los trabajadores supuso un aumento de riesgo de contagio en las residencias. Los planes de contingencia, cuando existían, no estaban actualizados ni ensayados. Las residencias no se pudieron sectorizar adecuadamente por las características inapropiadas de las infraestructuras.
La comunicación entre residentes y familiares, así como la información a los familiares, fue inadecuada. La información a familiares sobre las personas residentes fue, en general, incompleta, inapropiada y muchas veces contradictoria, tanto mientras se encontraba con vida, como después de su fallecimiento. En general no se aportó un soporte documental completo: historia clínica con evolución detallada, comprobantes de gestiones y peticiones de derivación realizadas con los 4 hospitales, acuerdos razonados de no derivación con los geriatras de enlace, con el 112, argumentos utilizados, etcétera. El gobierno de la Comunidad de Madrid no medicalizó las residencias en marzo y abril de 2020.
En marzo y abril de 2020, cuando se restringieron las derivaciones de pacientes de las residencias a los hospitales, la Comunidad de Madrid no había dotado a dichas residencias de personal sanitario, medios y organización suficientes para una atención adecuada (equivalente a la hospitalaria), tal y como se le había requerido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El gobierno autonómico tomó la decisión de construir un hospital para enfermos leves y abandonar la protección de la salud de quienes vivían en residencias. Con el personal sanitario que se envió a IFEMA se podían haber medicalizado más de 1.000 camas en residencias. Por su parte, la conocida como Operación Bicho muestra de modo inequívoco y desconcertante la falta de rigor de la Comunidad de Madrid a la hora de plantearse el refuerzo sanitario de las residencias: un encargo sin contrato, a una ‘profesional’ sin experiencia ni estructura sanitaria detrás, que gestiona la asistencia de cuatro ambulancias y 20 profesionales, para las más de 400 residencias. La no medicalización dejó la suerte de los residentes graves a la decisión de ser derivados a los hospitales para ser atendidos.
El gobierno de la Comunidad de Madrid restringió drásticamente las derivaciones de pacientes desde las residencias a los hospitales, utilizando criterios discriminatorios por lugar de residencia, discapacidad física o deterioro cognitivo, así como carecer de seguro privado. Las derivaciones a los hospitales de pacientes que estaban en las residencias, y que previamente se hacían con normalidad, se redujeron drásticamente a partir del 7 de marzo de 2020. Ese día se inició la gestión centralizada de camas hospitalarias en la Consejería de Sanidad. Las derivaciones bajaron de más de 100 diarias a 50, justo en los días en que aumentó exponencialmente la incidencia de la Covid-19. Las ambulancias del SUMMA 112 empezaron a negar los traslados si no había autorización previa del geriatra del hospital. La Comunidad de Madrid elaboró, aprobó, distribuyó y aplicó cuatro protocolos sucesivos (18, 20, 24 y 25 de marzo), que confirmaban al “geriatra de enlace” de los hospitales públicos como la única persona con capacidad para autorizar la derivación de pacientes desde las residencias a los hospitales. En dichos protocolos se establecen los criterios de no derivación, en los que se incluyen la dependencia física, el deterioro cognitivo y la comorbilidad, lo que supuso una discriminación en el derecho a la atención sanitaria y una vulneración del derecho a la vida, que con seguridad aceleró el deterioro de la salud de muchos residentes y su desenlace fatal.
El sufrimiento y la muerte evitable de miles de personas mayores que vivían en residencias fue consecuencia de unas decisiones planificadas y conscientes de discriminación en la atención. La falta de medios apropiados condicionó que, en muchos casos, los cuidados (paliativos) para reducir el nivel de sufrimiento de las personas residentes no se aplicaron, o no se hicieron correctamente: no hubo oxígeno, los cuidados de enfermería y apoyo psicosocial fueron nulos o insuficientes y el entorno íntimo familiar fue excluido. No estamos ante decisiones improvisadas por la situación crítica que había provocado la pandemia, sino ante decisiones perfectamente conscientes, planificadas y mantenidas en el tiempo, a pesar de la elevada mortalidad en las residencias de ancianos que las acompañaba.
Decidir tratamientos como los aplicados en función de agrupamientos comporta una transgresión clínica grave, pues la regla es que únicamente deben indicarse en función de decisiones individualizadas. La enfermedad crónica, la discapacidad, la vejez, fueron criterios que justificaron la decisión de discriminar, de excluir el derecho a la igualdad de trato (art.14 CE), de no tratar una enfermedad que podía llevar a la muerte (como así sucedió en muchos casos), acogiendo la opinión de que la vida (art.15 CE), así como los derechos a la protección de la salud (art.43 C) y a no ser tratados de forma inhumana o degradante (art.15 CE), de los enfermos crónicos, las personas con discapacidad y los ancianos, son secundarios en términos de protección.
Se han vulnerado gravemente derechos fundamentales de las personas residentes y de sus familiares. Hubo una vulneración colectiva e individualizada a las personas residentes de su derecho a la igualdad de trato y a no ser discriminado por circunstancias personales como la edad, la discapacidad, la falta de movilidad o la morbilidad; en realidad por la circunstancia de vivir en una residencia. Ese trato discriminatorio ha impactado directamente sobre el derecho de las personas mayores residentes a la protección de su salud, sobre el derecho a su integridad física y psíquica y sobre su derecho a la vida.
Se ha vulnerado el derecho a la verdad.
No se ha investigado debidamente lo que ocurrió. No se han establecido ni responsabilidades ni reparaciones justas. No se ha completado una investigación de los hechos desde las instituciones políticas. La Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid constituida el 6 de junio de 2020 realizó ocho sesiones y quedó en suspenso por la convocatoria de elecciones anticipadas el 4 de mayo de 2021. Posteriormente, la mayoría del Partido Popular y Vox negó la reapertura de la Comisión. Esta posición ha revelado la nula voluntad de transparencia por parte del gobierno autonómico; una opacidad que se reitera en la negativa constante de las autoridades de dar la información que los familiares le solicitan.
Por su parte, el Ministerio Fiscal no ha realizado una investigación diligente, rigurosa y efectiva, a pesar de los gravísimos hechos acontecidos en las residencias de la Comunidad de Madrid y de la gravedad de los derechos afectados, suponiendo un fallo grave en el sistema de protección de los derechos fundamentales de las personas mayores. Si el Estado no cumple su obligación positiva de actuar de forma diligente en un caso como el de las muertes de las residencias de Madrid, además de vulnerar el derecho a la tutela judicial de las víctimas, les arrebata la posibilidad de una reparación y, en definitiva, reduce la confianza general de la ciudadanía en las instituciones. El desamparo institucional a personas en situación de vulnerabilidad produce daños en todas las direcciones.
Informe de la Comisión Ciudadana por la verdad en las residencias de Madrid, por José Antonio Martín Pallín, presidente de la Comisión, magistrado emérito del Tribunal Supremo; Fernando Flores Giménez, redactor del informe, profesor del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia (IDH) y profesor de Derecho Constitucional en la misma universidad; María Victoria Zunzunegui Pastor, doctora en epidemiología por la Universidad de California, profesora jubilada de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Montreal; Fernando Lamata Cotanda, médico, experto en Gestión y Administración Sanitaria, ha ocupado diversos cargos en el Ministerio de Sanidad, ha sido miembro del Panel de Expertos de la Comisión Europea en políticas sanitarias; Anna Freixas Farré, escritora, profesora jubilada de la Universidad de Córdoba, ha hecho importantes aportaciones sobre el envejecimiento de las mujeres; Cristina Monge Lasierra, socióloga y Politóloga y profesora asociada de Sociología en la Universidad de Zaragoza, y Eduardo Ranz Alonso, abogado y profesor de la Universidad Carlos III, especialista en memoria histórica.
