Los españoles necesitamos huir del sectarismo. Y los valencianos, que lo hemos aprendido por la vía más rápida y cruel que podamos imaginar, necesitábamos desde el martes que el resto del país también lo hiciera rápido. No ha habido suerte. Ha hecho mucho daño el letargo de nuestros conciudadanos y medios de comunicación, que durante días creyeron que éste era un tristísimo problema local (acreedor simplemente de sus muestras de empatía y de su mal llamada solidaridad), agravado por una mala gestión regional. Los españoles no se escandalizaron durante días ante la pasividad del Gobierno central, único que tenía las competencias y los medios para hacer frente a la catástrofe que se empezó a vivir en Valencia bastante antes de las 20:00 del pasado martes, cuando se dio la alarma general: sólo el escándalo público que empezó anteayer forzó a las administraciones, sobre todo a la Administración General del Estado gestionada por el Gobierno central, a poner los medios sobre la mesa. Varias cosas lo explican.
No se trataba de saber si lo había hecho mal el “Gobierno autonómico o el central”. Puede que los míos no lo hagan todo bien y los otros todo mal. Es más, es posible gramaticalmente, pura lógica, pensar que “uno y otro” lo hicieron relativamente bien o que “ni uno ni otro” estuvieron a la altura. Esta tercera opción se impone ahora y, si lo asumiéramos, afinaríamos mucho los análisis y limaríamos la polarización que nos ha traído hasta aquí, a un Estado fallido, o casi fallido, por vacío, desmembrado, inoperante, avergonzado de su propia existencia y sometido a un poder autonómico de oligarcas ensoberbecidos: ese Estado que debemos recuperar (y esto, en buena medida, es recentralizar) y que tan tarde ha aparecido en plena tragedia.
Lo cierto es que tanto el Gobierno central como el autonómico están siendo un desastre. Lo sabe toda la prensa internacional porque hay cosas que no necesitan una gran explicación, pero nuestros analistas a sueldo se empeñan en contarnos una historia que no se sostiene. Vamos a ello. Como en cualquier tragedia podríamos distinguir dos planos: la prevención y la gestión.
Respecto a la primera, hemos tenido que aguantar que varios representantes y periodistas aludan sin inmutarse al cambio climático. Dejando de lado un debate serio (no lo hay) sobre el asunto, pensar que un cambio climático que nadie niega (si acaso hay quien debate su exclusivo origen antropogénico y la posibilidad de revertirlo) es un factor relevante en algún sentido que nos pueda ayudar ahora y que, por tanto, estaba o está en manos de alguna administración actuar a corto o medio plazo para prevenir la inundación de Valencia, es tanto como aceptar que se le eche la culpa de la riada a Dios, la Pachamama o, si lo prefieren, a la ley de la gravedad que arrastró el agua hasta el mar por su debido cauce. Y después supongo que se va uno silbando con la mano en los bolsillos. Sencillamente, miserable.
Siguiendo en ese bando, se ha hablado del desmantelamiento de la UME de Valencia por el Gobierno de Mazón. Se responde que se hizo porque Ximo Puig la creó sin dotación. Brindis al sol. Cabría sobre todo responder que, si los efectivos iban a ser los mismos, mantenerla era duplicar funciones con el Centro de Coordinación de Emergencia (CECOPI) de la Comunidad, compuesto por personal de la Guardia Civil, Protección Civil y de bomberos, que ya estaba al frente de la gestión de la Dana desde la víspera de la tragedia. Pero, sobre todo, porque fueran los que fueran sus integrantes, se trataba de duplicar a la propia UME nacional, con capacidad de respuesta inmediata en cualquier parte de España. Y, por aquí, asoma ya el problema principal: lejos de transitar una dinámica federal (esto es generando la unión a partir de sus partes) nos venimos dedicando a multiplicar ineficazmente todo tipo de instituciones (¡hasta en materia de seguridad!) como si el tamaño de una comunidad autónoma fuese relevante, acaso como un estado norteamericano (donde, por cierto, cuando aparece la policía federal se aparte el resto). En cualquier caso, hasta donde entiendo, nada podría haber hecho aquí una UME valenciana visto el desbordamiento de la UME nacional.
Esto nos puede llevar, apuntando al quicio de ambos bandos, a señalar la construcción en zona inundable y, sobre todo (puesto que hablamos de pueblos ya muy arraigados), a la falta de inversión en infraestructuras realmente necesarias pero costosas (y poco rentables políticamente en comparación con las agencias de colocación o las políticas identitarias, clientelistas, con las que nos desayunamos todos los días) para evitar los riesgos derivados de la geografía de esa zona: hace más de 15 años que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) proyectó actuaciones para prevenir inundaciones en la cuenca del Poyo y el barranco de la Saleta, desviando gran parte del cauce y descongestionando el barranco que desbordó en Paiporta. 221 millones tenían la culpa. Desde entonces, ejecutivos de todos los colores en el Gobierno central y autonómico, abaratando proyectos y realizando informes, sin llegar a ningún puerto.
De ahí pasamos a las críticas al bando contrario, relativas a la supresión de varios azudes durante el Gobierno de Ximo Puig que, al parecer, podrían haber ayudado a la derivación y, por tanto, contención del agua. No sé más, pero merecerá su estudio, a ser posible, partiendo por una vez de un análisis técnico y no ideológico.
Pero vayamos ya a la almendra en cuestión de prevención: la Agencia Estatal de Meteorología previó bastante bien, días antes, que llegarían a caer hasta 300 litros por metro cuadrado en algunos puntos de la Comunidad Valenciana. A partir de aquí la responsabilidad de Mazón y la Generalitat es innegable. Así como Ayuso aplicó en 2023 el sistema de alarma, enviando una alerta sonora a los móviles de los madrileños para prevenir las consecuencias de una Dana, aquí, pese a la alerta roja de la AEMET a las 7:31 del martes, se esperó a enviar una alerta similar a las 20:10, cuando la gente llevaba más de una hora ahogándose en el sur de Valencia con la misma lengua de agua y lodo que, horas antes de avanzar por sucesivos barrancos hasta desbordar en Paiporta, había ya sepultado a tantas personas en Chiva y en Utiel. En suma: la alarma llegó muy tarde, dados los datos disponibles, a Chiva y Utiel; lo de Paiporta y el resto del área metropolitana ya no tiene nombre.
Cierto es que no llovía mucho en la zona del desastre del sur de Valencia, y que la AEMET y delegación de Gobierno previeron levantar la alarma a las 18:00. Sin embargo, como decíamos, el agua sigue su cauce (la gravedad, culpable) hacia las cotas más bajas, razón por la que la Confederación Hidrográfica del Júcar (nacional) alertó ese mismo martes del posible desbordamiento del barranco del Poyo y declaró la emergencia hidrológica (PS: ni en esto se ponen de acuerdo). Consecuentemente, o bien los responsables públicos no se escuchan y no hay ninguna coordinación pese a que ambas administraciones afirman que desde el lunes estaba todo preparado o bien unos y otros tenían miedo a hacer su trabajo: tomar decisiones, como hizo Ayuso en Madrid, y cerrar colegios, llamar al teletrabajo y decirle a la gente que se quede en su casa (eso si no se quiere cerrar todo servicio no esencial por un día al año, como mucho, que suceden estas cosas), asumiendo las críticas de quienes se quejen por las pérdidas económicas y los desajustes provocadas (¡durante un día!) por un hipotético exceso de previsión. (¿Qué hacer con los hijos, por ejemplo? Pues que aquellos que no cuenten con ayuda familiar puedan dejarlos en los centros educativos más cercanos con el personal -mínimo- que pueda acudir sin realizar grandes desplazamientos).
Ahora bien, nadie del Gobierno central (y mucho menos Grande-Marlaska) debería haber apuntado jamás al Gobierno negligente (sin duda y sin matices) de Mazón, por cuanto el Gobierno nacional, en concreto el Ministro del Interior, siempre pudo (y debió, porque según la ley es él quien tiene la competencia de oficio o a instancia de parte) declarar el nivel 3 de la emergencia y asumir el mando. Más sabiendo que esto iba a afectar a varias comunidades autónomas. Y esto vale para el martes a las 7:31 y, sobre todo, para el martes a las 20:10, cuando la situación es ya de guerra y el CECOPI decide (tardísimo) que el Gobierno valenciano tiene que lanzar la alerta a los móviles. Del mismo modo que la Comunidad tuvo que hacerse cargo de una emergencia que corresponde a los municipios en su nivel más básico (porque trascendía con mucho sus capacidades), desde el minuto cero el Gobierno central tuvo que hacerse cargo también de una emergencia que, desde las 15:00 de la tarde, ya era claramente nacional. El propio Gobierno de Sánchez lo valoró el martes por la tarde pero concluyó que “no era necesario”, porque la Generalitat valenciana estaba “actuando correctamente”, no había solicitado declarar el nivel 3 y hacerlo unilateralmente era “como aplicar un [artículo] 155″ de la Constitución, arrebatando a la comunidad autónoma sus competencias.
Juzguen ustedes la situación: mientras TVE emitía a Broncano, en A Punt, la televisión pública valenciana, veíamos (un decir, no tiene audiencia) imágenes que helaban la sangre mientras la presentadora de informativos daba curso a llamadas de emergencia, con gente desesperada clamando ayuda por cualquier medio ante el colapso del 112 (colapso negado por el Gobierno valenciano). Gente subida a muros, árboles, tejados, personas en su casa con el agua al cuello, en las escaleras de su casa cubiertos hasta la cintura, gente avisando de desaparecidos o directamente despidiéndose de los suyos… A las 22.00, incluso a los valencianos que permanecíamos dentro del nuevo cauce del río, calentitos en casa y sin ni siquiera ver lluvia por la ventana, se nos empezó a descomponer el cuerpo. Bastaba abrir el whatsap, o cualquier red social, para empezar a entender el calibre del horror. Eso y un poco de interés, en serio. Sobra con ver las llamadas de auxilio en la cuenta de Twitter de un simple periodista deportivo. Todo canal era bueno para pedir ayuda porque había miles de personas sufriendo en una zona vastísima y con todos los servicios de auxilio colapsados. Bien, al día siguiente, con Sánchez aterrizando desde India, su Gobierno (asediado políticamente por investigaciones a su esposa y a su hermano) se preocupaba por hacerse con el control de TVE antes de ponerse al frente de un drama que, nos dicen, sigue hoy en manos de Mazón. Todo menos asumir la competencia y gestionar, echándose a la espalda las responsabilidades; y para eso, obviamente y como veremos, no hacía falta aplicar el 155.
Y acabamos sin prácticamente mencionar otros aspectos, como la falta de experiencia en estas situaciones, de protocolos, de formación que pudiera haber sido difundida por una u otra administración, lo que llevó a la gente a intentar salvar su coche, cayendo en ratoneras que amenazan con un número de muertos que algunos ya estiman que pasará del millar. Temblamos ante los que puedan encontrar en el parking de Bonaire.
En lo fundamental de la prevención, vengo a decir, ni el Gobierno de la Generalitat ni el de la nación estuvieron a la altura de la catástrofe. Es más, tendrán que responder seriamente por su falta de previsión, su pasividad y su negligencia.
Pero prácticamente nos hemos adentrado ya en lo que atañe a la gestión de la catástrofe. A las 15:21 del mismo martes, la consejera de justicia de la Generalitat reclamó formalmente a la UME en Utiel. De aquí ya deberíamos deducir dos cosas esenciales: por una parte, que la Comunidad Valenciana no tenía los medios suficientes para hacer frente a la catástrofe, que por tanto pasaba de facto a emergencia nacional, al nivel 3 que exige el mando del Gobierno central (por más que el pre-dimitido Mazón no lo declarara) y, por otra parte, que ahí había una cantidad de agua que amenazaba, como alertó la CHJ, con desbordar en poco tiempo a la altura del barranco del Poyo.
Sin embargo, algunos creen que Mazón sigue al frente de iure y de facto. Es mentira. Una mentira que agrava la situación y que les pretende evitar a unos y a otros dar cuenta de sus innumerables negligencias. Desde el mismo martes de la tragedia se formó un “comité de crisis”, presidido por María Jesús Montero hasta que Sánchez se puso al frente al día siguiente, miércoles, para el seguimiento de los efectos de la DANA, especialmente en la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, y en coordinación con el resto de administraciones públicas. Esto no implica asumir la competencia, pero si el Gobierno se pone en primera línea a coordinar a nivel nacional recursos militares, y sabiendo lo que se sabía, ningún miembro del Gobierno central debería poder reprocharle las 48 horas “arrastrándose”, como dicen hoy algunos de ellos según la prensa. Desde el jueves 31, Marlaska se incorporó definitivamente al CECOPI, en Valencia, gestionando de facto junto a Mazón. Por más que se empeñen en repetir que la competencia seguía en manos del segundo, ¿qué hacía ahí Marlaska -el responsable de declarar el nivel 3 de emergencia nacional y asumir así el mando- si no estaban como poco consensuando las decisiones? Por lo demás, huelga decir que cada minuto que perdió Mazón, gestor absolutamente inútil, lo perdieron todos ellos, completamente prescindibles, no menos inútiles. Y me quedo muy corto en las calificaciones por contención.
Y así, desechando cobardemente el liderazgo pero asumiendo como narciso ególatra el papel simbólico que le corresponde al Rey, pretendiendo ser él mismo el Estado y no sólo el líder de un Gobierno, Sánchez nos brindaba ayer mismo a los valencianos (le brindaba a Mazón, que es nuestro inepto Presidente) su particular “pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá”. Dios todopoderoso, y arbitrario si quiere y precisamente porque quiere, ante un Job no tan santo al que ya todos usan de felpudo, en un sálvese quien pueda, por más que le rece a la Virgen.
Sánchez, ayer, quinto día del drama, nos explicaba que él está “para ayudar”. Y, no se lo pierdan, “celebró” que Mazón pasara “de solicitar 500 a 5.000 efectivos militares”. Hoy quieren enviar 15.000 pero el miércoles ya deberían haber estado ahí 20.000 de los 120.000 que hay. Son innumerables los militares retenidos en la provincia de Valencia que querían ayudar desde el primer momento, pero hemos tenido que leer que 30 de ellos acudieron como voluntarios, sin traje de campaña, sin equipo, a barrer como cualquier vecino. Y Margarita Robles viene a decirnos a los valencianos que ella, al frente del Ejército, quería enviarlos desde el minuto uno, a los 120.000 si hiciera falta, pero el todopoderoso Mazón se lo impidió.
En la prensa internacional, como el diario Libération, ya titularon que los muertos eran «evitables« y apuntaban a las administraciones inoperantes. Nadie, fuera, entiende qué hace el Gobierno. El de verdad, el que dispone de medios. Hablamos de una vergüenza nacional que muchos tienen más claro fuera que dentro del país.
Ayer rescataron a una mujer en un coche, pero también a un hombre vivo, flotando varios días en su casa, en shock, sin habla. Háganse una idea. Hablamos de un área de 400.000 habitantes, con el terreno embarrado, a veces hasta medio metro, con cientos de cadáveres que probablemente se encuentren bajo el agua que todavía inunda decenas o cientos de garajes y parkings, y del lodo, con más de 100.000 coches destrozados, cubriendo calles enteras, apilados, impidiendo el acceso a vecinos que quedan desabastecidos, desatendidos, sin agua. Quizás atrapados bajo un mueble pero aún vivos. Niños y ancianos encerrados o sin acceso a suministros. Ni agua, ni luz. Alrededor apenas quedan infraestructuras: trenes de cercanías, metros o carreteras destrozados, puentes que se ha llevado el agua. Estamos ante la peor tragedia de la historia reciente de Europa, salvando las guerras. Y nadie habla todavía de las consecuencias económicas de una provincia arruinada, que ha visto anegarse polígonos enteros, con miles de naves cuya maquinaria ha quedado inservible, cuya infraestructura ha dejado de existir, cuya flota de camiones ha quedado inutilizable y cuya red de transporte hoy está muy dañada. Piden a los clientes que estén tranquilos porque, dicen, enseguida volverán a servirles, en un acto desesperado por no perderlos en favor de otras empresas en Zaragoza, Madrid o Barcelona… y ya no recuperarlos nunca. Tampoco se ha empezado a hablar de todos los trabajadores (incluidos autónomos, limpiadoras que trabajan necesariamente en negro y un gran espectro de trabajadores, más o menos desprotegidos, perfil muy habitual en los pueblos-ciudades del sur de Valencia) que, sin coche, sin metro y sin trenes, no tendrán nada fácil ingresar un euro por sus respectivos trabajos durante semanas o meses. El alcance de las múltiples capas del drama no se atisba en el horizonte. Tras la tragedia, uno escarba y ve más tragedia.
La peor tragedia de la historia, decíamos, y los distintos miembros del Gobierno de España, 6 días después de haber valorado decretar el ‘estado de emergencia nacional’ y tomar así el mando, nos responden sin descaro que hasta hoy no habían llegado a 15.000 militares porque el Presidente de la Generalidad no ha declarado el nivel 3. Eso sí, al mismo tiempo, en perfecta contradicción y sin que nadie se lo pida, Sánchez ofrece ruedas de prensa interminables, a su mayor gloria, se jacta de enviar a 5.000 policías nacionales que nadie sabe si le pidieron y enumera la ristra de recursos que pone a disposición de la Comunidad, sin asumir responsabilidad para gestionarlos en una emergencia nacional que nadie se atreve a calificar jurídicamente como tal.
Según la versión oficial, miserablemente difundida hasta ayer por muchas televisiones y por los principales periódicos, todo lo obstaculiza Mazón. Nadie niega su responsabilidad: llegó a rechazar la ayuda material de efectivos ofrecida desde distintas comunidades autónomas. Por otra parte, como Marlaska rechazó a 200 bomberos ofrecidos por Francia. Al parecer todos creían poder gestionarlo solos y ponerse las medallas.
Y es que, en pleno drama y a punto de conocer una subida espeluznante de cadáveres (han frenado el recuento desde anteayer por la mañana), esto sigue yendo de medallas, de imagen política. Esto es, estamos en una lucha, mal disimulada, entre dos Gobiernos desleales (Mazón declaró una batería de medidas y creó 5 grupos de trabajo que involucraban a ministros sin contar aparentemente con el Gobierno central; el cual tuvo que aceptar porque está jugando a echarle la responsabilidad de todo, pretendiendo que un Presidente autonómico es el último responsable de un Estado en plena crisis, para no tener que dar cuentas de su inacción) que todavía no están concentrados en solucionar de verdad el drama más grande de la historia de este país, poniendo todos los recursos sobre la mesa. Cada intervención viene estudiada al milímetro y, por eso, precedida de coletillas exonerantes: “desde el lunes estaba todo preparado”; “hemos llevado todos los recursos disponibles desde el minuto uno”. Cosas así. Mentiras flagrantes con las que todos ellos no dejan de dispararse al pie porque a nadie engañan. Ayer aún estábamos en 500 militares desplegados tras 5 días de gritos desgarrados de auxilio, mientras miles de voluntarios armados con escobas, jugándose infecciones (ya veremos en qué acaba eso), hacían frente sin medios a un drama que supera incluso a 15.000 militares bien equipados.
Y permítanme un apunte: a esa marea de voluntarios le llaman solidaridad; pues, miren, no es así. La solidaridad está institucionalizada o no es nada. La solidaridad es cuanto todos responden por cada uno. Responder por obligación, no voluntariamente y mientras dure la emoción generada por los medios, mientras no nos alcance a todos la ‘fatiga de la compasión’. La solidaridad es un concepto jurídico ya vigente en el derecho romano. Y si esa red de obligaciones (y derechos) mutuas, que aquí transferimos del derecho privado al público, no la gestiona el Estado, la solidaridad es filfa. Es la caridad, «charity», anglosajona de un Estado mínimo: «yo decido quién es digno de mi compasión pero no el Estado con mis impuestos, no me robe usted». Ciertamente, ha sido muy útil que, frente a la incomprensible y negligente inacción del Estado, tanto a nivel autonómico como central, haya gente que se ha desplazado 8 kilómetros con una garrafa de 8 litros a cuestas para llegar al primer pueblo afectado, o al segundo, y dar agua a conciudadanos y amigos que han permanecido injustificadamente desabastecidos durante días…. Encomiable y de todo punto insuficiente. La solidaridad no son eslóganes emocionantes que me duele impugnar ahora mismo (como aquello de que “sólo el pueblo salva al pueblo”) pero que se adentran en derivas antipolíticas y populistas, y que por eso hoy pretenden ser cooptados por algunas organizaciones poco amigas de la democracia. La solidaridad es erigir un Estado que no permita que el Gobierno de todos los españoles se arrodille ante Cataluña; es poner los recursos de todos los españoles al servicio de quien los necesita. Es, en los próximos meses y años, recibir una ingente transferencia de rentas por una cuestión de justicia y no porque lo exija la oligarquía más rica de España para que un tipo como Sánchez pueda seguir en el poder. Lo demás es lacrimógeno y moralina que oculta el problema: el estado lamentable de nuestro país, de nuestro Estado.
Y, si me permiten, y reduciendo la solidaridad a su dimensión moral, esa que se refiere a los deberes morales (no coercitivos, no jurídicos) que todos tenemos con los demás: ha fallado la solidaridad del resto de España. Si en lugar de quedarse en la emoción, los españoles de más allá de la frontera autonómica valenciana -frontera administrativa, no política- hubieran mostrado su indignación en redes sociales y en todas las instituciones (¡se ha jugado la jornada de Liga!), el Gobierno de Sánchez se hubiera sentido obligado a intervenir el mismo miércoles (tras su negligente prevención junto con Mazón) y habría reducido no poco el sufrimiento de muchos; y mejorado, bastante más, la imagen del país y la confianza de los valencianos en sus instituciones.
Pero vamos al grano: ¿Es verdad que Mazón puede frenar la acción del Gobierno como se empeñan en decirnos La Sexta o El País? No, obviamente. De hecho, cuántos más esfuerzos hacía ayer por la noche Ferreras, en La Sexta, por explicar que el retraso del inoperante Mazón en pedir al ejército era una aberración porque nuestros militares tienen experiencia internacional y son los únicos capaces de realizar todas las labores necesarias para afrontar una crisis que -según él mismo también- escapa a las capacidades de una comunidad, más obvio resultaba que el Gobierno de Sánchez no es menos negligente. Ni uno ni el otro, señores.
Yendo al tema competencial, y sin entrar en pormenores, resultan increíbles las explicaciones que ayer ofrecía El País, confundiendo y mezclando todo. Se confundía obscenamente la legislación valenciana con la nacional. La declaración de «emergencia catastrófica», nuestro nivel 3 autonómico, pondría, según nos explican, a Mazón al frente de la crisis; como no lo habría hecho (ya hemos dicho que tiene que dimitir y responder), quedaría de iure al frente de la crisis la consejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas. (Por suerte no es Nuria Montes -otra que debería haber dimitido ya-, la que esputó, autoritaria y despectiva, que los familiares no se acercaran a comprobar si los cuerpos de sus familiares estaban en la morgue improvisada porque donde mejor podían estar en su casa; y tampoco es, por fortuna, Susana Camarero, la consejera que afirmaba ayer, ante los voluntarios reunidos en el Museo de las Ciencias -hasta 20 autobuses se pasearon por la mañana sin hacer nada y hoy los han frenado para no enturbiar la imagen institucional con el Rey por lo que acertadamente sospechaban que pasaría con Sánchez, pero esto es otra historia de inoperancia y negligencia- que la ayuda no pudo llegar antes porque no había acceso debido al estado de las carreteras (¡!) y porque los ayuntamientos no les llamaban para decir lo que necesitaban al haberse caído las comunicaciones. ¿Por qué no se callan?).
Que Mazón, aunque sí quede de facto al frente (con Sánchez y Marlaska, no se ignore), haya dejado la competencia jurídicamente en manos de Pradas es otro asunto incomprensible que cualquiera pueda juzgar. Esa sí es una decisión que solamente corresponde a Mazón. No obstante, seguiría quedando la competencia en el mismo Gobierno regional. Pero El País, decíamos, confunde interesadamente esto con la declaración (subiendo a nivel 3) de «emergencia de carácter nacional», que según la legislación nacional dejaría el mando único al Gobierno nacional y que la puede declarar tanto el Gobierno de Mazón como el de Sánchez.
Según los artículos 28 y 29 de la ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, corresponderá la «declaración de interés nacional» de la emergencia, el nivel 3, al titular del Ministerio del Interior, «por propia iniciativa o a instancia de las CCAA afectadas o de los delegados del Gobierno en las mismas»; y esto cobra más fuerza por cuanto el fenómeno afectó a varias autonomías, circunstancia que, respondían hace dos días desde el ejecutivo valenciano, habilitaba al Gobierno central para liderar una operativa conjunta. Según un manual del Ministerio del Interior al que alude, defendiéndose, el Gobierno de la Generalitat, con la declaración de ‘catástrofe nacional’ «se considera que está en juego el interés nacional». «El director de la emergencia es el propio ministro del Interior y la UME asume la dirección operativa de la emergencia”. En resumen: el Gobierno central no puede inhibirse y de él depende asumir el mando sin 155 que valga. Y no sólo porque Marlaska es quien declara y no Mazón; es que, además de Mazón, puede instar a Marlaska la delegada de Gobierno, dependiente directamente de Sánchez. Y todo esto no excusa al Gobierno regional para instar a elevar la alarma (más vale tarde que nunca, incluso hoy), con todo el desgaste político que ello suponga (por el reconocimiento implícito de la negligente tardanza), al nivel 3 y dejar hacer.
Y esto por no hablar de los regímenes de excepción, como el de alarma, previsto en el artículo 116 de la Constitución, que son directamente cosa del Gobierno (o de las Cortes): “El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración”. Y se diría que hace falta porque es necesaria legislación ad hoc si militarizas una zona y pones penas ejemplares para los pillajes, si racionas comida fuera de la lógica del mercado, si repartes medicamentos con procedimientos no previstos, si mandas a voluntarios a jugarse el tipo frente a infecciones o riesgos de desprendimiento, si transitan tractores por las carreteras, si retiras coches y los achatas antes del peritaje y frente al riesgo de inhibición de seguros, etc. Es lamentable que quien haya pedido el estado de alarma sea Ione Belarra, tras afearle a Sánchez, precisamente, que se escude en la competencia autonómica para no hacerse cargo de su papel en el Estado. Así está el patio.
En fin, nadie duda de que Mazón ha quedado marcado. Pero cuesta entender por qué no se apunta desde el miércoles a la responsabilidad y perversidad de un Gobierno nacional que no ha dejado de inhibirse y mentir ante un drama humano sin precedentes. Es falsa, según hemos visto, y además políticamente estúpida, la excusa blandida por el Gobierno, apuntando a Mazón y aduciendo que el problema es que la gente no entiende cómo funcionan las competencias. Pero, aunque fuera verdad, yo no lo diría así: la gente no comprende, directamente, que un Estado se desentienda y se escude en un gobierno autonómico y en burocracia en una situación así. La primera función del Estado es garantizar la seguridad de los ciudadanos y si la organización territorial y la distribución de competencias no se subordina a eso, entonces estamos ante un régimen ilegítimo. Es lo que está pasando: la deslegitimación de un Estado casi fallido, que tardó un siglo en aparecer en Cataluña tras el golpe y que hoy tarda un siglo en aparecer aquí, mientras el Gobierno sigue poniendo excusas y mintiendo descaradamente.
Si la gente, por lo demás, no lo comprende quizás sea porque no tiene esa mentalidad federal que se les supone. Miran a su Gobierno y su Gobierno es el que encabeza Sánchez, por más competencias y presupuesto que manejen las autonomías. Y eso viene pasando con todo, incluidos los impuestos: de ahí las acusaciones de dumping a Madrid cuando sólo gestiona su tramo autonómico (que servidor eliminaría). Por algo la Constitución habla de la igualdad entre españoles, lo que resulta incompatible, y así se acaba deduciendo, con la igualdad entre territorios: ni siquiera el cupo y el concierto pueden dar lugar -según el TC- a las desigualdades que de facto conllevan, que los vascos y navarros reciban hasta 2.000 millones de euros del resto de los españoles en lugar de aportar; que al final dispongan del doble de financiación per capita para sus servicios públicos. Porque, como decía, la Constitución, como los españoles, no tiene espíritu federal. Porque España jamás fue la suma de sus partes, sino un Estado que precedió a su débil nacionalización -y aquí está la enseñanza que deberíamos sacar- y cuya dinámica centrífuga, de descentralización y vaciamiento, debe revertirse ya. Mejor sería que dejaran de escudarse en patrañas. Ya les aviso que se quedan cortos con 15.000 militares, por cierto. La tercera ciudad de España se está desangrando por un costado y están ustedes jugando a los políticos. Miserables.
