“El apartheid educativo es ante todo un apartheid cultural, social y político,
de amplísimas y sutiles repercusiones en la vida pública, que dividen a la sociedad
en dos partes y hace de ellas naciones con imaginarios, valores, aspiraciones,
miedos, desconfianzas y emociones distintas” (pág. 153)
La Fundación Dejusticia de Colombia desarrolla una buena labor investigando, divulgando y ayudando a resolver conflictos e injusticias que sufren ciudadanos del país. Sus temas de trabajo son antidiscriminación, Estado de Derecho, justicia ambiental, justicia económica, justicia transicional, política de drogas, sistema judicial.
Dejusticia publicó en 2014 Separados y desiguales: educación y clases sociales en Colombia, de Felipe Jiménez Ángel, José Rafael Espinosa Restrepo, Juan David Parra Heredia y Mauricio García Villegas. En agosto de 2021 publicó Educación y clases sociales en Colombia: un estudio sobre el apartheid educativo, de Mauricio García Villegas.
La quinta puerta, publicado en noviembre de 2021, continúa el hilo de los dos anteriores y amplía la mirada. El texto se inicia con una cita de Daniel Santos: “Cuatro puertas hay abiertas / Al que no tiene dinero / El hospital y la cárcel / la iglesia y el cementerio”. La quinta puerta son los jardines de infancia y colegios, es decir, la educación pública que abre espacios con horizontes compartidos donde cada ciudadano desarrolla su potencial personal para el bien de la comunidad.
El libro se estructura en los siguientes capítulos:
Capítulo 1. ‘Ensayo sobre historia política de la educación en Colombia’, de Mauricio García Villegas y Libardo Gómez-Estrada.
Capítulo 2. ‘Desigualdad educativa en Colombia’, de Leopoldo Fergusson y Sergio Andrés Flólez.
Capítulo 3. ‘La dimensión cultural del apartheid educativo’, de Mauricio García Villegas y Paloma Cobo.
Capítulo 4. ‘¿De qué colegio te graduaste?’, de José Camilo Cárdenas, Andrés barinas, Leopoldo Fergusson, María del Mar Gómez y Olga Namen.
Capítulo 5. ‘Distinción escolar’, de Leopoldo Fergusson y Sergio Andrés Flólez.
Capítulo 6. ‘La educación como negocio’, de Julián Ramírez Trujillo, Juan Pablo Parra Escobar y Alejandro Jiménez Ospina.
Capítulo 7. ‘Historia de dos escuelas: una ilustración del apartheid educativo en Colombia’, de José Rafael Espinosa.
Capítulo 8. ‘¿Qué hemos hecho para promover la igualdad de oportunidades en educación?’, de Olga Namen.
Conclusiones y recomendaciones.
La introducción deja claro el propósito de la publicación: denunciar el apartheid educativo que vive Colombia. La infancia que nace en un nivel económico bajo tiene escasas posibilidades de cambiar de nivel, casi condenada de por vida a unas condiciones sociales predeterminadas. La infancia que nace en niveles económicos altos, con gran probabilidad, seguirá su vida de privilegios. El sistema educativo colombiano se encarga de que aquí sea, manteniendo e incluso aumentando las diferencias de clase. Los autores señalan hechos históricos, muestran pruebas contemporáneas y proponen soluciones.
El libro dice que la educación colombiana está sumida en dos trampas: la “trampa de la debilidad de los bienes públicos” y la “trampa de la radicalización”. La primera trampa es la débil oferta de bienes públicos que provoca el aumento de provisión privada de bienes públicos, conduciendo a una baja demanda de bienes públicos. Es un círculo vicioso que destruye la confianza de los ciudadanos en su sistema público, es decir, en la estructura y función del Estado. La “trampa de la radicalización” surge cuando el Estado se desentiende de prestar un buen servicio público, provocando reacciones contestatarias del sindicato de profesorado y de grupos estudiantiles, tensión que termina siendo una reafirmación corporativista e identitaria de la administración estatal y de los contestatarios. Es una larga confrontación donde la educación y el bienestar de la infancia colombiana quedan en segundo plano, como telón de fondo mudo –¿cómo se defiende la infancia?– ante las disputas de mayores.
Las clases sociales colombianas están definidas –casi esculpidas en piedra eterna– por su capital económico y por los “activos sociales inmateriales” (ASI): capital cultural, capital simbólico y capital social. Los ASI son más contundentes que el dinero para moldear la visión, actitud, pensamientos, prejuicios y acciones de los ciudadanos. El anhelo por formar parte de grupos privilegiados –autodenominadas “élites”–, alejados de las precariedades básicas que un amplio número de colombianos padece, provoca –casi en desesperada huida– la transformación de símbolos, rituales, gestos, códigos de conducta que definen a tales colectivos privilegiados. Cómo hablo, cómo visto, cómo me muevo, a dónde voy, qué me gusta, con quién me veo… me coloca en un grupo u otro. Cada niña y niño nace en un grupo: su familia le buscará la educación que perpetúe su estatus impidiendo que se mezcle con grupos “inferiores”.
En definitiva, la educación pública colombiana actual no tiene la fuerza simbólica para atraer a todos los ciudadanos como puerta de acceso a una sociedad inclusiva y justa que construimos juntos. En cambio, las estadísticas indican que la calidad de la educación pública de la infancia y juventud es igual de buena o mejor que la privada en casi todos los casos, excepto en los colegios más caros –donde sí hay notables diferencias en los resultados de sus estudiantes respecto a los demás colegios–. ¿Por qué las familias prefieren llevar a sus hijos a la educación privada? Por el peso de los “activos sociales inmateriales”: en los centros privados los pequeños se aseguran un futuro por el capital social y simbólico adquirido. Y eso tiene un precio que la familia paga. Colombia dice privatizar lo público para racionalizar el gasto; en realidad, los colegios privados son comercio y no se consideran a sí mismos un servicio público. Ante el temor de la exclusión y de caer en la desgracia, las familias dejan de creer en el proyecto colectivo que es un país. Nos lo recuerdan los autores del libro cuando citan a Confucio: “Somos hermanos por naturaleza/ y extranjeros por educación” (pág.115).
Colombia ha mejorado su educación, pero persiste la brecha de ingresos y riqueza. Si queremos reducir la brecha, afirman los autores, necesitamos una educación menos segregada y más pluriclasista mediante instituciones y programas ambiciosos en todas las escalas del Estado, superando las diferencias históricas de calidad y visión política entre el centralismo y las regiones, entre el mundo urbano y el rural –el campesinado ha puesto la mayoría de muertos en la convulsa Historia de Colombia, sufriendo una desatención estatal ofensiva–, entre las administraciones públicas y el sector privado – ambos tachados a menudo de corruptos–. Los autores proponen mejorar los insumos físicos (infraestructuras y dotaciones), insumos humanos (docentes) e insumos institucionales que permiten la gobernanza (rectores, secretaría de educación, ministerio, sindicato). Tres insumos que funcionan juntos y coordinados, en un ecosistema educativo-cultural donde todos somos actores responsables de su logro o fracaso.
De allí que la Corte Constitucional, en la Sentencia T-100 de 1995 sobre la función social y “civilizatoria” de la formación de ciudadanos por medio de la educación, establezca lo siguiente: “La importancia esencial de la educación radica en ser un derecho instrumental o derecho medio, por cuanto se convierte en la clave del desarrollo de la personalidad y del ejercicio de otros derechos cuya efectividad sería irrealizable sin su mediación; y para la formación de un hombre respetuoso de los derechos humanos, la paz y la democracia y receptivo al cumplimiento de los deberes correlativos a los derechos y libertades reconocidos en la Constitución” (citado en Silva, 2013, p.31). (pág.74)
Ciudadanos educados construyen democracia porque conocen y comparten las mismas normas de convivencia, juego donde todos encuentran su lugar sin excluir al otro. Como pocos colombianos parecen creer en su Estado, y el Estado colombiano parece sospechar de muchos de sus ciudadanos, la convivencia es volátil. La desconfianza entre unos y otros pudre bastantes políticas, programas, proyectos, profesionales, esfuerzos infantiles y familiares para mejorar la educación. La desconfianza es un virus de rápido contagio y difícil de eliminar. ¿Cuál es la vacuna que devuelve la confianza? Tiene varios componentes, todas las miradas; juntas y acordes, centradas en la infancia, funciona.
La quinta puerta, de Juan Camilo Cárdenas, Leopoldo Fergusson, Mauricio García Villegas (editores). Editado por la Fundación Dejusticia, 2021.
