Hoy miércoles se vota en Brasil,
después de largos debates, mucha polémica y algunos atrasos, la reforma del
Código Forestal, que desde 1965 marca los límites legales de la deforestación
en suelo brasileño. En este reportaje, publicado
hace una semana -cuando estaba prevista la votación de la reforma-, os resumía
las implicaciones que tendría la nueva ley, profundamente criticada no sólo por
los ecologistas, sino también por los científicos, que han pedido dos años para
analizar con rigor un tema muy complejo y de repercusiones enormes en un país
donde el 60% del territorio está cubierto por bosques. Un país que alberga el
22% de las especies vivas conocidas. Una potencia ambiental, como describió a
Brasil la ex senadora y ex ministra de Medio Ambiente Marina Silva, a la que
escuché el sábado pasado en un interesante seminario sobre la cuestión.
Hablaron miembros de Greenpeace, del movimiento rural Via Campesina, de
movimientos por la vivienda digna, ambientalistas y urbanistas, ingenieros
agrónomos, diputados y un largo etcétera. El mensaje común: la
reforma del Código Forestal que será votada hoy -y, probablemente, aprobada-
sólo beneficiará al agronegocio. Ese que «produce commodities, mercancías,
y no alimentos», como afirmó en el seminario João Pedro
Stedile, líder del Movimiento de los Sin Tierra.
El asunto tiene miga. Fue precisamente un
comunista de larga trayectoria, Aldo Rebelo, quien redactó y presentó la
propuesta. Era el revestimiento ideológico que necesitaba el poderoso
agronegocio exportador, que cuenta con una importante bancada en el Congreso,
para sacar adelante la reforma, con la disculpa de que el pequeño agricultor no
puede subsistir con las limitaciones que le impone el actual Código Forestal:
la reserva legal, que impone respetar la vegetación original en un porcentaje
de la propiedad que varía entre el 20 y el 80% según la región, y las áreas de
protección permanente (APP), que impiden la explotación del suelo en áreas
consideradas de riesgo, como las márgenes de los ríos. Dicen los ruralistas que
así se protegen los intereses de los pequeños propietarios, pero en realidad
éstos no se sienten tan perjudicados por respetar esos límites, o al menos no
en su mayoría. Los campesinos pueden hacer uso de las reservas legales,
mientras sea un uso sustentable; es para el agronegocio para el que esa
fracción de tierra pierde utilidad. De hecho, en las negociaciones que duraron
hasta la última hora de ayer martes, uno de los grandes puntos de fricción era
la definición de pequeña propiedad. El texto proponía que estuvieran exentos de
respetar las reservas legales las propiedades de hasta cuatro módulos fiscales,
pero esta definición es ambigua, pues la dimensión de los módulos fiscales
varía según la región.
La otra gran disculpa para imponer un
nuevo Código Forestal es la necesidad de una regulación, y en esto todos, sin
excepción, están de acuerdo. La gran mayoría de las propiedades en Brasil,
rurales y urbanas, están en situación de irregularidad. Desde hace años. Nadie
ha cogido el toro por los cuernos. Lo que los ruralistas pretenden es hacerlo
por la vía de los hechos consumados, amnistiando a quienes deforestaron
ilegalmente y consolidando jurídicamente su propiedad. Algo que no resuelve el
problema de fondo y que institucionaliza la sensación de impunidad que existe
ya en Brasil con respecto a la deforestación y a los crímenes ambientales en
general. Y aquí está también la clave de tanta urgencia: en junio expira un
decreto firmado por Lula que dejaba en ‘stand by’ las multas a quienes habían
deforestado ilegalmente, luego antes de junio quieren sacar adelante una
reforma de la ley que garantice su impunidad. Lo más indignante es que 27
diputados están entre los multados: están votando para beneficiarse
directamente del resultado de la votación.
De un lado, ecologistas y científicos apuntan
el desastre que supondría la aprobación del nuevo Código: más deforestación,
más emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y, sobre todo, una histórica
derrota para los ambientalistas, que verían cómo se retrocede en una
legislación que todavía tenía tanto que adelantar. Del otro lado, propietarios
de tierra, industria agroalimentaria, exportadores, que insisten en la
necesidad de que el país crezca, se desarrolle, cree empleo. Los argumentos de
siempre, el falso dilema de siempre. Medio
ambiente no se opone a desarrollo, no se opone a empleo, no se opone a
agricultura. Se opone, sí, a ESTE modelo de desarrollo, de mercado laboral, de
agronegocio. Si aprueban el nuevo Código Forestal, los legisladores
estarán actuando con una gravísima cortedad de miras, con una absoluta falta de
visión estratégica. Estarán contribuyendo a matar a la gallina de los huevos de
oro. Pero, aunque salga adelante la reforma, la batalla legal no habrá acabado.
En el seminario, el PSOL y el Ministerio Público Federal anunciaron su
intención de interponer una acción de inconstitucionalidad contra la ley, si es
que sale aprobada, en tanto que contravendría los principios constitucionales
que consagran la función social del suelo, la subordinación de su explotación
al interés común.
Hablaron también en el seminario
urbanistas y movimientos por la vivienda digna. Explicaron que el territorio
urbano, que con un 1% del suelo brasileño alberga a un 84% de su población,
debe tener una legislación específica. Denunciaron que las
comunidades pobres, que se ven desplazadas a zonas de riesgo y construyen sus
favelas en las APP, son criminalizadas,
culpadas por la ocupación ilegal, cuando, en realidad, un porcentaje mucho más
significativo de áreas protegidas es ocupado por el propio poder público para
construir grandes avenidas y carreteras. La arquitecta Erminia Maricato lo dijo
alto y claro: existe un absoluto descontrol en la propiedad de la tierra, rural
y urbana. La reforma agrícola y la reforma urbana deben ir de la mano, son las dos
caras de la misma moneda. La tierra, el suelo, es el gran negocio en Brasil. El
problema más profundo y secular, la más pesada herencia de siglos de colonia y
expolio. «No entreguemos el oro al bandido», decía el
sábado un asesor de la ministra de Medio Ambiente. Lo que están decidiendo hoy
un puñado de diputados en Brasilia es cuál es el rumbo que Brasil debe seguir
en este nuevo tablero global. Cuál es el modelo de desarrollo por el que opta
el eterno país del futuro.
