No siempre es fácil seguir desde estas latitudes la actualidad española. Lo que ocurre es que resulta como mínimo confuso que, después de tantos años en los que se debatió si la Constitución era demasiado rígida, y los políticos no quisieron ponerse de acuerdo para hacer pequeños y ridículos cambios ante ese miedo a abrir el sagrado melón constitucional, en tres días han conseguido, de tapadillo y para aprobar una reforma que yo calificaría de reaccionaria, y los más tímidos, cuando menos, de polémica. El periodista Iñaki Gabilondo lo llamó “derrota de la democracia”, en tanto evidenció la sumisión de la política frente a las querencias de Los Mercados, ese ente. Mi amigo Ismael puntualiza: “Más que ‘la democracia se rinde’, yo diría que los políticos están rindiendo la democracia…” Poco importaron las protestas ciudadanas, y no sorprende en una sociedad que se dice democrática pero nunca supo escuchar a su pueblo: las masivas manifestaciones contra Iraq lo dejaron claro hace ocho años. Con todo, la gente sigue saliendo a la calle para exigir un referendum. Y que sigan.
El caso es que la elite política ha decidido dejar constancia en la Carta Magna de que para España, por mal dadas que vengan las cosas, el pago de la deuda será prioritario: “Su pago (de la deuda pública) gozará de prioridad absoluta”. Ocurre que, al margen de todos los peros que podamos oponer desde el sentido común, esto sencillamente no se ajusta al derecho internacional. Me remito al artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas: “En caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los Miembros de la ONU en virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta”. Entre las cuales figuran, en el artículo 55: “Niveles de vida más elevado, trabajo permanente y condiciones de progreso y desarrollo económico y social”. Es decir, es ILEGAL asfixiar a los pueblos para pagar deuda.
Leo en algunos análisis que la reforma no tendría efectos prácticos hasta, más o menos, 2020. Entonces, poco probable parece que este gesto calme, en la actual situación de urgencia, a los insaciables Mercados. A Alfredo Rubalcaba, que se quiso postular como candidato ‘socialista’ de unas elecciones, convocadas para el 20 de noviembre, que parecen perdidas de antemano, le han destrozado la campaña. Dicen que él, y muchos compañeros de partido, se tomaron bastante mal que el presidente Zapatero pactase, en medio de un silencio y una consonancia inéditos e inquietantes, semejante acuerdo. Pero en el Congreso triunfó la disciplina de partido, pese a que esté prohibida en la Constitución…
Sigo preguntándome, ¿hasta cuándo nos vamos a dejar estafar?
