Cuando el artículo 155 llegó, ayer, ya todos sabíamos más o menos en qué iría a consistir (intervención de la autonomía catalana con mayor o menor duración, con mayor o menor control de Madrid). Durante semanas se nos había preparado para ello, así que no fue ninguna sorpresa. Quizás sí ha sorprendido su dureza, aunque ahora, a toro pasado, lo que se dice es que el 155 “no podía ser blando”. Bien es verdad que hay juristas que han cuestionado algunas medidas anunciadas, dado que, en su opinión, no encajan bien con el artículo constitucional, como éste y éste.
Una gran proporción de la población española (algo menos en Cataluña) deseaba este desenlace temporal para poner coto a la rebeldía de los dirigentes catalanes y regresar a la legalidad. Otra gran parte de la ciudadanía, en cambio, lo ve con mucha inquietud: en algunos casos, porque, como dijo ayer en una tertulia Enric Juliana, temen que este “volantazo histórico” en el tratamiento de los problemas territoriales sea el inicio de un “periodo de regresión en España”. O, como apuntó en ese mismo programa, Al Rojo Vivo, Javier Pérez Royo, con el 155, el Gobierno (junto con los partidos que lo respaldan) ha adoptado la vía de la victoria, “una muy mala vía” porque “no sirve para restaurar la integración de Cataluña en el Estado”. El politólogo Lluis Orriols manifestó que el 155 lanza el mensaje de que España es irreformable y ello no ayuda a cambiar las voluntades del electorado soberanista que, en otras circunstancias, con la propuesta de una modificación constitucional, podría virar a posturas menos rupturistas y más reformistas, tal y como muestran las encuestas (según GESOP, un 68,3% de los catalanes apoyarían una reforma constitucional; más del 50% de los votantes del PDECat). José Antonio Zarzalejos apuntó que este acontecimiento, el 155, no pone fin sólo a la legislatura en Cataluña, también a la de España, y avanzó que la próxima campaña electoral tendrá como hilo conductor el “cómo reformamos la Constitución”. Y ese cómo puede ser regresivo o progresivo.
Una de las manifestaciones más pesimistas la ha expresado Joaquín Estefanía en un tuit: “Mi generación no verá la normalización de Cataluña. Este es mi resumen de lo que ha ocurrido hoy”.
Detrás de las declaraciones más críticas con el 155 hay preocupación sobre la posibilidad de una larga suspensión de la autonomía de Cataluña, de origen pre-constitucional, heredada directamente de la Segunda República, y que fue la que abrió el camino a la construcción del Estado de las Autonomías. Esa suspensión puede ser larga puesto que, como aclara Juliana, la intención es que las elecciones tengan lugar antes de seis meses, pero condicionado a que se normalice la situación. Y aquí es donde entra la segunda gran preocupación: la reacción social a la suspensión de la autonomía, a la intervención del Gobierno de Madrid. De acuerdo con una encuesta publicada ayer por El Periódico, si bien el 155 es bien aceptado por el electorado del PP y de Ciudadanos, el del PSC está dividido y el de la marca de Podemos en Cataluña se muestra muy mayoritariamente en contra, por no hablar del rechazo casi absoluto de la base social de los partidos soberanistas. La fractura social, por tanto, puede continuar abierta.
El rechazo al 155 es mucho más amplio que los solos votantes de las fuerzas independentistas. Los “optimistas” confían en que el desánimo y la frustración que cundirán entre los soberanistas con la derrota de los planes de Carles Puigdemont deberían ser suficientes para no tener una reacción importante en la calle, o para que no sea muy larga en el tiempo. Pero, pudiendo ser esto así, no sabemos qué consecuencias a medio o largo plazo puede tener entre la ciudadanía catalana la suspensión de sus instituciones, no sólo del Govern, sino también de las funciones esenciales del Parlament. Sin ir más lejos: ¿qué puede ocurrir en las elecciones que convoque Madrid para Cataluña si es que el 155 sigue adelante? No hablemos de la posibilidad del boicot soberanista (si hubiera amenaza de que se pudiera llegar a producir, los comicios no se convocarían, porque ésta no sería una situación de normalización de la situación, entendemos), sino de cómo se repartirían los votos: ¿El 155 reforzaría el voto a las fuerzas soberanistas? El contexto acción-reacción en el que nos movemos desde hace semanas, invitaría a pensarlo.
Por eso, tampoco sería muy raro que Carles Puigdemont aprovechara el pleno del Parlament que se celebrará la semana que entra para convocar elecciones, tal y como reclama hasta el diario soberanista Ara (“això el Govern (…) ha de plantejar la possibilitat de convocar unes eleccions excepcionals, en defensa pròpia”). Con ello, el nacionalismo podría reforzarse seguramente en las urnas (aunque el 155 no se aplicara en ese caso, con su amenaza, el voto soberanista podría ampliarse) y, salvar la autonomía catalana de su suspensión. Aunque es posible que la CUP, por ejemplo, no le perdonaría no haber declarado la independencia, aunque fuera simbólicamente, aunque fuera poniéndose en riesgo de cárcel durante tres décadas, en la última oportunidad que quizás llegue a tener. Puigdemont ayer no aclaró para qué pedía la convocatoria del pleno: sólo dijo que se analizaría el 155 y se actuaría en consecuencia. Hoy el conseller de Presidència de la Generalitat, Jordi Turull, dice que no está sobre la mesa la convocatoria de elecciones. Ayer por la noche Antón Losada interpretó del mensaje de Puigdemont que en el pleno habrá DUI, pero que el President evitó mencionarlo para impedir que se suspendiera la sesión del Parlament.
Tampoco hay que pasar por alto que Mariano Rajoy, a una pregunta sobre lo que podría hacer Puigdemont para frenar la aplicación del 155, respondió que lo único que puede paralizar la puesta en marcha del artículo constitucional es que el Senado no lo apruebe, algo imposible, porque sólo el PP ya tiene mayoría absoluta en la Cámara.
Las elecciones, pues, más cerca o más lejos, están ahí, en el horizonte, y puede que no sólo en Cataluña, también en el Estado central, puesto que el PNV a través del lehendakari Íñigo Urkullu se mostró extremadamente crítico con la aplicación del 155 y solidario con la Generalitat, lo que es un anuncio de que no habrá apoyo al Gobierno para sus presupuestos de 2018.
¿Cómo enfrentan esas posibles elecciones generales y las autonómicas los diferentes partidos políticos, teniendo en cuenta cuál ha sido su posición ante la última medida, aún no aplicada, todavía pendiente de los acontecimientos de la semana entrante y de la votación del próximo viernes en el Senado?
Posiciones y perspectivas de los partidos
El Partido Popular, en boca de Mariano Rajoy ayer, no quería aplicar el 155, pero se ha visto obligado a ello. Es un argumento creíble si tenemos en cuenta “las oportunidades” y el tiempo que le ha dado a Carles Puigdemont para retractarse, para replegarse, para echarse atrás, mientras la justicia y las fuerzas del orden se ponían a trabajar, dejándole de manifiesto al President la fuerza del Estado, advirtiéndole con cada vez más claridad cuál podría ser su futuro en caso de no rectificar.
En cambio, Ciudadanos a través de su principal líder, Albert Rivera, se ha mostrado desde el principio partidario de recurrir al artículo constitucional. Ciudadanos se ha apuntado una victoria casi en plan “por fin Mariano Rajoy nos ha hecho caso”. Además, ha mostrado su beligerancia con la presentación de una moción contra el “adoctrinamiento” en las aulas que no respaldó nadie en el Congreso de los Diputados, ni siquiera el Partido Popular.
La gran pregunta después de ver las actuaciones del PP, más moderadas, y de Ciudadanos, mucho más agresivas en su dialéctica, es si el electorado “unionista” o anti-independentista terminará inclinándose aún más por Ciudadanos que por el Partido Popular. Y si en el resto de España los de Albert Rivera pueden tener más éxito gracias a los votos que arrebaten a los populares.
Aunque aquí hay que añadir un elemento más: el PSC. El PSOE se ha alineado sin críticas a la decisión de aplicar el 155. De hecho, lo negoció con el Partido Popular. Aunque parece que la influencia socialista en su diseño final ha sido menos importante de la que se esperaba: por ejemplo, en la cuestión de la fecha de las elecciones, que el PSOE planteaba para enero, no para un periodo de hasta seis meses (condicionado a una normalización de la situación). El PSOE, a la hora de tomar esta decisión, ha argumentado que el partido era constitucionalista incluso antes de redactarse la Constitución, por lo que aplicar un artículo de su texto para preservar la legalidad es lo lógico; o que tiene muchas diferencias con el PP, pero coincide con él en la preservación de la unidad de España. Pero también es posible que los socialistas hayan pensado más en las próximas elecciones españolas que en las catalanas, que hayan pensado más en el resto de España que en Cataluña. Una posición más blanda con los secesionistas catalanes posiblemente habría mermado su resultado electoral en Castilla y León, en Extremadura, en Castilla-La Mancha o en Andalucía a favor del Partido Popular o de Ciudadanos.
Pero dentro del PSC ha surgido una brecha importante entre quienes coinciden en que el 155 es la respuesta apropiada a los últimos acontecimientos y quienes consideran que ésa no es la vía para solucionar los problemas. Miquel Iceta respalda a Pedro Sánchez, pero Nùria Parlón, alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet, ha dimitido de la ejecutiva socialista tras criticar el 155. Esa ruptura es reflejo de la opinión de su electorado, con un 58% a favor del 155. Los votantes del PSC están en el aire. Unos, los más unionistas, podrían virar a PP y Ciudadanos; mientras que su fracción más catalanista podría terminar inclinándose por Podemos. El PSC puede sufrir fugas hacia ambos lados.
La marca de Unidos Podemos en Cataluña también tiene diferencia de criterios, con parte de ella mostrando cierta simpatía al independentismo, y otra parte, mostrándose más crítica. Pero unos y otros coinciden en que el 155 no es la solución, sino el diálogo y la negociación de un referéndum pactado. Esta posición, a tenor de las encuestas, ha provocado una pérdida de apoyos para Podemos en el resto de España: un argumento anti-Podemos de la próxima campaña, sin duda, será la complicidad mostrada por la formación morada con el independentismo. Ello será contrarrestado por la formación morada, sobre todo contra el PSOE, su principal adversario, afirmando que su posición se confunde, como siempre, con la del Partido Popular. Lo que ocurre es que, si esta acusación pudo funcionar cuando se trataba de la política económica, no es muy probable que lo haga con la política territorial.
¿Qué ocurrirá con las fuerzas independentistas? Hay dos grandes incógnitas. Por un lado, si Esquerra y el PDECat se presentarán juntos a las elecciones, sean éstas convocadas desde Madrid o desde el Parlament. La otra, si la CUP les dará su respaldo. Dependerá, en parte, de lo que ocurra en los próximos días y de las expectativas electorales. En principio, ERC, de acuerdo con las encuestas, tiene mejores perspectivas, con lo que puede tener la tentación de no reeditar el pacto con el independentismo conservador.
No hay que pasar por alto la posibilidad de que el “unionismo” llegue a un acuerdo pre-electoral para gobernar (aunque ahora sea menos probable por la difícil situación del PSC).
En todo caso, si el independentismo y el unionismo salen igualados en los próximos comicios catalanes, el papel más difícil lo tendrá que asumir la marca de Unidos Podemos en Cataluña. Quizás tenga que asumir la complicada decisión de inclinarse por unos o por otros, de darle el Gobierno a unos o a otros. Puede ser un riesgo para su evolución en el resto de España, pero también una oportunidad para reducir la tensión. Quizás sea necesaria una bisagra entre unos y otros para que haya comunicación y entendimiento. Pero para eso se necesita una audacia y una inteligencia que no sabemos si existen.
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