“Eres un animal, tienes que morir”, es lo que asegura Yousef (25 años y nacido en Darfur, Sudán) que le espetó un agente de la gendarmería marroquí mientras le daba patadas. Él permanecía inmóvil, con las manos atadas a la espalda, amontonado junto a decenas de personas exhaustas, después de haber intentado entrar en territorio europeo.

Existen las pruebas, dos investigaciones periodísticas –primero la BBC y luego otra conjunta de varios medios europeos (Le Monde, El País, Enass, Der Spiegel) encabezada por Lighthouse Reports– y un informe del Defensor del Pueblo las han analizado y concluyen que en la mañana del 24 de junio de 2022 unas 1.700 personas, la mayoría refugiados sudaneses, se desplazaron desde los montes de Nador hasta el puesto fronterizo de Barrio Chino (cerrado desde hace más de dos años) para forzar la entrada a la ciudad autónoma cuando decenas de agentes de la gendarmería marroquí les rodearon y se enfrentaron a ellos con una brutalidad y contundencia sin precedentes.

El intento de entrada más mortal en una frontera terrestre europea, con 23 muertos según fuentes oficiales marroquíes y españolas (37, según organizaciones no gubernamentales locales que confirman además la desaparición de otras 77 personas que sus familiares no han localizado desde la fatídica fecha) tiene, una vez más, varias lecturas, pero esta vez los hechos son tan contundentes y clarificadores que parece haberse subido un peldaño más en la incapacidad política para asumir responsabilidades y respetar los derechos humanos.

Las muertes y devoluciones en caliente en las fronteras europeas se llevan produciendo desde hace décadas, pero la narración de lo ocurrido el 24J, la posibilidad de cotejar los 145 vídeos con las fotografías de los lugares donde transcurre el altercado, de poder reproducir con una maqueta en tres dimensiones el paso fronterizo para delimitar el territorio español, y de contar con decenas de testimonios de supervivientes, vecinos de Nador e incluso agentes de seguridad que estaban de servicio aquel día, es lo que convierte a este intento de entrada en territorio español, europeo, en el fracaso más absoluto de la política migratoria y de asilo de la Unión Europea, basada en la externalización de fronteras.

El valor de la palabra

Durante los días posteriores a la tragedia, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) en Nador trabajó a destajo para no perder de vista los cadáveres que fueron recogidos por las ambulancias marroquíes que no prestaron atención médica a ningún superviviente; también intentaron no perder el rastro de los ocho autobuses que evacuaron a los que permanecían con vida, sin curar antes sus heridas y provocando que al menos uno de ellos muriera mientras eran trasladados a ciudades remotas del territorio marroquí o a Uxda, en la frontera con Argelia, para obligarles a enfrentarse de nuevo a uno de los pasos más peligrosos de las rutas migratorias del norte del continente.

Luego fueron los periodistas, de medios nacionales y extranjeros, los que recabaron información, localizaron a supervivientes a ambos lados de la frontera, contrastaron fotos y vídeos, y documentaron lo sucedido. A Melilla también se desplazó un equipo de Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo, que exigió al Ministerio del Interior las grabaciones oficiales, del dron que captó el intento de acceso y cómo las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes lo repelieron, así como algo tan básico e importante (y que casi seis meses después del suceso sin haberse aclarado) como es el número de personas fallecidas. Parlamentarios del Congreso de los Diputados español también recorrieron el perímetro fronterizo y tuvieron la oportunidad de escuchar el relato de los agentes de la Guardia Civil.

Y mientras toda esa información circulaba y se iba recomponiendo cada minuto de lo sucedido aparecían las versiones oficiales. Las relaciones entre España y Marruecos pasan por un momento de distensión y entendimiento, para lo bueno y para lo malo, gracias al reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental (un territorio pendiente de descolonización según la ONU) por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Además de lamentar lo sucedido, la respuesta de los responsables de la gestión de fronteras de ambos países se limitó a eludir responsabilidades por tratarse de un “ataque violento” contra la seguridad nacional. Una muestra de que ser “socios estratégicos, leales y fiables”, como gusta a ambas administraciones describir su relación, está por encima del respeto de los derechos humanos y del valor de la vida de las personas que huyen de guerras y conflictos en sus países de origen.

Grande-Marlaska ante el Congreso

Sin pestañear, dispuesto a repetir hasta la saciedad el discurso aprendido hasta que escampe, Fernando Grande-Marlaska compareció en dos ocasiones en el Congreso de los Diputados (en septiembre y noviembre) para recordar que la “tragedia que nunca debió suceder” fue un “ataque extremadamente violento hacia nuestras fronteras repelido por los agentes españoles de forma proporcionada y correcta”. Un “trabajo serio” amparado por la Ley Orgánica 2/86.

Aseguró que la Ley de Asilo “no significa entrar por la fuerza y pedirlo” y recordó que España es “un país de acogida”, para pasar a calificar las investigaciones periodísticas sobre el 24J de “manipulación de los hechos y conjeturas”. La realidad, según Marlaska, es que “1.700 personas se dirigieron a la frontera equipados con palos, piedras, radiales y hachas para ejecutar una agresión a nuestro perímetro fronterizo desde el territorio marroquí”, y que 55 agentes de la Guardia Civil y la Gendarmería marroquí resultaron heridos, además de registrarse daños materiales en infraestructuras y vehículos.

Tampoco le tembló la voz al afirmar que “no hubo ningún hecho trágico en territorio español y que 11 inmigrantes fueron atendidos en el Hospital de Melilla”, descartando las muertes que muestran los vídeos de las investigaciones, cuerpos que son arrastrados por agentes marroquíes, y negando los planos de la imagen de la asistencia sanitaria española que permaneció a 100 metros del incidente por razones de seguridad. “Un trabajo serio y proporcionado sobre el que el Gobierno ha comunicado de forma transparente al responder a cinco preguntas en el Congreso y el Senado, facilitar una visita de parlamentarios a Melilla y Nador, y proporcionar ocho horas de grabaciones a la Comisión de Interior, al Defensor del Pueblo y a la Fiscalía General del Estado”, en definitiva “una actuación conforme con los derechos humanos”.

La calma marroquí

Quizás la clave de la templanza del ministro Marlaska en cada una de sus intervenciones públicas al referirse al 24J esté en lo aprendido de su vecino del sur. El régimen marroquí, a través de sus ministros y responsables oficiales, es maestro en el arte de la evasión y en rebajar la tensión ante pruebas contundentes de violaciones flagrantes de los derechos humanos, una práctica instaurada por Hassán II sin necesidad de disimulo alguno, y que con Mohamed VI ha terminado de asentarse como un modus operandi propio de un sistema dictatorial.

Jalid Zeruali, director de Migraciones y Vigilancia de Fronteras del Ministerio del Interior marroquí culpó a las “redes criminales de tráfico de seres humanos” como los impulsores de “un ataque cuasi militar”, destacando que en los últimos cinco años se han desmantelado 1.300 redes de tráfico de personas. Y Naser Burita, ministro de Asuntos Exterior, insistió en que “no fue un suceso normal ni en su origen ni en su procedimiento (…) ni un movimiento espontáneo. Fue algo muy violento” que las autoridades marroquíes gestionaron “de manera responsable”.

Desde Marruecos, tanto fuentes oficiales como organizaciones de derechos humanos lideradas por la AMDH, apunta a una “responsabilidad compartida” tanto en la ejecución del rechazo del intento de entrada en Melilla como en las consecuencias, en las personas fallecidas y heridas durante el incidente.

Según la MAP, la agencia oficial de noticias marroquí, en los últimos seis años Marruecos ha impedido que llegaran a ejecutarse 145 asaltos a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En cambio, no se hace referencia a momentos cruciales –como la negociación del acuerdo de pesca con la Unión Europea o de explotación de los recursos naturales del Sáhara (territorio que Marruecos considera su provincia del sur)– en los que se ha relajado la vigilancia respecto a la salida de embarcaciones o los intentos de salto de la valla.

Observar la violación de los derechos 

Para pedir asilo en Melilla hay que superar cuatro vallas y un profundo foso, pero antes hay que escapar de las redadas policiales en los montes de Nador. Durante los cuatro días anteriores al 24J los agentes marroquíes se emplearon a fondo nada más amanecer, a través de megáfonos y según el relato de los refugiados entrevistados en las investigaciones periodísticas: “Tenéis 24 horas para saltar la valla o volver a la ciudad”, era el mensaje que les repetían.

Luego, ante la mirada atónita y el análisis también desde la sorpresa de la AMDH, que hace veinte años que asiste a personas migrantes en situación de vulnerabilidad en el norte de Marruecos, centenares de personas marcharon decididos, sin que nadie impidiera que llegaran a la frontera de Barrio Chino y se emplearan a fondo para forzar la verja.

Las imágenes contrastadas muestran cómo quedaron atrapados en 500 metros cuadrados y durante ocho minutos recibieron el impacto de hasta 20 botes de gas lacrimógeno, una herramienta policial de dispersión prohibida por la normativa internacional en espacios cerrados o acotados por el riesgo de provocar estampidas y pánico. Desesperadas, centenares de personas atrapadas en la parte marroquí del paso fronterizo lograron que la puerta se abriera en el mismo momento que los agentes marroquíes entraron en el recinto para reducir a golpes a los refugiados y migrantes. Fue en ese instante, fotografiado y grabado por cámaras fijas y desde un helicóptero de la Guardia Civil cuando se produjo el caos, decenas de personas fueron aplastadas y se produjeron las primeras muertes, también en territorio español. Los guardas de frontera de ambos países lograron contener la entrada y en ese momento es cuando aparecen imágenes de un policía marroquí que arrastra el cadáver de un joven desde la parte española de la frontera. Ante la mirada de los agentes españoles, sus homólogos atan las manos de los refugiados a la espalda y les obligan a permanecer boca abajo durante entre tres y cuatro horas, a pleno sol y sin atender a los heridos, mientras van retirando a los muertos y comprobando con patadas y golpes de porras que los que dejan siguen con vida.

Cuatrocientos setenta de los que recibieron ese trato inhumano habían sido entregados, uno a uno, por la policía española en devoluciones en caliente que desde el Ministerio del Interior se defienden asegurando que se realizaron “conforme a los procedimientos establecidos y al marco normativo y jurisdiccional de referencia, respecto a aquellas personas que se interceptaron intentando entrar de forma irregular y violenta en territorio nacional”. Una justificación que discuten organizaciones como desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), alegando que “las devoluciones sumarias no son legales cuando la seguridad de la persona no está garantizada en el otro lado”, y recuerdan que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y el Tribunal Constitucional establecen que debe hacerse bajo el pleno respeto de la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional, es decir, con acceso a asistencia legal e intérprete e identificación de la persona vulnerable que quiera pedir asilo. “A las personas de origen subsahariano se les ha impedido sistemáticamente acceder a los puestos fronterizos para que puedan solicitar asilo. Tampoco pueden hacerlo en consulados o embajadas. ¿Qué alternativas les quedan para buscar refugio que no sean saltar las vallas o arriesgar sus vidas en el mar?”, declaró Estrella Galán, directora general de CEAR tras la primera comparecencia de Marlaska en el Parlamento el pasado mes de septiembre.

De las 1.700 personas que aquella mañana del 24J arriesgaron su vida para entrar en España y pedir asilo, sólo 133 lo consiguieron. El Ministerio del Interior aseguró a la BBC que “las autoridades españolas actuaron dentro de la ley, porque cualquier persona puede solicitar asilo durante su estancia en España”. El problema es llegar a pisar ese territorio y que se te permita acceder a la protección internacional. Sobre todo cuando en julio, pocos días después del 24J, la UE firmó un nuevo acuerdo de control migratorio con Marruecos y se acordó el pago de 493 millones de dólares durante el próximo lustro.

“Morir en un país como Marruecos a centímetros de España. Podríamos habernos unido a las milicias en nuestro país porque era la única forma de sobrevivir, matar para vivir. Podríamos haber elegido el peor camino. Por eso nos fuimos, para cambiar este destino. Yo no morí el 24J, pero ahora no estoy vivo. Ojalá hubiera muerto con mis hermanos”, declaró a la BBC Omar, un joven sudanés que ahora vive en la calle de una ciudad marroquí.